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10feb04

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Un presidente que quiere licencia para matar.


Europa ha de oponerse hoy al dirigente del sangriento régimen colombiano.

Cuando Álvaro Uribe Vélez, el Presidente de Colombia, se dirija hoy desde la tribuna al Parlamento Europeo, es mucho lo que ambas partes se juegan. Uribe intentará convencer a los escépticos europeos de que su duro régimen es democrático y goza de popularidad, que está mejorando el sobrecogedor récord de violaciones a los derechos humanos en su país y de que es un aliado en la guerra contra el terrorismo. Su audiencia ha de decidir si estas alegaciones son creíbles y si respaldarle o pedirle cuentas.

El Gobierno británico ya ha realizado su elección. El Embajador en Bogotá insistió la semana pasada en que ha habido una vasta mejora en la situación de los derechos humanos en Colombia, y el Gobierno Blair es uno de los leales defensores de Uribe. Pero este optimista balance está siendo ferozmente criticado en Colombia por parte de las ONGs internacionales y los miembros de la castigada sociedad civil colombiana.

Nadie duda de que la crisis colombiana tenga múltiples capas. Una prolongada guerra civil entre los dos partidos gobernantes del país abrió paso a una rebelión armada de larga data por parte de los movimientos guerrilleros más viejos y fuertes del mundo, las Farc y el ELN. La guerra se financia, en ambos bandos, gracias al tráfico de cocaína y ha deparado en un despiadado conflicto en el que la mayoría de las víctimas son civiles.

En los últimos 15 años han aparecido grupos paramilitares de extrema derecha, infligiendo terror en nombre de una ofensiva coalición de barones de la cocaína y terratenientes. Con la colusión de las fuerzas armadas, estos grupos han ido ganando terreno paulatinamente, echando a los campesinos de sus tierras y haciéndose con el control de algunas de las zonas más ricas del país.

Uribe llegó al poder en el 2002 en medio de la oleada de frustración popular que siguió al fracaso del plan de paz del Presidente Pastrana. No más diálogo, prometió Uribe. Su Gobierno lucharía. Tenía el respaldo de los Estados Unidos, que inyecta cientos de millones de dólares en las fuerzas armadas colombianas a través del Plan Colombia. La ayuda militar se limitaba inicialmente a la lucha antinarcóticos, pero el Presidente Bush la extendió a la lucha contra la subversión . Uribe ha seguido una agresiva estrategia militar que él denomina su política de seguridad democrática , alineándose en la lucha contra el terrorismo.

A nivel interno, presenta una imagen de dureza. A nivel internacional, intenta convencer a quienes le apoyan de que su lucha es sólo contra la guerrilla. Sus ministros aducen que las violaciones a los derechos humanos han disminuido y que quienes critican esto ignoran los crímenes de las Farc y el ELN.

Sin embargo, la situación sobre el terreno no sustenta estas afirmaciones. Los grupos paramilitares ya no llevan a cabo masacres colectivas, pero esto parece ser poco más que un cambio de táctica: ahora matan uno a uno. Si los secuestros por parte de las guerrillas han disminuido, las desapariciones forzosas a manos de los paramilitares han aumentado. Ahora Uribe intenta legitimar los grupos paramilitares con un acuerdo de paz que les perdonaría sus crímenes pasados. Los defensores de derechos humanos que protestan por ello han sido tildados de pro-guerrilla por parte del Gobierno. En Colombia esto equivale a licencia para matar.

Bajo de seguridad democrática de Uribe ha habido oleadas de detenciones masivas de activistas sindicales y dirigentes de organizaciones civiles, hombres y mujeres señalados como simpatizantes de la guerrilla por informantes encapuchados y a sueldo. Otros -dirigentes campesinos, maestros, trabajadores sanitarios- han sido sencillamente asesinados o conducidos al exilio interno. Mientras Uribe afirma que su lucha es contra las Farc, la mayoría de las víctimas han sido civiles.

Uribe está en Europa para recabar apoyos. En 2001 la UE destinó unos 250 millones de libras en ayuda a Colombia. Uribe quiere el respaldo moral de una conferencia de donantes a celebrar este año, mientras espera una reforma constitucional que le permita continuar en la presidencia otro mandato. Sin embargo, un la prueba de fuego para el Gobierno colombiano es su voluntad de implementar una lista de 24 recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un intento de abordar la cuestión de las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos ( humanos) que la Comisión halló en Colombia en 2002.

El pasado julio, en una conferencia celebrada en Londres, el Gobierno de Uribe prometió su cumplimiento. Desde entonces, según los defensores de derechos humanos y los observadores diplomáticos, la situación se ha deteriorado. Richard Howitt, eurodiputado laborista y portavoz para asuntos exteriores, defensa y derechos humanos del Partido Laborista Europeo, opina que la UE se encuentra en una encrucijada con Colombia.

El Gobierno Uribe ha retrocedido respecto del cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas - la verdadera prueba de su compromiso para con los derechos humanos y su voluntad de avanzar , manifestó.

El respaldo de la UE fortalecería la mano de Uribe en su tarea de dar al estado colombiano la forma de instrumento militar e ignoraría la imperiosa necesidad de justicia social que tiene el país. Europa ha de decirle que esto no está del todo bien.

[Fuente: Isabel Hilton, The Guardian, London, UK, 10feb04. Traducción al español de la versión original en inglés realizada por el Equipo Nizkor el 11feb04]

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