Este documento ha sido publicado el 10mar03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
EQUIPO NIZKOR |
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7feb03
La Internacional de Servicios Públicos envía una carta abierta al Presidente Uribe Vélez.
Dr. Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia
7 de febrero de 2003
Señor Presidente Uribe Vélez,
A seis meses del inicio de su gobierno, la Internacional de Servicios Públicos le expresa su esperanza sincera de que gobierno tome medidas específicas para proteger los derechos humanos y sindicales de todos los colombianos.
La ISP ha observado de cerca la crisis de derechos humanos en Colombia. Junto con sus organizaciones afiliadas, la ISP ha emitido numerosas protestas y publicado informes sobre violaciones de los derechos humanos y laborales, basados en investigaciones de primera mano efectuadas en Colombia. En dichos informes, así como en muchas cartas de protesta dirigidas al Gobierno de Colombia, la ISP ha hecho públicas las violaciones continuas de los derechos humanos que han involucrado a miembros de las fuerzas de seguridad, así como a paramilitares que operan en colaboración o con la aprobación de las fuerzas armadas. Igualmente hemos denunciado las violaciones a las convenciones internacionales del trabajo, por parte del estado colombiano y de diferentes empleadores. A lo largo de los últimos diez años, la ISP ha instado a los sucesivos gobiernos de Colombia a cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar y proteger los derechos humanos, en particular de los sindicalistas del sector público.
Del 6 al 11 de diciembre de 2002, la ISP condujo una misión de diez sindicalistas que fueron a Colombia a investigar asesinatos y abusos de los derechos humanos de que han sido blanco los sindicalistas, a apoyar a los sindicatos afiliados a la ISP en su demanda de que se le ponga fin a la impunidad, ya compilar un informe con recomendaciones que será remitido a sus 600 organizaciones afiliadas ya organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo.
La misión tuvo la oportunidad de reunirse con altos funcionarios de su gobierno y se sintió extremadamente agradecida del interés y el tiempo que se prestó en cada ocasión. Le adjunto un ejemplar del informe para su conocimiento; igualmente, lo envío a las personas con las que se entrevistó la misión.
Las partes armadas del conflicto en Colombia no respetan las Convenciones de Ginebra. Es la población civil-incluidos los sindicalistas-la que inevitablemente carga con el peso de esta crisis de derechos humanos, dado cada vez más todos los sectores armados la hacen blanco para impedir el posible o aparente apoyo civil al bando opuesto. Las estadísticas de violaciones de los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados de Colombia en 2002 son alarmantes. Según el Informe de la Misión de la ISP, entre enero y noviembre fueron asesinados más de 172 sindicalistas, la mayoría por paramilitares con vinculos demostrados con las Fuerzas Armadas; se presentaron 164 amenazas de muerte a dirigentes sindicales, siete desapariciones y 132 detenciones arbitrarias. Datos preliminares recogidos por la ISP hacen pensar que la situación de los derechos humanos se viene deteriorando en 2003.
La ISP está preocupada de que el derrumbe del proceso de paz con las Fuerzas Annadas Revolucionarias de Colombia (F ARC) en 2002 esté llevando a la intensificación del conflicto, y que la crisis crónica de derechos humanos empeore en consecuencia. Tememos también que el efecto probable de algunas de las medidas iniciadas por su gobierno, como los decretos amparados en la Conmoción Interior, agrave esta crisis.
En marzo de 2002, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo observó que el gobierno colombiano no había respondido a ninguna de las acusaciones relativas a los asesinatos de activistas sindicales y las amenazas que tuvieron lugar en 2001. Ninguno de los responsables ha sido llevado ante la justicia. Las muertes de sindicalistas no se pueden explicar como fruto de la "violencia generalizada", como miembros de su gobierno intentaron explicarlas a la Misión de la ISP. Aunque no siempre es posible determinar el motivo de los ataques a sindicalistas, el análisis de esas violaciones revela que en más del 75% de los casos están directamente vinculados a la participación de la víctima en actividades sindicales. A la Misión de la ISP se le dijo que, en cierto número de casos, se han hecho afirmaciones creíbles en el sentido de que algunas compañías contratan a fuerzas paramilitares para desalentar la organización sindical
Su gobierno tampoco ha dado hasta ahora pasos decisivos para hacerle frente a las fuerzas paramilitares, responsables de la vasta mayoría de los asesinatos y secuestros de sindicalistas. El motivo principal de que los grupos paramilitares hayan sido capaces de continuar su ofensiva paramilitar, caracterizada por la violación generalizada de los derechos humanos, es que se siguen beneficiando del apoyo y la tolerancia de las fuerzas de seguridad, ya menudo operan en coordinación con ellas. La ISP llama a su gobierno a cortar de inmediato todo vínculo entre los militares y los paramilitares, así como enjuiciar, condenar y castigar a las personas responsables de matar a más de 2.000 sindicalistas desde 1986.
También preocupan a la ISP las versiones de que su gobierno reformará la Constitución de 1991, en especial algunas de sus importantes garantías de los derechos humanos, mediante un referéndum nacional que se celebraría en 2003. Una de las cuestiones que se sometería a votación es la proposición de disolver las personerias municipales y otras entidades de vigilancia, lo que debilitará lainvestigación de las violaciones de los derechos humanos. Otra propuesta esta encaminada a congelar los salarios de los servidores públicos por dos años, negando de hecho el derecho a la negociación de este factor en el sector público.
De modo semejante, la propuesta hecha por uno de sus Ministros de fusionar la Defensoría del Pueblo con la Procuraduría General, lo que pudiere socavar gravemente la capacidad de la Defensoría para cumplir con su tarea de tutelar los derechos humanos.
La ISP insta a su gobierno a reconsiderar su intención declarada de reformar las leyes laborales a fin de crear mayor "flexibilidad" en el mercado laboral eliminando el pago extraordinario por trabajar domingos y días de fiesta, reduciendo el pago por tiempo extra y reduciendo las indemnizaciones por despido para bajar los costos de suprimir trabajadores, al igual que la decisión del gobierno de despedir a más de 40.000 empleados públicos en 2003 y la reciente determinación de la Superintendente de Servicios Públicos de liquidar a la empresa municipal EMCALI, desconociendo el acuerdo que se firmó el 29 de enero de 2002.
A pesar de la severidad de la crisis de derechos humanos y laborales, hay pasos que su gobierno puede adoptar. Primero, puede usted asegurar que se ejecuten plenamente las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de la ONU y del Comité de Libertad Sindical de la OIT .
Segundo, puede usted hacer cumplir a las disposiciones constitucionales que ponen en vigor la Convención 151 de la OIT, relativa a la protección del derecho a la libertad sindical en los servicios públicos, y la Convención 154, relativa a la promoción de la negociación colectiva. Tercero, su Gobierno puede potenciar la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de los Trabajadores, con el encargo de incluir los derechos fundamentales en el trabajo. Cuarto, derogar la Resolución 141 del 23 de enero de 2003, de la Superintendencia de Servicios Públicos, que ordena la liquidación de EMCALI.
Finalmente, la ISP le solicita fortalecer el programa de protección a líderes sindicales administrado por el Ministerio del Interior y aplicar las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. El Consejo de Administración de la OIT considerará en su próxima reunión varias opciones, entre ellas la creación de una Comisión de Encuesta sobre la violación de los derechos de los sindicalistas en Colombia. Instamos a su gobierno a cooperar plenamente con la OIT.
Tenemos confianza en que su gobierno aceptará nuestra oferta de que participe en un diálogo constante con la ISP y otras organizaciones sindicales para discutir estos asuntos de gran importancia.
Respetuosamente,
Hans Engelberts
Secretario General
Internacional de Servicios Públicos.
Este documento ha sido publicado el 10mar03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights