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06ago08
Un "detalle insignificante": Jaque al CICR, a Telesur y a Ecuavisa
Y ahora resulta que los "héroes" que iban a ser condecorados con la Gran Cruz de Boyacá por el rescate de Ingrid Betancourt y otros 15 secuestrados son unos traidores a la Patria por haber divulgado el video en el que demuestran, una vez más, la mentira y la manipulación características del Estado colombiano, además del uso del logo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de los canales Telesur y Ecuavisa con total premeditación y alevosía. Así paga el diablo a quien bien le sirve, dicen por ahí.
Más allá de la necesaria y obligada reivindicación de las normas humanitarias y los estándares internacionales en materia de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y de recordar que el Ejecutivo colombiano –como bien lo señala el magistrado Jaime Araújo en su salvamento de voto sobre la reelección– está en el poder gracias al crimen y la corrupción, urge repensar el papel del periodismo en un contexto como el actual, en el cual el fin parece justificar cualquier tipo de medios.
Es mucho más que repudiable la utilización de logos periodísticos en operaciones militares, sea cual sea el propósito de las mismas. Ni qué decir del uso de los emblemas del CICR. La humanidad ha tardado más de 60 años en construir un símbolo de neutralidad, independencia e imparcialidad a través de la Cruz Roja, y esos esfuerzos han quedado reducidos a nada en el contexto colombiano luego del grave delito internacional cometido por el gobierno Uribe. Pasará mucho tiempo antes de que estemos en condiciones de evaluar el efecto de este engaño en otras operaciones humanitarias, en otros intentos de diálogo, en otras negociaciones en el mundo entero.
Algo similar podría decirse del uso de los logos de Telesur y Ecuavisa. Lo más grave es que aunque para el ministro de Defensa estas cosas sean tan sólo un "detalle insignificante", lo cierto del caso es que no es la primera vez que el Estado colombiano, a través de sus fuerzas armadas, se adueña de nuestros símbolos para llevar a cabo sus labores: se sabe, por ejemplo, que en varias conferencias organizadas por ONGs de derechos humanos en Arauca, miembros de la "inteligencia" militar y policial han ingresado con cámaras, uniformes y equipos de canales regionales, y se han hecho pasar por periodistas para indagar los nombres de los participantes, para realizar tomas y fotografías, etc., y que éstas han sido posteriormente usadas como "pruebas" en medio de montajes judiciales.
Pero además es válido cuestionarse a dónde han quedado reducidas ahora las trincheras de la libertad de prensa en Colombia.
En los años 80 los medios de comunicación fueron víctimas de todo tipo de manipulaciones, las cuales incluso llevaron al rompimiento de los diálogos con el M-19 tras la divulgación de una noticia que a la postre resultó ser falsa. Luego, en 1985, durante la toma y la contra-toma del Palacio de Justicia, el gobierno impuso la censura directa, y sólo hoy, 22 años después, sabemos con algo de detalle los por qués: sólo silenciando al periodismo era posible ejecutar una masacre de tamaña proporción (141 muertos y 11 desaparecidos) en pleno centro de Bogotá, sin que "nadie" se enterara.
Si le creemos al libro de Virginia Vallejo, de aquellas épocas hay varios periodistas que sobrevivieron a todo tipo de persecuciones, seguimientos y ataques, hasta el punto de que una colega fue violada y torturada por miembros del DAS que la acusaban de tener una relación sentimental con un comandante guerrillero.
Podría decirse que en Colombia siempre les ha estado vetado a los periodistas acercarse a los actores armados. Sin embargo, a pesar de eso, hace 18 años, en 1990, los periodistas realizaban entrevistas a los grupos armados y, pese a que se escuchaban voces señalándolos de pertenencia o simpatía con uno u otro grupo, de allí no pasaba la cosa: para la mayoría era válido consultar a los actores armados sobre diferentes temas de actualidad, e incluso se consideraban exclusivas que tenían gran repercusión en otros medios, tanto nacionales como internacionales.
Para 1997, cuando se estableció la zona de despeje para los "diálogos" entre guerrilla y Estado, la cosa mejoró a tal punto que incluso era permitido registrarse como corresponsal en el Caguán y, en medio del cubrimiento, era normal que en los medios se escucharan las opiniones y discursos de los negociadores de las FARC. Pero a los señores de la guerra esta situación se les hizo sinónima de connivencia con la guerrilla, y se desató una guerra sucia en contra de muchos de los colegas que allí estuvieron: para citar sólo varios ejemplos, hoy están exiliados o continúan siendo perseguidos Jorge Enrique Botero, Martín Movilla, William Parra y Hollman Morris. Algunos de ellos fueron señalados porque participaron en varios encuentros "sociales" (fiestas) a las que asistieron miembros de la guerrilla, como si bailar o departir con los seres humanos que hay detrás de los fusiles fuera un delito mayor.
Casi simultáneamente recomenzó el alineamiento de los colegas y los medios en torno a las versiones oficiales. Y empezaron a aparecer en televisión Carlos Castaño y otros monstruos justificando el accionar paramilitar "antisubversivo", que incluía, por ejemplo, decapitar en la plaza central de San José de Apartadó a una niña de 12 años como método de "disuasión contra la guerrilla". El mensaje que se transmitió a partir de entonces fue: "o los guerrilleros se uniforman o los matamos vestidos de civil". Y vinieron Mapiripán, El Salao, Las Tangas, Pueblo Nuevo, etc., etc. Y el país, aterrorizado, no dijo nada o casi nada.
De allí en adelante, los periodistas que osaban tener cualquier tipo de fuente en la guerrilla o en ONGs, sindicatos y grupos de oposición estigmatizados como guerrilleros, corrían todo tipo de riesgos para poder divulgar una información.
Jaime Garzón, el alma del humor nacional, fue asesinado en 1999 por ejercer labores de intermediación en casos de secuestro con mayor éxito que cualquier oficina antisecuestro de la Policía, el Ejército o la Presidencia (gracias a él fueron liberadas más de 50 personas en tan sólo seis meses). Lo que se vino de allí en adelante fue lo que yo siempre he llamado "el principio del fin de la libertad de expresión en Colombia". Si Jaime Garzón fue asesinado, decían los colegas, es porque algo debía. Otros simplemente reflexionaban: si Garzón fue asesinado, cualquiera puede serlo en este país. Y nos callamos. El país se calló.
Producto de ese silenciamiento y del triunfo del proyecto paramilitar en Colombia han sido la primera y la segunda elección de Álvaro Uribe, y probablemente lo será también la tercera. Desde el año 2000, los periodistas colombianos pagamos una altísima cuota por la independencia, y el resultado natural ha sido la autocensura que hoy sufrimos y sobrevivimos.
En este contexto, el 4 de febrero se realizó una marcha contra el secuestro que no fue otra cosa diferente a la entrega de un cheque en blanco al presidente Uribe, con el aval de los medios de comunicación: "no más FARC". Las consecuencias de ese endoso saltaron a la vista durante el bombardeo a territorio ecuatoriano el 28 del mismo mes, en el que se cometieron no menos de seis crímenes de guerra de carácter internacional y una masacre de 20 personas, además de la desaparición de 11 guerrilleros sobrevivientes (si le creemos al comunicado de las FARC sobre el tema) y la eliminación de alias "Raúl Reyes".
Y como no pasó nada diferente a un gran salto en las encuestas y un gran escándalo (que en Colombia fue debidamente manipulado a favor del Estado) en la OEA, Ecuador y Venezuela, vino la Operación Jaque. Pobre del juego-ciencia, cuyas normas impiden el juego sucio y sólo permiten celadas que respeten las reglas fijadas para moverse en esos 64 escaques, usado y manipulado para darle nombre a algo que debió llamarse "Operación Troya" o algo parecido. Pero no jaque, porque todos los jaques del ajedrez son dignos y respetuosos del contrincante: nunca un caballo podría jugar como un alfil, ni un peón coronar en quinta, ni una dama vestirse de torre del enemigo…
Y pobre Ingrid, que no perdió la cabeza en seis años de torturas en la jungla y vino a perderla tras cinco segundos de libertad. Ni modo juzgarla, porque en su situación Ingrid Betancourt era de una inimputabilidad incuestionable. Sin embargo, valdría la pena preguntarle cómo es eso de que no vio ningún símbolo del CICR si todos lo hemos visto por televisión…
Pero incluso lo que vimos por televisión resultó manipulado. La ambientación musical, el guión y la narración del "documental" de RCN fueron pensados con la intención de exaltar el triunfo militar y ocultar aquellos "detalles insignificantes" que constituyen gravísimos crímenes de guerra.
Parafraseando a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en una de sus conclusiones sobre los 40 años de enfrentamiento armado en Guatemala, podría decirse que aún cuando en Colombia hay colegas que levantan su voz a pesar de los riesgos, las grandes empresas periodísticas del país se han adherido al régimen autocensurándose o tergiversando las realidades. El precio, sin duda, es demasiado alto, porque Colombia se ha convertido en "un país silenciado, en un país incomunicado". ¿Cuándo dejaremos de callar?
Charleroi, 6 de agosto de 2008
Por Claudia Julieta Duque
Editorial de Radio Nizkor
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