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12may17
En firme, primer funcionario de la JEP
La curva de solicitudes de libertad condicional y de amnistía de iure va en ascenso. El acuerdo de paz con las Farc dejó una gran puerta abierta en materia de interpretación acerca de quiénes pueden ser los destinatarios de los beneficios de la justicia transicional, por lo que el número de colombianos que busquen acogerse a esa nueva jurisdicción aún es incalculable.
La preocupación de los jueces y magistrados que tienen que aplicar las normas creadas en el marco de la paz no es menor. Están concentrados interpretando con lupa los por menores de estas con el fin de definir quiénes pueden quedar en libertad y quiénes no por hechos cometidos en el marco del conflicto armado.
Por ello, por lo menos para el sector de la justicia, el Comité de Escogencia que está conformado por cinco juristas de las más altas calidades, acaba de dar uno de los primeros pasos. Después de varias semanas de espera ratificaron a Néstor Raúl Correa como Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura llevaba ejerciendo funciones temporales desde el 26 de enero. De hecho, como encargado comenzó a firmar las primeras actas donde avala la libertad condicional de guerrilleros y agentes de Estado. Y aunque se trata de una bendición inicial que tendrá posteriores controles en la Jurisdicción Especial, casos como el del exministro de Salud Diego Palacio le costó una polvareda política por cuenta de haber hecho afirmaciones sobre los términos en que este se acogía a las reglas de paz.
A través de un comunicado, los juristas José Francisco Acuña, Diego García Sayán, Claudia Vaca, Álvaro Gil Robles y Juan Méndez anunciaron la decisión, después de estudiar el amplio informe presentado por Correa, en donde expone avances y planes para la puesta en marcha de la JEP.
En cuanto al proceso de selección de los demás integrantes, el Comité de Escogencia convocó entre el 8 y 12 de mayo a varios sectores de la sociedad civil, entre los que están plataformas de derechos humanos y de paz, organizaciones de víctimas, de mujeres y de grupos étnicos, así como grupos sindicales y militares en retiro para consultar acerca de cómo debería darse este procedimiento.
El Comité también se reunión con el CICR y con la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas para consultar los criterios para la elección de quien dirigirá la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
Con la ratificación del primer funcionario que entrará en funciones dentro de la Justicia Especial comienza en forma la conformación del tribunal, que será el que tiene la competencia de revisar e impartit justicia sobre todos los hechos relacionados con el conflicto armado colombiano.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 12may17]
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