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08abr11
La infiltración del Estado por los poderes mafiosos
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inició formalmente una investigación penal contra los congresistas: Lucero Cortés, Álvaro Asthon, Miriam Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Hernán Andrade, Oscar Fernando Brazo, y en contra de los ex congresistas Miguel Pinedo Vidal, Javier Cáceres, Luís Humberto Gómez Gallo, Enrique Caballero, Rufino Córdoba, Héctor Ospina, Jaime Yepes y Ómar Yepes, la investigación se inicia por la posible influencia que habrían ejercido en el nombramiento de personas de su entorno político y hasta familiar para la administración de bienes provenientes del narcotráfico en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Las denuncias correspondientes habían sido presentadas por la actual dirección de esta entidad, hoy a cargo de Juan Carlos Restrepo. A esta decisión de la Corte Suprema de Justicia se suma el escándalo destapado por el diario El Tiempo quien reveló que los jefes paramilitares Carlos Castaño y Vicente Castaño fueron administradores de su finca, Las Tangas, en el municipio de Valencia en el departamento de Córdoba, hasta el año 2007. Sólo después del asesinato de Carlos Castaño se les retiró del listado de los depositarios de bienes incautados al narcotráfico. La Dirección Nacional de Estupefacientes es una de las entidades más profundamente penetradas por el narcotráfico al parecer en alianza estrecha con parlamentarios en ejercicio.
Este nuevo caso de corrupción se suma a los otros tres grandes focos de investigación que llevan adelante tanto la Fiscalía como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En el otro foco de corrupción la Fiscalía General de la Nación ha pedido medida de aseguramiento para cuatro ex funcionarios del Ministerio de Agricultura implicados en el otorgamiento de millonarios recursos para empresarios y terratenientes. Según el fiscal que lleva el caso, Martín Moreno San Juan, ha señalado que es la mayor defraudación que se ha presentado en la historia del sector agropecuario del país y ha solicitado esta medida en contra del ex viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, los ex jefes de la oficina jurídica Tulia Eugenia Méndez Reyes, Oskar August Shroeder Muller y Camila Reyes del Toro, directora de Comercio y Financiamiento. Esta solicitud de medida de aseguramiento fue avalada por la Procuraduría General de la Nación y deberá ser resuelta por un juez de garantías.
Así mismo avanza la investigación sobre la llamada parapolítica que como se sabe involucra ya a 102 parlamentarios. Esta semana fue condenado a cinco años de cárcel al ex parlamentario de Sucre José María Conde. Éste ex parlamentario del Partido Colombia Democrática habría recibido el apoyo del Bloque Héroes de Montes de María en sus aspiraciones para ser elegido congresista. Como se sabe semanas atrás la misma Corte había condenado al fundador de dicho Partido, Mario Uribe Escobar por los mismos delitos que se le comprobaron a José María Conde.
La infiltración en el Congreso ha llegado al 35% del total de congresistas elegidos en las elecciones parlamentarias del año 2002. Como se sabe ahora la Corte ha enrumbado sus investigaciones sobre Antioquia, el Valle del Cauca y Santander.
Un tercer foco de corrupción está relacionado con los empresarios del grupo Nule conformado por los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, que según informaciones de prensa, también involucraría a un importante número de parlamentarios y altos funcionarios del Instituto INCO encargado de la adjudicación de grandes obras públicas y del llamado carrusel de la contratación en Bogotá. Los principales implicados en esta defraudación del Estado que se ha calculado por encima de los dos billones de pesos, involucraría a parlamentarios de la Costa Caribe y de la propia ciudad de Bogotá. Es en ésta que se encuentra comprometido Iván Moreno Rojas quien es investigado disciplinariamente en la Procuraduría y penalmente en la Corte Suprema de Justicia dado su carácter de congresista. Esta investigación ya cuenta con cuatro detenidos todos funcionarios y ex funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, de Bogotá.
La infiltración de los carteles de la droga que durante los últimos años fueron los mismos grupos paramilitares también comprometió a 12 departamentos del país y a más de 250 administraciones municipales. Allí las investigaciones en manos de la Fiscalía General de la Nación avanzan a paso de tortuga. A ello se suman los escándalos que se registran a diario en la prensa nacional sobre el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en dónde se han registrado falsas desmovilizaciones, acreditación de paramilitares sin que lo fueran y toda clase de irregularidades. La infiltración del Estado también compromete a sectores de las Fuerzas Armadas y de Policía así como a la propia Fiscalía General de la Nación. Una de las tareas más importantes en la actual coyuntura del país está relacionada con el desmonte de la infiltración de las mafias en el Estado. Sin ello, como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, la lucha que miles de funcionarios honestos realizan contra los grupos criminales no tiene un futuro asegurado.
[Fuente: Por Pedro Santana Rodríguez, Presidente de Viva la Ciudadanía, Caja de Herramientas, nº 250, semana 8 al 14 de abril de 2011]
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