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06sep13
Magistrados ordenan indagar sobre espinosas verdades
En una de las decisiones más trascendentales que hasta el momento se han tomado en tribunales de justicia transicional en el país, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó investigar a una decena de ex funcionarios y ex militares de alto nivel por la posible comisión de diversos delitos relacionados con el paramilitarismo. Esta semana, como lo informó VerdadAbierta.com, la Sala anunció que pediría a la Cámara de Representantes investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión, tomada en sala mayoritaria (dos de tres magistrados), fue leída en Medellín durante una audiencia de control de legalidad de cargos contra siete desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes aspiraban a obtener los beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, entre ellos, la pena alternativa de ocho años de cárcel.
La magistratura ordenó investigar a la ex fiscal Viviane Morales Hoyos, al Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Eberto Rodríguez Hernández, al Fiscal 28 de la Unidad Delegada de Fiscalía contra el Terrorismo de la época (2009 - 2011) y al Fiscal 7 Delegado ante la Corte, "por el posible delito de prevaricato por omisión, por su omisión en la investigación y juicio de los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón y de los demás generales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario".
Ambos oficiales, el primero de ellos del Ejército y el segundo de la Policía, estuvieron destacados en Medellín para octubre de 2002, cuando se realizó la llamada 'Operación Orión', una acción conjunta de fuerzas de seguridad del Estado ordenada por el entonces presidente Uribe Vélez para retomar la comuna 13, dominada en ese momento por milicias de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo.
Los diversos testimonios y versiones, entre ellas la confesión de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', llevaron a la Sala a establecer que existen sospechas suficientes de que en esa acción militar, los miembros del Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) pudieron haber participado de manera concertada con los altos oficiales.
La Sala de Justicia y Paz de Medellín también ordenó investigar a los ex generales Oscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño (fallecido en un accidente en el 2007) e Iván Ramírez; al Teniente Coronel John Jairo Cardona Chaparro y al coronel Germán Morantes Hernández. A todos ellos pidió ser investigarlos para determinar si "promovieron, organizaron y apoyaron a los grupos paramilitares y/o se concertaron con éstos".
Semanas atrás, la Sala ya había ordenado investigar al general retirado Alejandro Navas Ramos, quien se desempeñó hasta hace poco como comandante de las Fuerzas Militares, por su presunta responsabilidad en la masacre de La Horqueta, ocurrida en la Mesa, Cundinamarca, el 21 de noviembre de 1997, en la que murieron 14 personas, época en la cual el oficial, siendo Teniente Coronel estuvo al mando del batallón Miguel Antonio Caro, guarnición clave en la comisión del múltiple crimen perpetrado por un comando conjunto de militares y paramilitares llevados allí desde el Urabá antioqueño.
"La Fiscalía deberá informar a esta Sala de todas las investigaciones que se adelantan contra generales y altos oficiales de las Fuerzas Militares y del Estado de su proceso, incluidos los mencionados en el párrafo anterior, e identificar a los que aún no lo han sido plenamente en esta decisión", anunció el magistrado Darío Pinilla Cogollo, quien presidía la audiencia.
Esta magistratura también le exigió al Ente Acusador investigar e informar de los procesos que se adelantan contra un grupo de empresarios privados que han sido mencionados a lo largo del proceso que se lleva contra el Bloque Cacique Nutibara de las Auc, para establecer si estuvieron "comprometidos en la promoción, organización, financiación y apoyo de grupos paramilitares".
Una de las decisiones que más llama la atención es la solicitud de la Sala de investigar a varios funcionarios judiciales, sobre quienes dice se debe establecer "conducta y omisiones en la investigación de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario" asociadas al paramilitarismo. Se trata de la Fiscal 6 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz, Oher Hadith Hernández Roa; al Fiscal 64 Delegado, Javier Girón Rodríguez; al Fiscal 90 Delegado, Hernando Antonio Bustamante Triviño; al Fiscal 129 Delegado, Hugo Alberto Gómez Lemus; al Fiscal 3 Delegado, Carlos Alberto Rico Correa; al Fiscal 113 Delegado, Milton Javier Rodríguez; al Fiscal Primero Delegado, Rafael Antonio Vargas Gallo; al Fiscal 14 Delegado, Guillermo Alonso Uribe Rueda; la Fiscal 51 Delegada, Ana Lucia Jiménez Zapata, y policía judicial identificado como 'Australia Cuatro', quien además deberá ser investigado por el delito de concierto para delinquir.
Adicional a ello, y teniéndolo en frente de la audiencia, pues es el fiscal que lleva el proceso del Bloque Cacique Nutibara, la magistratura anunció el envío de copias de esta decisión a la Fiscalía General de la Nación para que "evalúe el cumplimiento de sus funciones" del Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro Ávila, así como de los Juan Guillermo Jiménez Moreno; María del Pilar Vélez Estrada; Elizabeth Chilamak Neira, Fiscal 89 Delegada; Matilde Cardona, Fiscal 22 Delegada; Alexandra Vélez Rincón, Fiscal 104 Delegada; y Diana Builes González, Fiscal 23 Delegada.
