12mar03

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Las empresas españolas y colombianas denunciadas por el departamento del tesoro usa, son de los hermanos Orejuela, del Cartel de Calí.

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La red de empresas creadas por hijos de Miguel y Gilberto Rodríguez en Colombia y España replica la torta con la que se inició el emporio económico de sus padres. El Departamento del Tesoro las bloqueó junto al corredor de bolsa Obursátiles

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó 59 empresas en Colombia y España, que estima pueden haber sido empleadas para reciclar dineros provenientes de los hermanos Rodríguez Orejuela, pues figuran como socios seis de sus hijos y otros miembros de la familia.

El bloqueo generó la suspensión de negocios de uno de los corredores de bolsa tradicionales de Cali, Operaciones Bursátiles (O- bursátiles), que tuvo como accionista durante 40 días a Internacional de Divisas (IdeD), a la que está vinculada una cuñada de los Rodríguez.

"Tan pronto salió la lista de las nuevas empresas bloqueadas, el pasado 6 de febrero, rescindimos el negocio, que además no implicó desembolso de dinero", aseguró el presidente de Obursátiles, Rodrigo Sarasti.

Antes de hacerse pública, la lista del Tesoro fue enviada a los bancos de los Estados Unidos, que alcanzaron a bloquearles US$250.000 ($720 millones), que se encontraban en tránsito en sus agencias. El presidente de Internacional de Divisas, Jorge Armando Ardila Huyo, dijo que el aporte de su empresa fue de $2.720 millones, un poco más de la mitad en efectivo, y negó cualquier vínculo "con esa familia", refiriéndose a los Rodríguez.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene una división, OFAC, que se encarga de investigar -por mandato de una orden presidencial que suscribió Bill Clinton en 1995- a todas las personas naturales y jurídicas que presten colaboración o sean instrumentales a los narcotraficantes colombianos en el blanqueo de sus capitales. La consecuencia de aparecer en esa lista junto a las siglas SDNT (narcotraficante especialmente designado, en inglés), es la exclusión de cualquier operación financiera con la banca de los Estados Unidos, y de sus bancos corresponsales.

En Colombia el sector financiero acata esa lista, y las personas mencionadas en ella ni siquiera tienen acceso a una cuenta de ahorros, mientras las empresas quedan vetadas de cualquier crédito. Se han registrado incidentes con el Banco Agrario y el IFI sobre la aplicación de la lista, pero se han resuelto siempre a favor de su vigencia.

Primera entidad financiera.

El pasado 6 de febrero la OFAC actualizó la lista con ocho miembros de la familia Rodríguez, cuatro de sus familiares políticos y otros 125 miembros de sus juntas directivas.

Por primera vez en la lista se incluyen sociedades constituidas en Europa. Ya figuraba una empresa del Ecuador, que está bloqueada. Y también por primera vez se incluye una entidad del sector financiero, la casa de cambios Internacional de Divisas, que adquirió el 69% de Obursátiles.

La compra tiene una explicación.

En mayo de 2000 el Banco de la República dispuso que sólo podrían operar casas de cambio con capital superior a $3.500 millones. Internacional de Divisas de Cali no contaba con ese capital e inició un plan de toma de control de alguna sociedad que contara con licencia cambiaria, para no salir del negocio. Su primer objetivo fue la compra del puesto de bolsa de Bermúdez & Valenzuela, una tradicional firma de corredores de bolsa, cuya matriz fue intervenida por el Gobierno.

El 7 de febrero de 2001, IdeD pidió autorización a la Superintendencia de Valores para adquirir, por $604 millones, a la filial de B&V, y presentaron la hoja de vida de sus accionistas, Luis Alejandro y Jorge Armando Ardila Huyo, Efraín Sepúlveda Zapata, Ricardo Alberto Navia Díaz, María Consuelo Iragorri Torres y Claudia Sanclemente Bedoya.

De acuerdo con el Estatuto Financiero, corresponde a esa superintendencia cerciorarse de la "idoneidad, trayectoria y carácter" de los accionistas para impartir la autorización. Aparte del juicio subjetivo que implica esa expresión, la Superintendencia ofició a nueve agencias de archivos de antecedentes, incluidas la Interpol y la Fiscalía, y ninguno registró anotación en sus hojas de vida. El superintendente, Gabriel Taboada, les impartió la autorización de compra el 4 de diciembre. Pero la Bolsa de Valores de Colombia objetó la operación porque uno de los socios, Efraín Sepúlveda Zapata, había sido sancionado por la Superbancaria cuando hacía parte de la Corporación Financiera del Pacífico, entidad intervenida por irregularidades que detectó la Superbancaria. Así fracasó la negociación con B&V.

Con los mismos argumentos de la aprobación, y excluido Sepúlveda de los accionistas de IdeD, pidieron les aprobaran su fusión con uno de los corredores de bolsa más tradicionales de Cali, Operaciones Bursátiles.

