EQUIPO NIZKOR |
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07jun11
El camino de la tortura
Duque, periodista de la organización de derechos humanos Equipo Nizkor.
“Ya terminó el peritaje psicológico en Medicina Legal”, le informó a este diario la periodista Claudia Julieta Duque, al referirse a los últimos exámenes médicos a los que tuvo que someterse y que están dirigidos a demostrar que fue víctima de tortura psicológica por parte del Departamento Administrativo de Seguridad. Si los resultados de las pruebas practicadas le dan la razón, la Fiscalía tendría elementos, por primera vez desde que se desató el escándalo de las ‘chuzadas’, para abrir una investigación formal al DAS por un delito de lesa humanidad, que da una pena entre 15 y 20 años de prisión, sin rebajas ni prescripciones.
Para la periodista pereirana, quien hace un mes obtuvo el premio al Coraje en Periodismo, concedido por la International Women’s Media Foundation, y ha sido investigadora en temas de derechos humanos, niñez y conflicto armado, con una trayectoria de más de 15 años en el oficio, esta pesadilla empezó hace 12 años, cuando indagaba sobre el homicidio del humorista y periodista Jaime Garzón, y se atrevió a decir que el DAS intentó entorpecer las indagaciones del crimen.
Desde entonces padeció un secuestro, un robo y repetidas amenazas y hostigamientos a su vida que la llevaron en 2001 al exilio, luego de comprobarse que uno de los carros que venía siguiéndola pertenecía al DAS.
Dos años después, en diciembre de 2003, y tras denunciar nuevos seguimientos en taxis, motos y a pie, así como llamadas intimidantes, Claudia Julieta fue incluida en el Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior, que calificó su situación como de alto riesgo. A su regreso a Colombia, en febrero de 2006, esta situación no cambió y las amenazas y los seguimientos iban dirigidas también a su hija. Un año después, en marzo de 2007, se conoció una orden para matarla y un mes después a su correo electrónico llegaron amenazas firmadas a la organización de derechos humanos Nizkor, con la que actualmente trabaja.
Hasta ese momento las investigaciones en el DAS, en la Fiscalía y en la Procuraduría para dar con los responsables de los hostigamientos y seguimientos no arrojaban ningún resultado. Sus denuncias sólo tuvieron eco el 27 de noviembre de 2008, cuando en un trascendental fallo en materia de libertad de expresión, la Corte Constitucional amparó sus derechos, luego de considerar que eran ciertos los seguimientos por parte de organismos del Estado y ordenó a esta entidad que entregara toda la información sobre la periodista.
Fue así como meses después, cuando revisaba las carpetas en poder de la Fiscalía sobre su caso, encontradas en las instalaciones del DAS, Claudia Julieta conoció un manual de instrucciones elaborado, en 2004, en papel de uso exclusivo del DAS para amenazarla e intimidarla: “Señora, es usted la mamá de María Alejandra (esperar contestación). Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas la formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere (...) ”, decía el mensaje, que no sólo quedó en el papel, porque la llamada finalmente se hizo siguiendo esas instrucciones.
En mayo de 2008, en el camino por demostrar a las autoridades que ha sido víctima de tortura psicológica por parte del DAS, Claudia Julieta, a través de un derecho de petición, le solicitó al organismo de inteligencia que verificara esta actuación. En junio le entregaron un informe de una página que sostenía que “no se logró establecer ningún tipo de responsabilidad por parte de funcionarios del DAS”.
Luego, ante la insistencia de Claudia Julieta, el DAS entregó el mismo informe, pero completo, con las verificaciones que hicieron para dar esa respuesta. Una de ellas es el testimonio del fiscal 8 de la Unidad de Derechos Humanos, quien adujo que Claudia Julieta aparenta ser una persona esquizofrénica.
“Si el propio fiscal asegura eso de mí, ¿qué garantías tengo?”, dice Claudia Julieta, quien confiesa que aunque está cansada de este episodio negro, va a agotar hasta el último recurso para que en su caso haya justicia.
Todos estos documentos reposan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó al Gobierno, desde 2009, medidas cautelares de protección a esta periodista, al considerar que su integridad sigue amenazada.
[Fuente: Por Natalia Herrera Durán, El Espectador, Bogotá, 07jun11]
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