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01mar17
Dos periodistas declararán ante sus torturadores
Se trata de las comunicadoras Claudia Julieta Duque y Jineth Bedoya, víctimas de secuestro, tortura y violación, en el marco del enfrentamiento armado que atravesó a Colombia durante las últimas décadas y que cuenta entre sus rasgos más sobresalientes el accionar de grupos guerrilleros, la connivencia de las fuerzas de seguridad, el poder desmedido, incontrolado y delictivo del sector de inteligencia del Estado y sus formaciones paramilitares. Este 1 y 2 de marzo vuelven a verse cara a cara con sus victimarios.
El 1 y 2 de marzo, en lo que constituyen dos casos muy significativos para la comunidad periodística internacional, las comunicadoras y activistas Claudia Julieta Duque y Jineth Bedoya, declararán frente a sus victimarios en una nueva instancia de sus respectivos procesos judiciales.
El comienzo de estas historias análogas, engendradas por el mismo drama nacional, podemos ubicarlo hace casi diecisiete años. Más precisamente el 25 de mayo del año 2000, cuando Jineth Bedoya, periodista de investigación del diario El Espectador, se dirigió a la prisión de máxima seguridad La Modelo, para recabar información sobre un presunto tráfico de armas que involucraba a paramilitares y autoridades públicas.
La joven periodista de 26 años no sospechaba que, en el ingreso al penal, sería raptada por tres paramilitares que la someterían a torturas y violaciones durante 16 horas. Uno de sus captores sentenciaría: "Presta atención. Le estamos enviando un mensaje a la prensa de Colombia".
Tres años más tarde, trabajando para el periódico El Tiempo, sería secuestrada junto a otro reportero durante cinco días, por las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), cuando se encontraban investigando la desaparición de setenta personas.
Desde entonces, la periodista se ha convertido en una activista por los derechos de las mujeres y ha encabezado distintas campañas, entre las que se cuenta la denominada "No es hora de callar", donde visibiliza la frecuencia y sistematicidad que caracterizaron el secuestro y violación de mujeres durante la etapa de enfrentamientos armados en Colombia.
Luego de ver su caso archivado por más de diez años en la Fiscalía General de la Nación, la comunicadora, acompañada de diversas ONG, impulsó en la OEA una demanda contra el Estado colombiano. Además, en señal de protesta, Bedoya ha devuelto el dinero de su indemnización por la falta de justicia que persiste tanto en su caso como en otros miles de hechos de violencia sexual producidos en el marco del conflicto colombiano.
Bedoya ha sentado una postura respecto al nuevo llamado que el Tribunal Superior de Bogotá realiza para que declare antes sus violadores. La periodista asegura que, tratándose de la doceava vez que debe relatar lo sucedido ante los responsables de sus vejaciones, se contribuye a una revictimización.
Por esto, afronta este nuevo episodio en manifiesto desacuerdo, y solicita un acompañamiento a la sociedad en general durante la próxima Audiencia Pública.
Un idéntico entorno de vulnerabilidad para el ejercicio de la profesión ha signado el caso de Claudia Julieta Duque. En el año 2001, la periodista se encontraba llevando a cabo una investigación sobre el asesinato del comunicador y humorista Jaime Garzón ocurrido dos años atrás. Se trataba, en efecto, de un hecho de gran repercusión social que involucraba paramilitares y organismos de seguridad públicos.
El primer episodio del prolongado martirio que se extendería hasta hoy, ocurre cuando Claudia es secuestrada en el interior de un taxi y uno de sus captores le advierte que eso le sucedía "por querer desenterrar a los muertos".
Pese a las múltiples amenazas que la llevaron entre otras cosas a un exilio, la periodista profundizó sus investigaciones y logró demostrar el montaje judicial por el cual el hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) había desviado la investigación sobre el caso Garzón, haciendo recaer la culpabilidad en los dos autores materiales. Claudia logró que el juez ordenara investigar a los responsables de las "DAS-viaciones", tal como llamó a las maniobras de la agencia de inteligencia. El 10 de marzo de aquel año, en lo que fue una condena histórica, se juzgó al responsable intelectual del crimen, el jefe paramilitar Carlos Castaño, con una pena a 38 años de prisión. Pocas semanas después desapareció; distintas versiones indican que habría sido asesinado por sus propios compañeros.
Sin embargo, la "pena" que finalmente fue ejecutada es aquella que recayó sobre Claudia Julieta Duque por haberse comprometido con la búsqueda de la verdad. Amenazas telefónicas, persecuciones, difamación, acoso, intimidaciones de diversa índole contra ella y su pequeña hija, la forzaron a dos nuevos exilios y a innumerables padecimientos psicológicos.
En 2014, tres funcionarios del DAS se declararon culpables del hostigamiento perpetrado contra Claudia. Hay una orden, aún incumplida, de investigar al ex presidente Álvaro Uribe, como responsable jerárquico del organismo. Además, el mencionado departamento actuó en conjunto con el Grupo Especial de Inteligencia (G-3); la mayoría de los responsables cumplían funciones dentro de ambas agencias.
En marzo de 2016, Duque declaró ante el juez y detalló todos los mecanismos por los cuales fue sometida a una evidente tortura psicológica. Se trata del primer caso en todo el mundo que llega a una instancia penal por torturas psicológicas llevadas a cabo por una agencia estatal de inteligencia. En mayo, otros cuatro funcionarios han sido vinculados a esta trama delictiva, dos de los cuales fueron detenidos durante noviembre.
Este 1 de marzo, se reiniciará el juicio que ya lleva más de dos años. La Fiscalía General de la Nación ha llamado a declarar a los testigos de los cinco procesados hasta el momento -otros dos se hallan prófugos-, algunos de los cuales ya cumplen penas por diversos delitos. Uno de los más renombrados, José Miguel Narváez, presunto ideólogo del paramilitarismo colombiano y acusado por el homicidio de Jaime Garzón, se halla detenido desde hace ocho años en una brigada del ejército, donde goza de un rato privilegiado.
El día 2, será el turno de declarar de Claudia, por lo cual convoca a la comunidad nacional e internacional a que la acompañe en esos cruciales momentos. El juez Martínez, que tomó la causa en 2016, se ha comprometido a romper con el esquema de dilaciones que ha signado al desarrollo de la causa, extendiendo la sensación de impunidad en la periodista.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), organización que representa a 600.000 trabajadoras y trabajadores de prensa en todo el mundo, acompaña a Claudia Julieta Duque y Jineth Bedoya de cara a esta nueva etapa en su larga búsqueda de justicia. Asimismo, llama a las autoridades a evitar todo tipo de dilaciones y actuar con celeridad y transparencia en dos causas que tienen una importancia fundamental en lo que respecta a los derechos humanos, la lucha contra la violencia de género y la defensa de la libertad de expresión.
[Fuente: Federación Internacional de Periodistas, Bruselas, 01mar17]
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