EQUIPO NIZKOR

Informe

DERECHOS HR



Dos Organizaciones Europeas Envían un Informe a la Ministra de RE de Colombia.

Señora Ministra:

Tratar de plasmar en este texto de manera detallada todos los temas en relación a nuestras preocupaciones resultaría bastante texto. Basta señalar que ellas se resumen suficientemente en las recomendaciones internacionales emanadas de instancias intergubernamentales y no gubernamentales internacionales que Usted bien conoce. Es bajo estos presupuestos que desarrollamos nuestra labor en permanente coordinación con otras organizaciones europeas preocupadas por la situación de los derechos humanos en Colombia y en permanente diálogo con las organizaciones de derechos humanos en Colombia, las cuales constituyen el principal soporte de nuestra acción. Seguiremos concentrando nuestros esfuerzos por esta vía, alimentando la esperanza de que es posible lograr en Colombia la realización integral de los derechos humanos. De que es posible también contribuir desde una perspectiva de derechos humanos a sentar las bases para un proceso de paz en Colombia.

Esperamos igualmente el poder mantener con el gobierno colombiano este espacio de diálogo constructivo. Agradeciendo su invitación e interés por nuestras preocupaciones que sin duda también son las suyas. Nos suscribimos de Usted, muy respetuosamente,

Kohan Contente Philippe Papión

NACOS - Coordinador Interno CNCD - Secretario General

Bruselas, 13 de Octubre de 1997
Señora
María Emma Mejía
Ministra de Relaciones Exteriores
República de Colombia
Su excelencia:
El pasado mes de enero tuvimos la valiosa oportunidad de intercambiar con usted sobre nuestras preocupaciones acerca de la situación de derechos humanos en Colombia, los compromisos adquiridos por el gobierno que Usted representa para superar esta difícil y persistente situación y nuestro interés y voluntad como agencia de cooperación de contribuir para que se respeten integralmente los derechos humanos en Colombia y se logre una salida política negociada al conflicto armado interno.

Durante este lapso múltiples situaciones se han modificado en Colombia, sin que ellas lamentablemente indiquen una mejoría sustancial de la situación de los derechos humanos. Por el contrario, las informaciones que recibimos a diario indican que las violaciones a los derechos jumanos continúan en ascenso y el escalonamiento del conflicto armado interno involucra mayores niveles de degradación del mismo en detenimiento del respeto al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados en conflicto.

Hemos acogido con satisfacción que durante estos meses haya podido entrar finalmente en funcionamiento la Oficina Permanente del Alto Comisionado en Colombia, que su gobierno haya tomado la iniciativa legislativa en temas prioritarios como la reforma al código penal militar, especialmente en lo relativo al fuero penal militar, la tipicación del delito de desaparición forzada, la iniciativa de ley en favor de la población desplazada entre otros. Igualmente la toma de decisiones políticas como: la Directiva Presidencial sobre defensores de derechos humanos, el despeje de una porción del territorio nacional que permitió la entrega de los 70 soldados, el llamamiento a calificar servicios al General Bedoya y Pizarro y la reactivación de las propuestas en el tema de la paz.

Pese a ello, es un hecho objetivo que la situación no mejora y por tanto, sin desmeritar la importancia de las anteriores iniciativas, consideramos que mientras no se construya una voluntad política real que involucre a todas las esferas del estado en la vigencia de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario, mientras los mecanismos de participación democrática continúen siendo una categoría jurídica, mientras se conviva con la intolerancia y las diversas formas autoritarias y militaristas en el ejercicio del poder será imposible alcanzar en Colombia el ideal de la realización plena de un Estado de Derecho en donde la justicia social se imponga sobre los intereses de los violentos.

En este contexto queremos, Señora Ministra, por su intermedio, transmitirle a todos los miembros de su gobierno algunas de nuestras preocupaciones:

Persecución de Defensores de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales:

Pese a la expedición de la Directiva Presidencial No 011 de 1997, hechos recientes de atentados amenazas, hostigamientos y judicialización indican que se persiste incluso por algunas autoridades civiles y militares en el desconocimiento del carácter legítimo de las organizaciones de derechos humanos.

Para solamente citar un caso reciente queremos hacer referencia a las investigaciones judiciales en curso contra 15 organizaciones de Derechos Humanos del departamento de Antioquia que integran que integran el "Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad". Resulta incomprensible para nosotros que tales investigaciones tengan como sustento informes de inteligencia militar que intentan criminalizar actuaciones legítimas de este tipo de organizaciones como la defensa de presos políticos, la labor de denuncia y de acompañamiento a actividades reivindicativas promovidas por organizaciones sociales. Con el agravente, que este tipo de acusaciones en el contexto del país, colocan adiconalmente a las personas integrantes de estas organizaciones en la mira de acciones violentas contra la vida e integridad personal.

Igualmente, nos preocupa que pese a la díficil situación por la que atraviesan los defensores de derechos humanos y dirigentes de numerosas organizaciones sociales y pese al alto grado de interlocución logrado con altos representantes de su gobierno sobre esta problemática; el gobierno no ha dado aún una respuesta integral a la propuesta sobre un Programa de Prevención de Ataques y Protección a los Defensores de los Derechos Humanos, remitido al gobierno el pasado 16 de junio.

