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23jun05


"Contrato con la impunidad"


"Estamos muy decepcionados con la ley de Justicia y Paz" dice investigador de Amnistía Internacional. El organismo la calificó de "contrato con la impunidad" y anunció que llamará a la comunidad internacional a no avalar ningún proceso bajo esta ley.

"No solo no es conforme a las normas internacionales relativas a los derechos a la verdad, justicia y la reparación de las victimas y sus familiares, sino que va a consolidar el problema de impunidad en Colombia”, dijo a EL TIEMPO Marcelo Pollack, investigador principal de Amnistía para Colombia.

Pollack censuró varios puntos de la Ley. En primer lugar, dijo que tanto el plazo de 60 días para investigar a más de 10.000 paramilitares, como el número de investigadores judiciales que serán asignados a esta labor -sólo 20- hace “claramente imposible que se puedan llevar a cabo investigaciones plenas, serias e imparciales”.

También criticó las penas de 4 a 8 años previstas para los autores de violaciones a derechos humanos. “Todas las normas internacionales hablan de que los crímenes serios contra los derechos humanos tienen que ser juzgados y sentenciados con penas que reflejen la seriedad de los casos. Y si uno habla de masacres, desapariciones, de secuestros, una pena de 4 a 8 años es claramente insatisfactoria”.

A lo cual añadió una larga lista de puntos de preocupación entre las que figuran:

    1. Que “un desmovilizado pueda dar versión libre, pero no esté obligado a hacerlo, ni tampoco haya incentivos para que esa persona dé toda la información de la que dispone”;

    2. Que “los combatientes puedan desmovilizarse individualmente, a pesar de que sus grupos sigan activos”; 3. La falta de garantías del desmantelamiento de los aparatos político, económico y criminal de los paramilitares, que “siguen teniendo el control de amplias zonas”;

    4. Las múltiples ventajas de las que gozarán los cerca de 60 paramilitares cobijados por el decreto 128, y que van desde la reducción de penas hasta la posibilidad de que tengan “una finca por cárcel”;

    5. La nula participación de las víctimas en este proceso, etc.

Finalmente, Pollack lamentó que el gobierno no quiera reconocer “lo que es claro para todo el mundo”, y es que “en Colombia hay un conflicto interno armado”, y advirtió que “si el Estado colombiano no puede o no quiere investigar y llevar a juicio a los violadores de derechos humanos”, tales casos podrían ir a parar a la Corte Penal Internacional.

[Fuente: Por Víctor Manuel Vargas, El Tiempo, Bogotá, 23Jun05]

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small logoThis document has been published on 28Jun05 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.