22ago03

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El General Jorge Enrique Mora Rangel organiza una rueda de prensa en contra de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

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"Dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así trataron a los profetas que hubo antes que ustedes" (Mt 5, 11-12)

Hoy, nuevamente, se pretende desprestigiar las experiencias de afirmación de Derechos de las comunidades en medio de la guerra. Hoy nuevamente, se pretende desviar la verdad de las víctimas con testigos falsos y con el despliegue en los medios de información de "pruebas" de "corrupción", de terrorismo contra los organismos de Derechos Humanos que las pronuncian.

En 1992 , cuando la Comisión de Justicia y Paz presentó una denuncia nacional a las máximas autoridades del Estado y de gobierno y a la Comunidad Internacional OEA y ONU sobre el Proyecto paramilitar en el Carmen y San Vicente de Chucurí, se encuentra con un ardid donde los testimonios de las víctimas, de religiosas y religiosos testigos, de miembros de la comunidad internacional que presenciaron la acción encubierta de los paramilitares, fueron tergiversados, convirtiendo a las víctimas en victimarios y a defensores de derechos humanos como el P. Javier Giraldo sj, en supuestos "testaferros de la insurgencia". Falsos testigos desfilaron por los estrados judiciales y su palabra se escuchó con fuerza, más que las de las víctimas o sus acompañantes, en los medios masivos de información, justo por que salieron a la defensa de hombres de poder en las esferas castrenses, en la fiscalía general de la nación del Dr. De Greiff quien se negó a hacer lo que era posible de acuerdo con las pruebas presentadas.

En 1998 la sede de Justicia y Paz fue víctima de una nueva actuación de los aparatos castrenses y de justicia. La brigada XIII ordena y la fiscalía ejecuta un allanamiento en el que se extrae información de los computadores sobre documentación de casos de violaciones a los DD HH, pues "de acuerdo con informaciones de inteligencia militar "allí funcionaba en centro de información de la guerrilla". La verdad de las violaciones de derechos humanos quiere ser invisibilizada con la calumnia a quienes la compilan para hacerla pública.

Hoy nuevamente se adelanta una campaña de desprestigio contra el proceso de CAVIDA que afirma sus derechos en medio de la guerra y contra el acompañamiento que adelanta nuestra Comisión. Hombres y mujeres del mundo sensibles al dolor humano han tenido la posibilidad de conocer los horrores que desde 1996 han padecido las comunidades del Cacarica, en el afianzamiento de las estructuras encubiertas paramilitares tales como el bloqueo económico, los asesinatos en el puerto de Turbo de varios de sus miembros, en 1997 el desarrollo de la Operación Génesis de la Brigada XVII comandada por el Gral. Rito Alejo del Rio en actuación conjunta con civiles armados de la estrategia paramilitar, la barbarie con la que actuaron con miembros de las comunidades, el desplazamiento coordinado con la policía que los recibió en Turbo, el hacinamiento en Turbo, la búsqueda de refugio en Panamá, la deportación involuntaria a Bahía Cupica, el asesinato y la desaparición de más de 85 miembros de las comunidades.

Estos hombres y mujeres del mundo también han tenido conocimiento de la construcción de la comunidad, desde una auténtica democracia, de los 5 puntos que presentaron como propuesta de diálogo al Gobierno para alcanzar un retorno digno, del Proyecto de Vida que ha orientado sus búsquedas, de las formas organizativas que fueron adoptando para retornar en medio de la guerra, de los acuerdos firmados con el Gobierno, entre ellos el de vivienda para la construcción de las zonas humanitarias del que nuestra Comisión fue responsable, de las 3 fases de retorno que les permitieron volver a sus tierras. Han sido conocedores, además, de la explotación ilegal e indiscriminada de madera en los territorios de las comunidades por parte de la empresa Maderas del Darién con la complicidad de las autoridades medioambientales, de las agresiones de las que siguieron siendo víctimas una vez concretado el retorno donde la actuación militar irregular propone a las comunidades, la siembra de palma africana y coca para obtener desarrollo.

