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04dic17


Fiscalía y Procuraduría piden condena contra torturadores de periodista Claudia Julieta Duque


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Luego de más de dos años de juicio y de múltiples prácticas dilatorias, el 23 y 24 de noviembre pasados tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la Nación (PGN) pidieron sentencia condenatoria contra Ronal Harbey Rivera Rodríguez y Rodolfo Medina Alemán, ex agentes de la inteligencia colombiana acusados de torturar a la periodista colombiana Claudia Julieta Duque.

Durante los alegatos de conclusión del primer juicio que llega a su fin en el caso de Duque, torturada psicológicamente en un período de al menos tres años (2001-2004) por su investigación del caso Jaime Garzón, la Fiscalía General de la Nación (FGN) afirmó que no tiene duda alguna de la responsabilidad de los sindicados, dada la existencia de "prueba documental contundente que muestra realmente lo vivenciado por Duque Orrego para aquel entonces, como consecuencia del actuar ilegal de funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad - DAS" (extinta policía secreta de Colombia).

Así se expresó la fiscal, Gilma Amparo Duarte de la Dirección de Derechos Humanos de la FGN, frente a Sergio León Martínez, Juez Segundo Penal Especializado de Bogotá el pasado 23 de noviembre. El 19 de octubre de 2017, esa misma fiscal declaró el caso de la periodista como un crimen contra la humanidad, pero en un proceso diferente.

Un amplio memorial de más de 52 páginas en el que se resume la investigación contra Rivera Rodríguez y Medina Alemán, el primero detenido desde hace más de dos años y el segundo prófugo.

"Estamos ante una conducta eminentemente dolosa desarrollada, entre otros, por los aquí acusados señores Harbey Rivera Rodríguez y Rodolfo Medina Alemán", destacó Ignacio Humberto Alfonso Beltrán, delegado especial para la vigilancia del caso por parte de la PGN.

El proceso judicial inició en diciembre de 2015, pero sufrió retrasos por diversos motivos, entre ellos las argucias legas utilizadas por los abogados defensores de ambos detenidos.

Rivera Rodríguez se encuentra preso en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá, mientras que sobre Medina pesa una orden de detención que hasta el momento las autoridades colombianas han sido incapaces de ejecutar.

Para la periodista cada audiencia es importante, es esperanza, es lucha, pero sobre todo es la búsqueda de justicia. En los alegatos finales del pasado 23 y 24 de noviembre, expuso y analizó de manera profunda ante el juez las pruebas que incriminan a los acusados en parte de los vejámenes de los que fue objeto.

En esa intensa lucha, Claudia Julieta no ha estado sola. En los últimos años ha tenido aliados importantes, entre ellos la Federación Internacional de Periodistas (FIP); la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper); los sindicatos noruego e inglés de periodistas; la Agrupación de Periodistas de FSC-CCOO; la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP); la International Women's Media Foundation (IWMF); Media Legal Defense Iniative (MLDI); Rory Peck Trust; Front Line Defenders; Reporteros Sin Fronteras (RSF); la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) por sus siglas en inglés.

A los integrantes de PBI, Duque los llama sus ángeles de la guarda porque la acompañan por todo el territorio colombiano no sólo para darle su respaldo, sino también para garantizar su seguridad.

Piden condena

Tanto Duarte Rodríguez como como Alfonso Beltrán pidieron sentencia condenatoria para los dos detenidos por considerar que hay suficiente evidencia que los involucran en las torturas contra Duque ocurridas entre 2001-2004.

Durante su intervención de más de dos horas Duarte destacó que en el caso de Claudia Julieta fue víctima de una estrategia criminal proveniente de agentes del Estado colombiano, que se aprovecharon de sus puestos para intimidarla, amenazarla y agredirla, lo cual le ha causado etapas de dolor muy fuerte a la periodista y su hija, María Alejandra.

Para la fiscal no es casualidad nada de los que le sucedió a Duque, ya que desde el DAS se cometieron decenas de abusos contra periodistas, activistas de derechos humanos y líderes sociales, como una estrategia de control y de miedo.

La fiscal se tomó el tiempo para explicar ante el juez como se dieron los abusos en contra de Duque y su hija en aquel entonces menor de edad.

"Se aprovecharon de su condición de mujer y de madre soltera (…) el DAS intimidaba a personas y no cumplía con su función de inteligencia, pues perseguían y amenazaban", destacó la funcionaria judicial.

De igual forma dijo que "la persecución sistemática contra la comunicadora social se debe, además de lo anterior, a su ejercicio profesional dedicado al periodismo investigativo que viene molestando a círculos de poder, y que tras este acecho, existe evidentemente responsabilidad Estatal; reafirmando Duque Orrego que las causas de las amenazas procedentes del DAS obedecen, en primer lugar, a la investigación de periodismo independiente que realizó en el caso del homicidio de Jaime Garzón Forero, lo cual fue determinante para establecer la existencia de un montaje en el proceso coordinado por ese organismo de seguridad, para encubrir a los verdaderos responsables; y en segundo lugar, a las investigaciones periodísticas que realizó en casos de corrupción, narcotráfico, paramilitarismo y Derechos Humanos".

Las amenazas, agresiones e intimidaciones en contra de Claudia Julieta Duque giran en torno al caso del periodista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá, caso que ella investigó, lo cual le ha valido exiliarse en varias ocasiones, debido a la persecución de la que sido víctima.

En un reportaje publicado por la FIP el 5 de mayo de 2017 titulado: La investigación que le cambió la vida a la periodista Claudia Julieta Duque, se relatan los vejámenes que la periodista ha tenido que soportar durante más de 10 años, quien asegura tener "plena certeza de que lo que he sufrido durante todos estos años es por las investigaciones en el caso de Jaime Garzón, que es el crimen que más le ha dolido al país después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán".

La fiscal Duarte recalcó una y otra vez la forma en que los integrantes del DAS vigilaban e intimidaban a la comunicadora. Incluso, por momentos la abogada hacía pausas, para dar detalles de la investigación realizada.

El juez De León estuvo pendiente todo el tiempo de la intervención de la abogada en la que también dio a conocer el perfil de la víctima.

Describió que Duque es comunicadora social y periodista, con estudios de maestría en análisis político sobre América Latina, además de los medios de comunicación en donde ha laborado. Actualmente es corresponsal en Colombia de Radio Nizkor.

También destacó que parte de los ataques en su contra fueron por el trabajo que ha realizado como periodista de investigación, y que ello "la ubicaba dentro de una comunidad intelectual bien determinada social y políticamente", esa situación de acuerdo con la fiscal originaron las agresiones y lo describió así: "Razones que generaron el ataque directo en contra de su salud mental y física, como parte de un plan, amplio y minuciosamente estructurado por miembros del extinto DAS en una acción que sobrepasó los límites de la legalidad, en un subrepticio uso inhumano y desmedido de la inteligencia a la cual se dedicaba dicho organismo".

La fiscal indicó que "la periodista denunció una serie de sucesos que se inician en el 2001, los cuales le han ocasionado un considerable trastorno, no solo en su vida personal, familiar, social sino igualmente en su integridad mental; en el marco de estos hechos amenazantes e intimidantes enunciados y del material probatorio recolectado (…) la angustia moral disminuyen a la víctima a un estado de fragilidad deliberada que anula la personalidad y desmoraliza, lo que constituye una forma de tortura psicológica".

Duarte reafirmó en varias ocasiones que se dieron todos los elementos para afirmar que la periodista sufrió tortura agravada: "no existe duda alguna que ese ilícito se produjo y se ha acreditado plenamente al sentir de la Fiscalía con múltiples pruebas de carácter testimonial, documental, pericial, que se recaudaron a lo largo de la investigación", destacó.

Para argumentar con mayor claridad su exposición Duarte citó lo que establecen los tratados en materia de Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado de Colombia en relación al tema de la tortura.

Según los instrumentos internacionales mencionados, los actos que constituyen tortura deben consistir en "dolores o sufrimientos" (Convención contra la Tortura) o "penas o sufrimientos" (Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura) "físicos o mentales". A diferencia de la Convención Interamericana, la Convención contra la Tortura señala que los dolores o sufrimientos deben ser "graves".

Los abogados de defensores de Ronal Harbey Rivera Rodríguez y Rodolfo Medina Alemán, no perdían detalle de cada una de las palabras de Duarte. En la sala también se encontraban familiares de los detenidos que escucharon con atención los argumentos.

El turno de la PGN

Luego de la exposición de la fiscal le tocó el turno a la PGN. El fiscal Ignacio Humberto Alfonso destacó: "lograron su objetivo de limitar la actividad periodística de Claudia Julieta y su dignidad humana (…) al irse del país tuvo que truncar su vida en Colombia".

Al referirse a Rivera Rodríguez y a Medina Alemán dijo: "estos dos exservidores del extinto DAS, junto con otro número considerable de funcionarios públicos de ese organismo actuaron articuladamente, con conocimiento de causa, aportando en sus diferentes roles la labor o labores precisas para perfeccionar sistemáticamente y por espacio de cuatro (4) años las conductas constitutivas de la tortura de que fue víctima la señora periodista, en la forma como atrás se describió; resaltando que también cómo se probó por la delegada [Fiscalía], hacían parte de una estructura organizada piramidalmente, con respeto de su jerarquía, cada quien aportando en esa división de trabajo, pero desviándose de la misión constitucional y legal para lo cual fue creado este organismo de inteligencia del Estado".

El funcionario judicial fue claro en cuanto a los señalamientos contra los dos implicados y no dudó en ningún momento al hablar ante el juez.

Incluso, mencionó que en el DAS intentaron acusar a la periodista de pertenecer a la guerrilla del Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL). Para el procurador, esa fue una de las irregularidades de ese ese organismo de inteligencia, ya que señalaron a muchas personas sin tener las pruebas necesarias.

Alfonso Beltrán describió con detalles las funciones de los implicados en las torturas contra la periodista y el papel cumplieron en la mismas. De acuerdo con su análisis, Medina Alemán sabía todo lo que se hacía en contra de Duque, ya que durante el tiempo que se cometieron las ilegalidades era subdirector de contrainteligencia: "Es fácil colegir que el sindicado, hoy acusado Rodolfo Medina Alemán conocía de las actividades ilegales que se ejecutaban en contra de Claudia Julieta Duque Orrego, se insiste, por su condición de periodista investigativa al frente del caso Jaime Garzón Forero, pero también por su vinculación al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), ONG defensora de derechos humanos y pese a ese conocimiento no detuvo ese curso causal para evitar los vejámenes resaltados precedentemente, estando en posibilidad de hacerlo en su condición de directivo del extinto DAS".

Cada una de las palabras del agente especial de la Procuraduría retumbaba en los oídos de los abogados defensores de los señalados, quienes con algunos gestos no daban crédito a los que escuchaban. A lo largo del juicio, en audiencias previas, trataron de evitar que los funcionarios dieran sus argumentos ante el juez; sin embargo, esta vez, aunque no interrumpieron, no dejaron de mostrar su malestar.

"Igualmente se encuentra demostrado que Ronal Harvey Rivera Rodríguez, para finales de 2004 y primeros meses de 2005 hizo parte del G3 en su calidad de detective analista, tuvo acceso a la sala de interceptación de comunicaciones, lugar desde donde se llevaron a cabo interceptaciones ilícitas de comunicaciones, y acudiendo a la prueba indiciaria, se puede inferir que tuvo acceso a la carpeta de la citada víctima, quien era su objetivo, así se demuestra con el organigrama atrás citado, igualmente se puede afirmar que conoció la actividad ilegal llevada a cabo en contra de Claudia Julieta", manifestó Alfonso Beltrán.

Al igual que la fiscal Duarte, el delegado de la PGN también calificó al DAS como una estructura criminar para perseguir a Duque.

Los alegatos finales de Claudia Julieta

En el segundo día de audiencia el turno fue para la víctima, quien con el respaldo de su abogado hizo uso de su derecho a acusar a sus torturadores y pedir condenas.

Durante más de 15 años, Claudia Julieta Duque Orrego ha mantenido una lucha de frente al sistema judicial de Colombia, lucha que en muchas ocasiones la ha dejado casi sin alientos, pero que también la ha vuelto fuerte.

Horas antes de presentar ante el juez, la periodista envió un correo a sus contactos y grupos de derechos humanos en los cuales señalaba que durante los últimos dos años las intimidaciones y amenazas no han cesado, "pero a pesar de todo he logrado sobrevivir para contarla".

El 24 de noviembre, la periodista llegó puntual a los Juzgados Especializados de Bogotá junto a su abogado, Jorge Molano (uno de los juristas colombianos más reconocidos por lucha a favor de los derechos humanos).

A las 9.30 nerviosa, pero segura, inició con sus alegatos finales…

Claudia Julieta se vio de nuevo hablando frente a uno de sus torturadores, pero como ya lo ha hecho en otras ocasiones mantuvo la serenidad. El juez Sergio León Martínez escuchó atento cada uno de los detalles, que fueron acompañados de una presentación.

"La inteligencia colombiana, me persiguió, me amenazó y agredió" dijo.

La periodista narró de nuevo el calvario que le ha tocado vivir durante todos estos años, ya no como testimonio sino como prueba de la responsabilidad de los acusados. Sus palabras fueron resumidas en un grupo de diapositivas. A medida que pasaban los minutos, se podía escuchar su voz entrecortada, por ratos daba pequeñas pausas para tomar aire o beber un poco de agua.

En marzo de 2016 había rendido testimonio frente a José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector y asesor del DAS, quien también se encuentra detenido por las torturas en contra de ella. En esa misma causa penal también están involucrados, Giancarlo Auqué De Silvestri (prófugo) y Enrique Ariza Rivas, detenido y deportado desde Estados Unidos en abril de 2017 y quien tendrá que comparecer ante el juzgado el 18 de diciembre de 2017. Asimismo, en abril de este año hizo lo propio en el caso de Rivera y Medina.

En la página de la FIP se encuentra el reportaje. Colombia: periodista frente a sus torturadores el cual cuenta más detalles de ese testimonio.

Mientras Duque Orrego presentaba su informe, su abogado estuvo siempre al lado de ella, apoyándola con el manejo de la computadora. Ese 24 de noviembre era diferente, pues el juicio casi está por llegar a su final.

Su hija de nuevo fue parte central en su testimonio y relató como las afectó a ambas toda la persecución en su contra. Las lágrimas fueron inevitables.

En el documento entregado al juez se lee textualmente: "Denota un trabajo preparado sistemáticamente por una pluralidad de funcionarios que, dado su alcance, evidentemente provienen de diferentes subdirecciones de la entidad. Es así como el ya de por sí escabroso y criminal memorando para la ejecución de amenazas y tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y su hija María Alejandra Gómez Duque no sólo constituye una prueba fehaciente contra el DAS respecto de la persecución en su contra, sino además permite inferir que hubo toda una planeación y análisis que involucró a varias áreas dentro del DAS, entre ellas las de Operaciones, Desarrollo Tecnológico y Análisis dentro de la Subdirección de Inteligencia, y también el área de Contrainteligencia".

Claudia Julieta expuso ante el juez detalles de la participación de Rodolfo Medina Alemán y Ronal Harbey Rivera Rodríguez.

Explicó la forma en que ambos ejecutaron contra ella acciones de contrainteligencia y de información basadas en acciones definidas como militares y que se usan en operaciones de guerra, por lo tanto, desde el punto de vista del derecho internacional no pueden usar contra población civil, menos contra población civil no beligerante.

Fuente: Alegatos finales de Claudia J. Duque y Jorge E. Molano

En el caso de Rivera Rodríguez, la periodista lo señala como integrante del Grupo Especial de Inteligencia (G3) creado en 2003 como un poderoso grupo con múltiples funciones ilegales para espiar a políticos de oposición, sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos y magistrados, entre otros.

El mentor de Rivera Rodríguez fue José Miguel Narvaéz, quien tiene amplia experiencia en operaciones psicológicas y de guerra política, además ha sido profesor en esos temas.

Todo ese conocimiento se lo trasladó a Rivera Rodríguez a quien Narvaéz reclutó para que fuera parte de su equipo, según relató la periodista.

En su defensa, Rivera Rodríguez ha mantenido que sólo estuvo asignado al G-3 a partir de enero de 2005, cuando Claudia Julieta Duque ya estaba en el exilio. Sin embargo, la periodista encontró inconsistencias que permiten inferir que el exdetective miente, pues pese a que éste ha sostenido que en noviembre de 2004 juntó un período de vacaciones con su licencia de paternidad porque el 3 de ese mes había nacido su hijo, documentos oficiales demuestran que Rivera tramitó sus días libres el 26 de noviembre, dos días después de que Duque anunciara públicamente su exilio a raíz de las graves amenazas que se cernían en contra suya y de su hija, para entonces de diez años.

Entre las pruebas obtenidas por la Fiscalía en el DAS, fueron encontrados manuscritos en los que para octubre de 2004 funcionarios de esa entidad se habían fijado "finalizar urgente" con la periodista. Para ello trazaron dos estrategias: denunciarla por injuria y calumnia e intimidarla a través de su hija. Ambas cosas se cumplieron entre el 17 y el 24 de noviembre.

El 25, Rodolfo Medina recibió confirmación de que Duque saldría del país y el 26 Rivera pidió su licencia.

¿Acaso Ronal Rivera y sus superiores dieron por terminado su trabajo con mi anunciado y forzado destierro?", preguntó Claudia Julieta Duque durante su alegato, y recalcó que "lo anterior también parece desprenderse de la hoja de vida que el área de Contrainteligencia del DAS tenía sobre mí, pues ésta se cerró precisamente el 22 de noviembre de 2004, con la frase "se encuentra preparando su segundo exilio".

De izquierda a derecha: Ronal Harbey Rivera Rodrígez, acusado; José Miguel Fonseca Arévalo, defensor de Rodolfo Medina; y Jaime Augusto Castillo, defensor de Rivera.

"Para mí Ronal es uno de mis torturadores materiales y si la tortura hubiese sido física, estoy segura de que él me habría hecho mucho daño (…) me da temor y mucha angustia que ese tipo pueda quedar libre por todas las estrategias dilatorias que han tenido sus abogados", dijo a la FIP la periodista al finalizar la audiencia.

De la responsabilidad de Rodolfo Medina Alemán

Con respecto a Medina Alemán durante su intervención Duque Orrego fue clara y contundente al decir que como subdirector de inteligencia del DAS tuvo una responsabilidad directa "vale la pena mencionar que fue el superior jerárquico de Jorge Armando Rubiano director de desarrollo tecnológico de DAS, condenado en este proceso por su aceptación de cargos".

A Medina Alemán la Fiscalía lo sindica de tortura psíquica agravada por las siguientes razones:

1. En calidad de superior jerárquico del DAS tuvo mando sobre quienes perpetraron los ataques contra Claudia Julieta Duque.

2. Hizo parte directa del plan criminal contra la periodista, pues estuvo asignado al Grupo G3.

3. Recibía la información de diferentes áreas del DAS sobre la periodista, entre ellas, los grupos GAES, G3 y análisis.

A Medina Alemán la periodista lo define como "uno de los perpetradores de la tortura en mi contra y definió los métodos. Él centralizaba la información, es un hombre escurridizo y ha sabido estar en la clandestinidad desde 2009, pese a ser buscado por las autoridades".

El alegato final de la periodista frente al juez duró una hora y quince minutos, tiempo durante el cual de nuevo volvió a recordar los hechos y personas que le hicieron tanto daño.

Al finalizar, Jorge Molano, abogado defensor de la periodista, solicitó al juez la declaratoria de lesa humanidad de los actos de persecución y tortura de los que fue víctima Claudia Julieta y que ambos implicados sean condenados.

Además, que demandó la imposición de medidas de restablecimiento de los derechos de Claudia Julieta, una de las cuales debe ser que se ordene al Presidente de la República ofrecer perdón por lo sucedido contra ella.

Defensores piden absolución

Los abogados de los señalados de tortura a la comunicadora pidieron la liberación de sus clientes y argumentaron que son inocentes, ya que nunca hicieron nada de los que son señalados por la Fiscalía.

José Miguel Fonseca Arévalo, quien defiende a Medina Alemán, dijo que la Fiscalía ha sido negligente en el caso "adornaron la acusación, no se ha demostrado la responsabilidad ni participación de mi patrocinado, no cumplieron bien con su trabajo y siguen sosteniendo una hipótesis sin fundamento".

Fonseca Arévalo, incluso, al tiempo que reconoció que Duque ha luchado por justicia, también insinuó que algunas pruebas pudieron ser implantadas. Sin embargo, ese extremo no lo demostró.

Jaime Augusto Castillo Farfán, defensor de Ronal Harbey Rivera Rodríguez, destacó que no se puede condenar a alguien cuando no existe actividad ilícita y que la Fiscalía no había cumplido con su trabajo.

"Estoy seguro que a Claudia Julieta le hicieron mucho daño, pero no fue Ronal están inculpando a personas inocentes (…) ella debe buscar justicia y la apoyamos, pero no van a pagar quienes no son culpables", agregó Castillo Farfán ante el Juez.

Por su parte, Rivera Rodríguez aseguró ser víctima de un "proceso político" y pidió su absolución.

Según el abogado Jorge Molano, de ser encontrados culpables los dos acusados podrían ser sentenciados hasta a 22 años de prisión. La sentencia se conocerá en 2018.

[Fuente: Por Marvin David Del Cid, Enviado Especial de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Bogotá, 04dic17]

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