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Julio a Diciembre de 2000

Informe Final de la Misión Internacional Campesina a Colombia.

Organizada por Vía Campesina

INDICE

INTRODUCCIÓN

El presente informe es el resultado de un proceso de estudio y observación de la realidad campesina colombiana realizada por el movimiento internacional campesino VÍA CAMPESINA correspondiente al periodo de Julio a diciembre del ano 2.000.

Realizar una Misión Internacional Campesina sobre Colombia fue la respuesta al pedido de las organizaciones campesinas colombianas miembros de VÍA CAMPESINA, ANUC UR (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción) (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción) y FENSUAGRO (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria), ante la gravedad de la situación de violencia, despojo de las tierras como parte de una poderosa contrarreforma agraria que se realiza desde los niveles gubernamentales hasta la acción criminal de las bandas paramilitares y Los operativos de las fuerzas militares colombianas.

Esta Misión estuvo precedida y preparada por la Conferencia Internacional "Tierra, Derechos Humanos y Paz en Colombia", realizada el 14 y 15 de abril de 2.000 en Bruselas, organizada por la Coordinación belga por Colombia y la VÍA Campesina, cuya finalidad era esclarecer las reales raíces del conflicto colombiano y la manera cómo la globalización neoliberal utiliza la guerra para permitir el control de las multinacionales en un país cuya peor desgracia es justamente el poseer inmensas riquezas en sus territorios. Constituida la Misión por un grupo de dirigentes campesinos de muy alto reconocimiento de Europa y América Latina , con la valiosa presencia de l presidente de la Comisión de Cooperación y Desarrollo del Parlamento Europeo Joaquim Miranda y un grupo de periodistas, realizaron un trabajo de campo en varias regiones colombianas del 3 al 13 de julio; sostuvieron entrevistas con altos representantes del gobierno y del Estado colombiano, con representantes de los movimientos sociales, las organizaciones campesinas , e indígenas, con movimientos políticos, con comunidades religiosas, con organizaciones de desplazados , con familiares de victimas de violencia , etc. Esta labor de observación y verificación fue posible gracias al apoyo de organizaciones como SINTRADIN, SEMBRAR , FCSPP (Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos), el padre Gabriel Izquierdo del Instituto Pensar y la inapreciable asesoría permanente del investigador Héctor Mondragón Báez, asesor del Consejo Nacional Campesino.

Los meses siguientes, la Vía Campesina, realizó un seguimiento día a día de las regiones visitadas a través de la secretaría operativa de la Misión en Bruselas, realizando acción urgente, difundiendo la información, y despertando la acción solidaria de los pueblos.

El informe contiene: un estudio profundo a manera de marco general para entender la realidad agraria colombiana elaborado por Héctor Mondragón; los objetivos de esta Misión, un resumen de las conversaciones y entrevistas sostenidas; una descripción de lo observado y los testimonios orales y escritos recibidos en las regiones, algunas conclusiones resultado de las discusiones y documentos del Consejo Nacional Campesino y las recomendaciones más destacadas que la Vía Campesina trasmite a las autoridades colombianas como instancia internacional que defiende, respalda y representa las demandas de sus organizaciones campesinas colombianas filiales.

En Colombia están negados los derechos civiles y políticos de la población campesina, negra e indígena; así mismo los derechos económicos, sociales y culturales cuestan la vida misma cuando se trata de defenderlos o conquistarlos; el Derecho Internacional Humanitario no se aplica y es la población civil campesina la primera afectada del conflicto armado interno; estas constataciones exigen de la comunidad internacional una participación más decidida en la solidaridad y respaldo hacia el movimiento social colombiano y en la exigencia de avanzar en la búsqueda de la paz mediante una salida política del conflicto superando las raíces de la injusticia social y económica, la exclusión política, la impunidad de más de 50 años de crímenes que han golpeado y siguen golpeando la conciencia de la humanidad.

La Vía Campesina, agradece el apoyo financiero de Oxfam - Solidaridad y CNCD (Centro Nacional de Cooperación para el Desarrollo) (Centro Nacional de Cooperación para el Desarrollo) de Bélgica, TROCAIRE de Irlanda, SOLIFONDS de Suiza y XminY de Holanda con el cual fue posible realizar esta Misión.

1. Colombia Campesina: una mirada general

Un acelerado proceso de concentración de la tierra en manos de los roas grandes propietarios ha ocurrido en Colombia en los últimos 10 años, a la vez que se ha reducido en forma dramática el área sembrada,

La ampliación de área de grandes propiedades dedicadas a la ganadería extensiva es una verdadera relatifundización del país, en la cual la compra de tierras se consolida como un negocio en sí mismo y el precio pagado por las fincas no está determinado por su productividad agropecuaria, sino por las posibilidades de valorización del predio.

Puede detectarse el proceso tanto al comparar los resultados de las encuestas nacionales agropecuarias, como al comparar los datos registrados en el catastro.
Veamos:

Cuadro I

Distribución de las Fincas y su superficie y uso agrícola según tamaños.

Tamaño
1988 - 1996*		 % Fincas
1988 - 1996		 % Tierra
1988 - 1996		 % Uso agrícola
1988 - 1996
Muy Pequeño
(0 a 5 Ha)		 48.5 - 50.2 3.7 - 3.7 49.4 - 32.8
Pequeño
(5 a 20 Ha)		 28.5 - 27.8 11.4 - 9.9 32.9 - 19.8
Mediano
20 a 50 Ha.)		 11.6 - 11.8 14.4 - 14.0 18.3 - 11.2
Grande
(50 a 200 Ha.)		 9.4 - 8.0 34.8 - 28.2 10.6 - 7.3
Muy Grande #
(+ de 200 Ha.)		 2.0 - 2.2 35.7 - 43.1 7.5 - 1.7
Notas:
* 1996: Pedazos en el Segmento de la Muestra PSM.
# 1996: hasta 1.000 Ha o 1.200 Ha, según departamentos.
Fuentes: Ministerio de Agricultura, Penagro, Total Departamentos, p.36 y DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas): Encuesta Nacional Agropecuaria, 1996.


Cuadro II

Distribución de los Predios y sus superficies según tamaños*

Tamaños Ha % Predios
1984 - 1997		 % Áreas
1984 - 1997
0 a 100 96.9 - 97.4 40.0 - 34.5
100 a 500 2.7 - 2.3 27.5 - 20.5
+ de 500 0.4 - 0.3 32.5 - 45.0
Nota:
* Excluidos departamentos con superficie predominantemente en resguardos indígenas.
Fuente: RINCON, Claudia "Estructura de la Propiedad Rural y Mercado de la Tierra", Tesis de posgrado U. Nacional, Bogotá, 1997, sobre la base de información del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi).

Ya en 1986 había datos que mostraban embrionariamente una posible inversión de la tendencia y el inicio de un nuevo proceso de concentración: el tamaño promedio de los predios de más de 1.000 Ha. pasó de 2.674 Ha . en 1970 a 3.562 Ha . en 1984 y algunas zonas como el Valle del Cauca (según CEGA (Centro de Estudios Ganaderos de FEDEGAN) (Centro de Estudios Ganaderos de FEDEGAN)) y en el Magdalena Medio (según Ucoop. Sec.B/meja) se registraban importantes.

En Barrancabermeja 3.204 predios registrados en 1981 se concentraron en sólo 2.318 registrados en 1983. Efectivamente, el modelo de concentración, del Magdalena Medio en torno a la construcción de la "Carretera de la Paz" con grupos paramilitares, compras de predios por narcos y especuladores y desplazamientos de población, se convirtió en el modelo dominante.

Hoy la concentración es más acelerada en Cesar, Bolívar , valle, Quindio, Caquetá y Putumayo, según el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) a lo que habría que agregar Meta Casanare y Chocó si tomamos los datos de las encuestas agropecuarias.

La relatifundización se produjo como resultado de la conjunción de fenómenos económicos y políticos:

  • La expansión de los grupos paramilitares que han propiciado desplazamientos de población y apoyado procesos de concentración de la propiedad de la tierra en cabeza de narcotraficantes, ganaderos, especuladores y de los mismos dirigentes del paramilitarismo'

  • La economía del narcotráfico que produjo en primer lugar una nueva capa de compradores de tierra latifundistas, que elevó los costos del dinero y el crédito fortaleciendo las causas de especulación con la tierra y que al mismo tiempo generó una salida económica en las zonas de colonización a parte de los campesinos y Jornaleros desplazados por la violencia o por causas económicas;

  • La apertura económica que aumentó en 700 % las importaciones de alimentos y provocó una drástica reducción del área sembrada, especialmente en cereales- Hoy Colombia importa café para el consumo interno.

Aunque los cultivos permanentes fueron menos afectados por la crisis agrícola, no absorbieron el área que se dejó de sembrar en transitorios y se produjo en cambio una "praderización" para ganadería extensiva.

Según la encuesta agropecuaria de 1996, mientras en las unidades de producción más pequeñas se redujo en 33 % la proporción de área sembrada de las fincas, en las más grandes unidades esa reducción file del 78%. Así se ha extremado la distribución del área sembrada según el tamaño de las fincas que ha caracterizado a Colombia y según la cual entre más grande sea la finca menos proporción de área sembrada tiene. En 1996 la distribución del área total sembrada del país por tamaño de finca era:

Cuadro 3

Porcentaje (%) del área sembrada del país según tamaño de finca (PSM)

Tamaño Ha. %
0 a 20 433
20 a 50 203
50 a 100 134
100 a 200 128
200 a 500 78
+ de 500 13
Fuente:
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) Encuesta Nacional Agropecuaria 1996

Esta distribución del área sembrada del país no obedece de ninguna manera a que las tierras útiles estén en las unidades pequeñas, que tienen una proporción de las tierras improductivas del país, cuatro veces más altas que el porcentaje de superficie total que poseen. En cambio las unidades más grandes tienen una proporción de las tierras improductivas de Colombia equivalente a la mitad del porcentaje de la superficie que poseen con respecto a la total nacional. Se trata de una relatifundización, es decir de la acumulación de la tierra en la gran propiedad con fines especulativos y no productivos.

El fenómeno característico de Colombia ha consistido en que tanto a población rural, como la dedicada a la producción agropecuaria y también el campesinado propiamente dicho, a la vez que han disminuido paulatinamente el porcentaje que representan con respecto a la población total del país, han aumentado continua e ininterrumpidamente su número.

Frente a tal realidad se enfrentó visión de Lauchlin Currie sobre el desarrollo, que ha guiado los planes oficiales colombianos desde hace 45 años. Currie consideró siempre como una misión histórica el rompimiento de este modelo demográfico. "Sobra mucha gente en el campo y en la agricultura" se ha repetido desde entonces.

En Colombia , sin embargo , todos los censos de población de este siglo, incluidos desde luego los de 1964, 73, 85 y 93 han seguido registrado el aumento de la población rural y de la dedicada a agricultura , ganadería , caza y pesca , e inclusive los trabajadores independientes en estas ramas de actividad y en el sector rural (aunque el aumento de campesinos jornaleros haya s ido más veloz). Este resultado que podría ser una sorpresa para los dogmáticos , pero no para Currie quien pensaba que dada "la cantidad de personas de que se trata , debemos suponer la continuación de la agricultura tradicional por mucho tiempo" y "no podemos esperar que se movilice el grueso de la población rural.

Otro "desarrollista", Edith Whethem consideraba que la política apropiada para un gobierno que persigue la eficiencia económica consiste en estimular el éxodo de la agricultura y la consolidación de predios por todos los medios que no creen una conmoción política intolerable". En 1966 Currie recordaba la recomendación de John Coppock de reducir anualmente en 4 % el número de personas dedicadas a la agricultura , que para Colombia significaba 800 mil agricultores menos en diez anos, número cercano al de los desplazados por la violencia entre 1987 y 97.

Currie mismo recomendaba un programa deliberado de movilidad acelerada para conseguir la suficiente emigración del campo y partiendo del análisis histórico sostenía que la guerra puede tomar el lugar de un programa de movilidad acelerada (CURRIE. Lauchlin; "Desarrollo Económico Acelerado"; F.C.E. México, 1968. pág- 95) y se oponía a que el problema agrario fuera resuelto haciendo a muchos pequeños agricultores más eficientes y productivos pues esto mantenía "demasiada" gente en la agricultura (pág. 86)

La visión de un campo "moderno" con grandes fincas capitalistas mecanizadas como clave del desarrollo nacional fue la clave iluminó el Acuerdo de Chicoral y la clausura de la reforma agraria en la década de los 70.

Pero los diferentes programas desarrollistas con los cuales se quiso "modernizar" el campo reduciendo la población dedicada a la agricultura no surtieron el efecto de modernizar, ni el de "limpiar" las tierras de campesinos. A pesar de las 393.648 parcelas que, según Lemoin, perdieron los campesinos durante la Violencia de los 50, la población de fuera de las cabeceras municipales pasó de 6 millones en 1938 a 7 en 1951 y 8 millones 400 mil en 1964, en tanto que el número de trabajadores independientes dedicados a la agricultura pasó de 609 mil en 1938 a 719 mil en 1964. Ni siquiera la Violencia pudo evitar el aumento de población rural y campesina.

Es indudable que el campesinado ha demostrado una capacidad de resistencia, tanto económica, como políticomilitar, expresada en movilizaciones gremiales y en movimientos guerrilleros. Un estudio de los datos de posición ocupacional del censo de 1993 muestra que los municipios con permanencia guerrillera tienen un alto porcentaje de población rural registrada como trabajadores por cuenta propia y empleadores (de un promedio de 1,5 asalariados por patrón).

El problema sigue siendo si se trata de "vencer" esa resistencia y eliminar a los "ineficientes agricultores tradicionales que cultivan tierras marginales en predios de tamaños antieconómicos" o en aceptar que el campesinado puede abrir una vía alterna de desarrollo económico y social si cuenta con el apoyo de programas masivos que lo doten de los medios de producción adecuado y le permitan tanto consolidar la economía campesina y la cultura propia, como desarrollar formas asociativas propias e iniciativas empresariales como granjero y cooperativista.

Esta alternativa que estuvo planteada anteriormente entre gran la agricultura y ganadería nacional y la mayoría de los campesinos, hoy se plantea en una escala mayor, entre la agricultura y ganadería mundial (extranjera) de alta productividad y megaproyectos e inversiones petroleras y mineras transnacionales, realizados en el país de una parte, y de otra parte la economía campesina nacional.

Es el resultado de la apertura económica que ha globalizado el problema agrario. Currie sabia que llegaría el momento en que la aita productividad agrícola y pecuaria de Estados Unidos y Europa y sus enclaves en diversos sitios del mundo enfrentaría a nuestras economías campesinas, luego tampoco este resultado puede considerarse imprevisto. El campesinado ya no enfrenta sólo ni principalmente a la "vía terrateniente" sino especialmente al capital transnacional y su modelo de globalización, que necesita "limpiar" el territorio de gente ineficiente o sobrante y lo está tratando de hacer mediante !a guerra. Parecería que ahora sí llegó la hora del rompimiento (con la economía campesina). La apertura económica, la nueva Violencia con la gran masa de desplazados, así parecen anunciarlo. No solo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados.

Entender el carácter radical de este fenómeno, comprender lo que pasa actualmente y ha pasado en los últimos años en e! campo colombiano es posible sólo si se inscribe todo el escenario con las cifras, en medio de la reestructuración impuesta a la economía Colombiana y al sector rural en particular.

Lo que prima ahora en el Colombia y en otras naciones, es la perspectiva de la globalización del capital la que dinamiza o frena y determina absolutamente todo. Y dentro de esa globalización, a la cual estamos sometidos en cualquier parte del mundo, a Colombia se le han asignado unos papeles que tienen que ver con algunas sus características y especialmente con las necesidades del mercado mundial. Sabemos que existen unas prioridades dentro de las cuales no esta contemplado el sector agropecuario.

Colombia no está en la situación de la contrarreforma agraria del año 1973 tras el llamado Acuerdo de Chicoral, cuando se liquidaba la reforma agraria, pero se optaba per un sector agropecuario dirigido por la gran propiedad, a la cual se le asignaba la modernización del campo, para obtener el desarrollo agropecuario, considerando el sector rural como fundamental para el desarrollo del país.

De esa época, hace 25 años, a hoy, la situación es muy diferente. El sector agropecuario es considerado, en la practica y en los planes de desarrollo globales de las transnacionales, como algo poco importante en Colombia, completamente subsidiario, secundario. Hay otras ramas que son prioritarias, por ejemplo, la exploración y explotación petrolera y minera, que se consideran asuntos fundamentales asignados a Colombia. También se priorizan las telecomunicaciones y la infraestructura vial terrestre, marítima y fluvial.

Es a partir de ahí que se realiza una contrarreforma agraria, porque son los sectores petrolero, minero y vial los que se consideran fundamentales y se han tomado medidas, y se van a seguir tomando medidas legales e ilegales de orden expropiatorio en contra de los campesinos, indígenas, comunidades negras, en torno a lo que son los proyectos petroleros mineros, los megaproyectos eléctricos o viales y los proyectos de exploración biológica y genética que se realiza en diferentes sitios del país.

Cuatro proyectes viales terrestres-fluviales-portuarios deben ser especialmente mencionados:

  • A) El canal seco Atlántico-Pacifico (Atrato-Truandó) y sus conexiones con el ferrocarril Medellín-Buenaventura y las carreteras del Pacífico a Medellín y Pereira.
  • B) La carretera Urabá-Maracaibo {Venezuela).
  • C) La intercomunicación río Orinoco-río Meta-Buenaventura;
  • D) La intercomunicación río de La Plata-Amazonas-Napo-Putumayo-Tumaco, con puerto fluvial y seco en Puerto Asís.

El canal seco que se llama Atlántico-Pacífico, de las vecindades del Atrato, es una prioridad porque está dentro de l proceso global económico y se le asigna a Colombia. Delante de la construcción de ese canal se desarrolla un proceso expropiatorio, al igual que en las tierras de Córdoba y Cesar que están sobre la proyectada autopista Urabá Maracaibo. En el río Meta (Puerto López, Puerto Gaitán, Guaroa), se ha producido una masiva compra de tierras y presencia de paramilitares financiados por los compradores. Últimamente ha comenzado el proceso de violencia en Puerto Asís.

La violencia se genera en torno a la riqueza y es apenas la forma para lograr unos objetivos de desterritorialización que afectan a las comunidades y benefician a l capital y a los compradores de tierra. Aunque hay millones de personas pobres, Colombia no tiene guerra por esa razón, sino porque hay riqueza. Y es en torno a esa riqueza que se genera la violencia y la contrarreforma agraria.

No solamente la violencia y los métodos ilegales se utilizan para desplazar a las comunidades rurales; existe una legislación para desplazarlas. El Código de Minas, el vigente y el proyectado, así como la legislación de petróleos, tienen concordancia con otras normas ya aprobadas: las famosas zonas petroleras y zonas mineras que la ley 160 les designa al INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), y la ley de orden público, que dijo que todo campesino que estuviera a la redonda de un pozo petrolero, lo expropiaban. La Ley 160 de 1994 no sólo habla de pozos petroleros si no que de cualquier recurso no renovable. Entonces si existe una cantera no pueden titular a cinco kilómetros a la redonda. Ese mandato, que está en la ley 160, es parte de una norma de contrarreforma agraria, de la expropiación de los campesinos, que se ha aplicado legalmente en Caño Limón y en Cusiana e ilegalmente a cientos de miles de campesinos..

Luego, entonces, dentro de este esquema , global, en Colombia el valor e importancia de la tierra y la pelea y violencia que hay allí no se limitan ni son principalmente la vieja pelea entre los terratenientes y los campesinos, e indígenas. Se enfrentan intereses estratégicos, el acceso a recursos naturales y a vías, la valorización inmensa de los predios por los proyectos.

En los últimos dos años se han agudizado los conflictos en Colombia, los desplazados, las comunidades negras, los asesinatos de indígenas, las marchas campesinas e indígenas, los paros campesinos, y sin embargo, se sigue haciendo o ídos sordos a esa situación e incumpliendo los compromisos con la gente.

Si no se cambia la óptica del presupuesto que se dedica a los campesinos, indígenas y comunidades negras y a la reforma agraria, el conflicto colombiano continuará agudizándose, y todos quienes quieren una Colombia en paz , seguirán sumidos en una guerra que se intensifica todavía más ante la sordera de los dirigentes del país, quienes siguen pensando únicamente en cómo beneficiarse de la globalización, en cómo quedar bien ubicados allí y se olvidan que bajo tierra se prepara la erupción de un volcán.

Los campesinos insisten en construir pólders como los holandeses, es decir en ganarle terrenos propios al océano de la globalización y la concentración de la propiedad. La historia enseña por una parte, que la resistencia campesina es diversa, muy amplia y recurrente y por otra parte, que el propio sistema necesita de la economía campesina y la utiliza y hasta resucita de una y otra forma.

La economía campesina ha sido y es capaz de sostenerse acudiendo a estrategias combinadas que han incluido su participación en producciones claves ligadas al mercado mundial como el café y la coca, la lucha social organizada, la incorporación de paquetes tecnológicos diversos a las explotaciones de las parcelas, la participación en actividades no agropecuarias y la venta de mano de obra de integrantes de la familia.

Obviamente esta resistencia múltiple y relativamente exitosa ha sido aprovechada por el sistema que ha canalizado las divisas producidas por los campesinos, obtenido alimentos y especialmente mano de obra barata.

La cuestión radica en que esta subsistencia del campesinado al mantenerse en una situación de pobreza y marginalidad política relativa significa al mismo tiempo la encrucijada económica y política en que se encuentra Colombia. La crisis actual de la producción agropecuaria y especialmente la crisis de todo el espacio rural y la guerra, no pueden resolverse sin resolver también la situación del campesino.

En resumen, no hay duda de que el campesinado ha sido "viable" en tanto fenómeno real y existente, en la medida que ha hecho un continuo aporte a las economías nacional e internacional, representado especialmente en productos exportables generadores de divisas en el mercado internacional, alimentos para el consumo interno y fuerza de trabajo. Ha resistido parcialmente, tanto la competencia en el mercado, como la violencia ejercida para desalojarlo.

Para poder responder si será "viable" en el futuro, hay que constatar que además de haber aumentado la población dedicada al sector agropecuario (2 millones 400 mil personas en 1985 y 2 millones 700 mil en 1993), la vida rural se ha diversificado, creciendo las actividades no agropecuarias en el campo, indicando que la producción que se realiza adquiere una complejidad, expresada en una división del trabajo rural, no prevista en modelos clásicos- Mecánicos, técnicos agropecuarios, maestros, profesionales de la salud y numerosos transportadores y comerciantes hacen parte hoy de la población rural.

Tratar de romper la vida rural según el modelo clásico, choca no sólo con la resistencia campesina, sino con comunidades rurales complejas desde el punto de vista económico y social. En vez de tratar de quebrar esta dinámica comunitaria rural, podría tratársele como una enorme fuerza económica y política capaz de propiciar transformaciones desde la base de la sociedad.

Hoy la viabilidad de la economía campesina puede mantenerse aprovechando algunas de sus características:

  • 1. Capacidad dedicarse a productos de amplia aceptación en el mercado mundial y de consolidarse por largos períodos en su producción (casos café y coca , granadillas de Urrao).

  • 2. Conocimiento de sistemas agroecológicos de manejo especial, principalmente en la región andina y la zona del Amazonas pero también en otras.

  • 3. Producción más barata de determinados bienes que son adquiridos por población que no tiene acceso a otros mercados.

  • 4. Papel clave en la reproducción de la mano de obra,

Sin embargo mantenerse sólo en esos tres niveles sería prolongar la situación de crisis del país. Es necesario además que al reconocer el papel de la economía campesina se le considere como un sector estratégico, en la medida que se reconozca a las comunidades rurales como sujeto alternativo de desarrollo.

Esto significa:

  • 1. reconocer poder con categoría estatal a las comunidades locales y sus autoridades propias;llevar a cabo una reforma agraria masiva que beneficie a un millón de familias, (no marginal para pequeños grupos de 5 o 10 mil familias al año);

  • 2. un programa de crédito masivo especial para campesinos (las tasas de interés de Colombia para campesinos son superiores a las tasas de interés de Estados Unidos, Europa y Japón para corporaciones transnacionales);

  • 3. Una renegociación de los convenios comerciales internacionales para el sector agropecuario colombiano, especialmente para garantizar los canales de mercadeo para los productos alternativos al narcocultivo;

  • 4. un programa cooperativo o asociativo masivo para que los campesinos asuman programas de mercadeo y procesamiento agroindustrial de productos rurales. Este programa se puede combinar con contratos con empresas, en que las asociaciones y cooperativas construyan la correlación de fuerzas para negociar equitativamente.

  • 5. Valoración y programación de la producción, reproducción o conservación de recursos naturales renovables y respeto a la propiedad comunitaria de los recursos genéticos.

  • 6. Contratos con comunidades campesinas para el manejo de zonas de importancia ecológica.

La reforma agraria es la política articuladora de todos estos programas. Estos cuestan mucho, pero la pregunta está en si cuesta más que la guerra que se hace ahora tratando de cumplir el programa clásico de "limpiar" el campo para el desarrollo.

Es decir la discusión sobre la "viabilidad" del campesinado coincide con la discusión sobre la viabilidad de la paz. Los caminos violentos, como la guerra colombiana o los golpes de Estado en Chile o Indonesia o la dictadura de los sultanes malayos, son una alternativa.

La otra es permitir y propiciar la participación masiva del campesinado en el modelo de desarrollo, no sólo la participación marginal de unos poquitos campesinos favorecidos por programas clientelistas que son compatibles y hacen parte de una política de guerra.

Muchos creen que la participación de las comunidades campesinas se trata de hacer talleres, seminarios, foros y especialmente comités sobre los programas del Estado. Aunque eso sea importante, el problema real de la participación es el del poder y el de la disposición de los medios económicos. Mientras no tengan poder, los comités serán abandonados por la gente que ve su inutilidad .

Mientras los campesinos no puedan participar directamente en las decisiones, incluidas aquellas que se toman sobre convenios internacionales de comercio que afectan sus vidas, la participación no será real.

No se trata de "conservar" lo que hay, es decir la pobreza de años de dominación sobre los campesinos (y sobre los indígenas) sino de cambiar el modelo de dominación por el de participación y el de pobreza por el de desarrollo campesino como parte de una nueva economía nacional.

2. Una Misión necesaria

2.1 Composición de la delegación:

  • José Bove, Vocero de la Confédération Paysanne de Francia;
  • Joaquim Miranda, Presidente de la Comis ión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento Europeo;
  • Unzalu Salterain, Presidente de la organización campesina vasca EHNE y miembro de la Coordination Paysanne Européenne - CPE ;
  • Alba Palacio, Diputada del Parlamento Centroamericano y dirigente de la ATC (Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua) de Nicaragua;
  • Stefan Ofteringer, Representante de FIAN (Foodfirst Information and Action Network) Internacional
  • Evo Morales, Dirigente campesino y diputado de Bolivia;
  • José Manuel de las Heras, secretario general de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España), España;
  • Susana Paim Figueredo del MST del Brasil;
  • Gary Espinoza Martínez, secretario general de FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígena y Negras del Ecuador).
  • Con el acompañamiento de los periodistas Florencia Costa de Brasil, Georges Bartolli, Gilles Gesson de Francia y Paúl Emile Dupret de Bélgica.

2.2. Objetivos

  • Observación y verificación del impacto de los megaproyectos neoliberales en la acelerada concentración de la propiedad de la tierra , la expulsión de la población rural de sus tierras.
  • Verificación del desplazamiento campesino y sus impactos en la seguridad alimentaria.
  • Observación de la situación de deterioro de los derechos humanos de la población campesina, la restricción del derecho de asociación y el sistemático exterminio de las organizaciones campesinas.

2.3. Programa desarrollado

Los delegados y delegadas de la Misión sostuvieron entrevistas:

con los Ministerios de: Interior, Agricultura (INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), PLANTE), Hacienda, Medio Ambiente, Defensa Nacional; Alto Comisionado para la Paz, Planeación Nacional; con instituciones del Ministerio Público: Procuraduría General de la Nación (delegada para los derechos humanos, delegada agraria , para el medio ambiente). Defensoría del Pueblo; con la Fiscalía General de la Nación.

Igualmente realizaron encuentros y reuniones con organizaciones de la sociedad civil colombiana:

la Organización Nacional Indígena de Colombia , la Coordinadora Nacional de Desplazados, el Concejo Nacional Campesino, las Centrales Sindicales y el Comando Unitario (CUT (Central Unitaria de Trabajadores), CGTD (Confederación General de Trabajadores Democráticos), CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia)) el Frente Social y Político, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz; se reunió con ONG de derechos humanos: ILSA, BEMPOSTA, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, SEMBRAR, FCSPP (Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos); con ONG ambientalistas: CENSAT (Centro de Educación en Salud y Trabajo), CACTUS.

La Misión se reunió también con diputados Indígenas, con diputados de la Comisión Quinta del Senado que se ocupan de la discusión y trámite del proyecto ley de reforma agraria

Teniendo en cuenta el corto tiempo que disponía, solo realizó algunas visitas regionales de los conflictos mas marcados: Sur de Bolívar, Territorio Ü'wa, Putumayo, Cauca, Valle y Tolima.

2.4. Resumen de las conversaciones con Entidades gubernamentales y oficiales:

  • 1) El Ministro del Interior Humberto de la Calle Lombana, presentó a la Misión la actual política de paz del gobierno colombiano y sus programas de protección a defensores de derechos humanos. Con mucha complacencia, manifestó que finalmente, las ONG colombianas reconocen que el Estado colombiano es responsable solo del 2% de las violaciones de los derechos humanos y su objetivo es bajar ese índice mediante programas educativos a la fuerza pública. Sobre preguntas puntuales de la Misión sobre casos que expresan una absoluta y muy alta responsabilidad del Estado, no dio respuestas. Llamó la atención a la Misión dos asuntos: la posición innegociable frente al Plan Colombia como solución única y definitiva al narcotráfico y la decisión de continuar con la explotación petrolera de la OXY (Occidental SA) en el territorio U'wa bajo la afirmación que entre los intereses de 40 millones de colombianos y una comunidad indígena, el gobierno había decidido por la "mayoría."

  • 2) Los asesores Olga Lucía Mosquera y Marcelino Torres de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República manifestaron que en Colombia el problema de la violencia no es de redistribución de tierras porque el Gobierno ya lo ha hecho desde hace muchos arios; los indígenas ya tienen suficiente tierra ; lo que Colombia necesita es más reestructuraciones y más apertura económica. Sobre las conversaciones de paz con la guerrilla, informaron de las diferentes posiciones políticas de los actores que participan en los diálogos.

    Para algunos, la reforma agraria no debe ser tema de discusión, ya que la tierra no es el problema sino su productividad; otro intermedio que reconoce un papel al campesinado como sector alternativo interno y externo, para lo cual parte de que la política agraria debe dirigirse a los pequeños, los sin tierra y los desplazados; y el otro sector, propone que el proceso de paz debe pasar por una reforma agraria radical dentro de la frontera agrícola sin indemnización, con límite a la propiedad y donde los campesinos puedan manejar sus propios sistemas de investigación, financiación, asistencia técnica y control de los mercados.

  • 3) El Ministro de Hacienda (e) Dr. Estupinán, afirmó que debido al déficit fiscal, habrá recorte del presupuesto de inversión pública en todos los programas del Estado y no solo en los que benefician a comunidades campesinas, indígenas y negras. Señala que sólo adicionarían 1 millón de dólares al INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) para su funcionamiento este año y considera que es necesario que el UMCORA reduzca aún más sus gastos. Revisaría con el Banco Agrario la baja disponibilidad de crédito productivo para los campesinos. Recoge como "interesantes" las propuestas de la Misión de decretar las nulidades de las compraventas de tierras en zonas de conflicto, por presumirse vicios en la voluntad de los vendedores, y la iniciativa de reservar las tierras de los campesinos mediante el programa de zonas de reserva campesina que sacaría del mercado las tierras de las comunidades.

  • 4) El Asesor Presidencial para el Plan Colombia Femando Bages y tres funcionarios de la Unidad de Desarrollo Agrario del Depto. Nacional de Planeación, informan que el propósito del gobierno con el Plan Colombia es compensar los efectos de la crisis económica sobre la población más vulnerable con programas de creación de empleo y capacitación a los Jóvenes para cuando haya empleo disponible; pretenden además: resolver el conflicto armado a partir de la "exitosa experiencia de negociación" con grupos guerrilleros en 1990; combatir el narcotráfico y el narcocultivo como fenómenos sociales perversos que mantienen vivo el conflicto armado, para ello harán programas de sustitución de cultivos ilícitos y continuarán con una lucha que vale 1.200 millones de dólares cada año; harán una modernización institucional para la paz que comprende derechos humanos, desarrollo alternativo integral mediante "alianzas estratégicas para la paz" que den competitividad a los campesinos seleccionados por los agroindustriales para ser sus socios, con financiación según el perfil de cada proyecto.

    Afirmaron que los pocos recursos de desarrollo alternativo del Plan Colombia son para las "alianzas estratégicas para la paz", pero no hay recursos del Fondo de Inversiones Públicas para la Paz con destino a reforma agraria. Precisan que titularán tierras de la nación (baldíos) primero en el Putumayo y después en otras regiones, a los campesinos que hagan alianzas con empresarios; consideran perverso que las comunidades reciban donaciones, por ello les harán préstamos en forma asociada y no individual; además no se estimulará la organización social y política sino productiva y empresarial de las comunidades y para ello se le darán recursos de estimulo a los grandes gremios para que las organicen productivamente.

    Las alianzas estratégicas para la paz son patrocinadas y financiadas por el Banco Mundial que decidió cambiar el objetivo de un crédito que venía para reforma agraria. Los campesinos a seleccionar en las alianzas serán aquellos con perspectiva de convertirse en empresarios. Habrá siete alianzas estratégicas tipo: palma de aceite, tabaco, leche, banano, cacao, frutales y algunas hortalizas.

    Uno de los asistentes a la reunión, funcionario del DNP (Departamento Nacional de Planeación), expresa su opinión personal al decir que la guerra en Colombia la enredan los medios masivos de comunicación pero que es simple: hay dos bandos en contienda, uno por mantener el poder y el estado de cosas y otro que intenta cambiarlas; el desarrollo y los grandes proyectos de inversión internacional en el país generan desplazamiento, como me el caso de la paradójicamente llamada "carretera de la paz" que atravesó el Magdalena Medio luego de sacar los campesinos de la región; dice que e! Plan Colombia no es nuevo: es un viejo anhelo del gobierno de los Estados Unidos con el pretexto del narcotráfico para incrementar e! conflicto, vender armas y asegurar sus intereses.

    La comisión del gobierno propone a las organizaciones campesinas de Europa hacer una veeduría del uso de los recursos del Plan Colombia que tampoco persigue una solución de todos los problemas de Colombia- ExpUcan que reducir la inversión social del Estado e incrementar los gastos en guerra y equipamiento del Ejército es necesario para mejorar el control de las rutas del narcotráfico; aclara que siendo como es muy grave la situación con los paramilitares y sus masacres, et gobierno aclara que no los protege.

    El gobierno terminará una reglamentación que les permita extinguir la propiedad de las tierras adquiridas por los narcos -cerca de 4 millones de hectáreas de la mejor tierra del país- y ofrecen entregar a la Misión el listado de predios de la mafia a extinguir. Consideran que la experiencia de reubicación de desplazados en La Miel es un ejemplo de "un desastre con todas las de la ley porque esas familias no tienen escrituras de [as nuevas tierras y están en una situación más miserable que antes".

  • 5) Los Senadores Juan José Chaux Mosquera (Presidente de la Comisión Quinta del Senado), Jorge Hernando Pedraza; Ernesto Reyes, asesor del senador Juan Manuel Ospina; el secretario de la Comisión Quinta Senado afirman: frente al problema agrario se debe ser pragmático: definir una ley de desarrollo rural y paralelamente trabajar por incrementar la productividad y competitividad en el contexto de la política neoliberal; se haría algo de proteccionismo agrario. Los campesinos colombianos no tienen poder y la reforma agraria debe darles cultura política. Hace falta un serio estudio del potencial y el uso de los suelos.

    Los trabajadores del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) pasaron de la ortodoxia marxista a una posición socialdemócrata pero el instituto perdió su importancia política y los terratenientes también. Al país las palabras "reforma agraria" ya le generan cansancio. Pide que Vía Campesina y las organizaciones campesinas que convivan con los grandes gremios SAC y FEDEGAN (Federación de Ganaderos de Colombia). Ofrece a la Misión ser veedora del trámite parlamentario de los proyectos de ley de desarrollo rural y reforma agraria.

    Consideran que la reforma agraria no es solo dividir la gran propiedad. Los asistentes colombianos por La Misión denunciaron que los paramilitares están presionando bajo amenazas de muerte el desplazamiento y el abandono de sus parcelas a campesinos del Cauca usuarios de programas del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), situación que el Presidente de la Comisión V se compromete a denunciar en la primera sesión.

  • 6) El Ministro de Agricultura Rodrigo Villalba Mosquera, funcionarios de la Red de Solidaridad Social, el programa PLANTE, y del Ministerio del Medio Ambiente; reconocen que con la apertura económica en 10 años Colombia pasó de productor a importador de alimentos, y hacen un balance de la gestión de! gobierno en la política agraria.

    Afirman que reforma agraria es vigente y debe tener un limite en el tiempo; aseguran que la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia es menor que años atrás. A pesar de la situación, los resultados de la reforma agraria en 1999 fueron buenos pues se logró hacer bajar el precio de las tierras y se compraron mejores suelos, se avanzó en la titulación de territorios a las comunidades afrocolombianas. Afirma que los indígenas han avanzado mucho territorialmente y casi tienen la mitad de las tierras del país; a la comunidad indígena U'wa se le amplió su territorio de resguardo en 220.000 hectáreas. Reconoce que la extinción del derecho de dominio privado sobre tierras adquiridas por la mafia no ha sido efectiva. Defienden las "alianzas estratégicas para fa paz" porque con ellas se supera la falta de gerencia en los proyectos campesinos. Finalmente, manifiestan que aspiran a fusionar en un proyecto único la propuesta legislativa del Consejo Nacional Campesino y la del gobierno. Anuncia que habrá recortes en las plantas de personal de las entidades agrarias. En el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) es necesario descentralizar sus funciones y fusionar la entidad con otras. Informa que el Banco Agrario será el único banco oficial de Colombia.

  • 7) Al Procurador general de la Nación Jaime Bernal Cuéllar, fue entregada una solicitud de información sobre el estado de investigación de un listado de 130 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos contra dirigentes campesinos (as) e indígenas, en los cuales se presume la participación por acción u omisión agentes militares y paramilitares que se comprometió a entregar un informe detallado. Sobre el caso en especial de la masacre de Barrancabermeja para lo cual se realizó un Tribunal Internacional en Mayo de 1999 con participación de un delegado de la Vía Campesina, expresó que produjo dos fallos condenatorios en el aspecto disciplinario: el 27 de agosto de 1999 y el 10 de marzo de 2.000 donde se destituyeron 5 oficiales y suboficiales de la policía nacional, el ejército y el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).

    Sobre el caso de la participación de miembros del ejército en la desaparición de Edgar Quiroga dijo que no existían pruebas. Sobre el papel que cumple la Procuraduría en vigilar el cumplimiento de la ley y prevención de conflictos, en relación al plan Colombia manifestó que es necesario para acabar con los cultivos ilícitos y es la guerrilla quien afirma que éste es un plan de guerra.

    Sobre los Uwas considera que han tenido todas las garantías para expresar su oposición al proyecto petrolero pero que el pozo Gibraltar I de la OXY (Occidental SA) se encuentra ubicado por fuera de la reserva U'wa y el Estado ha hecho esfuerzos por preservar la cultura U'wa ampliando la reserva. Sobre los desplazamientos forzados afirmó que en la procuraduría no existe ninguna queja que el ejército haya provocado desplazamientos campesinos y que no existe complicidad entre paramilitares y el ejército colombiano; la Misión le recordó que sobre el caso de la Hacienda Bellacruz donde fueron expulsadas 280 familias campesinas y asesinados 40 campesinos por paramilitares y el batallón 40 héroes de Corea y bajo las órdenes de un embajador de Colombia ante la Unión Europea.

  • 8) El Vicefiscal (e) y el director de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación informaron que existen 265 órdenes de capturas contra presuntos paramilitares que no se ejecutan porque no reciben apoyo de las fuerzas militares.

  • 9) El Comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, Alfonso Ordóñez Quintana refiriéndose a la relación de las fuerzas militares y la población civil campesina manifestó: que no hay suficiente protección por cuanto las fuerzas militares no disponen de un adecuado presupuesto y que existen 254 municipios que no tienen presencia de la fuerza pública. Afirmó que hay poblaciones campesinas donde todos sus habitantes son guerrilleros; puso como ejemplo un pequeño pueblo ubicado entre los municipios de Saravena y Tame en Arauca donde durante el día son campesinos y por la noche se transforman en guerrilleros y que el ejército no lo ha bombardeado por respeto a los niños(as) y las mujeres. Considera que hay que desconfiar de todo civil pues si se tuviera un lente que mirará en lo profundo de cada uno. vería que muchos son guerrilleros. Rechazó toda vinculación que se hace a las fuerzas militares con grupos paramilitares, afirmando que a éstos últimos no los conocía. Sobre las acciones del ejército de fumigar químicamente los cultivos ilícitos, dijo que es el único medio de erradicación y que no comprende porqué la Misión se opone a ello cuando hace muy poco estuvieron 51 periodistas extranjeros en el Putumayo y ninguno rechazó la fumigación.

    2.5. Encuentro con organizaciones de derechos humanos y Desplazados (as)

    Las ONG de derechos humanos, expresaron sus preocupaciones frente a la población infantil (corresponde al 40% de las victimas de la violencia), que padecen grandes sufrimientos en los desplazamientos forzados, condenados (as) a vivir en una degradación permanente; la realidad de la vinculación directa al conflicto, exige un acuerdo humanitario entre los dos bandos que los desvincule de! mismo y que elimine el tratamiento penal a los niños y niñas que salen del conflicto. Igualmente informaron sobre varios casos de masacre de población campesina donde se expresa claramente la complicidad y apoyo de agentes del Estado. Consideran que la población campesina padece de violación absoluta de los derecho humanos fundamentales pero además la falta de solidaridad y respaldo de la sociedad en general- Afirman que en Colombia se vive una situación de contrarreforma agraria empujada por el paramilitarismo al servicio de los megaproyectos multinacionales, es por eso que el mapa del desarrollo económico del capital coincide con el de la guerra. Finalmente plantearon que las negociaciones de paz son la mayor perspectiva para resolver el problema agrario, sin embargo también se debe estar alertas porque los terratenientes también ven en las mesas de negociación, la oportunidad de imponer sus líneas de producción (como la palma africana) y recuperarse de las quiebras económicas que sufrieron a raíz de la apertura económica.

    La Coordinadora Nacional de Desplazados (as) está integrada por 60 organizaciones de desplazados (as) que luchan por una solución definitiva al problema del desplazamiento. Caracterizan el desplazamiento forzado como una tragedia nacional que ha provocado rupturas familiares, culturales, desarraigo, rompimiento de comunidades completas; la mayoría de población desplazada está integrada por mujeres y niños (as); Trabajan para que se establezca una mesa permanente sobre desplazamiento.

    Actualmente existen 2 millones de personas en desplazamiento forzado interno, población campesina en su gran mayoría y que es victima del reordenamiento territorial que imponen los megaproyectos neoliberales: el canal interoceánico en Urabá, las represas de Urrá I y II en Córdoba, el proyecto petrolero de la OXY (Occidental SA) en Arauca, el proyecto minero del Sur de Bolívar, el control de la producción de coca en el Magdalena Medio, los monocultivos agroindustriales gigantescos de Caucho y Palma en Putumayo, el petróleo en el Catatumbo. etc.

    Señalan que el paramilitarismo depende directamente de la coordinación de las fuerzas militares; el Estado dio vida jurídica al paramilitarismo mediante las Cooperativas de Seguridad. Consideran que el desplazamiento va a entrar en un segundo ciclo con la aplicación del Plan Colombia que prevé un desplazamiento provocado de 150.000 campesinos e indígenas del Putumayo; se realiza para expulsarlos de sus tierras y entregárselas a los grandes agroindustriales de la Palma Africana y el Caucho. Manifiestan que los medios de comunicación son cómplices también del genocidio que se lleva a cabo en Colombia, pues silencian lo que sucede y se encargan de hacer señalamientos criminales como sucedió con los desplazados (as) que tomaron la carretera a Medellín y que fueron señalados como guerrilleros por la radio. Consideran que el desplazamiento debilita las organizaciones campesinas y las descompone; por esto los desplazados (as) en Colombia se unen con la población campesina en la lucha por una reforma agraria como solución definitiva al desplazamiento forzado.

    En Bogotá la Misión constató el drama que vive la población desplazada visitando la sede de la Cruz Roja Internacional, ocupada desde el 14 de diciembre de 1999, por familias desplazadas de varias regiones del país y que exigen la protección a sus vidas y una solución definitiva a su condición de desplazamiento mediante la reubicación en otras regiones y el resarcimiento económico de las pérdidas sufridas- Por su parte, la Cruz Roja Internacional, después de la ocupación de su sede, decidió abandonar sus oficinas y advertir que abandonaría el país ante esta ocupación. En ese edificio, padecen hambre y enfermedades 120 niños y niñas con sus padres o sin ellos, viviendo de la caridad pública y soportando el aislamiento y represión que impone la policía que ha constituido un cerco inaccesible que los delegados de la Misión no pudieron atravesar.

    3. La misión en el terreno del conflicto: visitas regionales.

    3.1 Tolima

    En Líbano constatamos que la producción cafetera campesina en la zona ya no es viable por el bajo precio del café, faltan créditos y servicios; la mayoría de las comunidades campesinas están altamente endeudadas cuya consecuencia son los embargos de las tierra realizados por los bancos; la comunidades campesinas de esta región realizaron una gran movilización en 1995 con quienes el gobierno nacional firmó unos acuerdos de resolver el grave problema del endeudamiento campesino que no ha cumplido. Por otra parte, hay un aumento de la violencia por parte de paramilitares y de varios grupos guerrilleros; hubo asesinatos desapariciones y amenazas en varios municipios, la fuerza publica se niega a proteger las victimas

    Las comunidades campesinas de La Miel y Cambutos:

    El 14 de febrero de 1996 grupos paramilitares expulsaron violentamente 280 familias campesinas de la Hacienda Bellacruz (departamento Cesar) incendiando viviendas, destruyendo escuelas y cultivos, y dejando un saldo de más de 40 campesinos asesinados- En 1997 la mayoría de las familias logró que el gobierno colombiano las reasentara en tres fincas en otras regiones del país. Sin embargo, lejos de resolverse la situación, las familias siguen sufriendo una situación crítica:

    Por una parte, las tierras que recibieron son de mala calidad; además, todavía no tienen títulos de propiedad y son marginadas de los servicios de desarrollo rural por no cumplir con la condición básica del programa de reasentamiento a desplazados: pagar mediante crédito el 30% del precio de la tierra.

    Por otra parte, las amenazas de muerte y los hostigamientos en contra de las familias desplazadas no cesan, A finales de septiembre de este año, grupos paramilitares llegaron a una de las fincas, "La Cochinilla" departamento Norte de Santander, donde habían sido reasentadas 12 familias desplazadas con el fin de presionarlas para que se sometan a su control. Igualmente, las familias que fueron reasentadas en la finca Cámbulos, en el mes de noviembre ha recibido presiones de un grupo paramilitar que se ha instalado a escasos metros; por otra parte, esta finca esta situada en una zona de alto riesgo por su proximidad con el volcán Nevado del Ruiz ; incontables veces esta comunidad ha expresado temores por su seguridad que no han sido escuchados. El Estado
    colombiano ha violado el derecho a alimentarse de las familias desplazadas al no protegerlas de los ataques paramilitares que las despojaron de sus tierras y al no garantizar un programa de reasentamiento efectivo.

    Estas comunidades han exigido innumerables veces al gobierno colombiano el cumplimiento de los acuerdos firmados durante su larga movilización en 1.996 y que tienen que ver con: titulación y no pago de las tierras adjudicadas o devolución de las tierras de la hacienda Bellacruz, indemnización por las pérdidas sufridas, créditos de producción, bienestar, justicia y reparación a las victimas de violencia.

    3.2. Putumayo

    Es la región donde se aplica el Plan Colombia diseñado por el gobierno norteamericano bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico y la insurrección. Se prevé la expulsión masiva de miles de campesino(as) para aplicar la política de "alianzas estratégicas"; es decir una contrarreforma agraria en la cual se sustituiría los cultivos de coca por la gran explotación intensiva de palma africana, caucho, maderables para la exportación.

    Putumayo es elegido para aplicación del Plan Colombia por razones estratégicas: Es zona fronteriza con Ecuador donde Estados Unidos ha trasladado las instalaciones militares que funcionaban en Panamá, es el punto de entrada y control de la zona del Amazonas donde confluyen diferentes grandes proyectos económicos.

    En Puerto Asís la Misión constató el control de paramilitares, ejército y la presencia de la guerrilla. La población mantiene una profunda preocupación 'frente a la aplicación del Plan Colombia. En general, el Plan Colombia es rechazado por la mayoría de sectores sociales de la región. El gobierno colombiano usa el argumento de los dineros que llegarán para inversión social y productiva.

    Las comunidades del Putumayo proponen impulsar un "Foro regional de Desarrollo" que permita definir el verdadero desarrollo de esta región Sur del Colombia donde los distintos proyectos de las comunidades deben de articularse mediante un plan global. Consideran, importantísimo articular una propuesta de acción conjunta de las comunidades de Putumayo con apoyo nacional y continental en oposición al Plan Colombia y presentación de propuestas de desarrollo regional.

    3.3. Territorio U'wa

    El Pueblo indígena U'wa milenariamente ha vivido en las estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy, en los actuales departamentos de Casanare, Arauca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. Tiene una población aproximada de ocho mil personas. La cultura heredada de sus ancestros y trasmitida por generaciones conserva hasta la actualidad el respeto hacia la madre tierra, la naturaleza, los hombres y mujeres

    El territorio ancestral U'wa comprendía parte de los actuales departamentos de Casanare, Arauca, Boyacá, Santander , Norte de Santander y territorios de Pedrazas en el Estado de Venezuela, el Gobierno Nacional solo ha reconocido una mínima parte de esta extensión (15%).

    Este territorio a pesar de la deforestación ocasionada con la colonización a comienzos del siglo XX, conserva la biodiversidad y parte de ello ha sido recuperado con el proceso de ampliación territorial en el año de 1987.

    En la filosofía U'wa, el petróleo es la Sangre de la madre tierra, por tanto es Sagrado, no se debe extraer, debe permanecer en su sitio pues desde siempre ha cumplido una función fertilizadora de la tierra, pero si se saca, será el centro de codicia, el desorden, la enfermedad y ésta se encarga de destruir el medio ambiente, las mujeres y los hombres. Por tener claridad de los resultados destructivos y devastadores es que los U'wa se oponen a su explotación.

    En 1995, la Empresa Multinacional de Petróleo OXY (Occidental SA), ECOPETROL (Empresa Colombiana de Petróleos), el Ministerio del Interior.
    el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Medio Ambiente, informaron que existía un proyecto petrolero en territorio. Los U'wa rechazaron este proyecto .

    El Ministerio del Medio Ambiente expidió Licencia Ambiental a favor de la OXY (Occidental SA) (Resolución 110 de febrero 3 de 1995) sin consultar con el pueblo U'wa desconociendo los derechos culturales, constitucionales y legales humanitarios del orden nacional e internacional.

    La comunidad U'wa a través de la Defensoría del Pueblo interpuso una Acción de Tutela por violación del Derecho Fundamental de la Participación; la Corte Constitucional con fecha 3feb97 estableció bajo tutela el derecho de Consulta que le asiste al Pueblo U'wa y ordena realizarla en un término de treinta días, consulta que nunca se realizó.

    La Defensoría del Pueblo en nombre del Pueblo U'wa, interpuso también una Acción de Nulidad de la Licencia Ambiental, ante el Consejo de Estado. Su decisión judicial 3mar97) afirma que el Pueblo U'wa si fue consultado en el año de 1995 en la ciudad de Arauca, por tanto la Licencia Ambiental es legal.

    Estas decisiones contradictorias de los dos tribunales más importantes de la justicia colombiana protegen los intereses económicos de las multinacionales; la soberanía, el sentido de pertenencia, la identidad nacional y la cultura, la integridad étnica de un pueblo que constituye la multiculturalidad del país, son concepciones históricas que estorban el desarrollo del país.

    Los U'wa acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en demanda contra el Estado Colombiano.

    El gobierno colombiano impulsó la Ampliación del Resguardo Unido U'wa (Resolución 056 de agosto de 1999 expedido por el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria)) con límites que responden a los intereses de la OXY (Occidental SA) y no a las aspiraciones del Pueblo U'wa, pues de haberse respetado la petición de los U'wa el proyecto petrolero Pozo Gibraltar 1, no se realizaría, porque este estaría incluido en el Resguardo U'wa.

    Pero el gobierno frente a la insistencia U'wa de recuperar las tierras, amplió el resguardo en dos sectores que en nada afecta el Proyecto petrolero. Un mes después concedió a la OXY (Occidental SA) la ICENCIA AMBIENTAL No. 0788 (21 de Septiembre de 1.999).

    Los U'wa se han movilizado desde 1999 y durante todo el año 2.000 apoyados por el movimiento campesino de Arauca quienes han vivido la experiencia del Proyecto petrolero de Caño Limón de la OXY (Occidental SA) que significó la destrucción de la cultura indígena Guahiba, de la biodiversidad del santuario de la Laguna de Lipa, violencia, desastre ambiental y la expulsión de más de 300 familias campesinas de sus tierras.

    La comunidad U'wa ha sido objeto de amenazas continuas, desalojos violentos y señalamientos que ponen en peligro la vida de los comuneros, líderes y colaboradores. Desde el 25 de enero al 26 de Junio, la fuerza pública realizó 4 desalojos violentos donde perdieron la vida tres niños, resultó herido el fiscal del Cabildo Mayor con proyectiles lanzados por la Fuerza Pública. Cuarenta personas entre indígenas y campesinos fueron arrestados y trasladados a la fiscalía en la ciudad de Arauca, e iniciaron procesos judiciales en contra de los indígenas y campesinos.

    El sábado 30 de septiembre se instaló la maquinaria de la OXY (Occidental SA) en el territorio U'wa donde perforará el Pozo Gibraltar 1. Más de 3.000 efectivos del ejército se encuentran custodiando la maquinaria y los derechos de los U'wa son cada vez mas desconocidos y violados.

    La militarización hace parte del gran paquete que el gobierno de Estados Unidos entregó a Colombia con el ya conocido PLAN COLOMBIA, proyecto que fue apoyado por la OXY (Occidental SA) en el Congreso de los Estados Unidos. La política del Gobierno colombiano esta fundamentada en el sofisma de que Samoré salvará la economía del país, es decir, el gobierno pretende sacrificar la cultura U'wa para "salvar" su economía, todo es un discurso de doble moral, por eso toda petición del Pueblo U'wa choca con el interés gubernamental.

    El gobierno ha iniciado contratos de Asociación, declaración de Áreas de uso exclusivo de la OXY (Occidental SA) y de Reservas territoriales especiales a favor de ECOPETROL (Empresa Colombiana de Petróleos), violando el derecho territorial indígena desde tiempos inmemoriales y reconocidos por la corona española como se prueba con los títulos coloniales de Resguardo. El pueblo U'wa, entregó al Gobierno colombiano los siguientes documentos que prueban la legitima propiedad de sus territorios:

    • 1) Titulo de Resguardo Cocuy, Chita, Salinas, Sácama, Guacamayas. Chiscas, Guicán, Panqueba, Chinácota, Labateca

    • 2) Once Sentencias debidamente ejecutoriadas las cuales hacen tránsito a Cosa Juzgada y presentan mérito ejecutivo de la Honorable Corte Suprema de Justicia de fechas:1921,1922,1928,1933,1938,1942,1946,1947,1950, 1962.

    • 3) Una Sentencia debidamente ejecutoriada y por ende hace tránsito a Cosa Juzgada y presenta mérito ejecutivo del Honorable Consejo de Estado de fecha 1972.

    • 4) Copia del Libro Relación de Visitas Coloniales, publicación de la Academia de Boyacá. El cual es un documento público oficial y por ende sirve de prueba.

    • 5) Copia parcialidades o Resguardos Indígenas; su Régimen, 2 folios.

    • 6) Mapas de algunos resguardos indígenas de Boyacá, Norte de Santander y Santander, los cuales hacen parte de la jurisdicción del territorio ancestral U'wa.

    • 7) Cédula Real Amparo Territorial Indio del Nuevo Reino de Granada. Agregación de Pueblos, Sello IV 1778; 1779, Tomo I, folio 905 a 911, Relación documentos Resguardo.

    • 8) Ley 55 de 1905.

    Como todas las sociedades humanas, el pueblo U'wa también está atravesada por conflictos que siempre buscan resolver pensando en lo que les garantice su supervivencia como pueblo diferente en el futuro, respetando sus leyes y normas internas, sus autoridades y sus sabios, sus propios sistemas de conocimiento y de relación con la naturaleza y con los otros que están basados en el respeto a la madre tierra, a todo lo que vive y que quieren conservar para las generaciones futuras no solo de su pueblo, sino de todo el mundo.

    La Constitución Política, establece el reconocimiento y respeto por tas culturas diferentes que conforman la Nación colombiana y el pueblo U'wa como parte de ella. Sin embargo el Estado colombiano y los actores armados que se mueven en su territorio ancestral se olvidan de esa ley, la violan y con ello vulneran sus derechos. Les imponen sus decisiones cuando por medio de engaños y faltando a su palabra empeñada en convenios internacionales. El pueblo Uwa exige respeto a su territorio, a su cultura, a su medio ambiente sano, a sus derechos ancestrales, a los convenios internacionales que reconocen sus derechos.

    La Misión fue testigo de las negociaciones entre el gobierno colombiano encabezado por el Viceministro del Interior y las autoridades indígenas U'was acompañadas por voceros de la ANUC UR (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción), y de las organizaciones sociales de Arauca. Los acuerdos de esas conversaciones fueron instalar una mesa de trabajo con representación paritaria del gobierno colombiano y el pueblo U'wa con las organizaciones sociales que les respaldan y la veeduría de organizaciones internacionales. Por su parte, los U'was se comprometieron a levantar las barricadas y ocupaciones de carreteras que se mantenían desde el 20 de mayo.

    Posteriormente, la Misión intentó llegar hasta el sitio Gibraltar 1 en el territorio U'wa para verificar las denuncias recogidas; sin embargo, el ejército nacional impidió el recorrido bajo el argumento que eran tierras de propiedad privada de la OXY (Occidental SA); hay que señalar que hasta el momento, las tierras legalmente son de los U'wa y existen procesos judiciales para exigir el retiro de la OXY (Occidental SA). La Misión en su corto pudo constatar el grave daño ecológico que en ese momento la OXY (Occidental SA) ha realizado en sus obras de apertura violenta de grandes carreteras para lo cual ha tumbado bosques milenariamente conservados por el pueblo U'wa.

    El pueblo Uwa, exige el cumplimiento del articulo 63 de la Constitución colombiana que considera inalienables las tierras comunales de los grupos étnicos; las tierras donde se adelanta la exploración petrolera forman parte del patrimonio inmemorial del pueblo U'wa de las cuales tienen títulos de propiedad que remontan a 1600. Por otra parte el pueblo U'wa no fue consultado sobre los trabajos que actualmente adelanta la Occidental Petroleum; esta consulta se debería realizar, en los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo aprobado y ratificado por Colombia y teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del artículo 330 y los artículos 63 y 93 de la Constitución Colombiana.

    3.4 Arauca: Santo Domingo.

    La Misión recibió la siguiente denuncia: El 13 de Diciembre de 1998, la comunidad de Santo Domingo, Arauca, se disponía a desarrollar una fiesta comunitaria cuando a las 9:45 de la mañana helicópteros y aviones de la fuerza aérea , sobrevolaron y atacaron la comunidad con bombas.
    Este bombardeo produjo la muerte de 19 personas entre ellas siete niños y niñas. En la acción de evacuación de los heridos la población agitó prendas blancas para advertir su condición de civiles que no fueron atendidas, por el contrario se efectuaron disparos desde el helicóptero. Recibieron además lesiones graves por heridas veinticinco personas, entre ancianos, mujeres y niños, algunos de los cuales quedaron con lesiones permanentes y graves secuelas.

    La comunidad campesina tiene pruebas incontrovertibles de que la Unidad Aérea de Combate número 2, de la Fuerza Aérea Colombiana (Base Aérea de Apiay) estuvo involucrada en el bombardeo y utilizó equipos y ayuda militar proveniente de los Estados Unidos en esta operación. Un análisis forense efectuado por el FBI establece que, existe una relación entre los fragmentos de una de tas bombas utilizadas en esta operación y las municiones que portaban las aeronaves que estaban en la escena de la masacre.

    También existen pruebas de que la masacre contó con la aprobación de altos mandos militares y no fue una acción realizada por oficiales y soldados por su propia cuenta.

    Por su parte, el gobierno colombiano asegura que esta masacre se produjo como consecuencia de una bomba que la guerrilla dejó deliberadamente entre la población y que fue activada, lo que expresa el estado de impunidad en que se encuentra este crimen.

    Ante esta situación las organizaciones campesinas impulsaron la realización de un Tribunal Internacional de Opinión en Chicago en el mes de septiembre para buscar se ejerza justicia y demostrar claramente que las Fuerzas Armadas de Colombia han violado directamente al menos cinco tratados internacionales de derechos humanos y que la ayuda económica y militar de Estados Unidos han sido utilizado en casos de violación de derechos humanos por parte de los militares. Mientras se realizaba este Tribunal el propio Departamento de Estado ha admitido que por lo menos el 80% de las violaciones de derechos humanos son cometidas por los militares colombianos y sus aliados paramilitares.

    El 12 de diciembre, luego de un largo período de investigación y recolección de pruebas, el Tribunal de Opinión de Chicago concluyó que la bomba que provocó la muerte de 19 campesinos "fue botada desde un helicóptero de la Fuerza Aérea".

    "Un análisis del FBI determinó que la bomba fue una AN-M41, proporcionada por Estados Unidos a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC)". En consecuencia , dice el Tribunal, el único responsable por la muerte de esos civiles y por las heridas que sufrieron 25 más es el Estado colombiano. El tribunal recomienda: "Específicamente que se investigue a la Fuerza Aérea, a su inspector general, a su jefe de operaciones, al comandante de la Brigada XVIII del Ejército, a todas las cadenas de mando involucradas en el operativo y al comandante de la FAC por autorizar el bombardeo"

    3.5. El Cauca

    Es un departamento situado al sudoeste de Colombia; su población es mayoritariamente indígena, campesina y negra observa un deterioro a celerado de sus condiciones de vida como producto de la crisis de la agricultura nacional y el aumento en la concentración de la tierra en la gran propiedad y que ha provocado grandes movilizaciones por la tierra , por condiciones de vida digna en el campo.

    La ultima movilización ocurrida en noviembre de 1999 donde más de 50.000 personas durante un mes que culminó con la firma de un acuerdo con el gobierno nacional que no se ha cumplido y que amenaza con generar nuevas movilizaciones.

    Grupos paramilitares hicieron su aparición en retaliación a la gran movilización y amenaza con convertir la región en campos de muerte como ya son conocidos en otras regiones de Colombia de absoluto control paramilitar y militar.

    La visita se centró fundamentalmente para constatar la problemática de la tierra, el impacto de las fumigaciones de cultivos ilícitos (amapola), el fenómeno de los desplazamientos forzados (paramilitares) y la difícil situación que están atravesando dirigentes sindicales por el nivel de impunidad con el que actúan los paramilitares.

    La Misión recibió la información sobre el fuerte impacto de los monocultivos en la cultura agrícola del campesinado. Las grandes empresas están optando por monocultivos que no aportan alimentos (pino, eucalipto, flores, ...). Los campesinos pierden la autonomía alimentaria, y son explotados en las plantaciones y actividades del monocultivo. Así mismo, se constata las grandes dificultades con que se topan los campesinos para acceder a la tierra para trabajarla.

    En el norte y centro del Cauca , los grupos paramilitares llamadas Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, desde el mes de Junio de 2000, llevan a cabo una ofensiva contra las comunidades que participaron en la movilización y que pertenecen al Movimiento del Sudoeste Colombiano con quienes el Gobierno Nacional firmó un Acuerdo en el mes de Noviembre de 1999, comprometiéndose a garantizar la seguridad y el respeto a sus vidas y derechos humanos.

    El compromiso firmado por los representantes del Gobierno Nacional y los representantes del Movimiento de! Sudoeste Colombiano dice textualmente:

    "El Ministerio del Interior conformará una Veeduría con delegados de la Comis ión de Derechos Humanos de la Fiscalía , de la Procuraduría , Defensoría del Pueblo, Conferencia Episcopal y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La Veeduría recepcionará y tramitará ante las autoridades competentes, los casos de violación de derechos, libertades y garantías ciudadanas que comprometan la vida, honra y bienes de las personas que directa o indirectamente participaron en la movilización. Sus reuniones y su presencia podrán ser convocada por las partes y el Gobierno Nacional suministrará los apoyos logísticas y operativos para su desplazamiento.

    El Gobierno Nacional reconoce la legitimidad de la Movilización del Sudoeste Colombiano y de sus líderes como dirigentes populares, siendo representantes de las comunidades ante el Estado, reconocimiento que se expresa en los diálogos y acuerdos realizados y suscritos por las partes. Así mismo, respetando los derechos constitucionales y legales del caso, el Gobierno Nacional expresa que la protesta ciudadana, por ese solo efecto, no genera acciones laborales ni penales, individuales o colectivas, contra quienes participaron o apoyaron la movilización".

    Las incursiones paramilitares en el departamento del Cauca han provocado masacres, torturas, atropellos, desplazamientos y en general violaciones a los derechos humanos. En el municipio de Buenos Aires: los paramilitares llegaron el 9 de junio, pintaron las paredes de las casas de la población La Ventura, mediante amenazas y obligaron a desocupar las viviendas. Realizaron un retén en el mismo sitio, los pasajeros fueron requisados, golpeados e insultados; asesinaron a dos jóvenes menores de edad: por no portar los documentos de identidad Carlos Andrés Parra Criollo y otro no identificado, por no responder a la pregunta que le hicieron sobre que si había visto la guerrilla.

    El 21 de junio en un retén en la misma vía, dos jóvenes campesinos Ruberney Caraballí y Orlando Ararat fueron torturados, el primero es asesinado y el segundo se escapó e informó de lo sucedido. El mismo día en San Francisco, asesinaron a los campesinos Laurentino Londoño y Otoniel Sarría acusados de ser colaboradores de la guerrilla.

    El 2 de julio, en la población de Timba fueron asesinados dos jóvenes Cornelio Corpus y Nelson Quina; el 5 de julio en La Ventura en un retén fue asesinado Luis Eduardo Yule era miembro del resguardo indígena de "La Paila, Naya". En San Francisco fueron asesinados los campesinos Luis Carlos Zúñiga y Sigifredo León.

    El 28 de agosto en Timba, fue asesinado Ariel Hurtado. Durante el mes de septiembre, en La Balsa asesinaron a los campesinos: Jaime Filigrana, Isidoro Filigrana, Hugo Díaz y Willinton Díaz; treinta personas más fueron traídas de diferentes sitios, hombres y mujeres embarazadas de las cuales abusaron sexualmente todos los paramilitares; de esto se sabe poco, "ya que para evitar el escándalo y los costos del entierro decidieron alimentar a los peces". Todas estas personas fueron ejecutadas durante el día delante de los habitantes de La Balsa y lanzados a las aguas del río Cauca; de las ejecuciones durante la noche no se les lleva cuenta, "ya que solo ellos saben".

    En el mes de octubre me asesinado Daniel Meneses, el dirigente comunitario Pedro Jacobo Sadownik y la señora Libia sus cuerpos fueron arrojados al río Cauca.

    "A partir de la llegada e las AUC a esta región, el hostigamiento ha sido frecuente, controlan la entrada de vehículos a la población, el comercio, la entrada de alimentos y las actividades sociales. Todas las poblaciones del municipio se sienten amenazadas, especialmente Timba, La Esperanza, El Ceral y Palo Blanco; según han manifestado los de las AUC, el que no es guerrillero es informante o colaborador, por eso dicen que la matanza va ser grande, que aún no ha pasado nada. Lo que impera es el miedo y el terror".

    En el municipio de Santander de Quilichao, en el mes de octubre, según las autoridades entre desaparecidos y asesinados hubo 27 victimas.

    El 14 de junio en el corregimiento del Palo, municipio de Caloto aparece una lista de veintidós nombres, al parecer emitido por las AUC, con el pie de página "Estamos Limpiando".

    En el municipio de Suárez:

    en julio26, fue la primera incursión paramilitar bajo las consignas "fuera guerrilleros del departamento del Valle del Cauca" fueron muchos los asesinados , pero el temor de los familiares, los obligó a llevar los cadáveres para darles cristiana sepultura a su lugar de origen, sin denunciar el hecho a las autoridades.

    En el municipio de Morales:

    el 16 de Noviembre una incursión paramilitar en Loma de Oso robaron las mercancías y alimentos de las tiendas campesinas.

    En el municipio de Cajibío:

    el 19 de Noviembre del año 2,000, en la población de Dinde, retuvieron a la gente durante dos horas, exigían documentos de identificación y comparaban los nombres con una larga lista que portaban; a varias de las personas las encerraron en una pieza y de una manera humillante les cortaron completamente el cabello haciéndolos objeto de burla. Allí desaparecieron al joven campesino de 17 anos de nombre Angelino Largacha.

    El 22 de Noviembre, en el Carmelo, reunieron toda la gente de la comunidad y en su presencia asesinaron a tres comerciantes Jainer Campo de 22 años de edad, Jaime Rojas de 61 años y Alcibíades Camayo de 40 años, ellos eran dueños de tiendas de la localidad , fueron acusados de ser auxiliadores de la guerrilla.

    El 24 de Noviembre , en la Pedregosa, 50 hombres uniformados, llevaban retenidos y maniatados con un lazo al cuello a los campesinos hermanos Diego Arnulfo Camayo y Eric Camayo; Diego Arnulfo era dirigente campesino muy reconocido. En ese sitio, realizaron un reten donde también retuvieron a los campesinos Germán Valenzuela, Adolfo Benalcazar y Dagoberto Velasco los maniataron y los llevaron con ellos.

    Posteriormente fueron encontrados los cuerpos de Diego Arnulfo Camayo, Eric Camayo, Germán Valenzuela y Dagoberto Velasco, habían sido brutalmente torturados y asesinados con disparos en la cabeza.

    El 6 de diciembre, en la población La Cohetera, fue asesinada la dirigente de la ANUC UR (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción) Martha Cira Becoche, de 30 años, quien había participado activamente en la movilización campesina del año anterior; su asesinato se produjo mientras realizaba actividades comunitarias. Estos hechos de terror ha obligado al desplazamiento forzado de población campesina.

    En el territorio indígena de Guambia las fumigaciones indiscriminadas están surtiendo un efecto devastador. Se comprueba que no existen el gran número de hectáreas de amapola, que sirven de excusa para las fumigaciones. Comprobamos que en Guambia no hay más de 20 Hectáreas de cultivo de amapola. La comunidad indígena exige la ampliación de sus territorios y que se respeten sus tradiciones, cultura y el modo de vida.

    3.6 Valle del Cauca.

    La visita de la Misión se centró en conocer el impacto de los megaproyectos, la difícil situación de los dirigentes sindicales, la situación de campesinos(as) desplazados quienes se encuentran en el estadio de Buga soportando grandes sufrimientos por falta de alimentos, salud, y en condiciones de hacinamiento. Durante el año 2.000 hasta principios de julio, han ocurrido más de 40 asesinatos y decenas de desaparecidos en Byga, por la acción de las bandas paramilitares. La presencia paramilitar en las poblaciones campesinas es constante. La misma presencia y la impunidad con la que actúan crea una gran tensión social en Buga. Distintos líderes sindicales han sido asesinados y otros están desaparecidos. Las organizaciones sindicales más importantes del Valle exigen la seguridad de sus dirigentes y el esclarecimiento de los procesos de investigación. Estas reivindicaciones fueron trasladadas al Alcalde de Buga en reunión con los integrantes de la misión campesina y los dirigentes sindicales de la localidad.

    En todo este departamento las bandas paramilitares han logrado una cobertura gigantesca en sus operaciones de terror; se conoce que existen 4 estructuras paramilitares:

    • 1) Bloque Calima, que opera en el centro, zona oriental del departamento;

    • 2) Bloque Cacique Calarca, que opera en Norte del Valle;

    • 3) Bloque Pacífico, que incursiona por el Occidente, más exactamente en la costa pacifica, vía que conduce hacia el puerto de Buenaventura.

    • 4) Bloque Farallones, que opera en las estribaciones de la cordillera Occidental, Farallones de Cali y parte sur occidental.

    Iniciaron sus operaciones el 31 de julio de 1999, con masacres, desplazamientos forzados, han asesinado a 450 personas en su mayoría dirigentes sindicales, campesinos (as), populares. En el primer semestre del 2.000 realizaron 28 masacres y como consecuencia miles de campesinos y trabajadores se vieron obligados a desplazarse. La Defensoría del pueblo había advertido al gobierno nacional del peligro que corre la población civil ante el avance de estos grupos, sin embargo no se realizó ninguna acción preventiva "Las comisiones del gobierno fueron creadas siempre a partir de hechos graves e irreversibles, (masacres de Zabaleta, el Danubio, Buenaventura, o la barbarie impuesta el centro del Valle que arroja en menos de un año mas de 200 muertos) . Mostrando una falta total de voluntad política para prevenir y superar la crisis de derechos humanos de la región"

    "El llamado centro de coordinación de lucha contra las autodefensas del que habla el gobierno, no ha operado en el Valle del Cauca, por el contrario los paramilitares se pasean tranquilamente por todo el territorio, sin que la fuerza pública adelante operativos en su contra. "El primero de Julio de 2.000, el líder campesino y desplazado del corregimiento de Galicia, Basislides Quiroga fue sacado a las 7.30 p.m. de la casa campesina ubicada a dos cuadras del comando de la policía, por hombres fuertemente armados y encontrado asesinado el día 2 de julio del presente año".

    "en la primera semana de septiembre del año 2.000, la administración municipal de Tulúa, (donde se ubicó el mayor número de desplazados del centro del Valle) por intermedio del secretario de gobierno, Señor Harol Pérez, coaccionó a los desplazados para que salieran a pedir ayuda a los comerciantes, hecho que file calificado por los paramilitares como extorsión y generó la amenaza de muerte para todos las personas desplazadas que fueron declaradas objetivo militar por el bloque Calima de los paramilitares si en el plazo de 15 días no abandonaban los albergues y retornaban a sus parcelas.

    El alcalde municipal de Tulúa, señor Ramiro Devia ofreció el transporte a los desplazados y sus familias sin ninguna garantía económica ni de seguridad. Este acto demuestra la falta de compromiso del gobierno y su responsabilidad en lo que le pueda ocurrir a los desplazados obligados a retomar, máxime cuando algunos campesinos que habían regresado a sus lugares de origen habían sido asesinados."

    Las organizaciones sociales del Valle manifiestan: "Exigimos del gobierno nacional un pronunciamiento de respaldo y reconocimiento legítimo a nuestro labor como dirigentes sociales y sindicales. Que las actividades de defensa de los derechos de los trabajadores, los derechos humanos las libertades sindicales de movilización, sindicalización, de expresión y de reunión, no sean catalogadas por los militares y los organismos de seguridad como ilegales y perturbadoras del orden público."

    En comunicados de la ORIVAC (Organización Regional Indígena del Valle del Cauca) del 14 de octubre, expresan "los terratenientes están de fiesta: desplazamientos forzados de numerosa población, ametrallamiento y permanentes sobrevueles de helicópteros, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias, ...en un corredor que se ha convertido en objetivo estratégico del latifundio especulador, gracias a los megaproyectos viales previstos por el alto gobierno y a las recomendaciones de los norteamericanos con relación al control sobre la carretera Panamericana."

    3.7. Magdalena Medio y Sur de Bolívar.

    El Magdalena Medio una de las regiones más ricas en recursos naturales de Colombia; comprende parte de los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá, Cesar y Bolívar. La agricultura, pesca, ganadería y abundantes recursos hídricos, energéticos y madereros, la colocan en uno de los renglones productivos más importantes de Colombia. Esta región que ha sido centro de la industria petrolera, se destaca además por poseer una de las minas de oro más grandes de América Latina, ubicada en la Serranía de San Lucas, al Sur de Bolívar.

    Hacia finales de la década de los 80 el movimiento campesino se encontraba en su mayor auge. En mayo de 1988 se originaron las marchas campesinas en todo el nordeste colombiano que movilizaron más de 20,000 campesinos en la región del Magdalena Medio liderados en ese momento por la ANUC-UR y cuyas principales reivindicaciones eran la vida, la tierra y la inversión social para el campo, sobre las cuales el estado colombiano firmó varios acuerdos. La respuesta del Estado colombiano fue la represión contra el movimiento campesino; uno de los hechos más graves fue la masacre de Llana Caliente ejecutada por el Ejercito Nacional contra la marcha campesina que provenía de la zona de San Vicente de Chucurí desplegándose así toda una estrategia de exterminio contra los dirigentes y pobladores de los municipios de San Vicente de Chucurí, Bajo Simicota, área rural de Barrancabermeja y Yondó.

    El sur de Bolívar produce el 42.01% del oro de Colombia. Durante años la extracción del oro en la zona. ha sido labor de 35.000 mineros afiliados a ASOAGROMISBOL (Asociación de Agricultores y Mineros del Sur de Bolívar) a través de los comités mineros. En la actualidad existen aproximadamente 45 comités propietarios de licencias colectivas, por medio de las cuales se reconoce la explotación de las minas de San Pedro Frío, Mina Nueva, Mina Quemada, Mina Grillo, Mina Central, Mina Porrón, Mina Brecha, San Luquitas, y otros asentamientos que se encuentran en proceso de legalización.

    Actualmente, la empresa minera San Lucas Ltda. conformada por la familia Illera Palacios (al parecer asociada con la empresa transnacional canadiense Corona Goldmines) reclama la propiedad privada sobre el titulo minero, con el fin de explotar en exclusividad las tierras ubicadas en las veredas San Pedro frío y el Paraíso. El gobierno nacional, violando el Código de minas, ha concedido a esta empresa por mas de 70 años un titulo a perpetuidad, sin delimitación de títulos.

    Por otra parte, el gobierno colombiano, impulsó una reforma al código de minas el cual favorece los intereses de las transnacionales en contra de sectores dedicados a la pequeña minería.

    Ante estos hechos ASOAGROMISBOL (Asociación de Agricultores y Mineros del Sur de Bolívar) ha denunciado en varias oportunidades las arbitrariedades que esta empresa minera viene cometiendo contra el sector de la pequeña minería y su preocupación por el ingreso de los grupos paramilitares en el Sur de Bolívar que han amenazado con masacres y ejecuciones selectivas de los dirigentes.

    Luego de dichas denuncias se incrementó la persecución en contra de dirigentes de ASOAGROMISBOL (Asociación de Agricultores y Mineros del Sur de Bolívar) y el 20 de junio de 1997 es asesinado Luis Orlando Camaño, presidente quien había sido señalado como colaborador de la guerrilla, por miembros del ejercito nacional, a raíz de su participación en las mesas de negociación con el Gobierno Nacional constituidas durante las marchas campesinas realizadas en septiembre de 1996.

    En Septiembre de 1996, las comunidades campesinas del Magdalena Medio, se movilizaron para denunciar las graves violaciones que se venían cometiendo en contra sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

    Los puntos centrales de esta negociación eran el respeto a la vida y la inversión social, educación y salud, garantías económicas, viviendas rurales, infraestructuras y servicios públicos, agua potable y saneamiento básico, vías de acceso, electrificación, telecomunicaciones, créditos, renegociación de sus deudas ante la Caja Agraria y sustitución de cultivos.

    Durante esta Negociación que duro 23 días, los campesinos expusieron sus preocupaciones por el anuncio de los grupos paramilitares de incursionar en el sur de Bolívar y exigieron a las diversas instancias del Estado que protegieran ia integridad física de la población

    Después de las firmas de los acuerdos en septiembre de 1996, más de 150 campesinos del sur de Bolívar fueron asesinados entre septiembre de 1996 y Octubre de 1998.

    En la población de Bodega Central, el 21 de marzo de 1996, incursionó un grupo de 100 hombres fuertemente armados que masacró a 8 campesinos. El 28 de Marzo de 1997 en el municipio de Tiquisio y Puerto Coca masacraron a 11 campesinos.

    El 25 de abril de 1997 incursionaron en el municipio de Rió Viejo, asesinaron al minero Juan Camacho, lo decapitaron en presencia de más de cien pobladores, clavaron su cabeza en una estaca mirando hacia la serranía y advirtieron que se dirigen hacia la zona minera del Corregimiento de Norosi. El 20 de Junio de 1997, fue ejecutado en el municipio de Aguactüca el Presidente de la ASOAGROMISBOL (Asociación de Agricultores y Mineros del Sur de Bolívar), hechos que generaron un desplazamiento forzado sin precedentes en la región.

    El 11 de junio de 1998 el jefe paramilitar Carlos Castaño, inició una ofensiva contra la población del Sur de Bolívar. Durante estas incursiones los paramilitares estaban apoyados vía terrestre, aérea y fluvial por tropas del ejército nacional,

    Los operativos contra la población civil continuaron y se extendieron a todos los municipios del sur de Bolívar y Valle de Cimitarra y ante la ausencia de respuestas del Gobierno más de diez mil campesinos y mineros se concentraron en los municipios de San Pablo, Morales, Barrancabermeja, y Bogotá.

    Los campesinos movilizados hicieron llegar el pliego de peticiones al gobierno, en el cual incluían la propuesta de constituir una "Mesa de Trabajo" para abordar la problemática de la región.

    El 4 de octubre de 1998 el presidente Andrés Pastrana, firmó los siguientes acuerdos:

    Sobre derechos civiles y políticos:

    1) Destituir a todos los Agentes Estatales, sobre los cuales se determine que han estado vinculados por acción u omisión en violaciones a los derechos humanos o hayan auspiciado la conformación de grupos paramilitares en el País.

    En consecuencia de los acuerdos se expidieron:

    2) La directiva presidencial No 03 del 15 de octubre de 1998: mediante la cual ordena a la fuerza publica "intensificar acciones y mostrar resultados inmediatos y contundentes en contra de los grupos paramilitares" .

    3) El decreto No.2295 de 1998 "por el cual se modifica el decreto 2895 de 1997 y se crea el bloque de búsqueda contra el paramilitarismo en el Magdalena Medio en el cual".

    Sobre derechos económico, sociales y culturales:

    4) El presidente expidió el decreto 2308 del 12 de Noviembre de 1998 por medio del cual se compromete a " Invertir los recursos suficientes y necesarios para la ejecución del "Plan de desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos en el Magdalena Medio"

    5) Para las comunidades campesinas, lo esencial del Plan de desarrollo regional es resolver las graves carencias en salud, educación, carreteras, servicios públicos, créditos de producción, tierras, etc. Sin embargo, el presidente resaltó como prioridad del Plan Colombia el cultivo de doscientas mil hectáreas de palma africana para el Magdalena Medio lo cual fue rechazado enérgicamente.

    Luego del retomo del 4 de Octubre de 1998, las acciones de Barbarie en contra de la comunidad campesina y minera del sur de Bolívar y sus dirigentes dejó más de 400 victimas.

    El 30 de octubre de 1998 en el Municipio de San Pablo fueron asesinados y mutilados los líderes campesinos Óscar Danilo Zais Peña, Meider José Gracia Castillo y Valdiris Chamorro. Del 1 al 26 de noviembre del 98 fueron quemadas 689 viviendas y dos alcaldías municipales.

    Innumerables acciones ejecutadas por batallones del Ejército Nacional (Los Guanes, Héroes de Majagual y Batallón 45) de la V Brigada en combinación con bandas paramilitares fueron denunciadas por las organizaciones campesinas que durante 1999 dejaron cientos de victimas; El 16 de octubre de 1999 se desarrolló en los municipios de San Pablo y Simiti un operativo militar y paramilitar que dejó 18 campesinos muertos y más de 3000 desplazados que se vieron obligados a ocultarse en las montañas como una medida de resistencia para salvaguardar su vida.

    El 28 de noviembre de 1999, fueron desaparecidos los dirigentes campesinos Edgar Quiroga, vocero del sur de Bolívar en las negociaciones de la Mesa del Magdalena Medió y Gildardo Fuentes testigo de excepción de investigaciones que venían adelantando la Procuraduría y la fiscalía.

    Durante el año 2000 ocurrieron los siguientes hechos:

    a) Enero 23: en San Blas Simiti fue asesinado el campesino Alfonso Pérez de 25 años

    b) Febrero 14: en el kilómetro 4 de San Pablo, fue asesinado el joven Carlos Arturo Salinas de 22 años. En la humareda Baja, fue torturado y asesinado el campesino Orlando Caballero. En Caño de Oro fue asesinado a machetazos el campesino Andrés Blanco de 60 años.

    c) Marzo 6: En el municipio de San Pablo, fue asesinado Rafael Arias.

    d) Marzo 13: En San Pablo fue asesinado el comerciante Jorge Delgado de 58 años, padre de 13 hijos. Este mismo día en el punto conocido como la Y de Simiti en un reten de hombres armados que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, desaparecieron al señor Rubén Delgado.

    e) Marzo 15: En San Pablo, fue desaparecido el joven Neftalí Olaya de 25 años.

    f) Junio 6: En un reten cerca de Monterrey, paramilitares le exigieron al señor Marco Aurelio López Roa 20 millones de pesos a cambio de respetar su vida y la de su familia, le un mercado avaluado en 8 millones de pesos, llego a su casa y logró reunir otra cantidad de dinero y se devolvió a hablar con los paramilitares y hasta el momento, esta desaparecido.

    Muchos casos sucedidos no han podido ser denunciados, la mayoría de las victimas vienen siendo enterradas en fosas comunes cavadas por los paramilitares y un gran numero de víctimas de ejecución extrajudicial han sido botadas al río Magdalena y no ha sido posible su identificación.

    En el mes de febrero de 2000, los paramilitares obligaron bajo amenazas de muerte a las comunidades a movilizarse en contra de la propuesta de la guerrilla de despejar un área geográfica para iniciar las conversaciones de paz con el gobierno nacional; las concentraciones fueron ubicadas entre la Base Militar de Aguas claras, jurisdicción de Aguachica- Cesar y el Batallón Morrison en jurisdicción del Municipio de San Martín, Cesar.

    Actualmente los paramilitares efectúan retenes por el río Magdalena bloqueando el ingreso de alimentos, medicamentos y mercancías de vital importancia, para la supervivencia de las comunidades. Portan listas con los nombres de los dirigentes de la región especialmente quienes representaron a las comunidades en el éxodo campesino del 98 y de todas las personas que se movilizaron en Barrancabermeja, San Pablo y Bogotá.

    Posterior a la salida de la Misión de Colombia, el 15 de julio de 2000 se presentaron combates entre el ejército nacional (batallón los Guanes) que actúan conjuntamente con grupos paramilitares y la guerrilla del ELN, en Aguas Lindas y Vallecito y El Paraíso. En desarrollo de estos operativos Ejército y paramilitares llegaron Aguas Lindas y asesinaron al campesino Teófilo Torres de 45 años de edad y a su hijo Darío Torres de 15 años, maltrataron al resto de la población acusándola de colaborar con la guerrilla, saquearon, quemaron algunas casas, ocasionando el desplazamiento de 350 familias.

    Estas familias se ubicaron temporalmente en la vereda El Diamante; sin embargo, los paramilitares incursionaron en El Diamante y las 700 familias que vivían este corregimiento tuvieron que desplazarse hacia la montaña junto con las de 3.500 personas que se encontraban huyendo de El Paraíso , Aguas Lindas y Vallecito. Posteriormente, el 22 de julio/2000 los paramilitares y el ejército llegaron a Vallecito donde quemaron 40 casas, casi la totalidad del pueblo.

    El 8 de octubre asesinaron al campesino Samuel Acevedo él y su familia se encontraban protegidos en las comunidades en resistencia de Vallecito. El 26 de octubre, una nueva incursión militar y paramilitar sobre Vallecito la cual quemaron las 14 viviendas que se mantenían en pie desde la primera incursión de julio y robaron los materiales que la comunidad había recibido de solidaridad desde Bruselas para la reconstrucción de sus viviendas.

    Actualmente las comunidades campesinas son rehenes en su propia región. Las organizaciones sociales y habitantes del sur de Bolívar como respuesta a la barbarie se han declarado en desobediencia civil desde el pasado 19 de abril del 2000.

    Los acuerdos suscritos por el Estado y los voceros de los campesinos agrupados en la Mesa Regional del Magdalena Medio demuestran el grado de responsabilidad, política y jurídica del actual gobierno, no solo por no haber hecho efectivos los pactos contraídos con las comunidades del sur de Bolívar, sino por que los Crímenes cometidos después de la firma de los acuerdos y del retorno de los campesinos, confirman la participación de Agentes Estatales en la política de Exterminio contra las comunidades.

    El derecho a la protesta, es actualmente la única herramienta de la que pueden hacer uso las comunidades del sur de Bolívar víctimas del genocidio y el desplazamiento forzado. Por ello desde el mes de abril se declararon en desobediencia civil, es decir el desconocimiento total a todas las instituciones del Estado.

    Ante esta situación, las comunidades campesinas del Sur de Bolívar, impulsarán un Tribunal Internacional de Opinión con el que demostrarán que el terrorismo de Estado expresado en las masacres, el desplazamiento, la desaparición forzada, las torturas asesinatos, arrasamiento de las poblaciones es el mecanismo utilizado en esta región para desarticular y aniquilar las organizaciones comunitarias que han exigido históricamente e! respeto de sus derechos fundamentales recogidos en los acuerdos firmados por el gobierno en septiembre de 1996 y octubre de 1998.

    La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra que agrupa 120 juntas de acción comunal de Yondó, Cantagallo, San Pablo, Remedios, corregimiento Ciénaga del Opón de Barrancabermeja en el Magdalena Medio, áreas donde el 1NCORA ha adjudicado algunas fincas y baldíos, denuncian en los dos últimos años operativos combinados de paramilitares y militares contra los caseríos, saqueos por la tuerza pública, asesinatos selectivos que llegan a 400 personas en Barrancabermeja y 500 campesinos más en la zona, quema de las instalaciones de la Cooperativa campesina de la ACVC (Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra), 30 mil desplazados.

    "El 3 de enero del 2.001, fueron secuestrados 24 campesinos habitantes del Valle del Río Cimitarra por parte de paramilitares. en el sitio Las Palmas en jurisdicción del municipio de Cantagallo, quienes viajaban a bordo de cuatro canoas, al parecer como retaliación al hecho de que la guerrilla en días anteriores retuvo una embarcación con un hombre muerto y dos paramilitares. La amenaza del grupo paramilitar que tiene en sus manos a los campesinos, fue de que si no eran devueltos sus compañeros, los labriegos serían asesinados, tal como al parecer está sucediendo, según algunos testimonios".

    La ACVC (Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra) afirma: "exigimos todo el tiempo lo nuestro, es por eso que estamos exigiendo ser sembradores de caña y arroz, hacedores de panela, arrieros de búfalos, constructores de vivienda, cooperativistas, agroforestales. planificadores y ordenadores ambientales del territorio que nos queda; todos estos proyectos los estamos forjando en el marco de una zona de reserva campesina que nos permita sustituir los cultivos de coca existente y dignificar la vida de nuestra gente...".

    La zona de reserva campesina que necesitan con urgencia las comunidades del Valle del Río Cimitarra no se aprueba por el gobierno porque para esa zona existe un megaproyecto de siembra en monocultivo de 30 mil hectáreas de palma africana a un costo de US. 10 millones (según Planeación Nacional) en contraposición con el plan campesino de desarrollo regional que rechaza el monocultivo, más cuando saben que el precio internacional del aceite de palma ha bajado drásticamente en los últimos 18 meses (ver informe de FEDEPALMA (Federación de Industriales de la Palma Africana)) como resultado de las cosechas de aceite de girasol en Brasil, EUA y otros países.

    En el Valle del Río Cimitarra, los paramilitares han forzado e! desplazamiento de 50 familias hacia la vereda El campo y otras veredas del interior del Valle del Río Cimitarra. Los paramilitares al parecer tienen una base permanente en la población El Caguí , donde han asesinado durante meses con lista en mano a numerosas personas y se han dedicado a saquear y robar el dinero, los productos y las mercaderías de los campesinos. El 04 de Diciembre dos canoas de transporte cargadas con las mercancías de las Cooperativas de la ACVC (Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra) fueron totalmente saqueadas por los paramilitares.

    En la vereda El Tigre del municipio de Yondó los paramilitares han establecido un retén permanente a 10 minutos de una base militar del Batallón 45 Héroes de Majagual ubicada en el Puerto Casabe del Municipio de Yondó, este retén igualmente cumple la función de asesinar campesinos y saquear los productos que van hacia el Valle del río Cimitarra. Estos retenes han generado una grave crisis de Derechos Humanos y de seguridad alimentaria en la región.

    4. Algunas conclusiones de la Misión

    4.1. Reforma Agraria

      1) El programa de reforma agraria iniciado en Colombia desde 1961 es cuestionado en sus resultados por todos los sectores de Colombia. El gobierno colombiano y los terratenientes dicen costo de la intervención del Estado es muy alto y los resultados son bajos, y además crean inestabilidad en los derechos de propiedad que no favorecen la inversión extranjera. Estas posiciones proponen a cambio de la reforma agraria un programa de nueva parcelación bajo el nombre de "alianzas estratégicas, sociales y productivas para la paz".

      Los sectores campesinos, indígenas, afrocolombianos, organizaciones sindicales y cívicas afirman que en Colombia no se ha hecho reforma agraria sino un programa de colonizaciones para ubicar fuera de la frontera agrícola (donde no representaran peligro para el latifundio) a los (a) campesinos (a) desplazados (a) por las violencias políticas mientras se insiste en el esquema fracasado de desarrollo por la vía del latifundio en detrimento del apoyo del Estado a la economía campesina y su aporte.

    • 2) Los estudios recientes (Misión Rural, 1998) afirman que la acaparación especulativa y rentística de las tierras ha sido la base y el motor del gamonalismo, la exclusión política, la pobreza y la violencia terrateniente. Consideran que la falta de una reforma agraria estructural ha sido la causa de una cultura de la renta y el dinero fácil que identifica a terratenientes, multinacionales, banqueros y narcotraficantes. La ausencia de la reforma agraria ha provocado los cultivos ilegales y el narcotráfico, la depredación de medio millón de hectáreas de selvas por año, el mal uso de los suelos.

    • 3) Los argumentos de que el sector agropecuario ya no es importante, ni la propiedad de las tierras, esconde una política de alta movilidad de la población definida y aplicada desde hace 50 años para "sacar gente ineficiente del campo" con lo que la consolidación del latifundio y el desplazamiento campesino (por pobreza y marginalidad o por violencia) pasaron a ser políticas de Estado para dejar el territorio libre de "gente sobrante" para que las multinacionales desarrollen sus megaproyectos de inversión y control geoestratégico.

    • 4) La reforma agraria marginal se mantiene en Colombia como un simple programa de colonizaciones y mercado subsidiado de tierras para la estabilización de áreas de alto conflicto agrario porque que no cuenta con el soporte de una política de desarrollo rural y protección de la economía campesina.

    • 5) El programa mercado subsidiado de tierras, ha fracasado en Colombia; ha significado un subsidio para los grandes propietarios y ha contribuido a la concentración de la tierra. Las altas tazas de interés de los créditos para compra de tierras han llevado a las comunidades campesinas a la quiebra económica; el subsidio otorgado por el gobierno nacional no ha garantizado que la rentabilidad de la tierra permita pagarla. Esta realidad exige, el abandono por parte del Estado colombiano de esta política como medida para garantizar el acceso a la tierra a 1.547.676 familias campesinas y la redefinición de un modelo de reforma agraria en concertación con las organizaciones campesinas, indígenas, negras, sindicales y representantes de consumidores.

    • 6) Existen amplios consensos en la vigencia de la reforma agraria en Colombia para hacer un ordenamiento social y cultural de la propiedad, que significa establecer áreas para el desarrollo consolidación de la economía campesina (que ha demostrado ser más eficiente que los latifundistas), y para el etnodesarrollo de cerca 84 pueblos indígenas diferentes, proteger ecosistemas frágiles, reemplazar los cultivos ilegales, reubicación de colonos de áreas protegidas, definir las áreas de reserva campesina y las reservas de suelos alrededor de las grandes ciudades y, en general, estimular una cultura productiva, de respeto y conservación de la naturaleza y la biodiversidad, que impulse el desarrollo nacional y social.

    • 7) Falta voluntad política de los gobernantes y legisladores para realizar una verdadera reforma agraria como una estrategia de desarrollo que se demuestra en: presupuestos insuficientes del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), la pro terrateniente legislación agraria, la carencia de política de desarrollo rural, altas tasas a los créditos incluidos los destinados a la producción de alimentos, la apertura económica (que quebró miles de parecieres exitosos hasta 1990), la persecución oficial a las organizaciones campesinas e indígenas, la pérdida de capacidad operativa de la entidad con reducciones de su planta de personal del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria)

    • 8) Sin embargo, el gobierno nacional impulsa un proyecto de ley de reforma agraria en el Congreso de la República de Colombia cuyo objetivo es mantener el fracasado esquema del mercado subsidiado de tierras como programa principal de acceso a la tierra

      Por su parte, el Consejo Nacional Campesino presentó su propia propuesta de reforma
      agraria cuyas características son:

      a) limitar la propiedad de la tierra y redistribución del latifundio dentro de la frontera agrícola.

      b) expropiación sin indemnización de los predios ocupados donde se han asesinados población campesina, indígena o negra; nulidad de compraventas de las tierras de campesinos desplazados por violencia; garantía para el retomo de los desplazados a sus tierras o reubicación.

      c) extinción del dominio en fincas donde se violen derechos laborales de los trabajadores, se haga mal uso de los suelos y destinación para desplazados a título gratuito

      d) Los territorios indígenas no son embargables.

      e) fortalecimiento del presupuestal INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria).

    • 9) Particularmente ilustrativo al respecto son las cifras del presupuesto nacional el año 2.001 de $57 billones de pesos colombianos: el servicio de la deuda externa representaba en 1995 el 19,1% y pasa en el 2001 al 40,4% del presupuesto total de la nación; el pago de intereses de la deuda el año entrante será cinco veces mayor que el presupuesto total de inversión de la nación, para reforma agraria el gobierno sólo asignará el año 2.001 el 0,00000009% del presupuesto nacional. El Consejo Nacional Campesino establecen que la reforma agraria en Colombia se haría con sólo $2 billones de pesos si se afectan con extinción del derecho de dominio los 44 mil kilómetros cuadrados comprados -o arrebatados- por la mafia para lavar dólares y especular con la valorización de los megaproyectos en los mejores suelos del país (valles de los ríos Cauca, Magdalena, Sinú, San Jorge, Zulia, Meta, etc.)

    • 10) Paradójicamente el gobierno colombiano destina para gastos de personal, del sector defensa nacional (fuerzas militares ) y policía el 50% del presupuesto nacional mientras desmonta su institucionalidad pública dedicada a la reforma agraria, la adecuación de tierras, la cofinanciación, el apoyo a la pesca artesanal, la investigación y transferencia de tecnológica, la formación técnica y profesional, etc. suprimirá totalmente el INAT (Instituto Nacional de Adecuación de Tierras), DRI (Desarrollo Rural Integrado), ENPA y reducirá el 80% del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria).

    4.2. La política económica.

    • 11) Es condición para un proceso de reforma agraria, revisar los acuerdo internacionales de comercio. La apertura indiscriminada a las importaciones y el sometimiento a las simples leyes del mercado tienen que ser substituidas por una estrategia destinada al uso adecuado de los recursos nacionales.

    • 12) La política económica necesita readecuar sus objetivos, metas, instrumentos y recursos a la concepción del desarrollo sostenible y al cambio cultural y político propuesto. Se trata de abandonar las prácticas economicistas y el sometimiento a los intereses al mercado mundial. Es necesario liberarse de los tratados comerciales lesivos que han eliminado la agricultura nacional. Colombia necesita convenios que le permitan proteger su producción nacional agropecuaria y comercializar los productos alternativos a la coca y la amapola.

    • 13) La baja sostenibilidad social del modelo neoliberal es evidente hoy en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, pero especialmente en la región andina. Los reciente hechos de Ecuador son el mejor ejemplo de cómo la región se verá convulsionada si se insiste en las recetas monetaristas y del libre comercio. Las luchas indígenas en Chile y México, el movimiento campesino en Brasil y Paraguay y la dura oposición de los campesinos bolivianos a las fumigaciones de sus cultivos de coca, son otros ejemplos.

    • 14) No son sostenibles la reducción de los salarios reales y de las prestaciones sociales de los trabajadores, la obtención de recursos fiscales mediante la privatización de las empresas rentables del Estado y la entrega de los recursos naturales. Es necesario que más que un aumento en la cantidad de empleos se produzca una mejora de la calidad del empleo, de manera que el empleo temporal, el subempleo y los bajos salarios no produzcan un incremento de la pobreza y del desempleo- La sostenibilidad social y económica exigen calidad de vida de los trabajadores y no solamente más trabajo. El aumento del tiempo de descanso, recreación y estudio de los trabajadores, genera más puestos de trabajo, estabilidad social y bienestar.

    • 15) Por otra parte, la política sobre los colonos de las selvas, requiere una articulación con la política económica. Es claro que factores como la apertura económica, la importación de productos agropecuarios, el crecimiento industrial y agroindustrial, la situación de los cultivos de palma africana o café, los subsidios al sector agropecuario, inciden en los flujos migratorios y la colonización.

    • 16) La colonización en Colombia, ha sido determinada por la estructura de propiedad rural, la colonización para cultivos ilegales es el resultado de la aplicación de la apertura económica en un país atrasado de propiedad rural concentrada. Es necesario modificar el modelo de apertura económica por un modelo de desarrollo estratégico de la producción agropecuaria dentro de la frontera agrícola.

    4.3. Derechos Humanos y contrarreforma agraria.

    La situación de los derechos humanos de la población campesina, indígena, negra en Colombia reviste una gravedad de incalculables proporciones.

    • 17) El desplazamiento forzado sucede como consecuencia de actos de terror y violencia como masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, quema de poblaciones, destrucción de cultivos, violaciones y abusos sexuales a mujeres, hombres, niños o niñas. Se ejerce en regiones donde existe intereses estratégicos sobre la tierra, donde la población está organizada y ha representado una forma de poder local, donde ha existido una fuerte tradición de lucha por la tierra.

    • 18) Los primeros objetivos han sido las organizaciones campesinas; una campaña de exterminio sobre la dirigencia campesina se ha ejecutado en los últimos años; 1.200 dirigentes de FENSUAGRO (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria) y mas de 250 dirigentes de la ANUC UR (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción) fueron asesinados.

    • 19) Existen innumerables testimonios que dan cuenta del paramilitarismo como una política de Estado diseñada para la lucha contra la insurrección y para aniquilar la oposición social. A pesar de que el estado colombiano niega nexo alguno entre bandas paramilitares y las fuerzas militares, existen innumerables testimonios de operaciones conjuntas, encubiertas, que demuestran la permisividad, connivencia y complicidad en crímenes de lesa humanidad.

    • 20) Durante el año 2.000 se han realizado escandalosas operaciones de despojo de las tierras conquistadas y entregadas por INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) a las comunidades campesinas, especialmente en los distritos de riego de Maríalabaja (Bolívar), El Zulia (Norte de Santander). La Doctrina (Córdoba), la zona del Ariari (Meta), Valle, Magdalena Medio y Sur de Bolívar, Putumayo, Casanare y el Huila. 500 familias parceladas por el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) en Bolívar, han sido despojadas violentamente de sus tierras en los últimos tres años.

      Las masacres de campesinos en los Montes de María (Sucre y Bolívar) se suceden en el área de operaciones de la Primera Brigada de Infantería de Marina. Quince campesinos fueron asesinados a machete entre el 16 y 17 de octubre, estando en el área el batallón de contraguerrilla de Infantería de Marina. Están afectadas parcelaciones del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) en San Jacinto, Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, Ovejas, Corozal, y pequeños propietarios de Macayepo, El Limón. Floral, La Palma, La Pita en Bolívar, y Verruga, Bajo Don Juan, Palmira, El Pavo, Buenos Aires, Cana Fría y Palo Alto (Sucre).

    • 21) En el Sumapaz en Cundinamarca, en los municipios de Pasca, Cabrera, Choachi, Viotá y la localidad de Usme perteneciente a Bogotá, 6.000 soldados de la Quinta División, la 13 Brigada y las Fuerzas de Despliegue Rápido, mantienen desde el 30 de agosto el operativo "Aniquilador II", ametrallan escuelas, retienen de viveros a los campesinos. Las comunidades piden que para su región se apruebe de inmediato una zona de reserva campesina pues comenzaron los desplazamientos masivos al acusar el Ejército a las comunidades de ser simpatizantes de la guerrilla. Al parecer la violencia que comienza en esa zona tiene detrás el megaproyecto de controlar en el páramo del Sumapaz la reserva de agua más importante de la capital colombiana y es una estrella hidrográfica donde nacen importantes ríos que van a las cuencas del Magdalena y el Orinoco.

    • 22) En la zona del Amazonas bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico se adelanta el objetivo estratégico contra la insurrección y el control por los EE.UU. de la cuenca del río Amazonas, que incluye parte de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam. El megaproyecto aquí consiste en controlar el ecosistema más rico en diversidad genética de la tierra, el territorio donde está según los expertos el futuro de la humanidad con cerca de 7 millones 160 mil kilómetros cuadrados, enormes reservas de agua, maderas, fauna, flora, hidrocarburos y minerales- Es la zona de mayor extensión de bosques tropicales por lo que se llama como "el pulmón del planeta tierra" habitado por 370 pueblos de diferentes etnias. Colombia tiene el 36% de su territorio en la cuenca del Amazonas y sobre esa zona se descargan centenas de toneladas diarias de defoliantes químicos, atentando contra una región altamente vulnerable por su biodiversidad al tiempo con la destrucción de la selva por el empuje de miles de campesinos colonos expulsados por los terratenientes desde la frontera agrícola.

    • 23) En la zona del Catatumbo, La Gabarra y Tibú, los (as) campesinos (as) movilizados presentaron en 1998 un Plan de desarrollo integral y Paz que el gobierno firmó. La respuesta ha sido una violenta ofensiva con más de 500 campesinos muertos, desaparecidos, torturados, descuartizados y más de 20 mil desplazados.

    • 24) En Nariño, las comunidades campesinas e indígenas organizadas y movilizadas en varias ocasiones, han propuesto planes de reforma agraria y etnodesarrollo así como un proyecto de Ordenamiento Territorial que fue presentado al Congreso. No hay avance alguno pero comenzaron los asesinatos y las fumigaciones en Nariño y el Macizo en desarrollo del Plan Colombia.

    • 25) En el Putumayo se inició el Plan Colombia y ya arroja sus primeros "frutos". Puerto Asís, La Dorada y el Bajo Putumayo están sitiados por las bandas paramilitares conocidas que asesinan, desplazan masivamente campesinos hacia Pasto y ahora hacia el Ecuador por acciones de terror en regiones de control militar del Ejército Nacional. Hay más de 40 personas desaparecidas, miles de hectáreas de selva fumigadas y destruidas. Un militar norteamericano afirmó que la guerra en el Putumayo "se trata de defender operaciones de la Occidental, British Petroleum fusionada con la norteamericana AMOCO y la Texas, donde tanto la familia del candidato Gore como los donantes de Bush tienen interés".

    • 26) En el Valle del Cauca, las paramilitares han invadido los alrededores del resguardo indígena "Kwet Wala" en el municipio de Pradera ocupando las veredas La Carbonera, Los Pinos, El Nogal, en todas las cuales hay población indígena perteneciente al resguardo central del cabildo y numerosa población campesina. Tres indígenas fueron torturados y asesinados (padre, madre y un niño de nueve años), todos abiertos en canal y decapitados. Iguales métodos de terror aplican en Tulua, Buga, Bugalagrande, Sevilla para sacar por miedo a indios y campesinos.

    • 27) En todo el norte y centro del Cauca, los grupos paramilitares desde el mes de Junio, vienen ejecutando un plan de exterminio contra la población campesina e indígena organizada que participó la movilización campesina de noviembre de 1999.

    4.4. Movilización campesina.

    Las Comunidades campesinas e indígenas en 10 departamentos de Colombia, se movilizaron durante los días 13, 14 y 15 de octubre/2000 en defensa de la reforma agraria y contra el desmonte del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria); presentaron un pliego para cuya discusión se creó una Mesa de Trabajo entre el gobierno y el CNC (Consejo Nacional Campesino para la Acción Rural). Discutieron durante un mes y medio sin lograr ningún acuerdo ni el gobierno ofrece soluciones de fondo para el grave problema del endeudamiento campesino.

    El gobierno mantiene su decisión de desmontar las instituciones agrarias y reducir en un 80% las funciones del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria); no habrá incrementos en el presupuesto de inversión para reforma agraria. No hubo avances tampoco en !a exigencia de protección a tos bienes y tierras de las comunidades desplazadas por violencia; no hay voluntad política de aprobar reservas campesinas en el Valle del Río Cimitarra, Puerto Asís (Putumayo), Sumapaz, Arauca y la Provincia del Bajo Ricaurte (Boyacá). Tampoco aceptan suspender fumigaciones en áreas de cultivos ilegales para reemplazarlas por planes concertados de erradicación manual, ni suspender la apertura económica y la importación masiva de alimentos, ni derogar la resolución que concedió permiso a la OXY (Occidental SA) en el territorio ancestral del pueblo U'wa.

    "Las prioridades del gobierno de Andrés Pastrana son muy claras: darle todo el espacio a las multinacionales, cumplir sus compromisos con el FMI y la banca internacional, congraciarse con el gobierno de Estados Unidos sirviendo nuestro territorio en bandeja como escenario para la guerra disfrazada de Plan Colombia y de "ayuda humanitaria", hablar de paz y mandar toda clase de mercenarios a darle bala al pueblo campesino, indígena y negro para despojarlo de sus tierras, territorios y cultura. El gobierno acogió como política de Estado el desplazamiento y el despojo masivos y violentos de la población de nuestros campos. Pasó de la política del abandono al genocidio social contra las empobrecidas comunidades rurales".

    "Nuestra conclusión es que debemos responder de pie y organizados con una enorme movilización indefinida de los campesinos, las comunidades indígenas, afrocolombianas y de los trabajadores del sector agrario en el primer trimestre del ano 2001, juntando valor, capacidad organizativa y voluntad política, para salirle al paso al modelo neoliberal que propicia la guerra, la miseria del campesinado y el fortalecimiento del latifundio, las ganancias de los banqueros, las multinacionales, los vendedores de armas y de venenos, la desgracia de nuestras comunidades".

    5. La Misión recomienda

    5.1 Realizar una reforma agraria integral, democrática y masiva, que reordene socialmente la propiedad sobre la tierra en un marco de desarrollo rural social democrático y sostenible con instrumentos como la expropiación por vía administrativa. Se debe aplicar la extinción del derecho de dominio del latifundio improductivo y cerrar la frontera agrícola para proteger la vida y la biodiversidad.

    5.2 Se debe destinar a la agricultura las cinco millones de hectáreas infra utilizadas hoy en ganadería extensiva para beneficiar a 300 mil familias trabajo permanente a 1'200 mil campesinos, colonos, desplazados por la violencia.

    5.3 Es urgente aplicar la figura de las "zonas de reserva campesina" contenida en la Ley 160/94 como una medida eficaz para estabilizar los asentamientos de pequeños productores, con restricciones para la venta de los predios a fin de neutralizar la concentración de la propiedad y de afianzar modalidades productivas ambientalmente sostenibles. Es conveniente que esta figura se aplique en áreas dentro de la frontera agrícola con acceso a los mercados y en "áreas de colonización" (baldíos objeto de programas estatales de titulación). Esta figura de reserva campesina se debería aplicar a todas las tierras que tienen los campesinos y campesinas en Colombia, con el fin de asegurar el espacio geográfico para su desarrollo y detener la presión económica y militar que existe para expulsar miles de familias pobres de sus tierras.

    5.4 Es necesario cumplir con el mandato de la ley 333 de 1996 que ordena la extinción de dominio de los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito. Se trata de aplicar la extinción del dominio de manera que estas tierras actualmente en poder de narcotraficantes, se dediquen a la producción en manos de comunidades campesinas y desplazada a título gratuito. Afectar con extinción del dominio las 4,4 millones de hectáreas acaparadas por la mafia del narcotráfico podría beneficiar cerca de unas 250 mil familias campesinas más y generar empleo permanente a un millón de campesinos, desplazados, conformando éstas áreas como zonas de reserva campesina y de concentración parcelaria, para evitar la reconcentración de la propiedad y garantizar servicios integrales de desarrollo productivo y social

    5.5. Se debe constituir, reestructurar, ampliar y sanear los Resguardos indígenas y la titulación colectiva para comunidades negras, así como crear un Fondo de Tierras, de que trata la ley 333 de 1996 para la defensa de la diversidad cultural y la gestión de las comunidades nativas. Es necesario que las medidas para reconocer la propiedad de la tierra de los grupos étnicos puedan ser aplicadas por fuera de las presiones de los terratenientes, gamonales y multinacionales que hasta el momento han logrado obstaculizar su aplicación.

    5.6. Derogar las normas que permiten la expropiación y despojo de la tierra de los campesinos e indígenas a favor de las multinacionales mineras, petroleras.

    5.7 El acceso a la tierra debe ser simultáneo con el acceso a la tecnología, el crédito, el procesamiento de los productos y los canales de comercialización. En materia de crédito, por ejemplo, el Banco Agrario deberá dotarse de una política y los recursos en condiciones adecuadas para fortalecer a la economía campesina. Es necesario un fondo especial que además recoja la linea especial de crédito para usuarios de reforma agraria. Es imprescindible un cambio político, el cese "de la violencia contra el campesino y sus organizaciones locales y nacionales y el fomento de la organización gremial reivindicativa y económica del campesinado-

    5.8 Se requiere reglamentar rápidamente la delimitación de los Territorios Indígenas y su funcionamiento como entidades territoriales de la República y completar los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de Resguardos, para proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación como patrimonio de la misma. El saneamiento y ampliación del Resguardo Unido U'wa es una tarea urgente que el Estado colombiano deberá adoptar como única medida de preservar y garantizar la existencia del pueblo U'wa, Igualmente, se requiere el cumplimiento del articulo 63 de la Constitución colombiana que considera inalienables las tierras comunales de los grupos étnicos lo que implica: Reconocimiento de los tirulos coloniales de propiedad que posee el pueblo U'wa, suspensión de la explotación petrolera y el retiro de la OXY (Occidental SA) del territorio U'wa. Toda actividad en el territorio indígena se debería realizar, en los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo aprobado y ratificado por Colombia y teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del articulo 330 y los artículos 63 y 93 de la Constitución Colombiana.

    5.9 Es necesario que el gobierno colombiano dé un tratamiento adecuado al problema de los cultivos ilegales- Las soluciones ensayadas hasta el momento se basan en la represión (especialmente las fumigaciones) y finalmente conducen a un alza del precio de los productos y del margen de ganancia, que lleva a desplazar los cultivos más lejos, es decir a que la colonización destruya más bosques. La solución represiva y en particular las fumigaciones se han demostrado ineficaces y la fumigación con herbicidas más agresivos que el glifosato aumentaría el daño ambiental.

    5.10 Los cambios en estructura institucional agraria del Estado no pueden seguir siendo impuestos y deben ser concertados con los sindicatos y otras organizaciones sociales. Pero para la concertación es necesaria el fortalecimiento de las organizaciones de las comunidades en lo local, y nacional. La actual situación de persecución a muerte a los líderes agrarios y aniquilación de las organizaciones sociales hacen imposible cualquier formula de concertación para enfrentar los conflictos.

    5.11 Cumplir con los acuerdos firmados por el gobierno nacional con las comunidades campesinas relativos a protección, superación de la impunidad, bienestar, desarrollo y reforma agraria en los siguientes casos: Acuerdos con la Mesa Regional del Magdalena Medio el 4 de octubre de 1998; con las comunidades campesinas y movimiento cívico del Cauca en noviembre de 1.999; con las comunidades campesinas desplazadas de la Hacienda Bellacruz en marzo de 1.996; con el Consejo Nacional Campesino el 15 de septiembre de 2.000; con los pequeños productores del eje cafetero en septiembre de 1995.

    5.12 Consideramos fundamental, adoptar la, concertación como método para la solución de los conflictos. En cuanto al conflicto armado, los acuerdos parciales entre el Estado y la Guerrilla, el respeto a la población civil y un tratado de paz producto de una salida negociada al conflicto.

    5.13 Aplicación y la plena vigencia de las directivas presidenciales 011/97 y 07/99 referidas al respeto, cooperación y protección de las labores de los defensores de Derechos humanos en Colombia.

    5.14 Garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de Asociación y expresión de las organizaciones campesinas.

    5.15 Desmontar inmediatamente las agrupaciones paramilitares; cumplimiento y funcionamiento, del Centro de Coordinación de Lucha contra los Grupos de Autodefensas y demás Grupos al margen de la Ley, como lo contempla el decreto 324 del 25 de febrero de 2000.

    5.16 La Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, deben profundizar las investigaciones y castigar a los autores materiales, e intelectuales de los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos contra las comunidades campesinas, indígenas y negras, sus dirigentes y organizaciones y propiciar la reparación integral e indemnización por parte del Estado colombiano.

    5.17 El gobierno colombiano debe frenar de manera urgente el desplazamiento campesino, garantizar el retomo con seguridad a sus tierras, dotar de tierras a desplazados (as) de manera gratuita y asistir humanitariamente a la población desplazada que padece situación de abandono, desnutrición, enfermedad y hacinamiento en los múltiples albergues de Colombia.

    Para esto es necesario:

    • a) Reglamentar la ley 387 que garantice el retorno con condiciones de seguridad, aportando un presupuesto adecuado.

    • b) Establecer una Mesa Permanente sobre Desplazamiento Forzado que responda con soluciones de fondo a este fenómeno;

      c) Es necesario tipificar el desplazamiento forzado como un delito de lesa humanidad que viola todos los derechos de los seres humanos.

    5.18. El Estado colombiano debe respetar y tomar en cuenta los fallos de los Tribunales Internacionales de Opinión sobre los crímenes contra la humanidad, permitir que la justicia civil procese penalmente a los responsables, imponga castigos ejemplares, repare e indemnice las victimas; igualmente, debe aceptar el informe COLOMBIA NUNCA MAS, estableciendo la verdad y el castigo sobre los 38.000 casos de crímenes contra la humanidad presentados el 28 de noviembre de 2.000, por las organizaciones campesinas y de derechos humanos colombianas como la única manera de superar la impunidad y restablecer el clima de paz duradera.

    6. Declaración de la Misión Internacional Campesina.

    Los integrantes de la misión internacional de la Vía Campesina manifestamos ante todo que estamos conmovidos e indignados al conocer de manera directa la situación que viven los campesinos(as) colombianos y sus organizaciones y también los indígenas, especialmente el pueblo U'wa .

    Después de haber conversado con altos funcionarios del Estado, con dirigentes nacionales de los campesinos(as) e indígenas y con sus organizaciones y bases locales en Puerto Asís (Putumayo), Cauca y Valle, Tolima, Magdalena Medio y Cubará (Boyacá), pensamos que la difícil situación de la población rural colombiana se relaciona directamente con la problemática global y la lucha de millones de campesinos en el mundo: la soberanía alimentaria, el derecho de las naciones y las comunidades de decidir sobre su economía y alimentación, la reforma agraria y la lucha contra el intento de las transnacionales por copar todos los espacios mediante los grandes proyectos de inversión y la apropiación del patrimonio genético y los saberes culturales.

    Son escandalosas las estadísticas que muestran que entre 1984 y 1997 los propietarios de fincas de más de 500 hectáreas (0.2% de los propietarios) pasaron de tener el 32 % a tener el 45 % de la tierra y también desde 1.974 ha disminuido el área cultivada en cerca de un millón de hectáreas. Estas cifras muestran que el derecho humano a la alimentación, que implica el derecho de acceso a la tierra como recurso para alimentarse en autodeterminación, no está respetado. El instrumento más eficaz para garantizar el derecho a la alimentación, la Reforma Agraria, no se implementa para garantizar al campesinado el acceso a la tierra. La ley de Reforma Agraria de 1994 excluye gran numero del millón familias sin tierra y de campesinos pobres del beneficio del programa por su sistema de crédito. La obligación a financiar e! 30% del precio de la tierra ha dejado un gran numero de beneficiarios con deudas impagables.

    Además, las instituciones para implementar la Reforma Agraria, el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) y el Banco Agrario, carecen de fondos suficientes para aumentar el volumen de tierras redistribuidas. Constatamos que en directa correlación con el incremento de la violencia, Colombia ha perdido su soberanía y seguridad alimentaria, pasando a depender de las importaciones de alimentos y reduciendo drásticamente el área sembrada, mientras se incrementa la concentración de la propiedad de la tierra. En vez de la alimentación de los colombianos, el modelo vigente prioriza los grandes proyectos de inversión petroleros y viales y en torno a las áreas estratégicas donde deben ser realizados.

    Estas cifras muestran que hay beneficiarios directos de la violencia y creemos que la responsabilidad de estos grandes propietarios en la guerra y en el desplazamiento de miles de campesinos a los cultivos ilegales debe ser denunciada ante la comunidad internacional, a la cual se ha dado una falsa imagen de las causas del conflicto colombiano.

    Nos preocupa especialmente que haya una legislación para desplazar forzada aunque legalmente a los campesinos cuyas tierras estén a menos de 5 kilómetros de pozos petroleros u otras explotaciones- Y desde luego nos preocupa y nos indigna el desplazamiento violento de cerca de dos millones de campesinos(as) durante los últimos 15 anos.

    Es imposible dejar de pensar que el desplazamiento sistemático de los campesinos no obedece a un plan preconcebido por los gestores de un modelo de desarrollo, supuestamente acelerado, quienes consideran al campesinado y a los indígenas como poblaciones inviables u obstáculos al desarrollo y desean extirpar a como de lugar a las economías campesinas y a las culturas indígenas, considerando que si el mercado no ha podido hacerlo por si mismo, la guerra puede cumplir el papel de un programa económico.

    Se quiere hacer creer al mundo que el narcotráfico es la causa y esencia de lo que ocurre en Colombia, cuando en verdad es la consecuencia del modelo neoliberal de globalización, de la apertura económica, la concentración violenta de ta propiedad de la tierra que expulsa a los campesinos a la colonización y la corrupción que desde hace muchas décadas dominan altas esferas de la sociedad colombiana.

    Hoy pensamos que la principal razón por la que esta terrible realidad subsiste es porque el mundo no la conoce. La diplomacia y los medios de comunicación han divulgado la imagen de Colombia como "la democracia más antigua de América Latina", cuando a una sola de las organizaciones campesinas le asesinaron 1.700 de sus activistas en los últimos 14 años y otro tanto le ha ocurrido a otras. No pensamos que pueda denominarse como democrático un régimen en el cual se ha cometido y se sigue cometiendo un verdadero genocidio contra los dirigentes campesinos, indígenas, sindicales y de la oposición política y que se funda en un modelo bipartidista conservador liberal.

    Nos impresionó e indignó la lista de dirigentes sindicales y campesinos asesinados, desaparecidos y exiliados en el pasado más reciente, inclusive este mismo año y mucho más el conocer las circunstancias en que fueron y son perseguidos por luchar por los derechos de la mayoría de la población rural. Fue doloroso saber como los indígenas Chimila del Magdalena y los Embera de Murri están como presos y cercados en su propio territorio

    Las transnacionales están imponiendo su modelo de globalización, nosotros estamos construyendo la globalización de la lucha contra ese modelo de exclusión y violencia y construimos la solidaridad con los campesinos, asalariados rurales e indígenas de Colombia y con las organizaciones que valientemente mantienen en medio de la violencia, ocupa desde ya un lugar indispensable en nuestro trabajo.

    A la vez, causa admiración y llena de esperanza, ver que la lucha indígena y campesina continúa con valor y firmeza. Ver al pueblo indígena U'wa movilizado, al lado de mués de campesinos de Arauca, Norte de Santander y Boyacá, enfrentándose a la Occidental Pertroleum, al gigantesco poder de las transnacionales petroleras. Esto nos ha llenado de alegría y esperanza. Hablar con los campesinos del Cauca sobre su paro de octubre pasado, ver su organización; conocer a los campesinos del Magdalena Medio cercados por los paramilitares y por la desinformación de los medios de comunicación; conocer a los campesinos e indígenas del Putumayo listos a labrar su futuro y plantar cara al Plan Colombia, es reconfortante y esperanzador.

    Vamos con el compromiso de la solidaridad, a la que nos empuja sin vacilar, ver la decisión de dar hasta su propia vida por la vida de su gente, que vimos en todos y cada uno de los líderes campesinos e indígenas, quienes en cualquier momento pueden ser las víctimas del día de los sicarios o ser detenidos , salvajemente torturados y luego desaparecidos.

    En este contexto llamamos a los pueblos del mundo en general y a las organizaciones afiliadas Vía Campesina a realizar una activa oposición y denuncia al llamado Plan Colombia, particularmente impulsado por los Estados Unidos, que según hemos visto y analizado, no garantiza el desarrollo integral del campesinado en Colombia. Esperamos que la UNIÓN EUROPEA no se involucre ni apoye este plan que busca perpetuar la tragedia colombiana; que aplica recetas militaristas, beneficiando la expansión de la propiedad terrateniente, mediante el cultivo de la palma africana; que impone la explotación de las transnacionales petroleras en Putumayo, el territorio U'wa, mineras en el Magdalena Medio y otros lugares del país; que abre la zona del Amazonas a las transnacionales para acceder a su biodiversidad y patrimonio genético, sin que se solucione el problema de los cultivos ilegales, pues dada su situación los campesinos(as) simplemente irán más adentro en ¡a selva, tumbándola para repetir y ampliar esos mismos cultivos, causando mayor daño ecológico, tanto con la dispersión de los cultivos, como con las fumigaciones químicas y con hongos cuyo comportamiento puede ser fatal para la selva y la vida humana.

    Es nuestra profunda convicción que la solución a la grave situación de Colombia no esta en más esfuerzos de guerra como lo presenta el Plan Colombia, sino con actitudes y políticas en el sentido de la real democratización del país, de la erradicación de la corrupción y de la voluntad política para terminar con la impunidad de tantos crímenes y de la complicidad con las fuerzas paramilitares; de la efectiva resolución de los problemas económicos y sociales, que reduzcan los índices de pobreza e injusticia social de la población y que frene el desplazamiento forzado.

    ¡La solidaridad superará la indignación y la lucha alimentará la esperanza!

    Firman,

    • José Bove, Vocero de la Confédération Paysanne de Francia.

    • Joaquim Miranda, presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento Europeo.

    • Unzalu Salterain, presidente de la organización campesina vasca EHNE y miembro de la Coordination Paysanne Européenne - CPE.

    • Alba Palacio, Diputada del Parlamento Centroamericano y dirigente de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua.

    • Evo Morales, dirigente campesino y diputado de Bolivia.

    • Stefan Otteringer, representante de FIAN (Foodfirst Information and Action Network) internacional.

    • José Manuel de las Heras, Secretario General de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos - COAG,España.

    • Susana Paim Figuereido, abogada del Movimiento de Trabajadores sin Tierra- Brasil.

    • Gary Espinoza Martínez, Secretario General de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador - FENOCI.

    • Florencia Costa, periodista, Brasil.

    Bogotá, julio 12 de 2.000

    7. La comunidad internacional respalda la Misión.

    Extremadamente preocupados por la situación que viven los campesinos y los indígenas de Colombia , nosotro(a)s abajo firmantes, expresamos nuestro profundo interés en la resolución de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Colombia y consideramos que es un deber de la Comunidad internacional tomar iniciativas para resolverla.

    Por lo anterior, aportamos nuestro firme respaldo a la Misión Internacional Campesina, promovida por el Movimiento Internacional Campesino VÍA CAMPESINA, que visitará Colombia del 3 al 12 de julio y que será integrada por:

    • José Bove, Vocero de la Confédération Paysanne de Francia.

    • Joaquim Miranda, presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento Europeo.

    • Unzalu Salterain, presidente de la organización campesina vasca EHNE y miembro de la Coordination Paysanne Européenne - CPE.

    • Alba Palacio, Diputada del Parlamento Centroamericano y dirigente de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua.

    • Evo Morales, dirigente campesino y diputado de Bolivia.

    • Stefan Otteringer, representante de FIAN (Foodfirst Information and Action Network) internacional.

    • José Manuel de las Heras, Secretario General de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos - COAG,España.

    • Susana Paim Figuereido, abogada del Movimiento de Trabajadores sin Tierra- Brasil.

    • Gary Espinoza Martínez, Secretario General de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador - FENOCI.

    • Florencia Costa, periodista, Brasil.

    Esta Misión tiene por finalidad constatar en que grado las comunidades rurales están siendo despojadas de sus tierras y quienes, multinacionales o poderosos grupos económicos locales, se están beneficiándose de esta violencia.

    La misión observará y verificará el efecto de los megaproyectos petroleros, mineros, viales; sobre el bienestar de los colombianos, y su impacto sobre la acelerada concentración de la tierra y la expulsión de la población rural de sus tierras,

    La misión constatará la amplitud y estudiará las causas del desplazamiento forzado de los campesinos y de las campesinas, y su impacto en la seguridad alimentaria.

    La misión estudiará la situación de los derechos humanos de la población campesina e indígena, el grado de libertad en el ejercicio del derecho de asociación y de expresión.

    La misión se inscribe en un movimiento mundial de apoyo a la reforma agraria y como tal apoya las demandas de las organizaciones campesinas colombianas de una reforma agraria que permita la distribución de la tierra al interior de la frontera agrícola, que garantice el acceso a los recursos productivos como base de la soberanía alimentaria, la paz y el desarrollo durable.

    La misión estudiara la extensión y las causas del proceso intenso de concentración de tierra que atraviesa Colombia y la manera de remediar a este proceso.

    Pedimos a las autoridades colombianas y a los gobiernos interesados en promover la paz en Colombia aportar todo su apoyo a la misión y otorgar a sus conclusiones la importancia que merece por la calidad de sus miembros.

    Estamos convencidos que esta iniciativa va a constituir una contribución concreta de importancia para la resolución de la crisis que vive Colombia.

    Firman,

    Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, José Saramago, premio Nobel de literatura; Luisa Morgantini, Diputada Parlamento Europeo; Camilo Nogueira Román, Diputado Parlamento Europeo; Gérard Onesta, vicepresidente del Parlamento Europeo; Alain Lipietz, Diputado del Parlamento Europeo; Virginio Gerlaxhe, Secretaria General de ECOLO - Bélgica; Comité Cátala de Solidaritat amb Colombia Barcelona, Catalunya; Rosemary Everett, SNJM Justice Peace; Stefaan Declercq, OXFAM- Solidaridad, Bélgica; Cha Smith, Worid Assembly to Protect Indigenous Cultural Knowledge; Susana Cruickshank, DECA Equipo Pueblo A-C, México; Maurizio Farhan Ferrari, Forest Peoples Programme; Beth Burrows, The Edmonds Institute, Washington; Brian HUÍ, Institute for Cultural Ecology, San Francisco, USA; James Petras, USA ; José Amrein-Murer, director. Romero Haus Luzern, Suiza ; Daniel Parada. Agir Ensemble pour les Droits de 1'Homme, Francia; Anne Vereecken, FIAN (Foodfirst Information and Action Network), Bélgica; María Pacheco, Coordinadora Campesina Europea; Paúl- Emile Dupret,..Comité por la defensa des droits humains " DANIEL GILLARD ", Bruselas; Parmenia Camargo, Serpaj- Europa; Luciano Ardesi, Lega Italiana per i Diritti e la Liberazione dei Popoli. Italia ; Manuel Espinilla. Presidente. Asociación Entrepueblos-España; Alex Guillamón. TRIFASIC (Entrepobles). Catalunya,; Gustavo Duch. TRIFASIC (Veterinaris sensa Fronteres) Catalunya; Alfonso Sancho, TRIFASIC (Medicus Mundi Catalunya). Cataluña; M-a Gabriela Serra Frediani. Presidenta. Federació Catalana de ONG peí Desenvolupament. Cataluña. ; Johan Bosman - KWIA Grupo de apoyo para los pueblos indígenas.. Bélgica; Brigitte Anderegg, coordinadora SOLIFONDS, Suiza; CEDSALA; COSPALLA; SODEPAZ-SODEPAU; COL-LECTIU DE SOLIDARITAT D'ALACANT; ASSOCIACIO DE SOLIDARITAT "EL SUR TAMBIÉN EXISTE" DE ELDA-PETRER; COL-L3CTIÜ DE SOLIDARITAT DE CANALS; Alfredo Molano Bravo, Columnista diario El Espectador; Pau i Solidaritat CCOO Illes Balears, España; CC.OO. de Ibiza y Formentera, Illes Balears, España; Christophe Koesler, Centre Europe - Tiers Monde; Xavier de Pedro Puente, Barcelona. Catalunya; Goyo Dionis - Equipo Nizkor , España; Antonia Macías - Nizkor International Human Rights Team; Secretaría de Derechos Humanos de IU Federal, España; Koen Warmenbol. NCOS/11.11,11 - Natíonaal Centrum voor Ontwikkelmgssamenwerkmg, Bélgica; Edurne Pérez, Komite Intemazionalistak de Euskal Herria, País Vasco; Pablo Emilio Angarita C.- Docente-Investigador Universidad de Antioquia, Colombia; José Sabogal, COLLECTIF POUR LA COLOMBEE- Francia. Femando Valencia Sabogal, España; Eduardo Troncoso Mosquera, Red Global de trueque en España y Pais Vasco; Richard Renshaw, c.s.c-, Conférence religieuse canadienne, Canadá; Stéphane Compére, CNCD (Centro Nacional de Cooperación para el Desarrollo), Bélgica; David L. Raby. Iniciativas Canadienses para la Paz con Justicia en Colombia, Canadá; Guido Deschrijver, Red Europea de Comités Óscar Romero, Bélgica; Michael Windfuhr, FIAN (Foodfirst Information and Action Network) International, Alemania; Lúe WOITRIN, Oxfam Solidante, Bélgica; Entrepueblos-Colombia, La Rioja, España; Grupo Colombia - Nantes, Francia; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Colombia; Corporación Sembrar, Colombia; Comunidades Eclesiales de Base - CEBS, Colombia; CEBS Antioquia, Colombia Asociación Campesina de Antioquia, ACÁ. Colombia; FCSPP (Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos) Seccional Medellin, Colombia; Justicia y Paz Medellin, Colombia; Corporación Jurídica Libertad, Colombia; Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad - Codehsel, Colombia; Asociación Campesina del centro del Valle - ACACEVA, Colombia; Misioneros CIaretianos, Colombia; Emmanuel Rozental MD. CERLAC, Universidad de York, Toronto, Canadá; RISC Research and Intemational Support for Colombia (Investigación y Apoyo Internacional Para Colombia); Coalición Pueblos Hermanos: Lazos Visibles. Capitulo Canadá; CODHES, Colombia; Asociación Nacional de Ayuda Solidaria - ANDAS, Colombia; Asociación de Promoción Social Alternativa - MINGA, Colombia; ALFREDO VARGAS, Corporación Opción Legal, Colombia; María Cecilia Gómez. Asociación Barichara, París; Camilo Castellanos, ILSA, Colombia; Bruno Rütsche, Grupo de Trabajo Suiza-Colombia.

    III CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA VÍA CAMPESINA

    Bangalore 3 a 6 de octubre de 2.000

    Resolución sobre Colombia

    Las organizaciones campesinas de Asía, Europa, África, América La tina y Norte América, reunidas en Bangalore, India, en la III Conferencia Internacional de la V ÍA CAMPESINA, del 3 al 6 de oc tubre, teniendo en cuenta:

    1. Que el conflicto interno que vive Colombia tiene sus raíces en las profundos injusticias sociales agravadas con las políticas neoliberales de ajuste estructural y en la exclusión e intolerancia a cualesquier forma de oposición social y política.

    2. Que la aplicación de estas medidas ordenadas por el Banco Mundial, se realizan mediante la violencia donde los campesinos, campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras, son víctimas permanentes de expulsiones de sus tierras, de masacres, desapariciones forzadas desplazamientos que sobrepasan la cifra de dos millones de personas actualmente.

    3. Que el actual modelo económico neoliberal, ha convertido la tierra en una mercancía a la cual solo tiene acceso quien la pueda pagar y que exige además el desmantelamiento de toda la institucionalidad Estatal agraria, permitiendo a las multinacionales el libre acceso a las tierras y territorios de los pueblos indígenas y comunidades negras.

    4. Que el Plan Colombia es un plan de guerra que busca intensificar el conflicto armado en Colombia y en la región andina, agudizara el problema del desplazamiento interno, las violaciones de los derechos humanos de la población rural , provocara un grave e irreparable daño ambiental en la zona del Amazonas y contribuirá a la ya excesiva concentración de la tierra.

    RESOLVEMOS

    1. Respaldar incondicional y decididamente a las organizaciones campesinas, indígenas y negras de Colombia en su lucha por una verdadera Reforma Agraria y recuperación de sus territorios ancestrales como condición indispensable pura construcción de la paz con bienestar y dignidad.

    2. Rechazar enérgicamente el Plan Colombia y llamar a la movilización de los pueblos de la región para impedir la intervención de los Estados Unidos y la generalización de la guerra. Solicitamos a los gobiernos de Europa y Canadá de abstenerse de financiar el plan Colombia e involucrarse en el conflicto interno colombiano.

    3. respaldar la lucha del pueblo U'wa por la defensa de su legitimo territorio y exigir el retiro de la multinacional petrolera norte americana Occidental S.A. del territorio U' wa.

    4. Apoyar los esfuerzos de búsqueda de una solución política al conflicto armado mediante la superación de las profundas causas que ha provocado la rebelión armada. Apoyamos el legítimo derecho de participación de las organizaciones campesinas , indígenas y negras con sus propias inicia tivas en este proceso de búsqueda de la paz.

    5. Respaldar la Campaña Internacional contra la impunidad "Colombia Clama Jus ticia" como el derecho que tienen los pueblos a exigir la justicia y conocer la verdad sobre los responsables de los crímenes de lesa humanidad que ha involucrado miles de víctimas entre la población rural.

    Firmamos,

    Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, España; Sindicato Labrego Gallego; España; National Farmers Association, USA; Association of Caribbean Farmers Organizations, WINFA. Dominica; Assotiation of Producers organization, BAPO, Belice; Alianza Democrática Campesina, Salvador; Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras , COCOCH; Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA, México; National FARMERS Unión, NFU, Canadá; Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC; Movimiento de Trabajadores Sin Tierra del Brasil. Movemento dos Atingidos por Barragens, MAB, Brasil; Articulacao de Instancias de Muiheres Rurais, AIMTR, Brasil; Confederación Nacional Campesina e indígena, NEHUEN, Chile; Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, Chile; Confederación Nacional Sindical Campesina y del Agro, EL SURCO, Chile; Movimiento Campesino Paraguayo, MCP, Paraguay; Federación de Mujeres "Bartolina Sisa" de Bolivia, Confederación Campesina del Perú, Federación de Mujeres "Bartolina Sisa" de Bolívía, Confederación Campesina del Perú; Confenasec, Ecuador, Karnataka Rajya Ryota Sangha, KRRS. India, Peasont Movement of the Philippines, KMP, DKMP, Filipinas; Serikat Petani Sumatera Utara, SPSU, Indonesia; Samatcha-Konchon Assembly of the Poor, Malasia y Tailandia; Coordinación Campesina Europea, CPE: Sindicato de Campesinas y Campesinos de Montana, OBV, Austria ; Front Uni des Jeunes Agriculteurs, FUJA, Bélgica; Mouvement International de Jeunesse Agricole Catholique, MIJARC. Alemania; Sindicato Lóbrego Galego, SLG, España; Confedaracao Nacional da Agricultura, CNA, Portugal; L'AREN, Níger, África; Confederation Paysanne, Francia; ENHE, País Vasco; Asocación de Productores de Suiza; NBS, Noruega, Asociación Nacional de Agricultores pequeños, ANAP, Cuba; Bangladesh Kisani Sabha, Bnagladesh; Bangladesh Aboriginal Association; Bangladesh Krishok Federation; Coalición de Organizaciones Democráticas urbana y Campesina, México, Organizaciones Campesinas de Panamá.

DDHH en Colombia

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