Las comunidades de afrodescendientes del Cacarica en su afirmación de Derechos en medio de la guerra hacen público su clamor de Verdad, Justicia y Reparación y obtienen medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de diciembre de 1997, afirman su condición de población civil sin involucrarse con ningún actor armado que es respaldada por organizaciones humanitarias de Europa, Estados Unidos, Africa, de la iglesia católica, presbiteriana, luterana, de humanistas y comunidades de América Latina que se han sentido identificados con su proyecto de vida, con su propuestas de educación propia en la primaria dirigida por bachilleres de la comunidad, con sus modos alternativos comunicación, con la soberanía alimentaria que están alcanzando.

No extraña que estas construcciones de afirmación de derechos en la guerra, de reconstrucción desde la práctica del erosionado Estado de Derecho sean vinculadas con acciones "terroristas" y con la guerrilla por parte de las Fuerzas Militares y por sectores de gran poder económico. Hoy en la región hay muchos intereses mas allá de los militares y son pocas las comunidades que continúan en el territorio afirmando su condición de población civil, su derecho a la verdad y a la justicia.

En estos últimos meses se ha intensificado esta campaña de desprestigio y difamación. En el periódico "Selva Húmeda" de Riosucio, en el mes de mayo describen las zonas humanitarias de Nueva Vida y Esperanza en Dios en el Cacarica como: "campos de concentración" "que dirigentes de la región han sido amenazados por denunciar dichos atropellos, que de 400 viviendas que se tenían proyectadas construir solo se hicieron 40 y que el resto del dinero no aparece" (IE 26). En el Heraldo de Urabá del mes de Junio el alcalde de Riosucio manifiesta: "En sectores como el Cacarica parece como si se viviera en otra " república independiente", debido al guetto impuesto por la ONG Justicia y Paz. Denunció el alcalde de Riosucio Ricardo Azael Victoria. " Ya no aguanto más. Me tienen mamado", le dijo Victoria a la ministra de Defensa, debido a que ningún funcionario de su administración puede entrar allí a desarrollar proyectos productivos, si no es por orden de esa organización. "Les he mandado maestros me los han rechazado; les he enviado personal de planeación para optimizar y proporcionar bienestar y nadie puede estar. Es grave lo que está pasando en el Cacarica". Informó".

El 21 de agosto el Centro de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares convoca a todos los medios masivos de información a una rueda de prensa en la que el General JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia introduce la intervención de una abogada y sus testigos de la siguiente manera: "representan a la Comunidad del Cacarica, eso queda en el Chocó, la información que recibí me pareció muy interesante y muy importante y por eso quise en el día de hoy reunirme con esas personas que representan a una comunidad que ha tenido que pasar por grandes sufrimientos, por desplazamientos y una serie de circunstancias que despertaron en el Comando General la preocupación hizo que los escucháramos y que les dijéramos que estamos dispuestos a mirar a ver como le ayudamos a la Comunidad a salir adelante y a solucionar los problemas que hoy en día los aquejan. Ellos tienen una serie de informaciones que me parecen a mí muy importantes que a través de los medios los colombianos las conozcan y los escuchen. Yo les voy a dar la palabra a ellos para que les comenten la situación de su comunidad (…)"En el comando general hemos escuchado las informaciones que Ustedes también han escuchado, la comunidad del Cacarica queda en un sitio bien difícil de acceso, para llegar hasta allá.

Es un número importante de personas y de familias que según las informaciones que nos han suministrado pues están rodeadas por alambradas, que no dejan entrar a las visitas y que para salir de ahí mismo deben hacerlo es con algún permiso especial y con un control especial también. Todo esto que nos han informado se presento ayer en una reunión donde asistieron diferentes instituciones, diferentes organizaciones, algunas embajadas, todo esto que hemos escuchado fue presentado en el día de ayer inclusive en una forma más detallada por que ellos tienen fotografías y tienen videos de la comunidad, de cómo están alambradas las comunidades. Nosotros nos corresponde por obligación estar enterados, las fuerzas militares patrullan esa áreas y esos sectores y nosotros somos conscientes de las dificultades que ellos manifiestan vive la comunidad allá en el área. Total que nosotros los hemos escuchado, vamos a transmitir todas estas inquietudes al alto gobierno y creo que son unas personas que merecen el apoyo y el respaldo de los colombianos en las circunstancias en que ellos han tenido que sufrir desde hace más de 4 o 5 años un desplazamiento y un retorno con dificultades".

La abogada manifiesta: "tenemos pruebas documentales, pruebas de video, fotográficas, testimonios que no son meras especulaciones como las que acostumbra a hacer justicia y paz contra el estado y contra las entidades privadas que nos han apoyado y que han venido trabajando con nosotros en denunciar los hechos por las verdaderas violaciones de derechos humanos. Entrando ya para hablar de lo de la perdida del dinero el estado colombiano a través de la caja agraria en 1999 firma un contrato con justicia y paz quien era contratista y quien era la encargada de ejecutar y de responder por estos dineros para un proyecto de vivienda, se da un primer desembolso de 450 millones el cual prácticamente se perdió todo porque no se hicieron las casas el resultado fue mínimo, en el peritazgo que se hace para evaluar se dice que hay mas o menos 20 casas terminadas que son casas en madera y que el valor de cada una es de 300 a 400 mil pesos, hagan ustedes mismos la cuenta, prácticamente es un proyecto de autoconstrucción, donde la comunidad es la que construye y la que pone la madera, lo único que se compro con los 450 millones fue zinc, clavos y otros elementos que no alcanza a sumar yo creo que ni los 50 ni los 100 millones de pesos, o sea que estamos hablando de mas de 400 millones de pesos perdidos en manos de justicia y paz, sobre todas estas denuncias ya hay procesos en la fiscalía que están a punto de dar resultados ya a su debido tiempo estaremos transmitiendo cuales son los resultados de esta investigación.

Respecto a las violaciones de derechos humanos y de nuestra constitución ellos han creado en estos asentamientos o comunidades de paz prácticamente paraestados, ellos mismos se gobiernan tienen su normatividad y sus principios para coordinar y para legislar entre ellos, no respetan las instituciones estatales, no respetan el ejército, la fiscalía, no respetan a los entes descentralizados como la alcaldía de Río Sucio y por el contrario lanzan acusaciones indiscriminadamente y a todos los denuncian por vínculos con las autodefensas, no los dejan entrar a los asentamientos sin un permiso previo y sin que les cuenten a que va a ir y si no simplemente los sacan, esto lo queremos denunciar porque nos duele, somos colombianos y aquí no hay territorio vedado en este país, aquí las autoridades tanto judiciales, militares y administrativas pueden entrar perfectamente sin pedirle permiso a nadie y perdón, queremos aprovechar para hacerle un llamado al presidente para que realice uno de los consejos comunitarios en la cuenca del Cacarica y obviamente si lo dejan entrar a los asentamientos porque como no dejan entrar a nadie a ninguna autoridad por considerarlos actores armados y que están poniendo en riesgo a todos los habitantes de los asentamientos, hay que advertirle señor presidente que tiene que pedir permiso antes de ir y contarles a los coordinadores de justicia y paz y a los organismos internacionales que operan en la zona que van a hacer porque si no le pasa lo que le paso al ejercito en mayo que ACNUR, la defensoría del pueblo delegada en la zona y Brigadas de paz junto con justicia y paz y los coordinadores no los dejaron asistir (...)

