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10abr13
Se disparan solicitudes de reparación de víctimas de bandas criminales
La ley no los cobija. Plantean al Gobierno ampliar universo de quienes tienen derecho a reparación.
Aunque no están cobijados por la ley de víctimas, cada día son más los colombianos que están llegando a pedir reparación por los crímenes cometidos en su contra por las bandas criminales.
Un informe de la Federación Nacional de Personeros -que son la puerta de entrada al sistema de reparación en todos los municipios del país- señala que en departamentos como Bolívar y Córdoba, de cada diez personas que llegan a buscar ayuda del Estado, al menos tres denuncian haber sido víctimas de las bandas.
Por su lado, la Unidad de Víctimas reporta que el año pasado 12.165 personas declararon haber sido víctimas de bandas.
Hay reportes como los de Buenaventura, donde la violencia de esos grupos es el principal azote para la población civil. La Personería de esa ciudad registró 17 desplazamientos forzados entre septiembre y noviembre del 2012, con unas siete mil personas afectadas. De ellas, 6.750 se vieron obligadas a huir por amenazas o vendettas entre 'Rastrojos', 'Urabeños' y 'la Empresa'.
En otros municipios del Valle como El Dovio y Obando, los personeros dicen que todas las declaraciones tomadas entre el 2012 y lo que va del 2013 corresponden a víctimas de esos grupos. Muchas de ellas venían de departamentos vecinos, como Caquetá y Cauca, pero la situación tiene directa relación con que esa zona, norte del Valle, fue por años escenario de la guerra entre 'Machos' y 'Rastrojos'.
El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que este ente "ha denunciado la emergencia humanitaria. En una carta advertimos al ministro de Defensa de la gravedad de la situación. Las bandas están reaccionando a la política de restitución de tierras".
En dos años, desde la aprobación de la ley de víctimas, el Estado colombiano ha reparado por vía administrativa a 157.000 personas afectadas por los paramilitares y las guerrillas.
Aunque tienen claro que la norma les prohíbe acreditar a los que han sentido la violencia de las bandas, los personeros han optado por llevar registro de sus denuncias. Y ante el número creciente de casos, y en la misma línea de un reciente reclamo de la Corte Constitucional, le acaban de plantear al Gobierno ampliar el universo de los que tienen derecho a la reparación.
"Debería contemplarse la posibilidad de hacer algunas modificaciones que se adapten a las nuevas formas de violencia, entendiendo que los afectados por las bandas criminales son víctimas de hechos violentos", señaló Andrés Santamaría, personero de Cali y presidente de la Federación.
Según los datos de la entidad, la mayoría de las denuncias corresponden a departamentos como Valle, Antioquia, Nariño, Córdoba, Sucre, Chocó, Bolívar y Norte de Santander.
En Montería, el 28 por ciento de los que llegaron a inscribirse como víctimas en el 2012 denunciaron delitos cometidos por las nuevas bandas, especialmente 'Urabeños' y 'Paisas'. Fueron más de mil personas.
El personero de esa ciudad, Alfredo José Cabrales, dice que, más allá de debates políticos, las bandas están cometiendo "violaciones sistemáticas y generalizadas" de los derechos humanos en antiguas zonas 'paras', por lo que se debería ampliar el universo de la reparación por vía administrativa.
Un auto de la Corte Constitucional señala que el 22 de noviembre del 2012, 352 personas salieron de la comuna 8 de Medellín por amenazas de 'los Urabeños' y de la 'Oficina de Envigado'.
Corte había advertido por atención a desplazados
"En estos momentos me encuentro en Palmira. Quienes nos amenazaron fueron 'la Empresa' y 'los Urabeños', que amenazaron a mi familia, a todos mis hermanos. Llegaron a la casa y nos dijeron que éramos unos sapos, que nos iban a desaparecer por buscar a la Policía y poner las quejas".
Así resume Marina el drama que vive en Cali, la ciudad a la que llegó hace cuatro meses luego de que las bandas la sacaron corriendo de Buenaventura (Valle).
En esa ciudad, una de las más afectadas por las llamadas 'bacrim', se vive una guerra a sangre y fuego por la rutas del narcotráfico.
"Vivía cerca de las Palmas, en Buenaventura, y allá tenía un negocito de ventas de comidas rápidas. Esos tipos iban armados, pedían comida y no me pagaban. Esa gente es muy mala. Cuando tenían problemas, entre ellos se armaban unas balaceras tremendas", agrega Marina.
Denuncias como las de la mujer fueron analizadas por la Corte Constitucional, que en un auto de seguimiento a la atención de desplazados advirtió a la Unidad de Víctimas por la situación que se concentra en las ciudades con presencia de las bandas criminales.
De acuerdo con los magistrados, desde que la Unidad recibió la misión de hacer el registro de las víctimas, al tribunal llegaron más quejas sobre fallas en ese proceso.
"A partir del momento en que el Registro Único de Víctimas entró a ser administrado por la Unidad de Víctimas, la Corte ha recibido informes permanentes de las entidades territoriales, de los órganos de control, de organismos internacionales y humanitarios señalando un grave retroceso en materia de atención y protección a las víctimas", se lee en el auto de la Corte.
'No se justifica la discriminación'
Andrés Santamaría, personero de Cali, llamó al Gobierno y al Congreso a abordar el problema "desde la óptica de las víctimas".
"Son personas contra las que las bandas han cometido desplazamientos, masacres y violencia sexual. La discriminación ha llevado a que muchos digan que fueron afectados por la guerrilla, para no quedarse por fuera de la reparación por vía administrativa", señaló el presidente de Fenalper.
Santamaría cuestionó además que, por la exclusión generada por la ley, la ayuda de organismos humanitarios no llega a personas afectadas por graves situaciones generadas por las bandas.
Van 157.000 indemnizados
Esta cantidad de víctimas fue reparada en el 2012
Según el último informe de la Unidad para la Atención y la Reparación de las Víctimas, el año pasado fueron indemnizadas 157.000 víctimas del conflicto, con compensaciones superiores a los 933.000 millones de pesos. La Unidad también atendió 95 desplazamientos masivos, reconoció indemnizaciones a 7.052 niños y niñas, y retornó a 536 indígenas embera chamí desplazados de Pueblo Rico (Risaralda). Este año, la Unidad tiene como meta reparar a 100.000 víctimas, con 800 mil millones de pesos.
[Fuente: El Tiempo, Redacción justicia, Bogotá, 10abr13]
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