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12oct17
Las observaciones de la FARC a la JEP
Resuelto el primer debate en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, queda claro que la discusión sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) seguirá subiendo de tono. Primero, porque Cambio Radical sigue inconforme con el articulado; segundo, porque el fiscal Néstor Humberto Martínez, aunque logró que se le aprobaran algunas modificaciones, teme que la discusión se reabra en varias de ellas, y tercero, porque la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) considera que el texto aprobado el lunes no cumple con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz.
Es por esto que desde el mismo momento en que se aprobó la iniciativa, el Gobierno ha venido buscando un espacio para que el jefe del ente acusador se reúna con los delegados de la exguerrilla en la Comisión de Implementación y busquen un consenso frente a una serie de temas que los han enfrentado en los debates en el Legislativo. Reunión que se produjo ayer mismo para que la espina dorsal del Acuerdo quede incluida en el ordenamiento jurídico nacional.
Y es que, para quienes dejaron las armas hace más de un mes, lo que ha venido ocurriendo en el Congreso con esta iniciativa es, en la práctica, una "renegociación" de lo pactado en Cuba. Según ellos, las modificaciones impulsadas por Martínez buscan ampliar las competencias de la jurisdicción ordinaria a la llamada justicia transicional y por está vía dejar abiertas pequeñas ventanas procesales para que los excombatientes terminen tras las rejas, aun cuando hayan cumplido con sus compromisos.
Las modificaciones al texto propuestas por el fiscal general tienen prendidas las alarmas en el movimiento Voces de Paz, pues, para Francisco Toloza, uno de sus voceros, "los aportes planteados no corresponden a lo acordado. En términos técnicos se resumen en una ampliación de las competencias de la jurisdicción ordinaria en detrimento de la jurisdicción especial, a pesar de la impunidad, que según el mismo fiscal es del 99 %. En términos políticos crean suspicacias, porque parecieran dibujar rutas de judicialización a través de la justicia ordinaria contra los miembros de la FARC. A eso habría que agregarle aportes de congresistas que violan lo pactado y la misma Constitución, como la propuesta de Viviane Morales".
Para Toloza, los temas más problemáticos son los que tocan asuntos como el listado de los integrantes de la Farc, pues el jefe del ente acusador impulsó una modificación que establece que el documento que debe ser tenido en cuenta es el del 15 de agosto de 2017. "La Ley de Amnistía dice que los listados no se cierran sino cuando lo haga la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial de Paz, y es de público conocimiento que esta aún no está funcionando", refirió el representante de Voces de Paz.
Otro de los asuntos a discutir entre la FARC y Martínez es lo que tiene que ver con los llamados delitos de efecto continuado. "No es cierto que hay zonas de penumbra jurídica. La competencia de la JEP atañe hasta el 1° de diciembre de 2016. Pero el fiscal quiere introducir que así el delito se haya cometido antes de esa fecha, pasa a su jurisdicción si tiene efectos continuados. Por ejemplo, en el caso de los cultivos de uso ilícito: se acusa a alguien de haber sembrado coca en septiembre de 2016, esa persona pasó a la zona veredal, pero el cultivo no se erradicó porque el proceso no ha avanzado con el Gobierno. Entonces eso pasaría a la jurisdicción ordinaria", puntualizó Toloza.
Durante los debates en el Congreso, el jefe del ente acusador insistió en que el Acuerdo dejaba abierta la puerta para que desertores y disidentes gozaran de beneficios jurídicos y logró una redacción que a su juicio evitaba este problema. Sin embargo, para Voces de Paz, lo que quedó es una fisura por donde terminarán judicializados los comandantes de la guerrilla desmovilizada. "Está claro que ni Gentil Duarte ni ningún disidente va a ser beneficiado por la JEP. Entonces, si un guerrillero dejó las armas, se concentró, pero resulta que en 2022 lo acusan de contrabando de gasolina, ¿entonces perdería los beneficios? Eso parece más una trampa", añadió.
Toloza también expresó su preocupación por artículos como el que toca "la cesación de la acción penal del Estado", pues según dice, un soldado involucrado en algún delito en el marco del conflicto, podría no verse beneficiado con el Acuerdo, porque sus conductas hacen parte de las no amnistiables y eso sería injusto. Y finalmente se refirió a lo que se denomina economía de guerra y el tema de los testaferros.
"El fiscal propone que si hay una omisión del listado de testaferros, causaría una expulsión de la JEP. Dice que si se descubren bienes que no están en el inventario, es una falta grave. Eso promueve los falsos testigos o los montajes. Por ejemplo, si aparece un propietario de un bien que dice que tiene una finca del Quinto Frente, entonces el comandante termina excluido por no informar, pero tal vez él no haya conocido de la existencia de ese bien. Lo que hemos planteado es que todos los bienes que la Fiscalía identifique como propiedad de las Farc pasen al fondo para reparar a las víctimas. La omisión no es consciente, solo es falta grave si hay disposición de ocultar el bien después de la entrega del inventario. Es decir, si se comprueba que el comandante usaba ese bien", concluyó.
[Fuente: Por Alfredo Molano Jimeno, El Espectador, Bogotá, 12oct17]
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