Carta de los diputados y dirigentes de

Izquierda Unida de España

al Gobierno de Colombia.


Con motivo de la jornada de protesta realizada en el ámbito de la Unión Europea contra la impunidad en Colombia, la secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida promovió una acción por parte de esta fuerza política consistente en entregar la carta que se transcribe.

La finalidad es demostrar que no son los dirigentes de Derechos Humanos colombianos los que promueven las tomas de posicion, como parecen pensar los que han decidido condenar a muerte y hacer efectiva la misma, a todos los dirigentes de derechos humanos que visitan el Parlamento Europeo.

Que en España y en la Unión Europea hay muchos representantes del pueblo, democráticamente elegidos, que piensan que la impunidad en Colombia debe acabar.

Para ello en esta fecha que recuerda los acontecimientos de la Finca Bellacruz se realizó este acto de protesta con organismos europeos de derechos humanos y diputados de todos los grupos políticos.


En Madrid, a 14 de febrero de 1997.

Al Señor Embajador de la

República de Colombia en España

Dr. Rodrigo Marín Bernal Madrid.

Estimado señor:

Los últimos informes sobre violaciones gravísimas de Derechos Humanos en Colombia, elaborados por muy prestigiosas asociaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Wacht (USA), por no citar los alarmantes informes sobre Colombia presentados en el Parlamento Europeo, ponen a la República de Colombia en el punto de mira internacional una vez más.

A nuestra sede de Izquierda Unida, tercera fuerza política y parlamentaria de España, llegan continuamente no sólo informes de carácter general, sino noticias que afectan a colectivos o a particulares, y llamados de solidaridad sobre continuos asesinatos de ciudadanos colombianos cuyo único denominador común es el ser defensores de los Derechos Humanos en su pais. Como usted sabe, además de sicarios que hacen del crimen su profesión más rentable, existen en Colombia, tal y como han certificado recientemente Comisiones de la ONU y de la OEA que se han desplazado allá como observadores- auténticos escuadrones de la muerte, la mayoría de las veces integrados por militares que se ocultan en el Paramilitarismo y que son responsables del asesinato sistemático de personas de bien, comprometidos con la construcción de una Colombia en Paz donde sean respetados el derecho a la vida y los Derechos Humanos. Y ya no hablamos de cientos, sino de miles de victimas.

Coma le informamos en la carta que presentamos el día 9 de enero próximo pasado, referida al asesinato del activista de Derechos Humanos Jafeth Morales en el municipio de Ocaña (Norte de Santander). Es evidente que existe un persistente ataque contra todo vestigio de organización cívica, comunal o cultural de la población. Es evidente, por los informes que han llegado a nuestra fuerza política en Madrid, y los que ha recibido nuestro Grupo de Eurodiputados en Bruselas, que las actuaciones de los grupos paramilitares en esta región son realizados de forma conjunta, o por las mismas fuerzas militares acantonadas en la región o por paramilitares financiados por los más ricos hacendados de la zona. Este caso, como muchos otros llegados a nuestros despachos, confirma sin ninguna duda las afirmaciones y las tesis de la OEA y la ONU, de Human Rights Wacht USA y la propia Amnistía Internacional, en el sentido de vincular el Paramilitarismo al militarismo, a las Fuerzas Armadas, al Ejército Colombiano.

Cuando la Fiscalía General de la Nación, o la Procuraduría, o las personerías en los municipios presentan denuncias, datos, investigaciones con pruebas, pistas, señalando incluso la ubicación de lugares donde operan bases, las autoridades gubernamentales no hacen nada para detenerlos o para que se actúe contra ellos. Este hecho generalizado, unido a otros muchos, hace que los organismos internacionales más prestigiosos, entre ellos algunos de los citados, hagan a su Gobierno responsable y/o cómplice del Paramilitarismo por su nula persecución del mismo en su país, por su permisividad.

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El comportamiento del Gobierno Colombiano es observado por todo el mundo y su actitud ante las violaciones de DD.HH. no pasa desapercibida. Sus responsabilidades ante el Derecho Internacional Humanitario son claras y no se olvidan. Además el Comandante en Jefe del Ejército de Colombia es el Presidente de la República y por tanto, resulta doblemente responsable de permitir la aplicación de este tipo de sistemática operativa que no es aleatoria, sino que responde a un plan perfectamente estructurado.

Queremos además:

1) Condenar rotundamente estos asesinatos y mostrar nuestra preocupación por la gravedad de la situación en materia de DDHH en la Región del Meta y en la de Ocaña, Sur del César y Sur de Bolívar.

2) Recordarle que los dirigentes del Estado Colombiano antes o después tendrán que hacer frente a los cargos penales que corresponden a este tipo de crímenes equivalentes a los de lesa humanidad, pues es un verdadero genocidio el planificado en Colombia contra dirigentes populares -desde cristianos a comunistas-, y así lo percibe, cada vez más claramente, la comunidad internacional

Estos delitos están expresamente contemplados en la doctrina establecida, claramente por cierto, en los artículos 6 c) del Estatuto de Nuremberg y el artículo 6c) de la Carta del Tribunal Militar de Tokio; el articulo 2.1.c) de la Ley número 10 promulgada por el Consejo del Control Aliado en Alemania en 1945; el artículo 5 del Estatuto del Tribunal para la ex Yugoeslavia y el articulo 2 l del proyecto de Código de Crímenes contra la Seguridad de la Humanidad, preparado por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.

3) Recordarle, aunque ya usted lo sabe, que la Obediencia Debida no es un atenuante para el cumplimiento de órdenes aberrantes e inmorales. La indiferencia de cuantos conocen la situación y nada hacen, asimismo, es complicidad.

