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Colombia: ¿crisis de gobernabilidad o nuevo contexto?

Por Claudia Julieta Duque

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La caída del comandante de las fuerzas militares, Jorge Enrique Mora Rangel, luego del remezón en la cúpula de la Policía y las renuncias de los ministros del Interior y la (IN)Justicia, Fernando Londoño, de Defensa, Martha Lucía Ramírez, y de Medio Ambiente, Cecilia Rodríguez, demuestra que el gobierno del presidente Uribe afronta una aguda crisis que resultaba inimaginable semanas antes de las elecciones del 25 y 26 de octubre. La derrota en el referendo y el triunfo del Polo Democrático en Bogotá, Barrancabermeja, Pasto y las gobernaciones de Valle y Nariño generaron un terremoto político de tal magnitud que no es exagerado afirmar que podría redundar en una crisis de gobernabilidad en el país.

Y no porque se hayan cumplido los negros vaticinios del Ejecutivo en caso de pérdida de la consulta -como diría Daniel Samper "el país no se fue al garete, la economía no naufragó, la guerrilla no se tomó la alcaldía distrital, nadie le prendió candela al Capitolio, la Bolsa de Bogotá trabaja en su horario habitual, Estados Unidos no ha ordenado ningún ataque preventivo y, como dice Vinicius de Moraes, todos los maridos están funcionando regularmente"- sino porque los cambios en el panorama político colombiano demostraron que ningún país puede manejarse a punta de discursos incendiarios, encuestas de popularidad y consejos comunitarios.

El país no aceptó el ultimátum gubernamental "referendo o hundimiento" y retó a su Primer Mandatario a asumir salidas que en lugar de permitirle al Estado congraciarse con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial generen soluciones reales a una crisis social que hoy tiene al 68 por ciento de la población en situación de pobreza o miseria.

Para Uribe Vélez, un presidente que llegó al poder rodeado del aval de la empresa privada, los militares, los paramilitares, los medios de comunicación, el gobierno norteamericano, la banca y un sector mayoritario de la clase política, el revés en el referendo significó un aterrizaje forzoso al interior del Palacio de Nariño.

Uribe entendió que una cosa es diseñar un modelo de gobierno en favor de los grandes poderes económicos y otra muy distinta hacer de Colombia un país viable para 42 millones de habitantes cuyo único anhelo es subsistir en condiciones de dignidad y calidad de vida. Así que cuatro días después de su derrota, el país vio a un presidente humilde -extrañamente humilde- proponer medidas que nadie en Colombia se había atrevido a formular (ni siquiera durante la crisis del 82): pidió la reducción de los intereses de la deuda externa, anunció su reestructuración y la solicitud de una renegociación con los acreedores internacionales. Uribe dijo "tenemos millones de pobres que reclaman inversión. Para la democracia es tan grave que su Estado no pague las deudas como que sus ciudadanos aguanten hambre por pagar deudas".

Y ahí fue Troya. Sus leales colaboradores, todos, provenientes de los sectores que lo eligieron y lo han mantenido con los altos niveles de popularidad que aún goza, le cobraron al presidente esa mezcla de conciencia social y populismo, y decidieron enterrar de un tajo el proyecto de reelección presidencial, alzar sus voces de protesta por la eventualidad de nuevos impuestos al patrimonio y por lo que llamaron las "alarmas internacionales" que según ellos ocasionaron las palabras del presidente.

Como si ello fuera poco, el ministro del Interior y la (IN)Justicia, Fernando Londoño, decidió amenazar con la renuncia presidencial el mismo día en que fue sancionado por las acciones fraudulentas en el caso Invercolsa, hecho que generó su salida del gabinete: ya era difícil sostener a un ministro de Justicia que había calumniado a un juez, la había emprendido en contra de los presidentes de Venezuela y Brasil, había hablado pestes en contra de la Constitución Política colombiana, la acción de tutela, el procurador general de la Nación, la Corte Constitucional y sus opositores con adjetivos y descalificativos que nunca fueron castigados ni siquiera con rectificación.

Pocos días después, la ministra de Defensa -ex ministra de Comercio Exterior en el gobierno de Andrés Pastrana, cuyo esposo además es un reconocido exportador- Marta Lucía Ramírez renunció a su cargo luego de nuevas y públicas desavenencias con el comandante de las fuerzas militares Jorge Enrique Mora por haber intentado poner fin a la corrupción estatal en la contratación de raciones de campaña para los militares.

Durante los quince meses que duró en el cargo, la ministra se había enfrentado con el anterior comandante de la Fuerza Aérea, Héctor Fabio Velasco -quien en septiembre salió por presión del gobierno estadounidense dado su indiscutible involucramiento en la manipulación de la investigación por la masacre de Santodomingo (Arauca, 1998) en la que murieron 18 civiles entre adultos y niños-, la cúpula policial y los altos mandos militares. Las difíciles relaciones entre la ministra y los militares y policías se debían, de un lado, a una importante dosis de machismo al interior de las fuerzas militares y, del otro, al evidente desconocimiento de la ministra en asuntos de seguridad, sumados a sus intentos de racionalizar el gasto público en materia de defensa.

Londoño fue reemplazado por el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Sabas Pretelt de La Vega, y Ramírez por el presidente de Seguros De Lima, Jorge Alberto Uribe -ambos muy cercanos a Uribe Vélez: el primero lo recibió con una ovación de 15 minutos en el congreso de Fenalco días después de su derrota en el referendo y el segundo es su amigo de infancia-.

El nombramiento de dos miembros de la empresa privada en las carteras de Defensa e Interior confirma el hecho de que el presidente Uribe ha decidido hipotecar su gobierno en favor de los intereses de la clase dirigente por la cual fue elegido. Pero tal y como lo afirmó el periodista Daniel Samper "poner tiburones al mando del barco atrae naufragios", y ya comenzaron a verse las fisuras: Sabas Pretelt se mostró contrario al plan de reformas propuesto después de las elecciones del 25 de octubre -el llamado "Plan B" que él mismo tendrá que promover en el Congreso- y las primeras declaraciones del nuevo mindefensa resultaron ser favorables a generar cambios en la cúpula militar ante los escándalos de corrupción.

Así que, casi de inmediato, se cayó la cúpula policial por el mal manejo del fondo de gastos reservados de la Policía y, al día siguiente, presentó su renuncia el general Jorge Enrique Mora Rangel, salpicado por el escándalo con la ministra, en el cual se mostró como defensor de contratos irregulares de compras al interior de las fuerzas armadas.

El día anterior la ministra de Medio Ambiente, Cecilia Rodríguez, también había renunciado, al igual que el director de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, Germán Bula.

El reemplazo de la minambiente no deja de levantar ampollas. Sandra Suárez era hasta ahora la directora del Plan Colombia, es decir, el programa que entre otras cosas tiene a su cargo las fumigaciones aéreas con glifosato. Hasta el diario El Tiempo cuestionó el hecho de que "no parece la mejor de las señales enviar a alguien del Plan Colombia (cuyas fumigaciones han sido motivo de polémica) a ocuparse de esta área. El país está en mora de un timonazo en materia ambiental y no está claro si la nueva Ministra tenga las capacidades y la experiencia".

Una mano dura vulnerable.

En este contexto, hay quienes aseguran que el país cambió y el modelo Uribe Vélez está en crisis. Sin embargo, vale la pena preguntarse sobre las consecuencias en el estilo de gobierno que tendrán -si las tienen- los cambios que se han presentado hasta el momento.

De un lado, queda claro que en Colombia primero cae un corrupto antes que un violador de derechos humanos. El general Mora Rangel tiene una orden de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación que data de marzo de 2002, por su presunta autoría intelectual en el atentado contra Wilson Borja, entonces dirigente sindical y actualmente representante a la Cámara. Durante año y medio no ha sido posible que el general Mora sea investigado, y el fiscal que emitió la resolución que afectaba al general fue destituido por el actual fiscal general, Luis Camilo Osorio.

Además, mientras Mora se cayó por defender contrataciones irregulares en las fuerzas militares, el presidente de la República ha mantenido en su cargo al jefe de seguridad de la Casa de Nariño, mayor Mauricio Santoyo, quien tiene una orden de destitución fulminante por parte de la Procuraduría General de la Nación por la interceptación ilegal de más de 2.000 líneas telefónicas de defensores y organizaciones de derechos humanos en Medellín durante la época en que Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, investigación que surgió luego de la desaparición forzada de dos miembros de ASFADDES, ONG que reúne a los familiares de los desaparecidos en Colombia.

Algo similar podría decirse del ahora ex director operativo de la Policía Nacional, general Luis Alfredo Rodríguez Pérez, quien fue relevado por el escándalo de corrupción en la institución y no por los distintos señalamientos en su contra -incluidos los de la extinta banda paramilitar de La Terraza- relacionados con violaciones a los derechos humanos. Rodríguez Pérez, además, tuvo a su cargo durante todo este tiempo las capturas masivas basadas en informes de ex subversivos o informantes profesionales al servicio de las brigadas militares en todo el país, en las cuales han caído alcaldes, funcionarios públicos, líderes comunitarios, sociales, estudiantiles, etc., 128 de los cuales fueron dejados en libertad la semana pasada en el departamento de Sucre.

De otro lado, es claro que el presidente Uribe parece estar fortaleciendo su círculo de colaboradores con personas leales a su pensamiento de derecha y cercanos a su estilo de gobierno en Antioquia. Bien lo afirmó el analista Rodrigo Pardo al asegurar que el presidente "busca oxígeno para no hacer concesiones a quienes le piden que, debilitado por la derrota electoral, se mueva al centro. El cambio de Fernando Londoño por Sabas Pretelt es el relevo de la derecha ideológica por la derecha pragmática. Y el de Marta Lucía Ramírez por Jorge Alberto Uribe ratifica su intención de conservar el manejo de la guerra. Que empresarios y Fuerzas Armadas cierren filas para asegurar la viabilidad del proyecto bandera: ganar la guerra".

En este marco, los cambios en las fuerzas militares, la policía y los ministerios parecieran indicar que, en lugar de representar un nuevo contexto para la gobernabilidad del país debido al panorama político después del 25 de octubre, lo que se está viendo es una recomposición de las fuerzas de la propia derecha, con las cuales Uribe espera continuar hasta el final de su mandato y sacar avantes proyectos claramente lesivos de las garantías ciudadanas como el Estatuto Antiterrorista, el fuero disciplinario para las fuerzas militares, los límites a la tutela y a las facultades de la Corte Constitucional, entre otros.

En un contexto así, y sin Defensor del Pueblo (Eduardo Cifuentes renunció para irse a la UNESCO y el funcionario encargado ha mostrado ser abiertamente uribista) sólo queda preguntarse cuál será el rol de esperanzas políticas como la del Polo Democrático Independiente en favor de los intereses y los derechos fundamentales de la población, quiénes asumirán el liderazgo en la denuncia y la oposición, y cuál será la posición del nuevo alcalde de Medellín frente al proceso de diálogo con los paramilitares, cuya primera desmovilización está prevista para fines de este mes en esa ciudad, donde fue él elegido a nombre de la Alianza Social Indígena.

Sin duda, Colombia asiste a una crisis en un modelo de gobierno que hasta ahora se había sostenido gracias a la credibilidad de su líder y sus discursos veintejulieros. En momentos así, bien lo señalaron Max Weber y Guillermo O'Donell, los líderes terminan por adoptar una de dos posturas: o democratizan su accionar o se radicalizan en el autoritarismo (neo-autoritarismo, según O'Donell). Y aunque la opción adoptada hasta el momento por el presidente no da pie para el optimismo, sí ha dejado al descubierto la profunda vulnerabilidad del talante de “mano dura” de este gobierno, que ante su primera derrota –y el llamado de atención por parte de sus gobernados que ésta implica– ha decidido entregar importantes piezas de su equipo de trabajo con tal de no cambiar sus métodos y estrategias.

Vulnerabilidad que, por otro lado, todos los opositores al presidente han reconocido casi de inmediato: desde los abstencionistas hasta los futuros rivales de Uribe en el liderazgo político, e incluso aquellos que en algún momento se vieron perjudicados por el discurso uribista, como el presidente Lucio Gutiérrez de Ecuador, han salido a cobrar políticamente la arrogancia gubernamental.

Sin embargo, la vulnerabilidad del régimen por sí misma no significa nada para un país como Colombia, pues mientras el fraude electoral en las elecciones parlamentarias y la derrota del presidente Eduard Shevardnadze en el referendo en Georgia han generado una crisis política que amenaza con hundir a quien ha regido los destinos del país durante más de 40 años, en Colombia los hechos reciente sólo permiten prever nuevas esperanzas sin mayores cambios posteriores.

Bogotá, 12 de noviembre de 2003.

Este documento ha sido publicado el 15dic03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights