Equipo Nizkor - Los argumentos en contra y a favor del marco jurídico para la paz.

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25jul13

Los argumentos en contra y a favor del marco jurídico para la paz

Tras casi 12 horas de la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para escuchar los argumentos a favor y en contra del marco para la paz, quedó claro que esta base legal para un eventual acuerdo con las Farc provoca divisiones.
Entre 29 intervenciones, 17 respaldaron la reforma constitucional con la que se busca sentar las bases de la justicia transicional en Colombia, tras las debilidades que ha demostrado la ley de justicia y paz. Las otras 12 fueron en contra.
La audiencia se dio en medio del estudio que los magistrados de la Corte hacen de una demanda de la Comisión Colombiana de Juristas contra el acto legislativo.
Esta ONG sostiene, entre otras cosas, que al establecer que se investigará solo a los máximos responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, el marco para la paz viola los derechos de las víctimas y va en contra de las normas internacionales. En este mismo sentido se pronunció ayer José Miguel Vivanco, de la ONG internacional Human Rights Watch.
La audiencia comenzó con el presidente Juan Manuel Santos, quien defendió la idea de que ante la imposibilidad de investigar y juzgar a todos los responsables de delitos durante el conflicto, es necesario centrarse en los máximos responsables.
Sostuvo que el marco para la paz fue diseñado con el cuidado de hacer el equilibrio entre la justicia y la paz, y que incluso organizaciones de derechos humanos ayudaron a construirlo.
"No exagero al señalar que este es el proceso de constitucionalidad más importante de la década. Estamos construyendo de manera abierta, transparente y deliberativa nuestro modelo de justicia transicional", anotó.
Santos aprovechó para reconocer la responsabilidad del Estado "en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno". Dijo que esto ocurrió "en algunos casos por omisión" y "en otros por acción directa de algunos agentes del Estado".
Por el Gobierno también estuvo el comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien, para responder a quienes hablan de que el marco para la paz propiciará impunidad, dijo que "al concentrar recursos en la investigación de máximos responsables", se entenderá mejor lo que ocurrió, cuáles fueron los patrones de criminalidad y cuáles las estructuras que los practicaron. Así, sostuvo, "un número mayor de víctimas" sabrá lo que pasó.
Los contradictores
Pero el demandante, Gustavo Gallón, sostuvo que "los mecanismos de justicia transicional deben aplicarse, no para brindar impunidad, sino para garantizar el máximo nivel de justicia posible".
Posiciones similares asumieron miembros de organizaciones de la sociedad civil, como Clara Rojas, de País Libre, quien dijo que solo con el castigo de todos los que cometieron crímenes se podría conseguir la paz.
Como se esperaba, el procurador Alejandro Ordóñez reiteró su petición a la Corte para que tumbe el marco para la paz. Dijo a los magistrados que en caso de una decisión contraria, se "impida que campee la impunidad".
En su conocida posición contraria, el fiscal Eduardo Montealegre insistió en que, en términos de investigación y juzgamiento, lo que se debe hacer es atacar las estructuras criminales y los aparatos de poder de las organizaciones ilegales.
De otro lado, el catedrático Rodrigo Uprimny, director del centro de estudios Dejusticia, respaldó el marco para la paz con observaciones. Dijo que "se puede renunciar a la acción penal, pero no a la obligación de investigar y sancionar. A veces, lo primero es lo mejor para cumplir con la investigación. Eso es lo que se debe especificar en una futura ley estatutaria", anotó.
En igual sentido se pronunció el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, el magistrado Leonidas Bustos. Pidió a la Corte que declare ajustado a la Carta Política la reforma constitucional. Catalogó el marco para la paz como "un inicio responsable y serio que reafirma el precepto constitucional de la paz".
El magistrado ponente de la demanda, Jorge Pretelt, dijo que entregará hoy viernes a la Corte su ponencia para resolver lo antes posible la suerte del marco para la paz.
Extraoficialmente se supo que sería pidiendo declarar exequible la reforma constitucional, pero con 3 condiciones frente a las víctimas.
Argumentos centrales a favor
1. Que para cerrar un conflicto de 50 años es necesario un marco legal que no sea maximalista en las pretensiones de justicia, pues sería una empresa imposible investigar a todos los responsables de crímenes de guerra y de delitos atroces y de lesa humanidad.
El referente de esto son los escasos resultados de Justicia y Paz, después de ocho años.
2. Que mecanismos complementarios como una Comisión de la Verdad, que ayudaría en el esclarecimiento de lo ocurrido, son precisamente para impedir la impunidad, pues la verdad es lo esencial para las víctimas. Además, la Comisión complementaría el trabajo de Memoria Histórica que acaba de ser presentado al país.
3. Que las normas internacionales que prohíben amnistías e indultos para violaciones graves de los derechos humanos, pueden ser flexibles ante la urgencia de la paz de un país, y siempre y cuando haya máxima satisfacción para las víctimas. Ha ocurrido así con varios lugares del mundo, según admite la misma ONU, que ayer respaldó el marco para la paz.
Argumentos centrales en contra
1. La acción penal concentrada solo en las cabezas de los grupos armados (selección de casos) dejará por fuera de la investigación violaciones graves a los derechos humanos, pues en las organizaciones ilegales no solo cometen delitos atroces los jefes.
Las normas internacionales en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, acogidas por Colombia, prohíben el perdón y olvido de los delitos graves.
2. Si no se garantiza la verdad, la justicia y la reparación, el proceso de paz no pasaría la evaluación de los tribunales internacionales y se abriría la puerta para una intervención. Esto, porque el marco autoriza al Estado para renunciar a la persecución judicial de varios delitos. Además, según los críticos, la justicia incompleta podría incentivar actuaciones de justicia privada.
3. Al suspender mediante un artículo transitorio de la Constitución la vigencia de un artículo permanente de la Carta, en este caso el número 2, que obliga al Estado a investigar todas las violaciones graves de los derechos humanos, se "resucita" el estado de sitio que la Carta de 1991 decidió conjurar. Este fue uno de los argumentos de la Comisión Colombiana de Juristas para demandar el marco para la paz.
[Fuente: Por Redacción política, El Tiempo, Bogotá, 25jul13]

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