Esto no es un mero capricho nuestro sino que está recogido en el artículo 8 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg; la resolución 95 (I) de la Asamblea General de la ONU, de 11 de diciembre de 1946; el artículo 2. del Convenio de la ONU contra la Tortura de 18 de diciembre de 1984; el artículo 7. del Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoeslavia; el artículo 6 de la Declaración de la Asamblea General de la ONU, de 18 de diciembre de 1992, sobre la protección de las personas contra las desapariciones forzosas; la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, tanto en la formulación de los Principios de Nüremberg en 1950, cómo en sus proyectos de Código de los Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de 1954 (artículo 4) y de 1991 (artículo 12).

4) Que transmita a su Gobierno, que en tanto en cuanto continúe su política de no intervención para poner freno y perseguir las gravísimas violaciones contra los Derechos Humanos sucedidas en su país, IZQUIERDA UNIDA se sumará siempre, tal y como ya viene haciendo, a cuantos Organismos y Asociaciones -cada vez más en toda la esfera internacional- les miran con vergüenza y denuncian su actitud cómplice, por activa o pasiva, en cuantos foros internacionales nos sea posible poder denunciar, especialmente la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo.

Cada nuevo asesinato, cada nueva matanza será un dato más a registrar, a agregar a los Informes de las instituciones internacionales que vigilan permanentemente la actitud de su Gobierno y la brutal situación de violencia en la que vive Colombia.

5) La pronta instalación de la oficina permanente del ACDH, junto con su operación conforme a los parámetros establecidos en la Declaración y recogidos en el convenio firmado en el ACDH y el Gobierno de Colombia el 29 de noviembre de 1996.

Estamos convencidos de la necesidad de impulsar la iniciativa valiosa de la oficina que significa un compromiso de la comunidad internacional con la superación de la violación de derechos humanos y contra la impunidad en Colombia.

Nuestro compromiso con los problemas de violaciones de Derechos Humanos nos obligan a exigir que esta oficina sea realmente un avance en ese camino, más aún cuando es España la que tendrá la enorme responsabilidad de que realmente sea así.

6) Insistirle en que se investiguen las conductas criminales de los grupos paramilitares y que se haga efectiva desde la legalidad democrática del Poder Ejecutivo una política de persecución y desmantelamiento de estos grupos mafiosos. Insistirle en que el mejor inicio en esta política sería hacer efectivas las órdenes de captura que ya han sido expedidas por algunas instancias judiciales en su país y por la propia Procuraduría General en algunos casos.

Solicitándole el traslado de esta información a su Gobierno saludamos a ud. muy atentamente,

Firman:

Laura González, Eurodiputada de IUE-IVN

Carlos Carnero, Eurodiputado de IUE-IVN

Alonso Puerta, Eurodiputado de IUE-IVN

Abdelkader Mohamed, Eurodiputado de IUE-IVN

Antoni Gutiérrez, Eurodiputado de IUE-IVN

Julio Anguita, Diputado nacional de IU-IC

Manolo Alcaráz, Diputado nacional de IU-IC

Cristina Almeida, Diputada nacional de IU-IC

Rosa Aguilar, Diputada nacional de IU-IC

Mercé Rivadulla, Diputada nacional de IU-IC

Ricardo Peralta, Diputado nacional de IU-IC

Joan Saura, Diputado nacional de IU-IC

Willy Meyer, Diputado nacional de IU-IC

José Luis Centella, Diputado nacional de IU-IC

Pedro Antonio Rios, Diputado nacional de IU-IC

Julián Fernández, Diputado nacional de IU-IC

Inés Sabanés, Diputada nacional de IU-IC

Francisco Frutos, Diputado nacional de IU-IC

Ángeles Maestro, Diputada nacional de IU-IC

José Navas, Diputado nacional de IU-IC

Felipe Alcaraz, Diputado nacional de IU-IC

Kechu Aramburu, Diputada nacional de IU-IC

Pedro Vaquero, Diputado de IU-IC

Mariano Santiso, Diputado de IU-IC

Pablo Castellano, Diputado de IU-IC

Presentación Urán, Diputada de IU-IC

Ángel García Castillejo, Coord. Grupo Parlamentario (IU-IC)

Ángel Pérez, Diputado de IU-CM

Virginia Díaz, Diputada de IU-CM

Mariano Gamo, Diputado de IU-CM

Carlos Paíno, Diputado de IU CM

Juan Ramón Sanz, Diputado de IU CM

Adolfo Luxán, Diputado de IU CM

Luisa Sánchez, Diputada de IU-CM

Adolfo Gilaberte, Diputado de IU-CM

Juan Antonio Candil, Diputado de IU-CM

Miguel Bilbatúa, Diputado de IU-CM

Julio Setién, Diputado de IU-CM

José Luis Nieto, Diputado de IU-CM

Luis Miguel Sánchez, Diputado de IU-CM

Jaime Ruiz Reims Diputado de IU-CM

Ma Teresa Bien Cañedo, Diputada de IU-CM

Julio Misiego Gascón, Diputado de IU-CM

Julio Anguita, Coordinador General de IU

Carlos Carnero, Secretario de Política Exterior de IU

Isabelo Herreros, Secretario de DDHH de IU

Víctor Ríos, portavoz de la Presidencia Federal de IU

Pedro Granados, Secretario de Organización de IU

Juan Berga, Secretario de Política Autonómica de IU

Isabel Vilallonga, Secretaria de Paz y Solidaridad de IU

Aurelio Ladrón de Guevara, Resp. Secret. Internacional (América Latina)


Editado en Madrid el 14 de febrero de 1997 por el Equipo Nizkor.

Derechos Humanos en Colombia