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22oct04
Denuncian exterminio de jóvenes en Ciudad Bolivar.
La Corporación Colectivo de Abogados (CCAJAR), el Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) DENUNCIAN ante la opinión pública nacional e internacional el asesinato de tres adolescentes en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá cometido por miembros de la Policía Nacional y la complicidad de las entidades estatales encargadas de investigar los hechos y prestarles atención médica a los sobrevivientes, como parte de una campaña de exterminio sistemático de jóvenes en Altos de Cazucá.
Hechos
1. El sábado 16 de octubre de 2004, aproximadamente entre las 6.30 de la tarde y las 7.10 de la noche, fueron asesinados Johnatan Jiménez, de 16 años, considerado el mejor jugador de microfútbol de Ciudad Bolívar y uno de los mejores estudiantes del Instituto Cerros del Sur del barrio Potosí de esa localidad, y Ancízar Castro, de 17 años. Con ellos estaba el también adolescente José Francisco Dávila, quien sobrevivió al ataque pero recibió un disparo en la parte inferior mandíbula. Los tres se dirigían a una fiesta juvenil que habría esa noche en el barrio.
2. De acuerdo con los testigos, el ataque fue cometido por cuatro hombres que se movilizaban en dos motos de la Policía Nacional, vestidos con uniformes de la institución y encapuchados.
3. Los testigos vieron cómo después de cometidos los hechos los cuatro perpetradores se retiraron del lugar y casi de inmediato llegó un camión, al parecer de la SIJIN (Cuerpo de Inteligencia de la Policía) al que fueron montados los tres jóvenes por hombres que usaban guantes blancos. El reporte oficial del Hospital El Tunal, a donde llegaron las víctimas -dos de ellos aún vivos- y la información del agente Orjuela, también de la Policía, quien estaba de turno en el Hospital, es que los jóvenes fueron llevados por funcionarios de la Policía que los encontraron en la vía pública.
4. Las tres víctimas ingresaron como N.N. al hospital El Tunal, pero casi de inmediato agentes de la propia Policía fueron en busca de los padres de una de las víctimas y les pidieron que fueran a identificar a su hijo porque había sido asesinado. Llama la atención el hecho de que, pese a estar presuntamente indocumentados -lo cual niegan las familias de las víctimas- funcionarios de la Policía hubieran logrado identificar a los parientes de los jóvenes atacados.
5. Tanto Ancízar como Johnatan y Francisco permanecieron como N.N. en el hospital El Tunal hasta el domingo 17 de octubre, pese a que las familias recibieron información durante la madrugada sobre el estado de salud de sus hijos, y a pesar de que la patrulla Velos 32 de la SIJIN tenía sus nombres desde las horas de la noche, según informaron a defensores de derechos humanos que se hicieron presentes en el Hospital. El personal de la SIJIN atribuyó el hecho a un caso de "limpieza social" y, sin embargo, otros funcionarios de la Policía Nacional informaron a los medios de comunicación que se trató de una "guerra entre pandillas".
6. De acuerdo con algunos miembros de la comunidad que llegaron al hospital luego de ser alertados sobre los hechos, fue posible observar durante la noche del sábado el ingreso de al menos otras tres víctimas, todos adolescentes, provenientes de Ciudad Bolívar en circunstancias similares a las de Ancízar, Johnatan y Francisco. No obstante, el gerente de fin de semana del Hospital El Tunal, doctor José Barrera, negó esta versión ante miembros de organismos de derechos humanos. Sin embargo, la Secretaría de Salud fue informada del ingreso de al menos cinco víctimas.
7. La actitud del gerente de fin de semana del Hospital El Tunal, doctor José Barrera, fue muy displicente hacia las familias de las víctimas y los defensores de derechos humanos. Más grave nos parece el hecho de que José Francisco Dávila, el adolescente que sobrevivió al ataque, apareció con tres tiros de bala el martes 19 de octubre pese a que tanto el doctor Barrera como el médico Mauricio Higuera afirmaron a defensores de derechos humanos que había recibido un solo disparo en la mandíbula. Exigimos frente a este hecho una acuciosa investigación de parte de las autoridades disciplinarias y penales, así como de la Secretaría de Salud del Distrito.
8. Igualmente censurable es la actitud del fiscal 282 de turno en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y los miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones que lo acompañaron el día domingo 17 de octubre, quienes entregaron a la familia de una de las víctimas sus prendas de vestir con la orden de botarlas a la basura, hecho que desconoce los más mínimos principios de la cadena de custodia y abre el camino de la impunidad para estos graves ataques contra la población civil de Ciudad Bolívar. Como si ello fuera poco, miembros del CTI intentaron presionar a las familias para que aceptaran que sus hijos eran drogadictos, y el fiscal de turno presionó para que una de las familias retirara el poder que minutos antes había otorgado a los defensores de derechos humanos, bajo la amenaza de que si las ONG tomaban el caso el cadáver de su hijo sólo sería entregado hasta el viernes 22 de octubre.
Antecedentes
1. Los hechos arriba enunciados se enmarcan dentro de un contexto de asesinatos y criminalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Ciudad Bolívar, que ha sido denunciado por diferentes organizaciones sociales y comunitarias que trabajan en la zona de Altos de Cazucá. Se calcula que más de 850 niños y adolescentes han sido asesinados en los últimos cinco años y que 620 han sido desaparecidos o reclutados entre agosto de 2003 y agosto de 2004.
2. A finales de 2003 la ONG Fedhes denunció la presencia de hombres vestidos de civil y encapuchados en el sector, quienes controlan militarmente la zona, donde son constantes los patrullajes y los ingresos arbitrarios a las viviendas, someten a sus moradores a graves atropellos contra su vida y dignidad. De igual forma, retienen los vehículos de transporte público para confrontar la identidad de sus pasajeros y decretan, en algunas oportunidades, el toque de queda a partir de las 6:00 p.m. para los jóvenes.
3. Las localidades de Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar constituyen el mayor asentamiento de población desplazada de todo el país. Albergan la casi la totalidad de las familias que llegan a Soacha y Bogotá desplazadas por el conflicto armado. Esta problemática afecta principalmente a los jóvenes, quienes no sólo son desarraigados sino que son estigmatizados por los diferentes actores del conflicto, lo que ha desatado una ola de "limpieza social" que se ha recrudecido desde comienzos de 2003.
4. Se calcula que el 55 por ciento de la población desplazada asentada en Ciudad Bolívar está conformada por personas menores de 18 años de edad. En esta zona se presenta una alta conflictividad que a niños, niñas, adolescentes y jóvenes afecta especialmente a través del exterminio, el reclutamiento y la desaparición, así como a través del control social que ejercen los actores armados con la prohibición del uso de piercing, trenzas y cabello largo, entre otros.
5. En mayo de 2004 el gobierno emitió una nueva alerta temprana sobre 252 barrios de Ciudad Bolívar, que se sumó a la ya emitida en agosto de 2002 por la Defensoría del Pueblo.
6. No obstante, urge una verdadera intervención social y política en Ciudad Bolívar, así como una acción independiente de los organismos de investigación y de las autoridades de salud, pues acciones como las que hoy denunciamos dan cuenta de responsabilidad por complicidad y omisión en estos hechos.
Exigimos
1. A las autoridades penales y disciplinarias: conformar un grupo especial para la investigación de los crímenes de Ciudad Bolívar, la participación de funcionarios de la Policía Nacional en los hechos y la eventual complicidad de los funcionarios de la Fiscalía del sector y las autoridades del Hospital El Tunal; encontrar y sancionar a los responsables de estos hechos; y proteger a los testigos para que no sean presionados o asesinados antes de declarar ante los funcionarios competentes.
2. A los gobiernos distrital y nacional: intervenir social, económica y políticamente en Ciudad Bolívar y apoyar los esfuerzos de la comunidad para encontrarles salidas viables a las vidas de sus niños, niñas y adolescentes; respetar y promover las organizaciones sociales y comunitarias, y brindar oportunidades de desarrollo para una población que más allá del desarraigo vive en precarias condiciones que lesionan sus derechos y dignidad.
Nos sumamos al clamor de la comunidad educativa del Instituto Cerros del Sur y con ellos "nos negamos a creer que la única posibilidad segura para los jóvenes sea la muerte".
Bogotá, 22 de octubre de 2004
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