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27jun05
Las víctimas somos invisibles.
Entiendo que la pregunta sobra a estas alturas y que ya el Congreso ha parido el engendro, es decir, la ley de justicia y paz. Pero como a mí, por cuenta de los narcoparamilitares, me asesinaron a una hermana en el Magdalena Medio, tengo el deber de hacerla: ¿por qué el Alto Comisionado se empeñó en sacar esta ley sin escuchar a las víctimas?
¿Por qué sí se invitó al Congreso –acto que contó con el visto bueno del Gobierno, obviamente– a los señores narcoparamilitares para que se presentaran en sociedad y expusieran sus tesis, y en cambio no se hizo lo propio con las víctimas de las masacres atroces que fueron cometidas por ellos? ¿Por qué el Alto Comisionado fue una y mil veces a hablar con los señores de Ralito y nunca le pareció importante reunirse con sus víctimas para trabajar con ellas y hacerlas partícipes de este proceso?
Como no encuentro una respuesta racional a esta decisión ciertamente inexplicable –hasta donde sabemos, los acuerdos de paz se hacen no entre los que están de acuerdo sino entre los que no lo están–, imagino que este olvido tiene que ver con un hecho innegable: el de que en Colombia las víctimas reales, a diferencia de los victimarios, son –somos, debería decir– una especie invisible e intangible que resulta tan incómoda, que antes de recabar en ella, es mejor castigarla con el látigo de la indiferencia o con decapitación intelectual, que es aún peor. "Como usted es víctima no puede hablar sobre lo que sucede en Ralito porque estaría hablando por la herida", escucha uno por ahí. No hay nada más complicado en este país que hablar en la condición de víctima. Esta es una palabra que se asocia con derrota y fracaso, con culpa y persecución. Mientras en España las víctimas de la Eta son oídas y escuchadas con respeto, aquí en Colombia son receptoras de toda suerte de calificativos azarosos cuando no injustamente señaladas. Por esa razón, los desplazados, cuando llegan desposeídos y aterrados a las grandes ciudades a vivir en los cinturones de miseria, se resisten a aceptar su condición de víctimas de la violencia. Prefieren volverse invisibles antes de aceptar su estatus real.
Lo cierto es que, a excepción del senador Rafael Pardo y los demás ponentes, Parody, Borja y González, quienes sí abrieron los espacios de discusión a las víctimas –se hicieron varias audiencias en las que se escucharon por primera y única vez sus voces–, ni el Gobierno, ni su Comisionado se molestaron a lo largo de la gestación de este engendro en hablar con ellas. Nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo con un proceso de paz con los narcoparamilitares y si estábamos dispuestos a hacer concesiones importantes con la idea de que estos desmontaran sus temibles aparatos de poder mafioso.
A lo mejor, todo esto explique el absurdo a que hemos llegado de un tiempo para acá. Las únicas víctimas que realmente se han vuelto visibles en Colombia son aquellas que ya se han convertido hoy en connotados victimarios, como sucede ahora con Mancuso y con los hermanos Castaño, graduados por ciertas voces gubernamentales –entre ellas la del vicepresidente Santos– con el flamante estatus de nuevas víctimas, en razón de que tuvieron que recurrir a las armas para defender sus fincas en vista de que el Estado no fue capaz de ir en su auxilio. En cambio, los que nunca recurrimos a la vía armada, los que no nos convertimos ni en guerrilleros ni en miembros de las Auc, ni asesinamos en venganza a nadie, cuando mataron a nuestros padres, a nuestra madre o a nuestra hermana, somos invisibles y estamos incapacitados para opinar. Ni qué hablar de los familiares de colombianos secuestrados por las Farc, a quienes les toca arar en el desierto para evitar desaparecer.
No deja de sorprender que esta negación de las víctimas se dé en un país tan lleno de ellas. Comenzando por el propio Presidente y Vicepresidente, por Rocío Arias, por Wilson Borja. Y eso que el Comisionado es psiquiatra.
[Fuente: Por María Jimena Duzán, El Tiempo, 27Jun05]
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