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22oct14
Inminente parálisis de justicia laboral por falta de recursos para descongestión
Llamado al Gobierno Nacional para conjurar la crisis.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia advierte graves consecuencias ante eventual fin del programa de descongestión de la Rama Judicial.
Además del grave problema que significa el represamiento de cerca de 18.000 mil expedientes sobre reclamos de pensiones, prestaciones salariales y demás aspectos de la seguridad social, la justicia laboral en su etapa definitiva y extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia se enfrenta ahora a la inminente parálisis por falta de recursos para mantener la mitad de su personal.
Aunque requiere 135 empleados para ejecutar sus funciones, la Sala de Casación Laboral de la Corte solo cuenta con 121 cargos, 61 de los cuales serán suprimidos el próximo 15 de noviembre si el Gobierno Nacional no asegura la financiación del Plan Nacional de Descongestión de la Rama Judicial vigente desde el 2011.
Sin contar tutelas y otras acciones constitucionales, los siete magistrados de la Sala Laboral tienen a despacho para fallo 17.650 procesos, cuando su capacidad promedio anual es la de resolver 1.715 expedientes, frente a 4.929 recursos extraordinarios de casación que reciben.
Con esta progresión periódica de más de 3.200 conflictos que ingresan anualmente a la Corporación, en el año 2022 serán más de 41 mil los procesos laborales represados por resolver. Mientras en 2013 ingresaron 3.858 recursos, en el transcurso del presente año se han sometido a reparto 5.264 demandas de casación, lo que representa un incremento del 100% entre enero y octubre de 2014.
Se observa así una clara amenaza de colapso en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Crisis a la que se suma la falta de recursos para la continuidad del Plan Nacional de Descongestión a partir del próximo 16 de noviembre, por medio del cual se financian 61 empleados, la mitad de los cargos al servicio de la Sala.
Por causas ajenas a la Rama Judicial, esta dramática situación se traduce en denegación de justicia y vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular de los trabajadores y sus familias, así como de las personas de la tercera edad que reclaman sus garantías constitucionales y legales a la seguridad social.
Son éstas las razones por las que la Sala de Casación Laboral del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que, con su gestión oportuna, se conjure el grave problema enunciado y el Consejo Superior de la Judicatura cuente con los recursos para seguir ejecutando la referida descongestión.
De igual forma, la Sala exhorta al Congreso de la República para que continúe el trámite del proyecto de Ley Estatutaria que permita una solución definitiva a la delicada congestión de los procesos laborales pendientes de ser resueltos por vía del recurso extraordinario de casación y al Gobierno para que dé el aval correspondiente a esta iniciativa.
Bogotá, D.C., 22 de octubre de 2014.-
Rigoberto Echeverri Bueno, Presidente Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia
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