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22mar11
Los delicados casos que llevaba la jueza asesinada en Arauca
Gloria Constanza Gaona llevaba tres años como juez penal del circuito de Saravena (Arauca). A pesar de tener en sus manos difíciles casos de la región, no contaba con ningún tipo de seguridad.
Sobre las 8:00 a. m. de este martes sonaron varios disparos en el centro de Saravena (Arauca). Cinco en total. El blanco fue la jueza Gloria Constanza Gaona, a quien se le acercó un hombre y sin decir nada comenzó a dispararle. Gaona murió en el mismo lugar del ataque.
La jueza acababa de llegar de Tunja (Boyacá). Allí pasó el puente festivo y regresaba a trabajar en Saravena, en donde hacía tres años se desempeñaba como juez penal del circuito. La jueza era de Tunja (Boyacá) y es mamá de dos hijos.
Fuentes del Tribunal Superior de Arauca le contaron a Semana.com que la jueza había llegado a trabajar en la región, luego de desempeñarse en varios cargos de la rama judicial en Leticia y Boyacá. Su cargo más reciente fue juez promiscuo en Arcabuco (Boyacá). En la actualidad Gaona adelantaba estudios de posgrado en derecho de familia en Bogotá, al tiempo que llevaba los casos más difíciles de la región.
Su nombre sonó hace apenas unos días cuando anunció que compulsaría copias para que la judicatura investigara a las dos últimas abogadas, integrantes de la Defensoría Militar Integral (DEMIL), del teniente Raúl Muñoz, principal sospechoso del asesinato y la violación de una niña de 14 años y la muerte de sus dos hermanitos, de 9 y 6 años, en la vereda El Temblador, de Tame (Arauca). Un caso que también ha llamado la atención de medios de comunicación y columnistas (ver columna El indefenso).
Pero ese no era el único caso ‘duro’. También, y según fuentes consultadas por Semana.com, tenía en sus manos asuntos de alto impacto como los de rebelión de miembros de las FARC y del ELN, atendía también procesos relacionados con el narcotráfico.
No se conocía de amenazas en su contra. Tanto, que a pesar de que se sabía de la gravedad de los casos que adelantaba, no contaba con un esquema de seguridad. “Se movía por las calles del municipio sola, montaba en bus”, señaló a Semana.com una fuente que pidió no ser identificada.
Entretanto, el Gobierno anunció la conformación de un grupo de alto nivel para investigar el crimen y ofreció una recompensa de 500 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos.
El presidente Juan Manuel Santos se comunicó en las últimas horas con la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, con quienes acordó la conformación de la comisión investigadora para este caso, integrada por el director de la DIJIN y la directora del CTI, quienes se trasladarán en las próximas horas a Arauca.
El comandante de la Policía de ese departamento, coronel William Guevara Meyer, señaló a Semana.com que la jueza, de 37 años, no había recibido amenazas y que por eso no tenía un esquema individual de seguridad.
“Pero tenía un plan padrino, que es un esquema de seguridad que envuelve unas cuadras en donde viven las autoridades o personas que puedan tener un riesgo”, explicó el coronel, quien además señaló que las autoridades locales están a la espera de que llegue el equipo de alto nivel del Gobierno que evaluará el tema.
Señala que es apresurado relacionar el caso de los niños asesinados a finales del año anterior con la muerte de la abogada. “Ella llevaba varios tipos de casos, por lo que relacionarlo con el caso de los tres hermanos es una noticia infundada para desacreditar. Sólo la investigación dirá quiénes fueron los autores”, aseguró Guevara.
Piden trasladar caso
El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, pidió a los organismos competentes considerar el cambio de radicación del proceso de los tres menores asesinados a otra región del país, para que “el juicio se pueda adelantar en condiciones adecuadas de seguridad para los funcionarios judiciales competentes, y quienes puedan aportar información para el esclarecimiento de los hechos, lo mismo que para los familiares de las víctimas”.
La senadora Gilma Jiménez, por su parte, le pidió a la fiscal Viviane Morales y al Consejo Superior de la Judicatura que el caso de los niños sea llevado a la capital del país.
Con ella coincidió el director de la ONG Humanidad, Luis Alfonso Ruiz, quien también solicitó que el caso que se adelanta contra el teniente Raúl Muñoz por ser sospechoso del homicidio de los niños sea trasladado a Bogotá. Aseguró que en Arauca no existen garantías para adelantar el proceso de forma transparente.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 22mar11]
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