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28nov12


Comunicado sobre el paro judicial de organizaciones de jueces y fiscales


Comunicado a la opinión pública

La comisión negociadora de los trabajadores del Poder Judicial, en representación de las diferentes organizaciones gremiales y civiles que firmamos el acuerdo con el gobierno nacional el pasado 8 de noviembre, hacemos saber:

  • 1. El acuerdo tiene un costo de un billón doscientos veinte mil millones de pesos, mismo que deberá ejecutarse entre enero del 2013 y enero del 2018. Los montos anuales han sido incorporados como documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social)
  • 2. La mesa técnica paritaria es la encargada de definir la redistribución de ese monto, la cual está integrada por tres compañeros de la Fiscalía y tres del resto de la Rama Judicial en nombre de los trabajadores y, otro tanto, en representación del gobierno.
  • 3. Lo justo y racional, es esperar los resultados de la labor de la mesa técnica, máxime cuando se pactó un plazo que vence el 15 de diciembre, para que se establezcan y conozcan las tablas salariales de 2013 a 2018, por lo que solo en ese momento, podremos hacer una evaluación real y critica, sobre si el acuerdo fue o no satisfactorio.
  • 4. El acuerdo a que se llegó entre las partes, no afecta ninguna de las conquistas salariales y prestacionales anteriormente conseguidas. Por ello, hay que desechar los temores que causa el rumor en el sentido de que sufrirán las actuales primas y bonificaciones de funcionarios y empleados.
  • 5. La comunidad en general y, específicamente, la judicial, puede tener la seguridad que quienes firmamos, lo hicimos en cumplimiento de un mandato claro y preciso de la Asamblea de entidades representadas en la mesa de negociación y los líderes que también conformaban la mesa en nombre de las diferentes áreas del derecho. Nuestra labor se desarrolló en forma diáfana y transparente, con absoluta buena fe.
  • 6. Insistimos que el acuerdo no cierra las justas aspiraciones de nivelación de conformidad con el parágrafo del artículo 14 de la ley 4a. de 1992 desarrollada parcialmente en el decreto 610 de 1998, con el que sólo se favoreció a los Magistrados de Tribunal y sus similares en la Fiscalía. De la lectura desprevenida, crítica e interpretativa del acuerdo, se concluye que el mismo es el inicio de la nivelación de acuerdo a la normatividad citada y ello es tan cierto, que la noche del 6 de noviembre, cuando se estaba en la mesa negociadora al gobierno se le dejó en claro que no admitíamos que el acuerdo cerrara la ley 4 del 92. Para fortalecer lo anterior, recordemos que la Ministra de Justicia, expresó en la Comisión Primera del Senado que, efectivamente, el acuerdo es un avance significativo en la aplicación de la ley 4a. del 92.
  • 7. Lamentamos y deploramos profundamente los incidentes que se han presentado entre los trabajadores, producto de la desinformación y la incomprensión para con el acuerdo, hacemos un llamado a la cordura, a la racionalidad y a defender sus diferentes posiciones de forma razonada y civilizada. Igualmente le solicitamos a toda la comunidad judicial, erradicar de forma definitiva la calumnia, la injuria y la grosería como forma de enfrentar cualquier diferencia. En ese sentido debemos privilegiar las soluciones dialogadas, racionales y debidamente ponderadas, respetando siempre la opinión del otro y, bajo ninguna circunstancia, tornar en enemigos a nuestros propios compañeros de labores.
  • 8. Nuestro llamado es a la Unidad y al fortalecimiento de las organizaciones de base de la Rama, pues el presente y el futuro, siempre dependerán de aquellas.
  • 9. Agradecemos las voces de apoyo y respeto para todos los firmantes del acuerdo, las cuales recompensamos con mil y mil gracias.

Bogotá, D.C., Noviembre 28 de 2012

ASONAL Judicial, Corporación de jueces y magistrados de Colombia
ACOLCTI, Asociación nacional de fiscales,
SINTRAFISGENERAL, Sindicato de trabajadores de la fiscalía general de la nación.


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