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23abr15
Justicia transicional para todos en Colombia: paz y geopolítica de la impunidad
La propuesta del expresidente César Gaviria de otorgar beneficios jurídicos a todos los actores del conflicto y por todos los delitos, en lo que él llamó "justicia transicional para todos", aunque no es nueva sí es la más audaz muestra de franqueza sobre lo que pueden esperar el movimiento social y las organizaciones de derechos humanos en el marco del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): un sofisticado sello de impunidad y perdón y olvido respecto a graves violaciones de derechos humanos que desde la perspectiva del Derecho Internacional son imprescriptibles, inindultables e inamnistiables.
En realidad, el exmandatario plasmó en su escrito una estrategia que venía siendo ventilada fragmentariamente por diversos actores del devenir político y jurídico del país: desde el fiscal general Eduardo Montealegre hasta el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, y hasta el propio presidente Juan Manuel Santos, habían sido múltiples las voces que hablaban de la necesidad de construir una paz "sin obstáculos de justicia".
En general la propuesta ha sido bien recibida por la sociedad colombiana, con excepción del uribismo -que pese a ello se ha mostrado abierto a discutirla- y el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, sectores considerados como representantes de una derecha ultraconservadora, propensa a perdonar los crímenes del paramilitarismo pero dispuesta a dar la batalla en contra de beneficio jurídico alguno a las guerrillas. No obstante, el devaneo uribista frente a César Gaviria se debe, de un lado, a que el expresidente busca otorgar perdón a empresarios y ganaderos que financiaron el paramilitarismo y, del otro, que en el modelo de impunidad propuesto podrían ser incluidos algunos de los delitos por los que Álvaro Uribe debería ser investigado (la masacre del Aro, por ejemplo).
Por el movimiento social y de derechos humanos, los reparos -si los ha habido- han sido tímidos. Ello debido al optimismo frente a las posibilidades de sellar con un acuerdo más de 50 años de conflicto armado y asistir a la apertura de espacios políticos, mediáticos y sociales para la oposición legal del país.
En el ámbito internacional, quizás la voz crítica más fuerte es la de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien se ha opuesto a toda posibilidad de sellar con impunidad total cualquier acuerdo de paz.
No debe sorprender que sea César Gaviria la figura decidida a promover y aunar esfuerzos en nombre de la paz para terminar de consolidar lo que esta columnista ha llamado desde hace varios años como "la geopolítica de la impunidad", esto es, la creación y reconocimiento de coyunturas económicas, políticas y también geoestratégicas para el favorecimiento de la impunidad en nombre de la paz: a nivel internacional, la crisis económica global y la escasez de recursos naturales; la necesidad de encontrar nuevas fuentes para el impulso de la economía extractiva a gran escala; y la disposición de la comunidad de donantes a financiar propuestas que contribuyan a reparar a las víctimas del conflicto en lugar de continuar sufragando los costos de la guerra. En el ámbito interno, la urgencia por mostrar ante el mundo a un país capaz de recibir capital extranjero ya no sólo con garantías de "confianza inversionista" sino también con costos más bajos en materia de seguridad para la puesta en marcha de macroproyectos de explotación minera a gran escala; la premura por dejar de ser el único país de América Latina donde aún subsisten grupos subversivos con capacidad para desestabilizar al Estado en algunas regiones; y la necesidad de presentarse como un país respetuoso de las normas y el Estado Derecho, y de bajar los graves índices de violaciones a los derechos humanos que aún subsisten.
En pocas palabras, el mundo en crisis global necesita de los recursos naturales que ofrece Colombia y que el presidente Juan Manuel Santos ha mostrado estar dispuesto a entregar al mejor postor, y Colombia necesita salir de una vez y para siempre de las "listas negras" que impiden acelerar los procesos económicos de inversión extranjera y explotación del territorio nacional.
No obstante, y muy a pesar de lo que se dice en el país, a nivel internacional existen múltiples ejemplos de que una paz con impunidad total nunca será paz real; y que la paz económica puede generar desarrollo y estabilización, pero nunca distribución equitativa de la riqueza, disminución de los índices de pobreza ni mejores aparatos estatales de salud o educación.
El desafío del movimiento de derechos humanos es enorme: posicionarse como veedores críticos y válidos dentro del proceso de paz, u optar por silenciarse y plegarse a lo que será un "post-acuerdo" y no un verdadero postconflicto.
Por Claudia Julieta Duque
Bogotá, 23 de abril de 2015
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