Quisiéramos también llamar su atención en este punto, sobre los altos niveles de represión, señalamiento amenaza y persecución contra las diversas expresiones del movimiento social durante lo que va corrido del año, especialmente, en lo que se refiere al sector sindical. Según un informe estadístico remitido por la Central Unitaria de Trabajadores -CUT- , 64 afiliados a dicha central fueron asesinados en el primer semestra de 1997. De la misma manera, periódicamente recibimos información sobra la constante amenaza contra el Presidente de dicha Central y la Junta Nacinal de una de sus principales afiliadas, la Unión Sindical Obrera -USO-

Proyecto de Reforma Fuero Militar:

La reciente sentencia de la Corte Constitucional en relación a la competencia de la justicia ordinaria para conocer de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por miembros de la Fuerza Pública, aunando a la iniciativa legislativa de su gobierno en relación a la reforma de Código Penal Militar abren una puerta de esperanza en la lucha contra la impunidad, la cual consideramos un imperativo necesario en la superación de la situación colombiana. El derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y a la sociedad en su conjunto constituye un pilar fundamental en la construcción de una paz firme y duradera.

Algunas preocupaciones nos asaltan sobre este punto

Para nadie es un secreto que en el seno del Congreso existen posiciones adversas a todo tipo de iniciativas que impliquen un fortalecimiento de los mecanismos de protección a los derechos humanos, a contrario censu, haciendo eco de las posiciones más militaristas cualquier límite o restricción impuesta a la Fuerza Pública se considera por un selecto número de congresistas, como un factor de debilitamiento en la capacidad operativa de contrainsurgencia de las Fuerzas Militares y por ende, en una concesión para la insurgencia. En vista de tal circunstancias es necesario que el gobierno comprometa todo sus esfuerzos en sacar adelante el trámite de tal proyecto, para que no pase de ser uno más de las fallidas humanos o complicidad y encubrimiento de los mismos.

Nos preocupa hondamente el anuncio del Presidente Samper el día de los Derechos Humanos referido a una reforma penal para la investigación y juzgamiento de los militares atendiendo a su rango y graduación por los delitos de competencia de la justicia regional. Si el gobierno considera que el sistema regional no es suficientemente garantista de los derechos de los procesados, como tantas veces lo han expresado diversas instancias de la Comunidad Internacional debe entonces proponerse su reforma integral en igualdad de condiciones para todas las personas sometidas a esta jurisdicción. Lo contrario, es intentar extender privilegios y nocivos efectos del fuero militar y como venía operando hasta ahora a la justicia ordinaria, creando un simple "efecto de maquillaje" ante las reiteradas críticas en el marco internacional sobre los alarmantes índices de impunidad que en materia de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por efectivos de la Fuerza Pública ha caracterizado a Colombia en los últimos años.

Son numerosos los acasos que con posterioridad al fallo de la Corte Constitucional continúan en manos de la Justicia Penal Militar, situación que resulta incomprensible para nosotros. Sim ser especialistas en la materia consideramos que el fallo del máximo Tribunal Constitucional debe ser de inmediato e imperativo cumplimiento y por tanto todos los casos de crímenes de Lesa Humanidad investigados por las Cortes Castrenses debieron haber pasado ya a la Justicia Ordenaría, independientemente de las Reformas Legislativas que se adelanten sobre la materia.De no ser así se estaría atando el poder de decisión del poder judicial, situación incomprensible para la vigencia del estado de derecho.

Tal y como lo expresamos al inicio de esta misiva consideramos enteramente saludable que el actual gobierno haya recuperado la iniciativa en materia de solución al conflicto armado i interno. Igualmente, que este tema adquiera una mayor relevancia en el manejo de sus relaciones internacionales y más concretamente en el marco de las relaciones con los países e i instituciones que conforman la Unión Europea. Es innegable que la persistencia y degradación del conflicto afecta hondamente el disfrute de los derechos humanos de la sociedad colombiana en su conjunto, hace más vulnerable la institucionalidad democrática colombiana, a la postre que favorece las diversas formas de intolerancia ciudadana.

Sin embargo, nos preocupa que con tal valiosa iniciativa se tienda a opacar la problemática de derechos humanos en el escenario internacional o dicho de otra manera a condicionar la superación de la crisis de los derechos humanos a la resolución del conflicto armado.

Somos de la opinión que la Comunidad Internacional y particularmente la Unión Europea debe continuar cooperando eficazmente en materia de derechos humanos, sin excluir la posibilidad del importante papel que pueda comenzar a jugar en torno al tema de la paz.

Existen numerosas recomendaciones internacionales emanadas de instituciones intergubernamentales sobre puntos en la superación de la crisis de los derechos humanos que afecta a Colombia, la exigencia de cumplimiento integral de tales recomendaciones a su gobierno por parte de los Estados y más concretamente de los Estados Europeos, no puede admitir a nuestro parecer ningún tipo de dilación. No se puede condicionar la vigencia del derecho Internacional de los derechos Humanos, que tanto ha costado a la Humanidad, a negociaciones políticas en ningún país del mundo por muy importantes que éstas sean.

Derechos Humanos en Colombia

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