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El Gobierno estudia control e interceptación de teléfonos celulares, al amparo de la conmoción interior.

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Así se lo notificó ayer a Bellsouth y Comcel, las principales compañías de telefonía celular del país. El Ejecutivo también busca acceso a las bases de datos sobre usuarios.

Estas medidas le permitirán establecer provisionalmente un mayor control toda vez que se harían sin orden judicial.

La noticia se conoció pocas horas después de declarar el estado de Conmoción Interior. Ayer el Gobierno inició la redacción de nuevas disposiciones, amparadas bajo este estado de excepción, que eran estudiadas anoche por el Consejo de Ministros.

Antes de esa reunión y con el fin de definir una mayor vigilancia al funcionamiento de los celulares, los ministros del Interior y de Justicia (e), Fernando Londoño, y de Defensa, Marta Lucía Ramírez; y la viceministra de Comunicaciones, María Duque Samper, iniciaron la búsqueda de fórmulas jurídicas para lograr la colaboración de las empresas que operan estos sistemas.

Estos funcionarios se reunieron ayer con el fiscal general, Luis Camilo Osorio; el comandante de la Dijín, general Alberto Ruiz, y con los presidentes de las empresas Bellsouth, Larry Smith, y de Comcel, Adrián Hernández, en la sede de la Fiscalía General de la Nación.

Durante la conversación se discutieron mecanismos para que los operadores de celulares y de otros sistemas de comunicación entreguen ágilmente información a los organismos de seguridad sobre los usuarios y la localización de sus llamadas, sin pasar por los trámites ordinarios.

Además, se analizó cómo realizar estos procedimientos sin lesionar el derecho a la intimidad de los usuarios

Precisamente, sobre la interceptación de las llamadas telefónicas, Osorio explicó: "La interceptación debe tener un debido proceso, una fundamentación que soporte la medida, tampoco podemos en cada caso irnos por los formalismos, mientras la criminalidad no le pide permiso a nadie para delinquir. Aquí se está delinquiendo a través de los celulares".

Por otra parte, también se están estudiando mecanismos que permitan ejercer un control más severo sobre la compra y venta de celulares y de las tarjetas de prepago. Levantar la reserva

Al mismo tiempo, la administración del presidente Álvaro Uribe empezó a estudiar la expedición de otros decretos para bloquear cuentas bancarias de grupos al margen de la ley y para realizar una efectiva extinción de dominio de los bienes ilegítimos.

En los últimos dos años, el Estado debió devolver más de 800 propiedades a los narcotraficantes y sus familias y tuvo que pagarles 5.000 millones de pesos por concepto de arrendamiento.

Para buscar soluciones a esta situación, el ministro Londoño encabezó otra reunión con la embajadora de Estados Unidos, Anne Patterson, y funcionarios de la Unidad de Lavados de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía.

Dentro de las medidas analizadas se encontraban la cooperación internacional para atacar las finanzas de la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes, mediante mecanismos como el levantamiento de la reserva bancaria.

Otras herramientas jurídicas que se emitirán en los próximos días buscarán extender "la responsabilidad penal de los miembros de las organizaciones terroristas hacia sus cabecillas y dirigentes", señala el decreto 1837 de 2002, que decretó la Conmoción.

También se dictarán normas para "restringir la libre circulación de personas y vehículos" durante determinadas horas y en ciertos lugares del territorio nacional.

Así mismo, habrá nuevas disposiciones legales para facilitar los allanamientos y la aprehensión de personas eventualmente implicadas en actos ilegales.

Ayer, el ministro Londoño dijo que "los ciudadanos no deben tener miedo de que se puedan presentar excesos, ya que este Gobierno es obsesivo en el tema de la prevalencia, en todo caso y circunstancia, de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario".

Añadió que el Gobierno garantiza absolutamente "a adversarios y contradictorios políticos que aquí no habrá persecución", porque se trata exclusivamente de combatir la delincuencia. También dijo que no habrá censura a la prensa.

Ayer, el presidente Álvaro Uribe Vélez envió el texto del decreto que declaró el estado de Conmoción Interior al presidente de la Corte Constitucional, Marco Gerardo Monroy, para cumplir con lo dispuesto en la Constitución.

La promulgación de los nuevos decretos era evaluada ayer en un consejo de ministros que se inició hacia las 4:00 de la tarde en la Casa de Nariño. Para las 8:00 de la noche estaba previsto un Consejo de Seguridad en este mismo sitio.

Partidos respaldan al Gobierno.

El ministro del Interior y de Justicia (e), Fernando Londoño Hoyos, insistió ayer que enviará a la Corte Constitucional el decreto expedido por el Gobierno para declarar la conmoción interior como un acto de cortesía, pero insistió en que este tribunal no se podrá pronunciar sobre su legalidad.

"Desde luego que se enviará el decreto emitido esta madrugada -ayer- a la Corte para su revisión de carácter formal y por elemental cortesía para que la Corte pueda examinar los decretos que vienen que sí son los legislativos, que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de carácter general y permanente", dijo Londoño.

Su posición fue criticada por ex magistrados de la Corte, como el senador Carlos Gaviria, quien afirmó que el Gobierno debe respetar la jurisprudencia existente, según la cual este tribunal puede hacer una revisión no solo formal, sino material de este decreto.

Al margen de esta polémica, los partidos Liberal y Conservador respaldaron la declaración de la conmoción. "La decisión se ajusta a los requisitos de la Constitución, pero es necesario evitar desviaciones", dijo Eduardo Verano, secretario del liberalismo. "La declaratoria es necesaria frente a los propósitos que está persiguiendo el terrorismo", dijo Carlos Holguín, presidente del Directorio Conservador.

Noemí Sanín, líder del movimiento Sí Colombia, expresó: "La situación de orden público demanda de los colombianos cerrar filas en torno al Gobierno y a sus instituciones amenazadas".

[Fuente: Diario El Tiempo, Bogota, Col, 12ago02]

Este documento ha sido publicado el 20sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights