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12abr11
El asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona: punta del iceberg del Terrorismo de Estado en Colombia
El día 22 de Marzo, en Saravena, departamento de Arauca, cayó fulminada de cinco certeros disparos a la cabeza la jueza Gloria Constanza Gaona. Tenía 37 años de edad cuando un sicario, sin amenaza previa, le arrebató la vida en pleno centro de esa ciudad, en la esquina de la calle 29 con la carrera 16. Ella llevaba el caso por el crímen de los menores Jefferson Jhoan Torres Jaimes (de 6 años), Jimmy Ferney Torres Jaimes (de 9 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (de 14 años), que fueron secuestrados por soldados de la Octava división del Ejército colombiano (5ª Brigada Móvil) de su finca en el Municipio del Tame (Arauca), mientras su padre José Álvaro Torres se encontraba en labores agrícolas. Luego del plagio, los niños sufrieron horrendas torturas, fueron violados (hay evidencia de semen y marcas de abuso sexual en sus cuerpos y ropas) y luego asesinados por degollamiento con armas blancas (machetes). Sus cuerpos, posteriormente fueron arrojados a una fosa común.
El crímen de Tame conmovió y asqueó a la opinión pública colombiana, al menos por un par de días, pero como todos los crímenes en los cuales se encuentran involucrados miembros de la fuerza pública, se encuentra envuelto hasta la fecha en la más indignante impunidad. Y tras la impunidad, envuelto en el olvido de un país que necesitaría una memoria demasiado prodigiosa para recordar todas las atrocidades y abusos cometidos contra su pueblo.
La doctora Gaona estaba decidida a que este caso se esclareciera y que los culpables pagaran su crímen. Sin embargo, su celo profesional fue interrumpido esa mañana de Marzo, por manos que, sin lugar a dudas, buscan que la impunidad siga siendo ama y señora de Colombia. A las buenas, o a las malas.
El sindicato de los funcionarios judiciales, ASONAL, no tardó en decretar un paro y diversas manifestaciones el día viernes 25 de Marzo: este, fue, después de todo, un asesinato más de los 287 de que han sido víctimas funcionarios judiciales desde 1989, existiendo actualmente unos 700 funcionarios amenazados y 39 desaparecidos. El gobierno, como siempre, deploró verbalmente el crímen, ofreció la recompensa millonaria de costumbre a quien dé información de los sicarios (dándole al caso ese toque de Far West tan propiamente uribista-santista) y gritó a los cuatro vientos “verdad, juicio y castigo” mientras las cámaras se enfocaban hacia ellos. A dos semanas del asesinato, sin la atención de las cámaras, los engranajes oficiales de la tradicional impunidad se han vuelto a activar con la venia de todo el Estado, para asegurar que la mano de la justicia no llegue ni a Tame ni a Saravena.
El imperio de la impunidad
La impunidad que rodea los casos de crímenes de Estado, que involucran a miembros de la fuerza pública no es fruto del azar, sino que una política conciente elaborada por las élites que dirigen al país.
Que el ejercicio judicial ha ido perdiendo, de hace mucho tiempo, su independencia frente al Ejecutivo queda claro cuando vemos la enorme presión que desde el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) se realizó sobre la Corte Suprema para someterla, mientras el resto del aparato judicial se llenaba con “jueces de bolsillo”. Este debate nada tenía que ver con asuntos de mera “personalidad” del presidente o de los jueces, sino con un proceso de desarrollo de un Estado de corte autoritario, con tendencias fascistizantes, que impone la “voluntad del jefe” al “derecho” –proceso que responde a momentos de crisis de hegemonía y que tiene relación con la necesidad de la clase dominante de tener manos libres para restablecer la estabilidad en su dominio.
En este sentido es que debe entenderse el “Salto Estratégico” desarrollado por el gobierno colombiano en el plano de lo militar, a comienzos del 2009, el cual en su tercer punto, implica la “guerra jurídica”, es decir, la prolongación de las tácticas contrainsurgentes al plano judicial, ya no solamente mediante la creación de una legalidad anti-terrorista selectiva, que trata con guante de seda a los paramilitares ultraderechistas, mientras criminaliza cualquier forma de disidencia e impone sentencias extraordinariamente onerosas a los alzados en armas de izquierda. No, ya no se trata solamente de la existencia de tal o cual ley, sino que de la participación activa del Ejecutivo y del Ejército para forzar la imposición arbitraria de sentencias, acabando de hecho con la independencia del poder judicial.
El resultado práctico, es que el ejercicio de la justicia se ha convertido en un componente más de la guerra psicológica, en la cual se busca “articular el sistema judicial para que éste produzca resultados ejemplarizantes, que bajen la moral de las tropas de las FARC [ie. y de la insurgencia en su conjunto]. La extradición, en particular, ha sido usada como herramienta en este componente; otro mecanismo muy socorrido fue evitar la judicialización por rebelión y promover condenas por terrorismo (…) Al mismo tiempo, se intentó crear un sistema de protección jurídica a los efectivos de las Fuerzas Militares, con el objeto de prevenir la desmoralización de la tropa ante eventuales condenas por violaciones de los derechos humanos”.
En palabras simples, la noción de “culpabilidad” pierde todo sentido. La justicia tiene por único fin desmoralizar a la insurgencia, y la impunidad debe imponerse ante los casos de terrorismo de Estado para no desmoralizar a la fuerza pública. Esto abre las puertas, de par en par, al imperio de la arbitrariedad, a la tiranía, que es lo que precisamente se ha impuesto en Colombia, y cuyos resultados objetivos los apreciamos en Arauca: el impune asesinato y violación de niños, el asesinato de una jueza que se negó a obedecer las reglas del juego, esa que dicta que a los “muchachos” no los toca la ley.
Esa es la teoría. Veamos ahora la práctica: la manera en que la Defensoría Militar Integral (Demil) ha conducido la defensa del único imputado por el crímen de Tame, el subteniente Raúl Muñoz Linares, es bastante reveladora de las prácticas para garantizar la impunidad de las que hemos hablado. No solamente existe un solo uniformado imputado por este caso, pese a haberse hallado sangre en los morrales de ocho, así como marcas de rasguños en sus espaldas; además se esgrimió el argumento de que éste había mantenido relaciones sexuales “consensuadas”… ¡con dos menores de edad! El resto, representa las técnicas clásicas para dilatar el proceso para conseguir así el vencimiento de términos: “la Defensoría Militar Integral (Demil), intentó impedir las investigaciones de varias maneras; abogados de la defensa desistían del caso, las audiencias fueron suspendidas dos veces y Raúl Muñoz no comparecía en las fechas indicadas. A fines de febrero, [ed. la jueza] Gloria [Constanza Gaona] había solicitado también que la empresa fuese investigada.”
En definitiva, que la inercia incline la balanza hacia la impunidad, mientras se callan las voces críticas mediante el terror.
El imperio del miedo
Ya los documentos filtrados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (la “policía política” colombiana, que de dedicó a espiar, amedrentar y perseguir a opositores, sindicalistas, jueces y abogados de derechos humanos -cuando no a entregar sus datos a sicarios y paramilitares para realizar el trabajo sucio), revelaban el concepto de la “Guerra Jurídica”, según la cual se busca impedir la acción de la oposición manteniéndola a la defensiva mediante la saturación de juicios y montajes judiciales.
Esta definición que el DAS utilizó para racionalizar su estrategia de acoso jurídico a la oposición legal, demuestra que el Estado colombiano entiende la persecusión política como una continuidad de sus políticas contrainsurgentes: cualquier forma de oposición, legal o ilegal, armada o pacífica, debe ser aplastada y para ello se sirven de los mismos métodos.
La idea anterior de la guerra judicial, de convertir a las cortes literalmente en una prolongación del campo de batalla, la expresó de manera concisa en Marzo del 2009, con palabras más o menos elegantes, el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de la república: “seguiremos con el tema de la judicialización, trabajando en coordinación con la Fiscalía, esto con el fin de lograr la captura y condena de los miembros activos de las organizaciones terroristas, y de sus milicias y grupos de apoyo”. Es decir, el Ministerio de Defensa toma parte activa en las judicializaciones; tal intromisión en la competencia de otra rama del Estado, hace que no haya más que un paso de la imposición de fiscales y jueces de bolsillo, a la presión y la amenaza.
Es por ello que no extraña que este concepto de “Guerra Jurídica” fuera acompañado del amedrentamiento sistemático, por parte de “fuerzas ocultas” pero fácilmente reconocibles, a todo aquel que representara un estorbo para los designios del régimen: esto lo demuestra el aterrador expediente sobre la periodista asociada al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, doctora Claudia Julieta Duque. En un instructivo interno del DAS sobre cómo hacer llamadas amenazantes, se explica paso a paso cómo se debe proceder:
Ya los documentos filtrados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (la “policía política” colombiana, que de dedicó a espiar, amedrentar y perseguir a opositores, sindicalistas, jueces y abogados de derechos humanos -cuando no a entregar sus datos a sicarios y paramilitares para realizar el trabajo sucio), revelaban el concepto de la “Guerra Jurídica”, según la cual se busca impedir la acción de la oposición manteniéndola a la defensiva mediante la saturación de juicios y montajes judiciales.
Esta definición que el DAS utilizó para racionalizar su estrategia de acoso jurídico a la oposición legal, demuestra que el Estado colombiano entiende la persecusión política como una continuidad de sus políticas contrainsurgentes: cualquier forma de oposición, legal o ilegal, armada o pacífica, debe ser aplastada y para ello se sirven de los mismos métodos.
La idea anterior de la guerra judicial, de convertir a las cortes literalmente en una prolongación del campo de batalla, la expresó de manera concisa en Marzo del 2009, con palabras más o menos elegantes, el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de la república: “seguiremos con el tema de la judicialización, trabajando en coordinación con la Fiscalía, esto con el fin de lograr la captura y condena de los miembros activos de las organizaciones terroristas, y de sus milicias y grupos de apoyo”. Es decir, el Ministerio de Defensa toma parte activa en las judicializaciones; tal intromisión en la competencia de otra rama del Estado, hace que no haya más que un paso de la imposición de fiscales y jueces de bolsillo, a la presión y la amenaza.
Es por ello que no extraña que este concepto de “Guerra Jurídica” fuera acompañado del amedrentamiento sistemático, por parte de “fuerzas ocultas” pero fácilmente reconocibles, a todo aquel que representara un estorbo para los designios del régimen: esto lo demuestra el aterrador expediente sobre la periodista asociada al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, doctora Claudia Julieta Duque. En un instructivo interno del DAS sobre cómo hacer llamadas amenazantes, se explica paso a paso cómo se debe proceder:
- Hacer la llamada en cercanía a las instalaciones de Inteligencia de la Policía.
- No tartamudear, ni durar en la llamada más de 49 segundos.
- Llamar preferiblemente desde un teléfono de ETB de tarjeta, en caso de que inmediatamente devuelva la llamada.
- Constatar que en el perímetro no haya cámaras de seguridad. Así sean de tránsito.
- Quien realice la llamada la debe hacer solo y desplazarse en bus hasta el sitio.
- Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisará inmediatamente de la llamada al coronel Novoa de la Policía Nacional (mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente).
Por si el alumno fuera un poco “lento”, para que todo quede suficientemente claro, este mismo manual para torturadores entrega un modelo de llamada:
“Saludo: Buenos días (tardes). Por favor ¿la doctora Claudia Julieta Duque se encuentra?
Mensaje: Señora, es usted la mamá de María Alejandra (esperar contestación) Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas la formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa vieja gonorrea hijueputa...”.
Pero en realidad, el matón a sueldo del Estado colombiano, resultó ser un aventajado. Cuando realizó su llamada el día 17 de Noviembre del 2004, a las 19:52 horas, remozó la llamada modelo con su propia creatividad, agregando que a su hija la iban a matar y violar, y que “su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa”
Este ejemplo escalofriante, demuestra que no estamos ante unos casos aislados, ante unas cuantas manzanas podridas: estamos ante una actitud pautada, aprendida, trasmitida en cadena de mando, sistematizada por una institución crucial del Estado, bajo supervisión directa del poder Ejecutivo, lo cual nos demuestra, de manera irrefutable, la naturaleza terrorista del Estado colombiano.
Naturalmente, el caso de la dra. Duque, no es un caso excepcional. Es tan sólo el más conocido de miles de casos de amenazas que seguimos recibiendo a diario: Colombia, tristemente, sigue liderando al hemisferio en ataques contra defensores de derechos humanos: entre el 2002 y el 2009, más de 1.000 defensores fueron víctimas de agresiones incluyendo asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas; sólo en el 2010, se registraron al menos 32 asesinatos de defensores. Triste récord, en verdad, el cual nos dice que las amenazas deben ser tomadas muy en serio.
Sin ir más lejos, los familiares y los abogados de las víctimas del Tame también han sido amenazados. El propio padre de los tres niños asesinados, don José Álvaro Torres, recibió una amenaza, a través de una siniestra llamada a su hija mayor: “ah, usted es la hija del perro hijueputa. Dígale que ya le dimos por donde más le duele y que vamos seguir dándole, no descansaremos hasta matarle otro hijo, tienen que largarse de Saravena, sabemos donde están viviendo”. Esta llamada ocurrió el 24 de Marzo, dos días después del asesinato de la dra. Gaona. En esas mismas fechas, los abogados Olga Silva y Luis Alfonso Ruiz, que representaban a las víctimas, también recibieron llamadas intimidatorias.
No hay que ser un genio para darse cuenta que estas llamadas, producidas en esas fechas, arrojan luces esclarecedoras sobre el móvil del asesinato de la jueza Gaona, aún cuando las autoridades intenten tender un velo de misterio sobre el asesinato.
El imperio de la arbitrariedad
Tan naturalizada está la práctica del amedrentamiento en Colombia, que la Demil consideró perfectamente legítimo amenazar, en su página web, a los periodistas que insinuaran lo sospechoso que resultaba el asesinato de una jueza que llevaba este caso tan sensible y que involucraba al Ejército. Las palabras utilizadas no son ni ingeniosas ni sorprendentes, sino que reflejan esa prepotencia que caracterizó el discurso político del uribismo durante buena parte de la última década: se recomendaba no cuestionar al Ejército, “so pena de ser víctimas de atentados como consecuencia de dichos pronunciamientos”.
Como si esto fuera poco, la emprendieron con un ánimo igualmente pendenciero y amenazador en contra del periodista Daniel Coronell por una columna suya en la revista Semana en la cual cuestionaba al rol de Demil en el proceso del Tame, con el siguiente mensaje enviado por Twitter: “Si las columnas pendencieras persisten, es muy probable que ‘El indefenso’ en realidad se quede sin abogado. Pues está amenazado!” (27 de Marzo). Insistimos en que estas amenazas no han de ser tomadas a la ligera, sino que ocurren en un país que, como hemos visto, lidera a nivel latinoamericano el asesinato de periodistas, jueces, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, etc., etc., etc., etc., etc.
Ya no sólo no basta con el asesinato de una jueza ni con el acoso a testigos y familiares, sino que además se coarta la libertad de prensa, no mediante leyes ni decretos, sino que mediante la amenaza y el amedrentamiento. ¿Qué garantía entonces existe para que haya justicia y que este caso no acabe, como el 98% de los casos en Colombia, en la más desoladora impunidad?
Aún así, el pueblo organizado en Arauca y Colombia debe seguirse movilizando y no puede dar el brazo a torcer en su demanda de castigo a los violadores y asesinos de Tame, partiendo por el subteniente Muñoz, quien ha reconocido, sin expresar en absoluto muestras de remordimiento, el abuso de dos menores de edad. Aún cuando no pueda el pueblo presionar a las Cortes para que se haga justicia, sí puede trabajar para que por lo menos este horrendo crímen y la seguidilla de otros crímenes que ha gatillado, no caigan al olvido. Pues es el olvido, el cual en realidad sella la labor de las fuerzas de la impunidad.
También la movilización popular es capaz de hacer frente al imperio de la fuerza bruta que imponen los brazos armados del Estado en Arauca y sus tentáculos paramilitares. Un pueblo fuerte, un tejido social rico, en movimiento, que pueda proyectarse como alternativa social, es la mejor manera de salir al paso a los traficantes de la muerte. Esta no es, empero, una lucha fácil. Después de todo, Tame no es un municipio rural cualquiera en Colombia, sino un punto nodal para el nuevo ciclo de expansión paramilitar, desde el cual operan, con pleno respaldo de la fuerza pública, las temidas Águilas Negras y el ERPAC. Tame es un retrato en miniatura de la realidad nacional. Lo que pasó en ese municipio, es, sencillamente, reflejo de la política contrainsurgente del Estado colombiano: un crímen abominable más de una larga lista de crímenes semejantes cometidos a veces con pasamontaña y banda paramilitar, a veces con uniforme militar y la bandera patria en el pecho.
Lo que realmente duele de la atrocidad de Tame no es lo excepcionalmente bárbaro del crímen, sino que lo común y corriente que se han vuelto abusos y atrocidades como esta. Lo común y corriente que se ha vuelto el infanticidio como mecanismo de la guerra sucia, como componente macabro del Terrorismo de Estado en Colombia. Lo común y corriente que se ha vuelto la impunidad y lo fácil que se olvidan todas estas atrocidades, a la espera de que cada cierto tanto, la opinión pública se vuelva a alborotar momentáneamente con otra nueva masacre y se diga, como si nunca nos hubiéramos enterado de nada: ¡Dios mío! ¿Cómo pueden suceder estas cosas en Colombia?
[Fuente: Por Antonio Gutiérrez, Anarkismo.net, Bogota, 12abr11]
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