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12abr11
Gobierno responde críticas a la ley de Inteligencia
El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Sergio Jaramillo, habló con ELTIEMPO.COM
Cuando falta una semana para que comience a debatirse en el Congreso el proyecto de ley para regular la inteligencia que hacen los organismos estatales, ya está despertando controversia, no solo por un artículo (el 35) que, al decir de algunos, iba a implicar censura a la prensa, sino por el largo periodo que se está contemplando para el levantamiento de la reserva de documentos: 40 años, y 15 adicionales si así lo considera el Estado.
El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Sergio Jaramillo, habló con ELTIEMPO.COM de estos y otros puntos controversiales del proyecto.
Anunció que, si bien los castigos con cárcel a quienes revelen información de Inteligencia no se pensaron para periodistas sino para miembros de Estado que pasan información aun a grupos criminales, se incluirá un artículo para dejar claro que la reserva no cubre a los periodistas.
¿Cuál es la columna vertebral del proyecto?
Con él, por primera vez, se aclara cuáles son los fines legítimos de la Inteligencia, le pone límites y establece controles y autorizaciones para que se dedique a lo que debe ser. Es, de lejos, el sistema más fuerte de América Latina.
Entonces, ¿venía funcionando sin reglas?
Había pronunciamientos de la Corte Constitucional que servían para orientar, pero no existía marco claro para determinar qué es una actividad legítima de Inteligencia y qué no lo es.
¿Eso explica lo ocurrido con las 'chuzadas' del DAS, en donde nadie sabía quién debía autorizar labores de Inteligencia y hasta dónde ir?
Absolutamente. Esas 'chuzadas' tienen dos problemas: la ilegalidad de hacer interceptaciones sin orden judicial y no fijar los objetivos legítimos de la Inteligencia.
¿Por qué en el proyecto no aparece el DAS entre los organismos con derecho a hacer requerimientos de inteligencia?
Hay que distinguir entre el responsable político -que es el que requiere la Inteligencia para tomar decisiones- y el organismo que produce esa información. En principio, cualquier persona del alto Gobierno, con responsabilidades políticas, debería poder pedir apoyo de Inteligencia. Aquí entendemos la Inteligencia como otro brazo de la investigación criminal, como si el propósito fuera dar con terroristas, narcotraficantes. Si bien ese uso es legítimo, no agota lo que debe ser la Inteligencia estratégica.
¿Quién va a definir qué o quién es una amenaza para el país?
La naturaleza de las amenazas en Colombia y la manera como se conjugan el terrorismo y el narcotráfico hacen difícil aclarar roles y misiones. Pero eso no crea ambigüedad sobre quién puede ser objetivo legítimo de una actividad de Inteligencia. En la ley está claro que nadie puede ser objeto de Inteligencia en razón de raza, género, pertenencia a un partido, a un sindicato...
Volvamos al caso DAS. Allí declararon objetivo a gente que no representaba peligro para la Seguridad Nacional sino, según las víctimas, para el gobierno de turno...
Si eso es así, lo que esta ley hace es aclarar por qué eso era ilegal.
El proyecto contempla una comisión de parlamentarios, para hacerle veeduría a la Inteligencia, y una comisión de civiles, encabezada por la Procuraduría, para depurar listas de Inteligencia. ¿Esto es para crear confianza?
La ley contempla controles internos, complementados con controles externos que ejerce una comisión parlamentaria, con presencia de un miembro de la oposición en Senado y Cámara.
Ellos pueden pedir cuentas a cualquier director de Inteligencia sobre cualquier caso. Sobre la depuración del archivo de Inteligencia, nos dimos cuenta de que requiere consensos de la sociedad, porque hay temas tan delicados como el buen nombre. Allí hay que ponderar también temas como el de la memoria histórica, así la persona mencionada ya se haya desligado de esas actividades. Se crea una comisión independiente, encabezada por el Procurador, para crear criterios orientadores.
¿No cree que es muy amplio el espectro de quiénes pueden recibir informes de Inteligencia, como el equipo de apoyo del Presidente?
El receptor puede ser cualquier persona del alto Gobierno que se beneficia de esa información. Poner tareas de Inteligencia solo pueden hacerlo el Presidente, el Ministro de Defensa o quienes deleguen. Estamos cerrando el espectro y establecemos responsabilidades.
El artículo 35 establece cárcel para cualquiera que divulgue información reservada. Ahí entran los periodistas...
Estamos ante una falsa controversia. A nadie se le pasó por la cabeza que eso estuviera dirigido a los periodistas. La principal razón por la cual la Fuerza Pública no es más eficaz es por la penetración de organizaciones ilegales entre nuestra gente. A eso era urgente ponerle tranca. Además, la Corte Constitucional ha sido clara en la protección del derecho a la intimidad. La ley lo que hace es retomar un artículo del Código Penal, y solo ahora, por una lectura equivocada, se crea la confusión. Se habla solo de funcionarios. El peso de la responsabilidad está en quien filtra, no en quien publique. Vamos a aclarar en un artículo lo que ya ha dicho la Corte.
¿Por qué 40 años para desclasificar documentos, prorrogables 15 más? ¿Para que no estén vivos los protagonistas?
Se buscó un sistema que permitiera desclasificar la información de casos cerrados y asegurar la protección de las fuentes de casos vivos. Es sano para una democracia desclasificar lo que pueda con la mayor rapidez, pero se tienen que ponderar los riesgos.
En EE.UU. se ha logrado acceder a documentos antes de tiempo acudiendo al derecho a la información. Incluso se ha conocido información sobre casos recientes, como los de Rito Alejo del Río y Plazas Vega...
Esto tiene que ver con los documentos en manos del Ejecutivo, el derecho ciudadano de acceder a ellos y la responsabilidad del Gobierno de entregarlos o no. Esa discusión es viable aquí y puede ser uno de los puntos de discusión de la comisión independiente.
Si no ha pasado el proyecto de reestructuración del DAS, ¿qué futuro tendrá este articulado?
Fue consensuado en su momento, con la oposición (en ese momento, el Partido Liberal). Estamos confiados en que, una vez se aclare el tema de los periodistas, la opinión entenderá la importancia de este proyecto para poner orden en la casa en materia de inteligencia.
Seis puntos clave del proyecto
Límites a la Inteligencia
El proyecto establece los fines de la Inteligencia y de la Contrainteligencia, y los mecanismos de control y supervisión de la actividad. Regula las bases de datos.
Control parlamentario
Una comisión del Congreso, en la que debe haber represen-
tantes de la oposición, podrá pedir informes a organismos de Inteligencia sobre casos específicos.
Desclasificación
Los documentos de Inteligencia tendrán reserva por 40 años, prorrogables 15 más. El Presidente podrá levantar la reserva antes, si es de interés general.
Solicitudes
Solo asignarán tareas de Inteligencia el Presidente, el Ministro de Defensa y el Alto Asesor para la Seguridad. El Plan de Inteligencia establece las prioridades.
Responsabilidades
El superior jerárquico de los organismos de seguridad será responsable de autorizar labores de Inteligencia. No se podrán hacer interceptaciones sin orden judicial.
Depuración de archivo
Procuraduría y miembros del grupo de Memoria Histórica, del Congreso y de la sociedad civil establecerán criterios para depurar los archivos de Inteligencia.
Reserva por 40 años es exagerada: Polo
Mientras el Polo Democrático decide si apoya o no el proyecto de ley de Inteligencia, su presidenta, Clara López, ya tiene claros los reparos a la iniciativa presentada por el Gobierno. Aunque ya el Gobierno hizo claridad, rechazala posibilidad de que un periodista tenga cárcel si publica documentos reservados.
"No comulgamos con la posibilidad de que los comunicadores vayan a la cárcel por este motivo. Si no fuera por los periodistas, no conoceríamos hechos tan escandalosos como las interceptaciones ilegales del DAS", afirma López.
La presidenta del Polo agrega que, en este tema, los funcionarios deberían ser sancionados, aunque aclara que el partido aún discute qué tipo de castigos serían los más convenientes para estos casos.
Sobre esto mismo, una fuente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que esa corporación ha recomendado multas y no la privación de la libertad.
López también sostiene que le parecen "exagerados" los 40 años de reserva de documentos secretos, con la posibilidad de que el Presidente pueda prorrogarlos 15 años más.
"El tiempo propuesto es exagerado. Si bien hay que brindar seguridad a los ciudadanos, también la sociedad tiene derecho a ser informada. Esto se debe conciliar en el proyecto de ley", afirma.
La presidenta del Polo explica que los 30 años podrían ser un lapso aceptable para la reserva de documentos.
También es claro que, tal como está previsto, la oposición debe tener asiento en la mesa de Inteligencia. "Si no es así, se seguiría tratando a la oposición como algo ilegítimo", afirma..
En todo caso, López dice que la ley es conveniente. "Para nosotros es muy importante regular el uso y el manejo de la Inteligencia para evitar abusos, como los probados en el DAS", dice. Sobre la depuración de los archivos de Inteligencia, dice que no son solo los del DAS, sino los de la Fuerza Pública en general.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, 12abr11]
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