EQUIPO NIZKOR |
|
06ago10
"Nombramiento de notarios fue una práctica gubernamental corrupta": Corte Suprema
Caracol Radio conoció la determinación de la Corte Suprema de Justicia en la que se compulsan copias para investigar a Tomas Uribe, hijo del presidente de la República, involucrado en la 'feria de las notarias', y en la que el Alto Tribunal califica el nombramiento de notarios como una "practica gubernamental corrupta".
El documento está orientado a justificar la apertura de investigación contra los congresistas José Darío Salazar y Cesar Laureano Negret Mosquera, sindicados de recibir notarias por haber votado la reelección presidencial.
"Los hechos que forman el contexto arriba descrito permiten establecer la existencia de una práctica gubernamental corrupta en el nombramiento de notarios", asevera el documento.
La Corte Suprema hizo este pronunciamiento al señalar que esta tesis es soportada con las determinaciones tomadas contra los congresistas, Yidis Medina, Teodolindo Avendaño, Iván Díaz Mateus y Alirio Villamizar, quienes ya fueron condenados por este escándalo conocido como la 'cuello política'.
La Corte señala que hay indicios para inferir que los congresistas Salazar y Negret, recibieron notarías por su intermediación y vincularon a sus esposas a las oficinas dirigidas por ellos, quienes sin experiencia en el sector público, recibieron los sueldos más altos que se pueden pagar en una notaría.
El alto tribunal también califica como inverosímiles las declaraciones de uno de los notarios beneficiados, quien señaló que salió favorecido gracias a una hoja de vida que le entregó al presidente Álvaro Uribe en un acto político; según la Corte Suprema, es evidente que en este caso la designación se dio por la intermediación de un congresista que votó la reelección presidencial.
En la solicitud para investigar al hijo del primer mandatario, dice el alto tribunal que en el curso de las investigaciones preliminares se lograron pruebas sobre la indebida intermediación de particulares, como la de Tomas Uribe.
Explica la Corte Suprema que, como se trata de una persona sin fuero, se envía el expediente a la Fiscalía para que se tome la determinación del caso ante la posible configuración de un delito contra la administración pública y el tráfico de influencias de servidor público.
El documento señala que dentro de las pruebas que fueron enviadas a la Fiscalía relacionadas con el caso de Tomas Uribe, están la declaración del ex notario de Tunja, Uriel Bonilla, quien grabó la conversación con la notaria nombrada, Luz Marina Campo, y en la que hablan de la influencia del hijo del presidente.
Así mismo, fueron enviadas a la Fiscalía las declaraciones de los ex presidentes, Andrés Pastrana y Ernesto Samper, quienes explicaron la forma como nombraron a los notarios en sus gobiernos, pues advirtieron que los procesos de selección fueron técnicos y que fueron suprimidas, por lo menos, 23 notarias.
Por último se relacionan los testimonios de seis funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro que dan cuenta de cómo se entregaban de manera irregular estas notarías.
Esa determinación por la cual fue denunciado penalmente el magistrado Yesid Ramírez la firma él junto con sus otros compañeros de la Sala Penal, a excepción del magistrado Augusto Ibáñez, quien en este caso se declaró impedido.
[Fuente: Caracol, Bogotá, 06ago10]
 | This document has been published on 03Feb11 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |