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27mar11
Del alma paraca
No lo podía creer, pero ocurrió. Con ocasión del asesinato de la jueza de Saravena, Gloria Carmenza Gaona, el vicepresidente Angelino Garzón, en una de las tantas entrevistas que concedió para repudiar en nombre del Gobierno el execrable crimen —porque él también oficia de presidente y ministro de Justicia— a la pregunta sobre si estaba de acuerdo con la idea de algunos jueces intimidados y legítimamente desconfiados, de contratar vigilancia privada para garantizar su seguridad, contestó que esa podría ser una alternativa posible.
Un país donde sus jueces no puedan ser protegidos por la fuerza legítima del Estado al que ellos sirven, sino por mercenarios, no tiene salvación. La absurda idea de que sean vigilantes particulares quienes protejan a los encargados de aplicar la ley, es además la inmoral herencia que en la conciencia colectiva nos ha dejado esa máquina de la muerte del paramilitarismo, alentada por la cultura de agresión permanente e injustificada a los jueces.
Es doloroso decirlo, pero lo cierto es que en Colombia existe una siniestra costumbre de la que son víctimas los jueces, que va desde asesinarlos hasta amenazarlos y ultrajarlos en público y en privado.
El crimen de la jueza Gloria Carmenza, a plena luz del día, muy pronto se olvidará y del terrible atentado sólo quedará memoria en las estadísticas recogidas en ese vergonzoso listado de jueces sacrificados en el cumplimiento de sus deberes.
Desde las épocas de Pablo Escobar, la mafia patentó la pavorosa fórmula de controvertir las decisiones judiciales por el sangriento camino de aniquilar a quienes las profieren. Eso lo han sabido todos los gobiernos y aun así a una persona tan indefensa como la doctora Gaona la dejaron sola en una población cargada de peligros, apenas acompañada de unos gruesos expedientes, de alguno de los cuales debió haber salido la orden de su ejecución.
¿Quién mató a la jueza Gaona ? Es posible que no lo sepamos nunca. Tampoco supimos quién fue el autor de las amenazas a otra jueza, María Estela Jara, quien hoy soporta un pesado exilio por cuenta de haber conducido un proceso contra otro exmilitar comprometido en las desapariciones de civiles en el holocausto del Palacio de Justicia en 1985. Sólo porque la amenazaron y le hicieron la vida imposible, paradójicamente la doctora Jara contó con mejor suerte que la jueza de Saravena, pues por causa de esa zozobra logró refugiarse en otro país, antes de que las balas asesinas la silenciaran.
La cultura del menosprecio a los jueces también se ha fortalecido con insultos y agresiones descomedidas y desinstitucionalizantes, como las que protagonizó el gobierno anterior. Campaña de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia, “chuzadas” y seguimientos ilegales a los magistrados, complot contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, urdido desde una cárcel antioqueña y en connivencia con encumbrados personajes vinculados al alto Gobierno, y, como si fuera poco, acusaciones injustas y en tono encendido lanzadas unas por el capataz Uribe, y otras por unos subalternos altaneros, como el exministro Diego Palacio, o el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, temerarios denunciantes de los jueces que no se rindieron ante la “parapolítica”.
En vez de rodear a los jueces de ejércitos privados, que ya sabemos en qué terminan, más le serviría a esta sociedad desactivar el tenebroso hábito de creer que los servidores judiciales sólo tienen derecho de morir asesinados o vivir vilipendiados.
Adenda. A Alejandro Ordóñez le parecieron delictuosas las fotos artísticas de la revista SoHo denunciando la pedofilia de unos curas, pero no dijo ni pío frente a la actitud delincuencial de esos vicarios de Cristo. “Absolvedor” y además cómplice de la impunidad.
[Fuente: Por Ramiro Bejarano, El Espectador, Bogotá, 27mar11]
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