EQUIPO NIZKOR |
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06jul05
La amenaza de Washington supone un golpe al benévolo marco legislativo de Colombia en favor de los escuadrones de la muerte.
La nueva ley colombiana de desmovilización de los escuadrones de la muerte paramilitares sufrió un duro golpe esta semana cuando los legisladores de Washington amenazaron con bloquear la ayuda económica que el Gobierno del Presidente álvaro Uribe necesita para llevar a efecto dicha ley.
La poderosa Comisión de Asignación Presupuestaria del Senado, indignada por el hecho de que Colombia haya aprobado una ley que sus miembros consideran altamente beneficiosa para los comandantes paramilitares, declaró que el Congreso no financiaría el desarme de los paramilitares hasta que Colombia garantice el completo desmantelamiento de este grupo, al tiempo que avance en la extradición de los comandantes principales.
No obstante, es improbable que estas condiciones se vean cumplidas bajo el marco de la ley, llamada Ley de Justicia y Paz, que el Congreso colombiano aprobó el 22 de junio. Esta ley ofrece a los paramilitares una serie de lagunas jurídicas que, según Naciones Unidas, Human Rights Watch y algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos, permitirán a los comandantes evitar las extradiciones por acusación de narcotráfico, preservar su riqueza de origen ilegal y garantizar que parte de su ejército permanezca intacta.
Las directrices de la Comisión de Asignación Presupuestaria del Senado, que se hicieron públicas el martes y que son jurídicamente vinculantes de cara a la ley de asignación presupuestaria para el exterior que se aprobará este otoño, podrían poner en peligro el plan del Sr. Uribe, porque Colombia espera que Estados Unidos financie buena parte del desarme de unos 20.000 paramilitares. Si bien Colombia no ha efectuado una solicitud formal de esta ayuda económica, las autoridades aquí dicen que se necesitan unos 8.000 (ocho mil) dólares por cada paramilitar, esto es, unos 160 millones de dólares.
“La cuestión es enviar un claro mensaje al Gobierno colombiano, y a nuestro Gobierno, de que hablamos en serio cuando decidos que queremos financiar algo que sea eficaz”, manifestó un asistente republicano en el Congreso, quien trabaja en política hacia Colombia. “Lo que el legislativo colombiano acaba de aprobar no traerá una desmovilización efectiva”.
La Comisión del Senado no cierra la puerta a la financiación, sino que deja a la voluntad del Sr. Uribe, el más estrecho aliado de la administración Bush en América Latina, el que se adopten medidas para modificar esta ley, que aún ha de refrendar con su firma.
En los últimos meses el Sr. Uribe ha recibido duras críticas en materia de desmovilización paramilitar provenientes de importantes legisladores estadounidenses. “El propósito es que se reafirmen los estándares diciendo que si desea ayuda de Washington , éstas son las normas”, dijo José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch.
La ayuda es importante porque el Gobierno del Sr. Uribe espera poco apoyo de los europeos o de las Naciones Unidas, que se oponen a la ley. “Esto querría decir que tiene que salir de las arcas colombianas, y ellos no tienen dinero para estas cosas”, dijo Adam Isacson, un analista militar de Washington.
La ley es el pilar de los esfuerzos del Sr. Uribe para demostrar aquí y en el extranjero que Colombia hace algo por reducir a un ejército paramilitar que ha matado a miles de personas en su guerra contra los rebeldes de ideología de izquierdas.
Pero la Comisión de Asignación Presupuestaria, apreciando que los paramilitares han sido incluidos en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, pidió a Colombia que extradite a los comandantes paramilitares. Sobre varios de ellos penden órdenes de búsqueda de fiscales estadounidenses, pero el Sr. Uribe declaró el viernes a Voice of America que "en algunos casos habrán de suspenderse las extradiciones".
La Comisión dijo que Colombia tenía que investigar los crímenes de los paramilitares y penalizar severamente a los comandantes que mintieran sobre sus actividades criminales. También pidió el establecimiento de un grupo conformado por distintas agencias, y que incluyera a las Naciones Unidas, para que presente un informe que asegure que no se han dado violaciones al alto el fuego y que han cesado las actividades ilegales.
[Source: By Juan Forero, The New York Times, Usa, 06Jul05 - Traducción al español de la versión original en inglés realizada por el Equipo Nizkor - 08jul05]
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