19abr01
Desde el dos de abril, el CIDH de la OEA, había solicitado la adopción de medidas urgentes para proteger a los desplazados de los Altos de Naya.
Desde el pasado 2 de abril, el Comité Interamericano de DH de la OEA le había pedido al Estado colombiano la "adopción de medidas urgentes para preservar el derecho a la vida y la integridad física" de los miembros de las organizaciones y comunidades campesinas y afrocolombianas del norte del departamento del Cauca.
Así lo conoció ayer El Espectador en la región de El Naya, donde trascendió, además, que la petición del Comité de DH de la OEA estuvo motivada en un informe presentado semanas atrás por un bloque de ONG de la región, que solicitó medidas cautelares a favor de sus integrantes, ante las acciones perpetradas por el paramilitarismo en la zona.
Los miembros de Fundecima, Cima, Anuc, Cric y los habitantes de Santander de Quilichao, Suárez, Morales, Cajibío y Buenos Aires, en su mayoría pertenecen al Movimiento del Suroccidente Colombiano y, además de la petición de la OEA, habían suscrito desde noviembre de 1999 un acuerdo con el Gobierno para que se preservaran sus vidas.
Pese a estos antecedentes, según las ONG citadas, sin incluir a las víctimas de la Semana Santa, hasta el mes de febrero habían sido asesinadas unas 200 personas en la región, es incalculable el número de desplazados, y hoy "las autodefensas controlan la movilización de vehículos, el comercio, la entrada de alimentos y las actividades sociales".
Defensor amenazado
Entre tanto, el defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, declaró ayer que "las masacres con motosierras no son una película en Colombia", y confirmó que durante su visita al Cauca comprobó que una señora fue perforada en su abdomen con una motosierra, y que una menor de 17 años fue degollada y sus manos amputadas".
"Tenían una lista de nombres en la mano. Mataban muchos de ellos con motivos fútiles, como no saber explicar de dónde tenía su celular", declaró Cifuentes
Muñoz, quien confirmó que ha sido amenazado de muerte, y que "unas 4.000 personas no se pueden mover de la zona del Alto Naya desde la masacre de Semana Santa".
[Fuente: Extractado de una noticia de Enrique Rivas Gordillo para el Espectador, Colombia, 19abr01]
Este documento ha sido publicado el 20abr01 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights