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01jun13
Estrés judicial
En septiembre del año pasado, caída la reforma a la justicia que pretendió beneficiar a magistrados de altas cortes, fui invitado a dictar una conferencia en el Congreso de Derecho Procesal en Cartagena, delante de 2.500 asistentes.
En mi intervención critiqué las corporaciones judiciales que contribuyeron con esa fracasada reforma, lo cual suscitó el aplauso del auditorio. Entre los presentes estaban tres magistrados de la Corte Suprema, entre otras la hoy presidenta, Ruth Marina Díaz. La actitud de los togados ante la ovación de quienes respaldaron mis críticas fue la de retirarse del recinto, para luego quejarse ante el presidente del evento por la supuesta grosería del conferencista. Fue tal la bronca, que no solo pretendieron silenciarme académicamente, sino que inclusive hubo quienes aseguran haber oído en boca de alguno de estos magistrados que tomarían represalias en mi contra, lo cual negaron cuando respondieron la petición que les formulé.
Por cosas como la que refiero no me sorprende el grotesco suceso que hoy tiene sacudida a la Corte Suprema. El cuento del permiso remunerado es otro de esos vicios clientelistas que deambulan en las altas instancias de poder, ejecutados con la soberbia de unos protagonistas que se sienten intocables y capaces de arrollar a quien se atreva a censurarlos. A nadie que tenga sentido de la estética y del pudor, se le puede ocurrir que la causa justificada para aprovecharse de la facultad legal que permite gozar de permisos, sea la de tomarse un descanso. Si alguien tiene agotamiento por exceso de trabajo, lo que debe buscar es una incapacidad médica.
La presidenta de la Corte es víctima de su propio invento. Ella es figura prominente de esa poderosa rosca de la rama judicial que cultiva alianzas siniestras con el procurador Ordóñez, la contratadora Morelli, la anodina ministra de Justicia Correa, que a todos les ha dado excelentes resultados.
Para no ir muy lejos, en el pasado reciente, la doctora Díaz fue pieza cardinal en la reelección de Ordóñez; por eso él salió a defenderla y de paso a defenderse, seguramente porque en sus épocas de presidente del Consejo de Estado debió de haber abusado de los permisos. También la doctora Díaz fue clave en la designación en el Consejo de la Judicatura de sus colegas Francisco Ricaurte y Pedro Munar, y lo ha sido en el intento de reelegir al badulaque del auditor general, con el que se siente tan a gusto la contratadora.
La posesión de Alberto Rojas en la Corte Constitucional, sin que haya refutado los cuestionamientos en su contra, lesiona su credibilidad y la majestad de la justicia. Ahora solo falta que su espinosa situación quede reducida a que anulen su nombramiento por vicios de forma, lo que sería el peor escenario para él y la justicia. Por eso sería conveniente que Rojas aceptara someterse a un tribunal de honor que defina en forma creíble, imparcial e inapelable su suerte. Esa sería una postura digna que se le está haciendo tarde para asumir.
Y en el Consejo de la Judicatura hoy pontifica Wilson Ruiz, otro exsubalterno de Ordóñez, el mismo que estuvo involucrado en un escándalo de tráfico de influencias en el Consejo de Estado, que sigue sin aclararse no obstante el archivo de las investigaciones en Procuraduría y Fiscalía. A propósito, el proceso por compra de fallos en el Consejo de Estado fue anulado oportunamente por Ordóñez, en provecho de su pupilo y de él mismo.
Álvaro Uribe, causante y beneficiario con su reelección tramposa de este derrumbe institucional que politizó las Cortes y desbarajustó la Constitución, ahora no aparece.
El conflicto armado y el deterioro de la justicia son los dos grandes males de Colombia. El primero por lo menos está siendo objeto de un proceso de paz, pero el segundo se está agravando y a nadie parece importarle. Unos guardan silencio por miedo y otros por comodidad. żDónde están las facultades de derecho, los colegios de abogados, academias, asociaciones o institutos especializados? Eso sí da estrés.
Adenda. Lo único que falta es que el proceso de paz dependa de que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello definan quién puede visitar la Casa de Nariño.
[Fuente: Por Ramiro Bejarano Guzmán, El Espectador, Bogotá, 01jun13]
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