EQUIPO NIZKOR |
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07feb10
La verdad nos hará libres
Las declaraciones de Jorge Noguera ante la Corte Suprema de Justicia amenazan con arrastrar al presidente Uribe y a varios de sus asesores, entre ellos al sibilino José Obdulio Gaviria, a lo más profundo del abismo.
De comprobarse que desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se pasó al Presidente y a altos funcionarios en la Casa de Nariño información proveniente de interceptaciones y seguimientos ilegales, aquellos habrían incurrido como mínimo en el delito de encubrimiento al no haberlo denunciado. Si, además, hicieron uso de dicha información a sabiendas de su procedencia ilícita, habrían sido cómplices de un concierto para delinquir. De comprobarse lo que es probable, la historia de Colombia quedaría manchada para siempre. Tendríamos nuestro propio Nixon y peor.
Sostiene el ex jefe del máximo organismo de inteligencia del país que quien recomendó a José Miguel Narváez fue el propio presidente Uribe. Recordemos que Narváez fue señalado en el pasado de haber instruido a paramilitares en la lucha antisubversiva. Con estos antecedentes, sorprende que haya sido el propio Jefe de Estado, según la versión de Noguera, quien impuso la presencia de Narváez en el DAS. Fue en dicha institución donde se orquestó y funcionó bajo la dirección de Narváez el grupo de policía política G3, creado para neutralizar a los enemigos del régimen mediante la interceptación ilegal a magistrados, periodistas, defensores de Derechos Humanos y dirigentes de la oposición. ¿Conocía Uribe del G3? ¿A quién reportaba Narváez en la Presidencia? De haberse aprobado en la Corte Constitucional el Estatuto Antiterrorista en 2004 los actos ilícitos hoy investigados habrían quedado amparados bajo su artículo 4, que permitía interceptaciones y registros sin orden judicial.
Confirma el ahora procesado Noguera, defendido en su momento por el Presidente como un buen muchacho, que Narváez tenía agenda propia, por lo que incluso chocaron en ocasiones. Existen pruebas recogidas por la Corte Suprema y la Fiscalía para cotejar y valorar críticamente las versiones de ambos procesados. Es necesario que las declaraciones de los jefes paramilitares extraditados favorecidos por la corrupción del DAS también sean tenidas en cuenta y valoradas en la debida forma según los criterios de la sana crítica. El país merece conocer la verdad. Razones de conveniencia no pueden dar lugar a hacer mutis por el foro. La descalificación del testimonio de Noguera por provenir de un presunto criminal no es admisible. Involucrar al Presidente para buscar beneficios penales no parece una movida inteligente de quien fuera el director de la máxima agencia de inteligencia del Estado.
Es importante recordar que fue el Presidente quien, ante pregunta del periodista Diego Fernando Patiño en rueda de prensa luego del debate de Gustavo Petro, afirmó que según informes de inteligencia militar y de policía tenía pruebas de que adversarios del Gobierno buscaban desacreditarlo para impedir la firma del TLC con los Estados Unidos, pruebas nunca reveladas por el Primer Mandatario y posiblemente obtenidas de las interceptaciones ilegales. Todo lo anterior, en un país democrático y republicano, debería ser juiciosamente investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, so pena de incurrir sus integrantes en el delito de prevaricato por omisión. Claro, no faltarán aquellos que acusen a quienes piden se esclarezca toda la verdad por supuestamente adelantar una guerra subversiva político-jurídica contra el Gobierno. A ellos recordarles que sólo la verdad nos hará libres.
[Fuente: Por Rafael Arango, El Espectador, 04feb10]
Inteligencia Militar y Paramilitarismo
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