Toma de control.

"El negocio se planteó como un arriendo, más que una participación" dijo Sarasti, al asegurar que pese a la compra del 69% de su sociedad, IdeD sólo se encargaba del manejo de la operación cambiaria, en la que Obursátiles no tenía experiencia, afirmó.

La transacción se planteó en la Supervalores como una dación en pago. Sarasti dijo que no se trataba de un pago con acciones por deudas previamente contraídas, sino de pagar con acciones de su empresa por los activos de IdeD, representados en sus oficinas. Para el gerente de IdeD, Jorge Armando Ardila Huyo, su aporte estaba representado en $1.000 millones en cartera y el resto en el efectivo de la compañía, pues sobre los demás activos se celebró un contrato aparte.

La integración de las dos sociedades fue aprobada por la Bolsa en octubre pasado, para operar como Obursátiles. IdeD dejó de existir formalmente el 8 de agosto anterior, al no poder demostrar el capital que exigía el Banco de la República para operar en Colombia como casa de cambio.

En la nueva sociedad volvió a figurar Efraín Sepúlveda, como gerente financiero de Obursátiles, pero Ardila explicó que ello se debió a que padece de una enfermedad y su exclusión le habría significado perder los beneficios de la medicina corporativa.

El vínculo.

La integración culminó en diciembre y las doce oficinas que poseía IdeD en todo el país, dos de ellas en Bogotá, exhibieron en su portal el logosímbolo de Obursátiles. Pero el 6 de febrero se publicó la actualización de la lista de la OFAC en la página de internet del Departamento del Tesoro. "Fue una locura", dijo un empleado, que habló en condición de anonimato. "Primero llamaron los bancos donde tenemos las cuentas y casi en seguida los corresponsales extranjeros. En menos de una hora parecía que de ser bancarios hubiéramos pasado a ser leprosos".

"No sabíamos qué había pasado, no podíamos entender cómo fuimos incluidos en una lista, virtualmente dedicada a narcotraficantes", explicó Ardila Huyo, quien dice que no sólo siente perdido su capital, sino el ambiente familiar y social.

Lo peor llegaría más tarde, cuando la OFAC lanzó una adición al boletín, para anunciar que la sociedad Obursátiles quedaba bloqueada, sujeta de investigación, sin la sigla SDNT.

"Tuvimos una reunión todos los socios para entender qué había pasado, y en ese momento Claudia Sanclemente nos dijo que su hermana Flor María estaba casada con Humberto Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez, y que no nos había comentado esa relación, porque su vida económica es independiente de ellos, en el sector financiero, y ahora mismo es la tesorera de EPSA", la generadora eléctrica del Pacífico.

Pero, entre tanto, Rodrigo Sarasti había resuelto rescindir el contrato de fusión con IdeD, que desde agosto había perdido su licencia de operación de la Superbancaria. La sociedad de los Ardila sencillamente desapareció.

Los contactos.

Y, según el documento y los diagramas que aparecen en la página web de la OFAC, la clave de la inclusión de las empresas en la Lista Clinton son los vínculos que tienen entre sí con miembros de la familia Rodríguez, o con sus familiares políticos.

El primero de ellos es Humberto Rodríguez Mondragón -hijo de Gilberto Rodríguez-, quien estuvo involucrado en un proceso penal por lavado de activos, a raíz de la venta de cuatro lotes de propiedad de su padre a una cooperativa que también figura en la misma lista de la OFAC. Rodríguez Mondragón tuvo medida de aseguramiento durante siete meses, pero el proceso concluyó con preclusión.

Rodríguez Mondragón figura en la lista como accionista o directivo de Drocard y Colimex, dedicadas a la comercialización y la venta al menudeo de otras empresas que la OFAC estima integradas en la estructura de negocios de los Rodríguez Orejuela.

También es socio de la empresa unipersonal Aspen en Bogotá, y de Valores Corporativos, una de las 10 empresas similares constituidas en España por otros miembros de la familia.

En una situación similar se encuentran las sociedades de su hermano Jaime, quien creó en Madrid la sociedad Jaromo, mientras que en Bogotá funcionaba con la sociedad Serbana.

"En la familia hay seis hijos españoles, y una de las opciones que tenemos planteadas es la de residir de forma permanente en España", dijo una persona escogida como vocero de los Rodríguez, que alega no controvierte las aseveraciones contenidas en la lista.

Operación Espejo.

¿Por qué fueron incluidas esas sociedades en la lista?, es la pregunta que surge al conocer las consecuencias de esa decisión de la OFAC.

Según el diagrama de flujo, la agencia estima que las tres sociedades matrices de los hermanos Rodríguez Orejuela, Drogas La Rebaja, Farmacoop y Cosmepop, tienen relaciones comerciales, de intercambio de servicios y hasta de pago de nóminas, con respecto a las empresas bloqueadas.

La Caja Solidaria y Fomentamos, por ejemplo, pagan algunas de las nóminas de las 59 empresas. En las actas o las escrituras de constitución de algunas de esas empresas, varias de ellas bajo la modalidad de cooperativas, se encuentra la misma dirección, o hay identidad de socios fundadores.

En una revisión de esas escrituras se encontró similar tipo de letra en tres de las actas de constitución. En algunas de ellas los socios fundadores dejan su número de teléfono, pero se trata de "número no adjudicado al público", como repite una grabación.

Si se llama al teléfono inscrito en la sede de la Caja Solidaria, según el acta de constitución, responden de la cooperativa Fomentamos, vinculada a la misma lista, pero que se encarga de prestar servicios funerarios a grandes empresas y fondos de empleados.

De las direcciones registradas en Bogotá ninguna coincidió, y se hallaron números inexistentes, o que correspondían a residencias familiares.

Ese registro no tiene ninguna implicación, pues se puede cambiar por la libre disposición de sus propietarios. Sin embargo, el mismo patrón se repitió con las sociedades de los Rodríguez inscritas en Madrid.

Según el Registro Mercantil de la capital española, en las sociedades -inscritas con capitales entre los 3.005 euros, como Jaromo, o Dodge 2000, con 186.000 euros, casi la misma cifra equivalente en dólares- ninguna dirección inscrita coincidió con la actual. Una investigación realizada por periodistas de La Vanguardia de Barcelona ("Estados Unidos sitúa en Madrid la conexión empresarial del Cartel de Cali") encontró que si bien las sociedades que fueron incluidas en la Lista Clinton pagaron sus impuestos en noviembre pasado, su dirección no corresponde con el Registro.

Benito Gregorio Cabrera García aparece como apoderado para la constitución de una de esas sociedades en España, y Jorge Cabrera García figura como administrador suplente de otra de ellas. Jurídicamente esas sociedades, al igual que las colombianas, fueron constituidas legalmente, aunque el sitio donde desempeñan su objeto social es desconocido en algunos casos, sin que ello constituya una irregularidad, advierten los periodistas.

Una de las sociedades de Madrid distribuye películas y revistas, otra figura como promotora de inversiones, y hay administradoras de bienes raíces, y servicios similares.

En Bogotá son laboratorios farmacéuticos, tienen licencias del Invima para la venta de drogas y una de ellas, Codisa, figura como ganadora en una licitación de suministro de drogas en 2002 para el Hospital Militar.

Reciclando en el papel.

Para analistas financieros, la interpretación que surge de la lista es que el entramado de empresas corresponde a una doble operación espejo. Primero en Colombia se crean empresas de servicios, casi de papel, que se prestan servicios, por los que reciben pagos entre sí, que a su vez giran a otros proveedores. Drocard es una de las más mencionadas en esta modalidad.

Ese mismo esquema, estiman los analistas, se intentaba replicar en España, para reciclar dineros de operaciones de comercio internacional, como se asegura, por ejemplo, existe en el caso de las importaciones hechas por la Distribuidora Sanar.

"Una definición de lavado de dinero es mover el dinero a través de varias sociedades, para ocultar su rastro. El punto a definir es, ¿se trata de dinero fresco o de dineros ocultos?

La pregunta que rondará estas empresas será la misma: ¿Dónde empieza el rastro del dinero? Mientras esa pregunta no sea absuelta, el Tesoro entenderá que se trata de un intento por reciclar sus dineros.

Es el reto que corresponde ahora enfrentar en Colombia a la Fiscalía General de la Nación.

De la "Lista Clinton" al "Kingpin Act"

Hasta el momento sólo una multinacional, American Home Products, intentó operar con una empresa de los hermanos Rodríguez Orejuela, y terminó pagando una multa de US$2.5 millones, para evitar un juicio más gravoso.

Esa ha sido la única decisión judicial conocida en torno a la Lista Clinton, adoptada cuando ese presidente dictó la Orden Ejecutiva 12978 en 1995, que ordenó bloquear todas las empresas donde tuvieran intereses los "narcotraficantes especialmente designados" o sus familias.

La experiencia de esa orden terminó en una ley, el Kingpin Act, que establece otra serie de sanciones, pero ningún colombiano ha sido mencionado todavía en su lista, próxima a ser actualizada.

En la Lista Clinton figuran hoy unas 900 personas naturales y jurídicas de Colombia, una de Ecuador y ahora 10 de España, todas relacionadas con la familia Rodríguez. Se incluyeron también empresas de Don Diego y Rasguño, del Cartel del Norte del Valle.

[Fuente: Fabio Castillo del El Espectador, Bogotá, Col, 12mar03]

Este documento ha sido publicado el 12mar03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights