Equipo Nizkor - "No pasar de lo objetivo a lo subjetivo": la orden que censura a Claudia Julieta Duque.

Lo que se preveía ha sucedido. La Jueza Segunda Penal Especializada de Bogotá, Nidia Angélica Carrero López, emitió este jueves una resolución en la que limita la libertad de expresión de la periodista Claudia Julieta Duque, quien deberá abstenerse de dar su opinión respecto a lo que sucede en el juicio por los crímenes de lesa humanidad de los que fue víctima en Colombia.

En adelante, Duque sólo podrá emitir informaciones respecto a la fecha y hora de las audiencias o los testigos citados en su caso, pero acorde con la jueza, sus puntos de vista nunca deberán "pasar de lo objetivo a lo subjetivo" ni contener las valoraciones y apreciaciones de la periodista sobre las pruebas o testimonios que se practiquen.

Tampoco podrá publicar fotografías de los acusados, los abogados defensores ni los funcionarios judiciales que son parte del proceso, hecho que en la práctica revive la figura de los jueces sin rostro (1984-1997), bajo la cual la justicia fallaba de espaldas a la opinión pública.

La decisión obedece a la solicitud planteada por el abogado Nichan Alfredo Stepanian Santoyo, defensor de Emiro Rojas Granados ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la extinta policía secreta de Colombia. Rojas es uno de los ocho funcionarios procesados por el delito de tortura agravada contra Duque Orrego.

Carrero López se presentó dos horas tarde a la audiencia en la que leería su providencia. Previo a la llegada de la funcionaria, agentes de la Policía de Colombia advirtieron a periodistas y personas presentes en la sala que no se podían tomar fotografías durante el desarrollo del debate.

A la cita acudieron representantes de las embajadas de Canadá y Francia, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), así como de Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Prensa y Sociedad (sección Colombia), las Federaciones Internacional, Latinoamericana y Colombiana de Periodistas (FIP, FEPALC y Fecolper respectivamente), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la diputada de la izquierda alemana Simone Barrientos, quien desde hace unos meses apadrina el caso de la periodista Duque en Europa.

De inmediato la jueza inició con la lectura de su decisión en la que prohíbe a Duque a expresarse en redes sociales y de hacerlo tiene que ser sin emitir opiniones. "Sus publicaciones deben ser veraces, imparciales y concretas", resaltó la jueza.

Una y otra vez la jurista indicó que la periodista ha emitido opiniones en su cuenta de Twitter y que eso afecta el proceso penal. Incluso, citó varios de los tuits de la comunicadora.

En más de una ocasión hizo mención a un tuit de Duque del 24 de abril, emitido en su cuenta @JulieDuque1, en el cual la comunicadora expresó: "Exsubdirector #DAS Emiro Rojas, investigado por la @FiscaliaCol por desviación del caso Garzón y acusado de tortura en mi contra, ocupó los más altos cargos de esa entidad sin saber, ni darse cuenta de nada. Otro que nadó en la piscina sin mojarse. #SíCómoNo JUSTICIA".

Ese trino, y otros posteriores, fueron la justificación de Carrero López para tomar la decisión en cuya lectura tardó más de 60 minutos. La periodista y su abogado tuvieron que presentar un recurso para la revocatoria de esa resolución sin haber accedido al documento final, pues como la propia jueza dejó constancia durante la audiencia, éste contenía modificaciones realizadas a mano.

La defensa de Emiro Rojas solicitó la censura basado, entre otras cosas, en una entrevista concedida por Duque al diario colombiano El Espectador el 31 de enero de 2019, en la cual se refirió a la parálisis de su caso, luego de que fuera declarado de lesa humanidad en octubre de 2017.

"Estos tipos no son monjas de caridad, son torturadores", fueron algunas de las declaraciones de Duque. Durante el reportaje, la periodista se quejó porque aún espera sentencia en el caso de otros dos acusados, Ronal Rivera y Rodolfo Medina, cuyo juicio terminó en noviembre de 2017.

"Mi abogado le escribió a la juez pidiéndole que, por favor, fallara, porque ya llevamos todo este tiempo sin sentencia (…) La jueza contestó que ella asumió el caso en septiembre del año pasado y que tiene muchísimo trabajo. Entonces, żmi caso qué es, parte de su tiempo libre, un hobbie? Yo comprendo que tenga mucho trabajo, pero el mío es parte de ese trabajo y no hay nada. Su respuesta es, básicamente, que ella empezó hace poco en el caso y tampoco, porque ya estamos en febrero. (…) Como yo entiendo la situación, la jueza desconoce las directrices del propio Consejo Superior de la Judicatura, según las cuales, los procesos de graves violaciones a los derechos humanos deben tener prioridad, tanto en la justicia penal como en la administrativa. Cuando la jueza al caso le da una ruta ordinaria, lo que hace es desconocer su importancia."

Para Carrero Torres, "las afirmaciones realizadas por la víctima, además de irrespetuosas, exceden el derecho a la libertad de información y de opinión, pues colocan en ridículo a la administración de justicia y contienen juicios de valor que llevan a crear una percepción errónea de los hechos, además de poner en crisis el debido proceso y la presunción de inocencia de los acusados. La información que se comparte no puede pasar de lo objetivo a los subjetivo, ni tampoco la opinión puede utilizarse como refugio para crear juicios paralelos o tergiversar los hechos o las actuaciones de la judicatura, pues un proceder de esta naturaleza afecta la imparcialidad e independencia del juez".

La única que sigue con vida

La jueza también hizo referencia a un tuit del 5 de julio, dos días después de la audiencia en que se solicitara la censura a la periodista, en la que indicó: żestarán esperando que me maten para hacer que juegan a hacer justicia?

Según ella, la pregunta de la periodista implicaba una burla a lo sucedido en juicio. En realidad, como lo demostraron la periodista y su abogado, ese mensaje hacía referencia a un artículo publicado esa mañana también por El Espectador, que revelaba un informe de la Fiscalía General de la Nación sobre los crímenes de Estado cometidos en Colombia entre el año 1997 y 2005, según el cual "de los seis casos representativos que enlista la Fiscalía, ella [Claudia Julieta] es la única que sigue con vida."

Además, la funcionaria judicial se refirió a tuits de los periodistas colombianos Gonzalo Guillén y Javier Osuna, así como de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, los cuales calificó de tendenciosos y producto de las "tergiversaciones" de la periodista.

Ante los argumentos de la jueza, el abogado Germán Romero pidió la palabra y solicitó un receso para sustentar un recurso en contra de la decisión.

Recurso de reposición

Luego de media hora, la audiencia continuó. Romero presentó un recurso para dejar sin efecto la providencia, el cual quedó pendiente de ser resuelto, por lo que la decisión aún no está en firme.

El abogado también le informó a Carrero Torres que minutos antes la había recusado. "Usted viola los derechos humanos de Claudia Julieta y lo mejor es que no siga conociendo el caso", puntualizó.

Duque también le expresó su descuerdo a la jueza: "Usted descontextualiza varias cosas que yo he dicho en mi libertad de opinar. Toda opinión es una valoración, usted no puede pedirle a nadie que opine sin valorar, le falta revisar simplemente algunas definiciones en el diccionario de la Real Academia de la Lengua para comprender que toda opinión es una valoración".

Agregó: "Yo a los sindicados no les creo, porque, así como aquí se pasan diciendo que soy una presunta víctima, tengo todo el derecho de llamarlos como los vengo señalando a ellos desde el día cero: como victimarios. El señor Emiro Rojas públicamente utilizó los medios de comunicación en el 2004 para tildarme de fachada de periodista y acabar con mi honra y para seguir la estrategia del DAS que está contenida en documentos oficiales que consistía en acallar y finalizar urgente con la periodista, y que, entre otros objetivos, se planteaba la tarea de denúnciame por injuria y calumnia, así que es pública la participación del señor Rojas en el hecho de tortura".

Seguidamente expresó: "Al señor Néstor Pachón lo reconozco, lo he reconocido en diligencias judiciales como una de las personas que me siguió en el vehículo en el año 2001, entonces mal puedo decir yo presuntos. No: yo los señaló con nombre y apellido y no voy a dejar de hacerlo. Debo dejar constancia que su decisión finalmente cumple con los objetivos que se fijó el DAS con la censura, la tortura, la denuncia por injuria y calumnia, las amenazas, los exilios y los hostigamientos, y es silenciarme, callarme. Entonces señora juez, de una vez y por respeto le digo a usted que, si usted mantiene su decisión del día de hoy, solicitaré permiso para retirarme y además entraré en desacato a la misma por considerar que es ilegítimo completamente que usted exceda su posición como juez para censurar la opinión de una víctima".

Censura sin argumentos

Por su parte, el abogado Germán Romero pidió a la jueza revocar su providencia de manera inmediata, por carecer de argumentación y sustento legal.

"La forma en que usted llega a la argumentación, primero incorpora elementos que no están sujetos en la ley y segundo se apoya de elementos doctrinales que como bien dice la ley son elementos de interpretación auxiliares de la justicia y no pueden tenerse en cuenta para limitar un derecho fundamental como lo es la libertad de expresión (…) usted dentro de la argumentación hace descontextualización y demuestra su animadversión frente a la víctima".

Criticó la revisión de las redes sociales de la periodista y el uso de tuits suyo "que no tienen nada que ver con el proceso."

"Usted desconoce la calidad de Claudia Julieta Duque como víctima de una grave violación de derechos humanos. Usted incluso desconoce los principios de los derechos humanos. No hay motivación ni mínimos razonables para sustentar la necesidad de imponer esta censura, ni tampoco acredita cuál es el objetivo de ésta. Es muy grave que se presenten estas limitaciones sin argumento de las mismas", agregó.

Frente a la prohibición de la publicación de fotografías de los intervinientes en el proceso, Romero demostró que la juez había utilizado una cita de un libro que hacía referencia a la publicidad de imágenes de procesados por parte del Estado. "Usted confunde al Estado con la víctima, con la víctima del crimen de Estado, para ser más exactos".

También indicó que para tomar esa decisión "usted dice literalmente que el Despacho considera que la exposición de imágenes es innecesaria, ese es un criterio que debemos respetar, pero la exposición de imágenes hace parte del derecho a la información y en esa medida la señora juez no sustentó bajo las causales que tienen la ley o la Convención Americana de Derechos Humanos cuál es el nivel de prohibición, mucho más cuando existe el principio de publicidad plena. El carácter de innecesario es un carácter que si bien la juez lo ha planteado no fue sustentado adecuadamente por una valoración legal o por una norma que permita hacer este tipo de limitaciones."

Cuestionan decisión

Tras la lectura de la providencia, Adriana Hurtado, presidenta de Fecolper y miembro de la FEPALC y la FIP, quien estuvo presente en la audiencia, calificó de "muy grave" la decisión. "Escuchamos tantas sandeces juntas sobre la libertad de expresión y opinión en una audiencia donde una periodista es la víctima. Para completar, los victimarios revictimizando y un Ministerio Público pasivo", criticó. Es de recordar, que la figura del Ministerio Público, independiente a la del fiscal de conocimiento, en Colombia tiene como fin velar por los derechos de la sociedad y todos los intervinientes en el proceso penal.

Desde Bélgica, la FIP expresó que "la jueza impide a Claudia Julieta Duque informar y opinar sobre el proceso judicial del que es víctima. Se trata de un ataque gravísimo a la libertad de información y expresión. No nos callarán".

Igualmente, la Agrupación de Periodistas del Sindicato de Comisiones Obreras español, expresó su alarma porque desde Colombia llegaron "malas noticias para la libertad de prensa y los derechos humanos".

Por su parte, la FLIP calificó como censura previa la decisión de la jueza "las restricciones que se imponen a Duque, además de violar la libertad de expresión de la periodista, vulneran gravemente el derecho de la sociedad a recibir informaciones y opiniones". Adicionalmente, la libertad de expresión no sólo "protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población".

Además, resaltó que "las restricciones que se imponen a Duque de opinar sobre dicho proceso son contrarias a la libertad de expresión, protegida por el artículo 20 de la Constitución y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos".

Desde el 3 de julio, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, había advertido que, de quedar en firme la decisión, "sería una absurda e inadmisible restricción a la libertad de expresión.

Asimismo, Reporteros Sin Fronteras, manifestó poco antes de la audiencia que "la libertad de información, opinión y pensamiento de las víctimas es prevalente para divulgar la verdad de la sociedad. Por ello, respaldamos la búsqueda de justicia y garantías de derechos de Claudia Duque. Cualquier intento por silenciar su verdad atenta contra la democracia".

A favor de la censura

Para sorpresa de muchos de los presentes en la sala, Gilma Amparo Duarte, fiscal 189 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien lleva el caso de Duque, se pronunció a favor de la medida impuesta contra la periodista. "Usted debe mantener firme su postura", dijo ante la jueza.

Igual postura mantuvo el agente del Ministerio Público, Carlos Efrén Salamanca, quien apoyó la decisión judicial.

Nuevos ataques

Los abogados de los acusados también argumentaron a favor y pidieron mantener la providencia. Nichan Stepanian, defensor de Rojas, fue incluso más allá: sin ambages le dijo a Duque que "finge ser periodista". "Sus publicaciones son mal intencionadas. Usted está tomando partido y no sólo afecta a los procesados, sino también a la juez y a la fiscal", argumentó.

Por su parte, Orlando González Payares, abogado del ex detective Néstor Pachón afirmó sin titubeos que "la víctima y su representante pretenden que se condene a los acusados sin un proceso legal". Casi a gritos, manifestó que lo que quiere la periodista es "un culpable, cualquiera, para cobrar una indemnización en dinero al Estado de Colombia".

Sorpresiva suspensión

De forma sorpresiva, la jueza Nidia Angélica Carrero dio por terminada la audiencia sin tomar una decisión y programó la siguiente para el 8 de octubre de 2019, es decir, hasta dentro de tres meses.

Será la misma jurista quien conozca la recusación en su contra y decida si continúa o no con el caso.

En su despacho también son procesados por las torturas contra Duque los exfuncionarios José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector y asesor del DAS; Giancarlo Auqué De Silvestri y Enrique Ariza Rivas, exdirectores de Inteligencia; y el exdetective William Alberto Merchán.

El pasado 23 de julio se cumplieron 18 años del secuestro de Duque. Dieciocho años que le han significado exilio, llanto, amenazas, persecuciones y agresiones. En su red social, la misma que ahora ha sido censurada por orden judicial, la periodista escribió ese día: "Feliz aniversario, señora Impunidad".

25jul19

"No pasar de lo objetivo a lo subjetivo": la orden que censura a Claudia Julieta Duque

[Fuente: Por Marvin David Del Cid, Enviado Especial de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Bogotá, 25jul19]

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