Otra decisión trascendental para el caso de Medellín tiene que ver con la expedición de copias a la jurisdicción pertinente de la decisión asumida en sala mayoritaria y de las pruebas correspondientes con destino a la investigación que se le adelanta a Luis Pérez Gutiérrez por el posible "concierto con las bandas o grupos armados ilegales en las elecciones del 2.007 y de 2.011 y los delitos electorales cometidos por éstos".
Asimismo, le hizo un llamado a la Alcaldía de Medellín para que en "asocio de las autoridades competentes, y en cumplimiento de los compromisos y deberes internacionales del Estado", tome las medidas necesarias para "suspender el arrojo de escombros en los sitios conocidos y delimitados como la Escombrera y la Arenera de Medellín y rehabilitar esas zonas de tal manera que constituyan un acto de memoria y dignificación de las víctimas y de los desaparecidos que fueron sepultados en esa zona, con audiencia y opinión de las víctimas. La Sala lo exhorta a cumplir ese deber y le hará seguimiento a esas medidas y al cumplimiento de ese deber".
Ambos sitios están en laderas de la comuna 13, zona occidental de la ciudad, donde los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, tuvieron una fuerte injerencia, sobre todo después de octubre de 2002, cuando se ejecutó la llamada 'Operación Orión'. Se presume que en el área están sepultadas cientos de personas asesinadas y desaparecidas por estas facciones paramilitares. Con esa decisión, se cumple un anhelo de las víctimas, quienes infructuosamente han reclamado acciones de la administración municipal desde hace varios años sin resultado alguno
Consideró la Sala que la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal "tienen el deber de adoptar e implementar mecanismos eficaces para garantizar la búsqueda y protección de los desaparecidos, los cuales han sido ineficaces. La Sala los exhorta a cumplir ese deber y le hará seguimiento a esas medidas".
La Sala expedirá copias de decisión para ser trasladadas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para efectos de la evaluación y seguimiento que adelanta de la situación de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia.
Por último, y teniendo en cuenta que se trataba de una audiencia de control de legalidad de cargos, requisito indispensable para optar por los beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, entre ellos penas alternativas de 5 a 8 años, la Sala consideró que los ex paramilitares del Bloque Cacique Nutibata que comparecieron ante ella no cumplieron con los requisitos de verdad y reparación, por lo tanto ordenó excluir del proceso a Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, alias 'Bertico' o 'Cañitas'; Néstor Eduardo Cardona Cardona, alias 'el Mono' o 'Alpinito'; Juan Fernando Chica Atehortúa; Édgar Alexander Erazo Guzmán, alias 'Alex el Bonito'; Mauro Alexander Mejía Ocampo, alias 'el Aguacate' o 'Mauro'; Juan Mauricio Ospina Bolívar, alias 'el Rolo'; y Wander Ley Viasus Torres.
El auto proferido en sala mayoritaria de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín tuvo un salvamento de voto del magistrado Juan Guillermo Cárdenas, quien se mostró contrario a buena parte de sus contenidos. En relación con la orden dada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Uribe, aseveró que se llegó a ella a través de conclsuiones generalizadas y no acertadas.
Asimismo se mostró contrariado con relación a la orden de investigar a una decena de funcionarios y exfuncionarios, particularmente de la Fiscalía General de la Nación, entre ellas a la exfiscal Viviane Morales Hoyos, pues estimó que se podría incurrir en una extralimitación de funciones. De otro lado, llamó la atención sobre los postulados en riesgo de ser excluidos, pues de un lado se le dio credibilidad a sus versiones y, de otro, decide excluirlos del proceso de Justicia y Paz.
El magistrado Cárdenas cuestionó el hecho de ordenar una investigación contra el exgeneral Alejandro Navas por la masacre de La Horqueta, Cundinamarca, pues las declaraciones en su contra no provinieron de los postulados del Bloque Cacique Nutibara sino del Bloque Elmer Cárdenas, lo que impide que sea presentada en este proceso.
Finalmente, la decisiòn de excluir a estos siete postulados del Bloque Cacique Nutibara fue apelada por los representantes de la Fiscalía, la Procuraduria, por su abogado defensor y por los representantes de victimas. En esta audiencia no se expusieron las razones de su apelación, las cuales se presentarán el próximo 18 de octubre. De ratificarse la decisión, los exparamilitares deberán ser procesados por la justicia ordinaria, responder en ella por sus delitos y, de ser condenados, afrontarán penas que superarían los 20 años de cárcel.
[Fuente: Verdad Abierta, Bogotá, 06sep13]
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