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07jul17
Proyecto de paz con bacrim se cocinaba en Medellín
Inspirado en los acuerdos de La Habana con la guerrilla de las Farc, desde Medellín se elaboró el borrador de un proyecto de ley que busca el sometimiento y acogimiento a la Justicia de miembros de organizaciones criminales, como por ejemplo, "La Oficina de Envigado" y "El Clan del Golfo". El mismo contempla penas alternativas de privación de la libertad, que van desde 2 años hasta un máximo de 12 años, la última de las cuales corresponde a los delitos de lesa humanidad.
Según lo manifestaron públicamente el pasado miércoles, en la redacción de ese borrador participaron Juan Alejandro Gaviria y Diego Gaviria Vélez (sobrino y tío). Ambos actuaban como defensores de Mariano Humberto Zea Ospina, un exguerrillero que, según la Fiscalía, habría estado involucrado con Gustavo Villegas Restrepo, exsecretario de Seguridad de Medellín, en un presunto concierto para delinquir, por promover y favorecer a "La Oficina de Envigado", como también se le conoce ahora.
Enterados de que la imputación de cargos pasaba por la presunta búsqueda de beneficios jurídicos para que tal organización criminal se sometiera y acogiera a la ley, el sobrino y su tío manifestaron que, como abogados, podrían incurrir en un conflicto de intereses, dado que ellos habían contribuido a la elaboración del borrador de un proyecto de ley que también le apunta a la consecución de una paz estable y duradera en los territorios.
Siendo así, argumentaron los asesores jurídicos, ellos se veían más como testigos de la defensa y llegaron a indicar, inclusive, que por el papel que jugaron en la elaboración del proyecto de ley hasta podrían terminar siendo imputados por el mismo delito de su excliente Zea Ospina.
El artículo 4 de ese borrador, consagraría el beneficio de la alternatividad, "consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la Justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización".
Posteriormente, el artículo 27 establecería, de ser aprobado en el Congreso, que quienes acepten haber cometido concierto para delinquir simple o agravado; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego o municiones de uso personal o privativo de las Fuerzas Armadas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y extorsión, tendrían "una pena privativa de la libertad de 24 a 48 meses de prisión, con derecho al subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena".
Quienes hayan cometido delitos diferentes, tendrían una pena alternativa de privación de la libertad efectiva, entre 48 y 96 meses de prisión.
Por su parte, quienes hubieren cometido delitos de lesa humanidad, (que a la luz del Estatuto de Roma incluyen asesinatos, torturas, violaciones, desplazamiento forzado, entre otros) la pena alternativa oscilaría entre 96 y 144 meses.
Abogados que también aportaron ideas para la elaboración de ese borrador le dijeron fuera de micrófonos a EL COLOMBIANO que para darle viabilidad jurídica al sometimiento y acogimiento de las organizaciones criminales se precisaría que el Ministerio de la Defensa, a través de una Directiva, divida a las Bacrim y reconozca que unas tienen fines políticos. Esa decisión, a su turno, permitiría que las organizaciones criminales (o Grupos Armados Organizados) tuvieran cabida en la Justicia Especial de Paz que se creará en virtud del Acuerdo de La Habana.
Las mismas fuentes explicaron que dicho acuerdo, firmado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, les abrió una ventana de oportunidad a las organizaciones criminales, como La Oficina de Envigado y el Clan del Golfo, para que ayudaran también a construir la paz.
Así quedó consagrado en el artículo 3.4.13., que le ordenó al Gobierno Nacional, en coordinación con la rama judicial, presentar un proyecto de ley "para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz".
Agregaron que la administración de Juan Manuel Santos no ha cumplido con ese mandato legal.
[Fuente: Por Germán Jiménez Morales, El Colombiano, Medellín, 07jul17]
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