22ago07

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La contrareforma agraria de Salvatore Mancuso

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COMO JEFE DE LAS AUC, Salvatore Mancuso amasó una fortuna que, según cálculos, sobrepasa los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, a la hora de pagar las tierras a personas que se vieron obligadas a vendérselas, el comandante hoy desmovilizado lo hizo con cheques sin fondos.

Previa a la venta, en las familias siempre hubo un asesinato, una desaparición o múltiples amenazas. Durante los últimos 15 años esta fue una situación común a muchas familias que, a la hora de cobrar sus cheques firmados por Mancuso, descubrían que en las cuentas no había fondos para hacerlos efectivos.

Uno de eso casos es el de Zoilo Bautista Hoyos y su esposa María Gertrudis Guerra. En septiembre de 1995, le vendieron a Mancuso su finca Nueva Australia de 452 hectáreas en la vereda La Pita, entre Turbo y Necoclí, por 19,8 millones de pesos que el jefe paramilitar les prometió pagar así: un millón en efectivo, nueve millones en cheque y el resto a la firma de la escritura. Sólo recibieron el primer millón. Desistieron de reclamar el resto cuando se enteraron de que el cheque por nueve millones no tenía fondos. "¿Quién se atrevía a decirle algo a ese señor?", se pregunta Gertrudis, de 71 años y quien hoy vive desplazada y deambula por todo el país.

Seis meses antes del negocio, hombres armados llegaron a la finca y les dijeron que tenían que venderla. "Nos negamos", recuerda la mujer, pero sintió temor cuando los desconocidos dijeron en tono amenazante que regresarían a los pocos días.

Así ocurrió. El 10 de julio de 1995, los hombres volvieron a la finca y preguntaron por sus hijos. Buscaron a uno de los mayores, Luis Edilberto, que estaba cortando plátano. Lo amarraron y lo llevaron a una quebrada. Luego fueron por el menor, Never Fray, y lo arrastraron hasta donde estaba su hermano. Fueron fusilados frente a sus padres.

El miedo

"No tuvimos más opción que enterrarlos en la misma finca, están junto al patio -cuenta Gertrudis-. Ese día lloramos de afán, salimos con lo poco que teníamos y nos desplazamos a Montería, a Turbo, a donde pudimos. Han pasado 12 años y no los hemos podido velar". En la finca había plataneras, coco, maíz, pasto... "La casita era de palma amarga y con techo empajado", dice la mujer con nostalgia.

Cuando los esposos Hoyos llegaron desterrados a Montería en julio de 1995, un hombre llamado Guido Vargas se acercó a Zoilo y le dijo que si le vendía la finca a Mancuso se le acabarían para siempre los problemas. No tuvieron más opción y el 29 de agosto del 95 cerraron el negocio con el jefe paramilitar en la Notaría Primera de la capital cordobesa.

Luego de firmar la promesa de compraventa, fueron al banco a cobrar el cheque. Como les dijeron que en la cuenta no había fondos, pensaron que Mancuso aún no había consignado y esperaron. Volvieron al banco dos veces más y nada. "Encima de que nos matan a los muchachos nos tumban, nos desplazan y nos roban la tranquilidad -dice Gertrudis-. Todos estos años estuvimos con miedo de que nos iban a hacer algo y por eso la familia se desplazó a partes distintas".

Gertrudis, las viudas de sus dos hijos asesinados, 13 huérfanos y 12 hermanos reclaman hoy una reparación efectiva después de 12 años de silencio. Ella decidió hablar durante la versión libre que inició Mancuso en Medellín en enero de este año. "No lo hice por el dinero -dice-.

Lo hice porque por un pedazo de tierra no les importa cuántos muertos hay". Contó su caso para que Mancuso le respondiera y, en efecto, este reconoció que había pagado con un cheque sin fondos y prometió reparación. Pero no se volvió a hablar del tema.

Hoy los Hoyos también esperan una respuesta del Gobierno para saber qué deben hacer para recuperar su finca y darle "santa sepultura" a sus hijos que están allí enterrados. "Mi angustia en todo este tiempo ha sido esa -dice la madre-. Yo, la verdad, no quiero volver a vivir allá, pero sí sentir que hubo Justicia".

Testaferros

Todo indica que para los Hoyos no será fácil recuperar su finca. Investigadores de la Fiscalía establecieron que de las 28 propiedades que Mancuso se comprometió a entregar al Fondo de Reparación de las víctimas -avaluadas en más de 50.000 millones de pesos- la mitad figuran a nombre de testaferros cuya identidad será muy difícil establecer, salvo que él los delate.

Curiosamente, Nueva Australia, la finca de los Hoyos, aparece a nombre de Vivaluz Rozo, última mujer de Guido Vargas, el mismo que presionó a los Hoyos para que le vendieran la finca al jefe paramilitar.

Esa situación llevó a los representantes de las víctimas a pedir la semana pasada el embargo de esos bienes y la apertura de una investigación por testaferrato. Todos esperan que haya una respuesta durante la versión libre que rinde Mancuso este miércoles en el Palacio de Justicia de Medellín. "Será muy difícil establecer cuántas son en realidad las propiedades compradas por los paramilitares o por Mancuso bajo la modalidad de amenaza y puestas luego a nombre de testaferros", afirma un abogado representante de las víctimas.

Pero Israel, desterrado de la vereda El Pozón, en San Pedro de Urabá, dice que es muy fácil averiguarlo. "Toda esa tierra de Urabá para arriba es de las Auc -dice-. Ellos nos enseñaron la ley de que si uno no vendía se le compraba a la viuda". Y aunque al parecer en esa zona no pagaron con cheques sin fondos, Israel dice que fue mucho peor: "Mataron a la gente a pesar de que vendió las fincas".

En la soledad de su drama, los desterrados recuerdan la reforma agraria practicada hace dos décadas a sangre y fuego por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, los primeros comandantes de las Auc.

Gertrudis, como tantas otras víctimas de los paramilitares esperan que el controvertido proceso con los paramilitares termine en algo bueno y que la Ley de Justicia y Paz se aplique. Que haya Justicia. Que no todo sea mentira como los cheques de Mancuso.

Las tierras

Según un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), desde que empezaron los jefes paramilitares a rendir versión libre, la reclamación de las tierras arrebatadas por las Auc se ha convertido en la mayor causa de amenazas y muertes entre las víctimas.

Hasta la fecha, la ONG contabiliza 17 asesinatos de víctimas de las Auc que esperaban recuperar sus tierras o las de otras a quienes representaban. "Si bien Gobierno reaccionó y anunció varias medidas para proteger a las víctimas, su vulnerabilidad es total", señala Marco Romero, de Codhes.

Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, asegura que no es posible establecer cuántos asesinatos se relacionan con las reclamaciones de tierras, y dice que la pérdida de bienes, no los muertos, es una de las grandes preocupaciones de los jefes paramilitares desmovilizados. "Para las Auc haber asesinado 10 o 100 da igual", indica, y agrega que muchos de esos bienes están no sólo en manos de paramilitares desmovilizados, sino de personas de la elite que se beneficiaron con el clima de violencia y las adquirieron a precios irrisorios. "A esto se suma que los desplazados abandonaron, según algunos cálculos, más de ocho millones de hectáreas de tierra", añade Pizarro.

Por su parte, Romero sostiene que víctimas que han asistido a las versiones libres de los ex jefes de las Auc, han recibido mensajes amenazadores: "Ya tuvieron suficiente con la desmovilización, no pidan más"; "Ya le dijimos dónde está el muerto, qué más quiere"; "Si siguen pidiendo, les va a pasar lo mismo que a...".

Según un estudio de Incoder, cuatro millones de hectáreas fueron expropiadas por los grupos ilegales y aun falta por establecer cuántas están en poder de paramilitares desmovilizados.

VÍCTIMAS ASESINADAS

FECHA
NOMBRE
ORGANIZACIÓN

Marzo 2002
Gilma Graciano
Comunidad de Paz San José de Apartadó

Abril 2002
Germán Crillo
Cabildo Valle del Guamuez

Diciembre 2002
María Fabiola Largo
Líder indígena embera-chamí

Febrero 2005
Martha C. Aguirre
Asociación de Desplazados Apartadó

Febrero 2005
Giovanny Montoya
Asociación de Desplazados Apartadó

Octubre 2005
Eislen Escalante
Asociación de Desplazados Barranquilla

Enero 2007
Fredy Espitia
Comité de Desplazados de Cotorra

Enero 2007
Yolanda Izquierdo
Organización Popular de Vivienda

Febrero 2007
Óscar Cuadrado
Asociación Desplazados La Guajira

Febrero 2007
Carmen Santana
Desplazada Urabá

Abril 2007
Judith Vergara
Líder comuna 13 (Medellín)

Mayo 2007
José G. Sossa
Desplazados de Buenaventura

Junio 2007
Jesús Emiro Durán
Desplazado Cúcuta

Junio 2007
Manuel López
Líder cívico Cartagena

Junio 2007
Karen Soto
Menor desplazada (Atlántico)

Agosto 2007
Miguel Orozco
Líder comunidad desplazada Tumaco

Fuente de los datos de víctimas: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes)

[Fuente: Revista Cambio, Bogotá, Col, 22ago07]

Informes DH en Colombia

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