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20jul10
La ley transicional "Justicia y Paz" cumple cinco años de logros y deudas
LA LEY TRANSICIONAL creada para conocer, juzgar y reparar los crímenes del paramilitarismo, cumple un lustro de vigencia. Muchas verdades reveladas y pocos crímenes condenados. Balance y lo que queda por recorrer.
Por la verdad y la reparación a su dolor, las víctimas del paramilitarismo en Colombia recibieron la Ley de Justicia y Paz. Una ley transicional con beneficios jurídicos, como penas moderadas, a cambio de que los victimarios armaran, en versiones libres, el rompecabezas de su accionar y les devolvieran a sus víctimas algo de lo arrebatado.
Hoy son 4.346 los postulados a esta ley, en su gran mayoría ex combatientes de las Auc y en menor porcentaje, quienes cargaron los fusiles en las filas de las Farc o el Eln. Además, se han esclarecido algunos de los móviles y protagonistas de muchos años de conflicto armado en el país.
"La Ley de Justicia y Paz ha permitido visibilizar a las víctimas en Colombia. Se ha creado una conciencia nacional, en torno a que las víctimas son sujetos de derechos y a la fecha, 281.661 personas se han registrado como tal ante la Fiscalía General de la Nación. De éstas, 50.461 han participado directamente en las diligencias de versión libre que han rendido los postulados, para conocer la verdad de lo que les ocurrió a ellas o a sus familiares", señala el alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl.
Aunque la creación de la ley misma supone un avance en la búsqueda de la paz en Colombia, algunas voces aseguran que Justicia y Paz ha aportado poco en sus cinco años de vigencia para esclarecer el accionar paramilitar. En gran medida, por la demora en la concertación de los procedimientos de cómo debe aplicarse la ley.
"Hasta octubre de 2009 fueron necesarios 330 autos de parte de la sala de casación penal, solo a propósito de cómo se debían tramitar los procesos de Justicia y Paz", dice Camilo Bernal, director (e) para Colombia del Instituto para la Justicia Transicional, (Ictj).
Pero este no es el único lunar negro que los especialistas le ven a Justicia y Paz. Para Ana María Díaz, subdirectora de Investigaciones de la Comisión Colombiana de Juristas, la falta de garantías de no repetición de los crímenes es una de las grandes deudas de este proceso.
Para Bernal, Justicia y Paz ha producido gran cantidad de información relacionada con los vínculos de grupos armados al margen de la ley con antiguos servidores públicos, incluso algunos en ejercicio de sus funciones.
"Por el diseño institucional de Justicia y Paz, ese tipo de vínculos criminales no se pueden tramitar, pero lo cierto es que esas pesquisas se produjeron en Justicia y Paz, y todavía no hay información pública muy clara por parte de los organismos de justicia, particularmente de la Fiscalía General de la Nación, de qué ha sucedido con lo que la Fiscalía llama compulsar copias", asegura Bernal.
Sobre estas críticas, el Alto Comisonado para la Paz, cita conceptos como los del fiscal Luis Moreno Ocampo, de la Corte Penal Internacional, quien es claro en dos aspectos.
Primero, según Moreno Ocampo, es que Colombia tiene el proceso de justicia transicional más ambicioso del mundo. Y, segundo, que no ve espacio para que aquí entre la Corte Penal Internacional, porque en Colombia hay un sistema de justicia que, con sus imperfecciones, funciona.
"Los avances que hemos tenido no los ha experimentado ningún país del mundo, como, en cuatro años y medio, lograr la aplicación de una ley de justicia transicional. El gran logro es que hicimos visibles a las víctimas. Echemos ocho años para atrás. En Colombia todos sabíamos que había víctimas. Es más, todos nos sentíamos víctimas, pero, ¿había alguna víctima en Colombia que podía pensar que tenía derechos?", puntualiza Pearl.
Víctimas vulnerables
A pesar de los inconvenientes y fallas que la Comisión Colombiana de Juristas ha reportado en su informe titulado 'Colombia: la metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares ', Ana María Díaz reconoce valores en la creación de esta ley transicional.
Las actuaciones a favor de las víctimas por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y la valiosa información que a través de las versiones libres se ha recogido, que aunque para muchos es insuficiente, ha servido para esclarecer las acciones y la realidad del paramilitarismo en el país.
"Uno de los aspectos positivos de la aplicación de la ley es el proceso de empoderamiento que han realizado las víctimas en la reclamación de derechos ante los mecanismos establecidos por la ley. Hoy están más organizadas a pesar de que muchas siguen siendo perseguidas", resalta Díaz.
Este último elemento es por cierto el que más preocupa a Camilo Bernal del ICTJ, quien coincide con la Comisión Colombiana de Juristas con respecto a la falta de seguridad de las víctimas en el camino de la aplicación de la ley.
"Hoy por hoy no hay garantías suficientes para que las víctimas participen en los procesos. Esto tiene que ver con los asesinatos de alrededor de 50 personas que pretendían reivindicar sus derechos, situación que refleja su visibilización, que es probablemente uno de los efectos positivos de la Ley de Justicia y Paz, pero que pudo haber traído como consecuencia el aumento de la vulnerabilidad y de los riesgos de seguridad", señala Bernal.
A paso lento
El número de versionados, de exhumaciones, de hechos enunciados y verdades confesadas, parece desbordar toda capacidad de manejo en Justicia y Paz. Estos hechos han contribuido a la demora en las sentencias condenatorias que esperan las víctimas de los postulados. Solo una sentencia a dos versionados en cinco años.
Úber Enrique Bánquez, alias "Juancho Dique", y Edwar Cobos Téllez, alias "Diego Vecino", se convirtieron en los primeros condenados de Justicia y Paz, por ser responsables en las masacres de Mampuján, San Cayetano e Islas Mécura en Bolívar. Su condena fue la pena máxima dentro de esta ley transicional. Pasarán 8 años en prisión, de no haberse acogido a esta ley, su pena hubiera oscilado entre 38 y 39 años de cárcel.
Para el Alto Comisionado, el éxito de la Ley de Justicia y Paz no puede reducirse al tema de las condenas. "Siendo este uno de los focos más debatidos en la opinión pública acerca del éxito del proceso. Es claro que debemos avanzar, sin embargo, la eficacia de la Ley de Justicia y Paz no puede medirse únicamente por las condenas. A sólo cinco años de su aprobación, se podrían nuevamente enumerar los resultados de la Ley, los cuales se previeron en la primera fase de su implementación. En una segunda etapa, el esfuerzo se concentrará en las sentencias", agrega Pearl.
Aprendiendo de los procesos
Camilo Bernal afirma que la lentitud para dictar sentencias condenatorias se debe, en parte, al tiempo en que se tomó la Fiscalía en aprender cómo trabajar con esos 30 años de violencia paramilitar.
"Estamos hablando de una historia criminal que en algunos casos asciende a 20 mil o a 30 mil hechos punibles. Eso lleva a que efectivamente la investigación haya sido mucho más lenta y que el trámite de los procesos se demore", comenta Bernal.
Lo que vendrá
No es fácil pronosticar lo que viene para la Ley de Justicia y Paz. El Gobierno a través del Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, le ha insistido al Congreso de la República en la necesidad de ampliar la vigencia de esta norma por una año más.
Hasta ahora la ley cubre solo los delitos que se cometieron hasta el 25 de julio de 2005, la idea es buscar que se amplíe hasta mediados de 2006. Así, además de los cerca de 25.000 ex paramilitares, la prórroga de la norma les abriría el acceso a la Ley de Justicia y Paz a unos 250 ex guerrilleros del Eln y 400 de las Farc, según ha indicado el Gobierno.
Pero además de la prórroga de la ley, hay un tema aún más preocupante, según Bernal, y es que progresivamente se acerca el tiempo en el cual los desmovilizados ya habrían cumplido en principio la pena mínima. Esto hace que a futuro pueda haber una avalancha de solicitudes de libertad.
Justicia y Paz tiene temas coyunturales por resolver. Las devoluciones de tierras, las reparaciones basadas en los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del Consejo de Estado o en el derecho son parte de eso.
Otros de los temas son: la seguridad y vulnerabilidad de las víctimas y sus líderes, la verdad de los jefes paramilitares extraditados y las consecuencias del conocimiento de las revelaciones de nexos de las autodefensas con funcionarios públicos y empresarios, son solo parte de este abanico de asuntos que necesita solucionar Justicia y Paz, caminando con más prontitud y agilidad de lo que lo ha hecho hasta ahora. Este será el reto después del primer lustro de la entrada en vigor de la Ley.
[Fuente: Por Juliana Eusse Guerra, El Colombiano, Medellín, 20jul10]
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