También queremos aprovechar para denunciar que dentro de los asentamientos hay presencia constante de las milicias de las FARC, que nunca han sido denunciadas ni nacional ni internacionalmente por lo tanto los que están habitando dentro de los asentamientos de justicia y paz o comunidades de paz corren peligro porque han sido amenazados constantemente por los otros actores armados por considerarlos guerrilleros y esto nunca ha sido denunciado ni por la defensora delegada que permanece en los asentamientos ni por los organismos internacionales que viven constantemente hay y se dan cuenta de la presencia constante de las milicias de las FARC".(Cfr. Rueda de prensa publicada en varios medios de información, véase: Caracol Radio, Caracol Televisión, RCN Radio, RCN Televisión, CMI, Noticias Uno, El Colombiano, La FM Radio)

Cuando se afirma la verdad que muchos niegan y ocultan se atenta contra la moral de quienes la proclaman. No sorprende la persecución cuando es consecuencia de las denuncias que develan las estructuras encubiertas y los poderes económicos. No sorprenden los montajes que pretenden elevar cortinas de humo ante la evidente verdad de las víctimas.

La vida de las comunidades y de los miembros de justicia y paz se ha puesto en peligro, desde ya podemos advertir que los procesos judiciales no tendrán garantías y carecen de procesos probatorios pues son falsas las acusaciones que se hacen. Nunca la palabra de las víctimas y nuestra palabra será expresada con extensión y fidelidad en los medios de información. Ya las infundada acusaciones sobre el manejo de recursos seguirán rondando en las mentes de quienes accedieron a la información transmitida por todos los medios masivos de información de Colombia. Sin embargo decenas de organizaciones de la vida internacional, de la iglesia católica colombiana, Norteamericana y Europea, de la Iglesia Presbiteriana, de Estados Unidos y Colombia, de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos dan fe de lo que hemos visto, oído, toco, testimoniado, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos que comprometen la responsabilidad estatal por comisión, omisión y comisión por omisión.

A las organizaciones nacionales e internacionales:

Les solicitamos estar atentas al proceso de judicialización que se ha iniciado ya que por la magnitud de las falsas acusaciones, no existen garantías para nuestra defensa y para probar nuestra inocencia.

A los periodistas, a los medios, a la WFM, RCN radio y Televisión, Caracol Noticias radio y Televisión, CMI, Noticias Uno El Colombiano, El Tiempo solicitamos el deber de ejercer verazmente de acuerdo con los códigos deontológicos del periodismo, de los medios de información y de los códigos del CPD y, oportunamente, confrontando las afirmaciones hechas por el general y la abogada accediendo a los documentos sobre el proyecto de vivienda del Cacarica que reposan en el Banco Agrario, la Red de Solidaridad Social Nacional y los expedientes de la Procuraduría Nacional sobre el Corte indiscriminado de madera.

Igualmente confrontar con las respuestas de los jueces promiscuos de Turbo y Medellín frente a las causas del desplazamiento de febrero de 1997, la resolución defensorial de octubre de 2002, los informes presentados en las audiencias ante la CIDH en el 2001 y el 2002.

Se invita a los medios a que visiten las zonas humanitarias del Cacarica, recorran el territorio de la comunidad tanto fuera como dentro de las zonas humanitarias verificando si existe un campo de concentración o no, si existe o no libre movilización, como ya lo ha verificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las iglesias católica, presbiteriana, Episcopal de México, Guatemala, Salvador, Ecuador y Estados Unidos.

Al Presidente, como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares que sostenga en su despacho y ante personalidades de las más altas calidades morales nacionales e internacionales, y ante nuestro Comité Ejecutivo, las pruebas que demuestren que los integrantes de nuestra Comisión estamos ejerciendo el derecho a la defensa de los derechos humanos articulados a una estrategia insurgente o como parte de la insurgencia o que nuestro ejercicio de defensa de los derechos de los afrocolombianos, mestizos e indígenas son un obstáculo en la confrontación militar con las FARC EP, así como, la adopción de las medidas tendientes a asegurar los medios de prevención diseñados por las comunidades.

Bogotá DC, Agosto 22 del 2003
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Este documento ha sido publicado el 22ago03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights