EQUIPO NIZKOR |
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marzo de 2010
El DAS, una cacería criminal
En el momento de escribir este capítulo, finales de diciembre de 2009, he sido informado, por personas que trabajan para el gobierno Nacional, que los teléfonos de mi oficina, residencia y celular, siguen interceptados, al igual, que los de otro grupo que se ha caracterizado por la denuncia y las críticas al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. La fuente dice: "que en diciembre tiene que haber un positivo sobre éstas personas"; el "positivo" consiste en desacreditar personal y profesionalmente a alguno o algunos de nosotros para lo cual insisten a sus agentes en que monitoreen nuestras conversaciones y nuestras reuniones, con el ánimo, seguramente, de hacer algún tipo de montaje para lograr lo que, desde los tiempos de Noguera, han buscado: judicializarnos y desacreditarnos.
La noticia llega en medio de las novenas navideñas para aguarnos la fiesta… para que el nerviosismo crezca; como ha sido común en estos últimos años. Cuando suceden estas cosas, hemos aprendido que para amainar el impacto de los nervios y la paranoia, esa noche dormimos todos juntos: con mi esposa y los pequeños hijos. Los niños no lo saben y espero que se demore ese día en el que les toque enterarse que la razón para dormir juntos, es por un terrible temor que ha rondado el hogar en los últimos cuatro años en el que en medio de la noche, los asesinos toquen a nuestra puerta, terrible pesadilla que sigue viva.
El origen de la "cacería"
El 8 de septiembre de 2003 el presidente Álvaro Uribe en la Escuela Superior de Guerra, y dirigiéndose a la tropa, pronunció uno de los más violentos y descalificadores discursos que mandatario alguno haya expresado contra el movimiento de defensa de derechos humanos. De los apartes del discurso resalto:
"Politiqueros, al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado", y gesticulando rabiosamente agregó: "otros países en menores problemas los echaron de su territorio".
"Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilios de la Unión Europea y de otras entidades simplemente para sostenerse porque han hecho de eso un modus vivendi".
El presidente remató el discurso de posesión del nuevo comandante de la fuerza aérea colombiana diciendo: "¡General Lesmes: que los traficantes de derechos humanos no lo detengan!".
El discurso fue pronunciado como respuesta a un informe que publicaron más de 80 organizaciones de derechos humanos dando cuenta del balance del primer año de gestión de la administración Uribe en esta materia. El informe fue titulado El Embrujo Autoritario y fue editado por impresiones Aurora.
El informe y las organizaciones proponían el debate público y lo que obtuvieron fue una tremenda y desproporcionada descalificación que las ubicó como aliadas del terrorismo. Respuesta que no es propia de un presidente en democracia si entendemos la democracia como el debate de las ideas y no el unanimismo.
Precisamente durante los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana fueron asesinados 54 defensores y se cometieron tres magnicidios que fueron mensajes directos al alma del movimiento. El asesinato de Eduardo Mendoza Umaña en el norte de Bogotá, en su casa y a plena luz del día y quien investigaba a los militares involucrados en las desapariciones del Palacio de Justicia. Asesinaron a la pareja de esposos constituida por Mario y Elsa Calderón, trabajadores del Centro de Investigaciones Populares perteneciente a los jesuitas CINEP y dirigido para la época por el padre Gabriel Izquierdo; los sicarios montaron todo un operativo en el sector de Chapinero en Bogotá donde vivía la pareja y a media noche llegaron hasta el cuarto piso de su edificio y los acribillaron. En Medellín era asesinado en su oficina y a plena luz del día Jesús María Valle, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, quien venía denunciando el actuar de los paramilitares en dicho departamento y la supuesta complicidad de la Gobernación de la época, presidida entonces por Álvaro Uribe Vélez y su secretario de gobierno Pedro Juan Moreno. En la década de los ochenta los presidentes del Comité también fueron asesinados. Uno de ellos, Héctor Abad Gómez. Los asesinatos fueron siempre precedidos de la estigmatización por parte de funcionarios públicos.
Por estas razones durante los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana se hicieron sendos pronunciamientos a fin de solicitar el respeto al trabajo de defensores y defensoras; el discurso de Uribe desconoció convenios con la comunidad internacional. Fue un discurso delicado, peligroso e incendiario pronunciado, además, delante de la tropa que escuchó atentamente cómo entre la sinuosidad de las palabras, el presidente ubicó como parte de la organización del enemigo al movimiento de defensa de derechos humanos. En su momento Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas dijo: "El efecto objetivo de estas declaraciones era incendiar el país y crear un clima de opinión en contra de los defensores y defensoras. Un observador imparcial tendrá que concluir que cualquier cosa que le suceda a los defensores será responsabilidad directa del presidente de la República".
La sociedad colombiana durante décadas ha sabido que hay críticas que son mortales. El presidente lo sabe perfectamente.
Se estructura la "cacería"
Lógicamente el discurso del presidente fue interpretado por los sectores más reaccionarios al interior de los organismos de seguridad y de la sociedad colombiana, como la luz verde que tanto tiempo habían esperado. Para ello, se inventaron al interior del Departamento Administrativo de seguridad, DAS, el Grupo Especial de Inteligencia G3 y, dicho por uno de sus miembros, la principal actividad consistiría en "las labores en contra de las ONG de derechos humanos". Nacía así una de las operaciones criminales de envergadura nacional más tenebrosa hoy debidamente documentada, en contra de todo lo que se opusiera a las políticas del actual gobierno, de que se tenga noticia en el país. Por eso, denominar este triste capítulo de nuestra historia reciente simplemente como "las chuzadas del DAS", es alejarse de la verdad. El DAS se convirtió en policía política y, a través del G3, realizó una espantosa cacería criminal en contra de los defensores de derechos humanos y la oposición política en Colombia.
El grupo especial de inteligencia fue creado por el señor José Miguel Narváez a finales del 2003, bajo la administración del entonces director, y hoy detenido por sus vínculos con el paramilitarismo, Jorge Noguera. Narváez fue llamado como asesor para armar el grupo que dependía directamente de la Dirección General de Inteligencia a cargo de Gian Carlo Auque de Silvestri y de esta manera, el grupo coordinaba y tenía acceso privilegiado a los diferentes subdirectores de inteligencia y directores seccionales, para el suministro inmediato y prioritario de la información solicitada. A las reuniones de coordinación del grupo asistía Enrique Alberto Ariza como subdirector de Análisis de la Dirección General de Inteligencia, quien posteriormente fue nombrado. También asistía a las reuniones Jackeline Sandoval, subdirectora de contrainteligencia y debido a la importancia que se le diera al G3, se le imponían las decisiones a la directora general operativa para que satisficiera todo los requerimientos que demandara dicha estructura. Si Narváez era el mentor y cerebro gris de la operación, el coordinador del grupo fue Jaime Fernando Ovalle Olaz, que había sido alumno de Narváez en cursos de inteligencia sobre guerra política.
Jaime Ovalle en declaración dice que: "Se ordenaron la interceptación de correos electrónicos y abonados telefónicos con el fin de establecer los cursos de acción que se proponían para elaborar informes de inteligencia que permitieran establecer alertas al alto gobierno".
Los informes eran entregados a José Miguel Narváez y al señor Ariza como director general de Inteligencia. Lo hacían sin oficio institucional y con las sugerencias de acciones en contra de las ONG. Narváez era además quien ordenaba a quién interceptar y de ello tenían pleno conocimiento los directores de Inteligencia, es decir, los señores Gian Carlo Auque, Enrique Ariza y, posteriormente, Carlos Alberto Arzayus. Sin el consentimiento de ellos no se hubieran podido realizar el sin número de interceptaciones a correos electrónicos y teléfonos que según informes de la Fiscalía se llevaron a cabo desde diferentes salas de interceptación del DAS de manera ilegal pues omitían la orden judicial para efectuarlas.
Lo anterior demuestra que todo el DAS, desde su director hasta las 27 seccionales a las que se les pedía "controlar" el accionar de las ONG, sabían de la existencia del G3 y de sus operación específica.
¿El presidente y los asesores sabían?
A pesar de que todo el DAS a nivel nacional tenía conocimiento de la existencia de un grupo denominado G3 cuyo objetivo era y, según consta en uno de los informes del CTI de la fiscalía, "judicializar y neutralizar a las ONG y organizaciones o personas opositoras a las políticas del gobierno". El único que no conocía de la existencia era el director en jefe de la institución, es decir el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. En la Casa de Nariño se atreven a decir que nunca recibieron ni trabajaron con la información aportada por dicho grupo. Cosa que es difícil de creer y sobre lo cual quedan muchos cabos sueltos y preguntas.
La obsesión del presidente por todos conocida es la seguridad y el combate a la guerrilla de las FARC. Es un hombre que se ha puesto las botas para combatirla y que además conoce muy bien que al colombiano promedio le gustan esas demostraciones del jefe del estado pidiéndole cuentas a sus generales y ministros a quienes algunas veces trata más como a sus peones que como los naturales coequiperos de su gobierno. Hay imágenes que lo muestran dando instrucciones a tenientes y capitanes perdidos en las selvas colombianas o impartiendo órdenes para instalar un retén y cómo hacerlo en determinada carretera del país. Y como olvidar que fue el gran impulsor y defensor de otra estrategia de seguridad: las famosas cooperativas de seguridad privadas llamadas CONVIVIR. Esta iniciativa fue denunciada en su momento por los defensores de derechos humanos y la oficina de Naciones Unidas en Colombia. Ambos señalaron que esta propuesta involucraría a los civiles en el conflicto y que además podía prestarse para legalizar a grupos de paramilitares. Hevert Veloza, jefe paramilitar de Urabá, me confirmó en entrevista que efectivamente las CONVIVIR fueron la fachada de los paramilitares y que asesinaron aproximadamente a tres mil personas. Las denuncias de los defensores se confirmaron y la sociedad colombiana tendrá que reconocerlo; igualmente tendremos que hacer el balance y el costo para el país, en vidas mayoritariamente de humildes, por cuenta del "inventico de las convivir", que por ahora pocos se atreven a hacer.
A pesar de lo anterior, hoy el hombre que por ahora pasa a la historia por devolverle la "seguridad" al país, dice desconocer la operación más grande llevada a cabo por su policía secreta en contra del movimiento de derechos humanos al cual, desde los tiempos de la gobernación de Antioquia, ya había descalificado junto a sus más cercanos colaboradores en la gobernación. Su secretario de gobierno Pedro Juan Moreno era un declarado enemigo de las ONG a las que las calificaba, al igual que Uribe, de aliadas del terrorismo. Moreno le pidió a Uribe, ya presidente, la creación de la Gran Central de Inteligencia cosa que no le concedió y que agrietó las relaciones entre los dos grandes amigos de otrora. Uribe sacrificó la amistad de décadas con Moreno para entregarle el DAS a ese "buen muchacho" del Magdalena, en palabras del presidente, Jorge Noguera. El "buen muchacho" está hoy detenido y acusado de poner el DAS al servicio del paramilitarismo de la costa norte de Colombia. Sin embargo amigos comunes de Uribe y Pedro Juan Moreno, fueron llegando al DAS: es el caso de los generales Rito Alejo del Río e Iván Ramírez, ambos detenidos, el primero por sus vínculos con los paramilitares y el segundo envuelto en la investigación por los desaparecidos del Palacio de Justicia; y también el hombre que de alguna manera les daba la cátedra de que las ONG son el brazo de una supuesta guerra de denuncias y montajes orquestados por la guerrilla y el comunismo, el ya mencionado José Miguel Narváez.
Narváez fue un recomendado de Fabio Echeverry Correa amigo, asesor, consejero y mentor del presidente Álvaro Uribe. (A propósito de Fabio Echeverry encuentro una cita en el libro "El olvido que seremos" de Héctor Abad Faciolince sobre la muerte de su padre quien para el momento de su asesinato era el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, que me llama la atención, dice el escritor en la página 210 que su hermana Eva llegó al club Llano Grande de Medellín para ver a sus hijos jugar polo "Y un día por pura casualidad, le tocó quedar sentada al lado de otro polista bastante menos bueno que mis sobrinos: Fabio Echeverry Correa. Este estaba con tragos, y la increpó con tono destemplado: Yo escojo con quien sentarme; y no voy a dejar que la hija de un comunista se siente a mi lado"). Como se sabe, Narváez ha sido también asesor del ministerio de Defensa; dictó cátedras acerca de guerra política y sus estratagemas, en la Escuela Militar de Cadetes desde el año 1989 y posteriormente en la Escuela Superior de Guerra, dio clases que tienen que ver con derechos humanos a los oficiales que se preparan para ascender a generales. Uno de sus alumnos fue precisamente el general Rito Alejo del Río hoy detenido e investigado por sus vínculos con los paramilitares y al igual que otros, persona cercana a Narváez, enemigo acérrimo de las ONG en especial del padre jesuita Javier Giraldo de la organización defensora de derechos humanos Justicia y Paz. Narváez fue asesor además de Rito Alejo en su paso polémico por la Brigada XVII, tiempo en el cual se fortaleció el paramilitarismo en Urabá según las investigaciones.
Los vínculos de Narváez con los paramilitares, que para sectores de las FFAA y algunos industriales eran un secreto a voces, se vienen confirmado por boca de los más importantes jefes de Autodefensas: por ejemplo, Salvatore Mancuso dice que Narváez dictó clases a los paramilitares en sus escuelas del Sur de Bolívar y Córdoba a finales de los años 1990 y 2000. Sus "clases" a los paras las alternaba con su cátedra de derechos humanos en la Escuela Superior de Guerra dictada a futuros Generales de la República. En Córdoba lo escucharon juiciosamente junto a sus tropas los comandantes Mancuso y Castaño en una "cátedra" que se denominaba "por qué es válido matar comunistas" en la que desarrollaba la tesis según la cual, sectores sociales que defendieran los derechos humanos y hablaran de paz, eran idiotas útiles de la insurgencia así como los guerrilleros reinsertados; en ella se proseguía con la elaboración minuciosa de nombres de personas y organizaciones que supuestamente cumplían esa labor. Una de las personas "estudiada" según cuenta Mancuso, fue el parlamentario Wilson Borja que precisamente fue víctima de un atentado el 15 de diciembre del año 2000; las investigaciones sobre este atentado al representante, llevaron a condenar a Carlos Castaño y varios militares, entre ellos un Mayor del Ejército.
Al parecer al "profe" Narváez se le iba la mano en su forma particular de leer el actuar de los movimientos sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, intelectuales, sacerdotes, políticos, estudiantes, profesores en fin… Es el propio Carlos Castaño quien expresa sus reservas sobre el ex subdirector del DAS, comentándole a Mancuso sobre lo radical de las apreciaciones de Narváez ya que de esa forma todos eran guerrilleros. Castaño no se equivocó en esta apreciación.
Las íntimas relaciones del "profe" Narváez no solo fueron con los militares; sus particulares apreciaciones también eran escuchadas en la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO; en el Consejo Gremial, donde tienen asiento los más importantes industriales del país y en la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, donde precisamente laboraba como asesor hasta el momento de su detención. Cuentan miembros de estas organizaciones que Narváez era un obsesivo con el tema de la supuesta "guerra política"; que los abordaba en cualquier momento para enseñarles supuestos documentos que constataban sus tesis. Monotemático en señalar como guerrillero a todo aquel que criticara al establecimiento. La labor con los ganaderos era más explícita: cursos para prevenir y manejar situaciones de secuestro y en algunos casos, asesor en temas de seguridad. Es muy poco lo que se sabe de la actividad de este personaje con estos estamentos muy poderosos de la sociedad.
En aras de la claridad es válido que las personas que llevaron a Narváez a tales instancias de la vida pública y empresarial del país, se pronuncien pública y judicialmente, como debe ser y nos cuenten los valores de sus aportes a la seguridad.
La radicalidad de Narváez provocó el desconcierto de otro radical enfermizo como lo fuera Carlos Castaño, de acuerdo al dicho de Mancuso; pero al parecer fuera de los campamentos paramilitares nunca sus apreciaciones despertaron sospechas y por el contrario, pareciera que fueron las que lo llevaron a ascender y llegar muy lejos en sus posiciones dentro de los organismos de seguridad del Estado: inicia como profesor de los cadetes en la escuela José María Córdoba y termina sentado en reuniones de seguridad nacional en el ministerio de Defensa y salta a ser el subdirector de la central de inteligencia del Estado en los tiempos de la seguridad democrática. Nunca despertó sospechas o simplemente personas poderosas en los sectores para los que trabajaba, se identificaban plenamente con sus planteamientos como aquel según el cual, un defensor de derechos humanos es igual a guerrillero y por lo cual nunca recibió un debate, que se sepa.
Este silencio permite imaginar que por el contrario, era escuchado con atención por gente que sin manifestarlo públicamente, estaba pensando igual que Narváez no obstante que para el escenario mediático, aparecen y posan de respetuosos demócratas. Aterra solo pensar que en reuniones de sociedades tan importantes se haya caído por cuenta de Narváez y algún coro de despistados en señalar de guerrilleros con la mera especulación o por el hecho de trabajar en actividades humanitarias a personas y trabajadores sociales. Y es que José Miguel Narváez es un experto en el manejo de información para desacreditar a lo que él considera su enemigo, dicho de otra forma: es experto en propaganda negra y así lo recuerdan en el DAS.
La cizaña necesita "sembrarse" en círculos de poder para que se vuelva creíble y segundo para que se convierta en una bola de nieve cuyo rumor y manto de duda nadie sea capaz de detener. Narváez manejaba información verdadera sobre temas de seguridad nacional por su relación con el ministerio de Defensa, a la vez por la coincidencia de fechas y lo dicho por comandantes paramilitares, se paseaba con dicha información por los campamentos paramilitares y a su vez hablaba con algunos ganaderos, comerciantes e industriales; radical al extremo en señalar a la diferencia como terrorista, con la capacidad de manejar información pero sobretodo de distorsionarla y además con la posibilidad de irradiar esa "propaganda negra" en círculos paramilitares, ganaderos, comerciantes e industriales, precisamente los más afectados por la barbarie guerrillera. Lo dicho por él en contra de alguien, eventualmente podría convertirse en sentencia de muerte.
Durante años Narváez y sus devotos no han logrado demostrar un solo vínculo de organización o defensor de derechos humanos con la guerrilla; han logrado sí, construir montajes que al poco tiempo se caen en los tribunales y que le cuestan a la nación miles de millones de pesos. Cuando sucede esto, entonces dicen que la Fiscalía también se encuentra infiltrada por la guerrilla.
El paso de Narváez por aulas de formación de jóvenes oficiales y generales, así como por diferentes organismos de seguridad del Estado, desde el ministerio de Defensa hasta los Gaula Antisecuestro y Fondelibertad entre otros, logró el envenenamiento de entidades y personas contra las ONG con el único argumento probado de que efectivamente las organizaciones demandaban al Estado y a algunos oficiales por sus violaciones; no por un mero capricho "antipatriota" como lo quieren hacer creer. No. Es por todo lo contrario, por un deseo de construir y mejorar nuestra democracia. Tanta propaganda negra en contra de personas que hablan de paz y salidas negociadas, lo tienen hoy vinculado al asesinato de Jaime Garzón y al de Manuel Cepeda Vargas.
La única ONG colombiana que fue incluida en la lista Clinton como parte de una organización terrorista, se fundó y creció paradójicamente a las puertas de El Ubérrimo, la hacienda del actual presidente Álvaro Uribe en Montería. Se trata ni más ni menos de FUNPAZCOR, Fundación para la Paz de Córdoba que pertenecía a los hermanos Castaño Gil y dirigida por su hermana Sorteresa Gómez en pleno centro de Montería y frente al Comando de Policía del departamento. Recuerdo que en 1996 un conocido asesor presidencial del actual presidente, levantó el teléfono de su oficina y tuvo un diálogo con Sorteresa con el propósito de facilitarme una entrevista con el que me decía era el nuevo jefe "para": se refería al 'Mono' Mancuso. FUNPAZCOR es señalada como parte de la estructura paramilitar de las AUC porque desde allí se originaba toda la logística de la organización, además allí llegaban los cheques de reconocidos ganaderos cordobeses y de otros empresarios destinados a las AUC. Álvaro Uribe como hacendado de la región, nunca conoció el funcionamiento de esa ONG, ésta sí aliada del terrorismo; y tampoco se enteró de las andanzas del 'mamut' paramilitar que crecía aparentemente a sus espaldas.
La pesadilla
Habría que dedicarle varias líneas para hacer la semblanza de José Miguel Narváez a fin de continuar en el relato de lo que ordenó como asesor y subdirector del DAS. En diferentes diligencias, Narváez expresó frente a los abogados de sus víctimas que él tenía "siete mil detectives a su disposición", forma de jactarse de su dominio sobre el DAS. Pero a pesar de su poder y con lo que no contaba, era que varias de esas personas a las que se les encomendaron trabajos sucios, hoy están hablando, pues se consideran traicionadas y que las dejaron solas con el pecado; otras más quieren hacerlo pero se sienten constreñidas al saberse controladas por la contrainteligencia del Estado. Algunos funcionarios o exfuncionarios temen por sus vidas. Ellos dicen: "que el gobierno Uribe convirtió al DAS en policía política y no en un organismo de inteligencia" y otros agregan que "hay temor de muchos compañeros para hablar…la gente no quiere hablar". "No sabemos si se les ha prometido algo o si se les ha amenazado…nos han dejado solos en la pelea".
La pelea a la que se refiere es a la de salvar a la institución a la que le han entregado largos años de sus vidas y que hoy el gobierno quiere acabar por los escándalos, según dicen. Con el cierre terminarían en la calle las familias de los siete mil empleados de la institución que en su mayoría no fueron cómplices de los delitos por los que están detenidos algunos directivos. Otro agrega: "para trabajar en el DAS no se puede ser buen". Los detectives además confiesan que hoy cobra sentido una aparentemente extraña invitación que les hicieron el 4 de febrero del 2008 en el centro comercial Oviedo de la ciudad de Medellín; La seccional de Antioquia promovió la asistencia de sus detectives a ver la película "LA VIDA DE LOS OTROS" del director alemán FLORIAN HENCKEL que desarrolla el drama desatado por la policía secreta de la Alemania Oriental la siniestra Stasi en 1984, espiando a cuanta persona consideraran opositora al régimen. El icono de la película y personaje central es el detective que aparece todo el tiempo con una monumental grabadora y con dos grandes audífonos escuchando las intimidades de sus victimas a través de los micrófonos escondidos en las lámparas, en los pisos, en los floreros. Las víctimas no son otras que los poetas, los intelectuales, la actriz, el violinista, los periodistas que se encuentran para hablar del arte y la política sobre el supuesto de su libertad.
El sabueso amanecía escuchando y dándose cuenta de que libertades no existían bajo el régimen, dándose cuenta paso a paso de la felicidad de los otros y de sus propias miserias. El film concluye mostrándonos el fabuloso edificio que hoy y en la vida real guarda los millones de secretos producto del espionaje de la STASI a sus ciudadanos e inclusive guarda una gran cantidad de frascos con telitas que contienen el olor de centenares de ciudadanos este orientales que fueron perseguidos. En uno de esos salones el dossier de una de las victimas del detective, que lo encuentra y ya en sus manos descubre la identidad del sabueso que un día bajo la puerta de su apartamento en un gesto de arrepentimiento le dejo la extensa carpeta de su vida espiada.
Los detectives paisas me cuentan que observaron la película y que al final se dirigió a ellos doña Lina Moreno de Uribe haciéndoles ver que los detectives son tan humanos como cualquier otra persona y que también tienen familia. A uno de los detectives le pregunte cómo relacionaba lo dicho por la primera dama con la película y el me contesto "que creía que era un advertencia frente a lo que estaban haciendo."
Precisamente fueron algunos detectives los que dieron la voz de alarma a la revista SEMANA en cuanto la existencia del Grupo Especial de Inteligencia G3 y de sus labores. La revista lo denunció y en las primeras semanas de marzo del 2009, funcionarios del DAS se dedicaron a destruir gran cantidad de la evidencia de los "trabajos" del G3. La Fiscalía ordenó algunos allanamientos en las propias oficinas de inteligencia del DAS, lo que de por sí ya es un escándalo y logró recuperar gran cantidad de información. Al director del DAS Felipe Muñoz no le quedó otra alternativa que entregar una buena cantidad de carpetas que encontraron en algunas oficinas. El Fiscal Mario Iguarán dijo refiriéndose al primer informe del CTI sobre lo encontrado: "Causa preocupación, en atención al hedor que él expide."
El hedor
El mal olor no proviene solamente de unas interceptaciones de llamadas y correos electrónicos personales como pudiera pensar el común de la gente. El hedor proviene de un conjunto de actuaciones del G3 que además implican el saboteo de actividades, el descrédito de personas e incluso la intimidación y manuales para amenazar. Todas estas actividades, tengámoslo claro, financiadas con nuestros impuestos y sin ningún control en el contexto "paradojal" del cacareado gobierno de la "Seguridad Democrática". Por ello insisto: las "chuzadas" son apenas el inicio de una cadena de actuaciones ilegales consumadas por la inteligencia del Estado colombiano que llegó hasta recurrir a amenazas cuya ambigüedad no permiten descartar la posibilidad de homicidios.
En memorandos cruzados entre el detective Jorge Armando Rubiano y el subdirector de operaciones Carlos Alberto Arzayus, el CTI obtuvo elementos que prácticamente descubrieron los móviles. Dice el memorando:
"SEGUIMIENTOS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE TENDENCIA OPOSITORA FRENTE A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES, CON EL FIN DE RESTRINGIR O NEUTRALIZAR SU ACCIONAR".
En otros folios de la AZ 33 en el 221, los investigadores de la fiscalía encuentran el memorando de una reunión celebrada en la sala de juntas del piso 9 del DAS con la participación de Jorge Noguera y celebrada el 8 de marzo de 2005. Noguera cita a los funcionarios del G3 para hacer un balance sobre la gestión del grupo especial de inteligencia. Como resultado de dicho comité, Noguera expresa inconformidades por la "NO JUDICIALIZACIÓN" de los casos conocidos. De este memorando y el cotejo con otras informaciones, se infiere que el G3 y su minucioso seguimiento a sus "blancos", tenía como objetivo encontrar elementos para montajes que pudieran llevar a la cárcel a sus víctimas-objetivos.
Para lograr "NEUTRALIZAR" a sus "BLANCOS", Narváez, como asesor externo y con el conocimiento de NOGUERA, se inventó desde el 2003 diferentes "OPERACIONES PARA EL G3" (no lo perdamos de vista), en contra de ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS, DEFENSORES Y SU ENTORNO."
Hubo especial dedicación en las siguientes operaciones:
OPERACIÓN TRASMILENIO: En contra del COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO Y su director ALIRIO URIBE y familia.
OPERACIÓN PUERTO ASÍS : EN contra del periodista HOLLMAN MORRIS, su proyecto periodístico denominado CONTRAVIA y su familia.
OPERACIÓN CASACABEL: En contra de GUSTAVO GALLON Y la COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS.
OPERACIÓN PASEO I Y II: Contra magistrados de las ALTAS CORTES.
También se dieron órdenes para perseguir e interceptar comunicaciones a sindicatos, políticos de oposición y una decena de ONG en todo el país.
La operación TRASMILENIO fue diseñada contra 41 miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, afectando tanto a los simples mensajeros como a su junta directiva, a quienes se les abrieron fichas de investigación que incluían aspectos de la vida personal y los datos de sus padres e hijos hasta todos los obtenidos respecto de sus movimientos financieros.
EL CTI encontró interceptaciones de correos cruzados entre los miembros del colectivo que dan cuenta del estado económico de la organización; sobre estos correos hay anotaciones de los detectives que dicen "qué podemos hacer para desestabilizar". En otra copia de comunicaciones, los detectives anotaron: "PLAN OFENSIVO". Por la lectura se presume que el plan ofensivo se dirigía a sabotear la organización de un encuentro de víctimas y además el recaudo de dineros provenientes de la cooperación internacional.
EL G3, en especial Jaime Fernando Ovalle, estableció una red al interior de diferentes bancos, incluido el Banco de la República le permitió acceder a toda la información financiera tanto de organizaciones de derechos humanos como de personas naturales. Aparece un escrito del 28 de mayo de 2004 donde Ovalle le solicita al señor JAVIER VILLA de la unidad de análisis Operacional del Banco de la República, el suministro de información financiera sobre divisas extranjeras recibidas durante los últimos cinco años y a través de los bancos OCCIDENTE Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, AGRARIO DE COLOMBIA, SANTANDER, AVVILLAS, BOGOTA, por parte del COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR y LA ASOCIACION DE ABOGADOS DEFENSORES LLAMADA EDUARDO UMAÑA. La información solicitada de carácter reservado se consiguió sin los debidos soportes de autoridad judicial por lo que uno puede deducir que funcionarios al interior de estos bancos fueron contactados por el G3 para conseguir la información. Es más: "no se descarta que la misma (información) haya sido obtenida directamente de los bancos con los cuales el colectivo tiene relación", concluyen los investigadores.
Finalmente, el CTI descubre EL INFORME FINANCIERO elaborado por el G3 con todos los datos recogidos sobre el COLECTIVO DE ABOGADOS y concluye: "con el propósito de conocer la parte administrativa, recurso humano y entre otras las finanzas, para determinar la estabilidad económica del colectivo y a su vez definir acciones que vayan en detrimento de dicha ONG".
Quienes hemos sido las víctimas de tan espantosa cacería y que trabajamos con dineros fruto de la cooperación internacional, somos indudablemente las personas y organizaciones a las cuales iban dirigidas aquellas "acciones que vayan en detrimento" cuales son y fueron el descrédito sistemático ante embajadas y otras organizaciones multilaterales por parte de funcionarios del gobierno nacional, sembrando rumores y "propaganda negra" entre otras actividades que hoy investiga la fiscalía.
No conformándose con ello, en el caso del COLECTIVO DE ABOGADOS, elaboraron toda un organigrama de la organización, con las fotos de los miembros a algunos de los cuales les hacían un minucioso trabajo de montaje fotográfico con imágenes de subversivos; trabajo éste que por obvias razones no llegó a ninguna parte. Tal como lo demostró el Colectivo en la audiencia pública ante la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CIDH en Washington el 5 de noviembre de 2009. Uno de los comisionados VICTOR ABRAMOVICH dijo después de la exposición "que esta persecución es inimaginable en democracia y que le recordaba las dictaduras del Cono Sur."
Procedieron entonces a hacerle todo un trabajo de "control" a ALIRIO URIBE y su familia que incluyó: el alquiler de una residencia en frente de la casa de la familia URIBE para monitorear todos sus movimientos sin excluir los de sus hijos. Esto les sirvió, según revela el primer informe de la Fiscalía, para estar atentos a revisar la basura de la residencia, para tomar fotografías de los hijos e incluso para que de alguna manera se hicieran a las llaves de la residencia y que hoy reposan como una de las piezas del proceso. En otro informe destacan los gustos culinarios de ALIRIO y aparecen fotografías tomadas en alguna de sus giras al exterior que solo pudieron ser hechas por el G3 que lo seguía en el país y hasta en el exterior.
Todo un esfuerzo en tiempo, hombres y recursos para acabar con la credibilidad de Alirio Uribe que es un abogado a quien el gobierno francés lo condecoró por su trabajo en la defensa de los derechos civiles, que ha dedicado su vida al igual que los abogados que conforman el colectivo a la defensa de cientos de humildes campesinos que han sido víctimas de la horrible guerra que nos aqueja y que por supuesto han denunciado a esos malos hijos de la patria que dentro de las FFAA han cohonestado el delito para acabar con la vida de indefensos. Todo esto tiene nuevamente un ingrediente poderosísimo y es que algunos querrían verlo como simple coincidencia, pero nosotros, las víctimas, aseguramos que eran órdenes tal como empieza a develarse en las investigaciones. En el mismo discurso del 8 de septiembre del 2003, el presidente, en forma eufemística se refiere a "esos colectivos de abogados que defienden terroristas"; afirmación temeraria que de alguna manera está relacionada con toda esta operación.
Durante los años de funcionamiento del G3, las organizaciones que se ven en el recuadro y personas naturales, recibieron amenazas de muerte y hostigamientos. No creemos que sean meras coincidencias; está en curso investigativo pero las pruebas comienzan a aparecer, son las pruebas del terrorismo porque no se le puede llamar de otra forma, el ejercido por el DAS de Noguera y Narváez.
Soraya Gutiérez es miembro de la junta directiva del Colectivo de Abogados; tiene una hija menor de edad. A finales del 2004 en su residencia recibió una muñeca ensangrentada con una nota amenazante que le advertía que cuidara a su hija y se callara. El paquete tenía los datos de remisión de la casa de los padres de SORAYA; dichos datos aparecen en memorandos de los investigadores del G3 subrayados en diferentes oportunidades, además de que SORAYA era considerada como un "blanco" y se aprecia todo un control "técnico" de sus actividades que dan cuenta del minuto a minuto de su vida. A los abogados del COLECTIVO no les cabe la menor duda de que estas amenazas provinieron del G3.
Investigando para este artículo y en condición de víctima del G3, puedo deducir que ubicaron especialmente a las mujeres como objetivos de sus peores amenazas y hostigamientos. Tal el caso de mi colega periodista CLAUDIA JULIETA DUQUE. CLAUDIA es la periodista independiente que mejor ha investigado el asesinato de JAIME GARZON y que desde tiempo atrás descubrió que el DAS desvió la investigación, al igual que -hay que decirlo-, las de los magnicidios de PIZARRO, JARAMILLO, GALAN.
CLAUDIA JULIETA descubrió que había una testigo cuyo testimonio no podía ser creíble: el de MARIA AMPARO ARROYABE y sobre el cual se diseñaron las líneas investigativas que provocaron la pérdida de cinco años de trabajo. La testigo fue aportada por funcionarios del DAS ese 13 de agosto de 1998. Con CLAUDIA JULIETA, para agosto del 2003, pusimos de presente ante el país, a través de mi programa CONTRAVIA, las anomalías de la investigación, lo que originó que meses más tarde el juez del caso nos diera la razón y dijera que lo dicho por la testigo clave del caso GARZON no tenía fundamento y que en consecuencia el supuesto asesino debería quedar libre.
Nuestra "osadía" de señalar al DAS en el caso GARZON, creemos sea ahora uno de los motivos para que se nos dedicara una feroz cacería a nosotros y nuestros hijos. CLAUDIA JULIETA, mujer echada para adelante rigurosa en sus investigaciones y fuerte de carácter, perspicaz empezó a sospechar. Después de emitido el programa, JULIETA veía movimientos sospechosos en su entorno, taxis que la seguían, hombres y mujeres haciendo preguntas en su residencia, hombres merodeando el colegio de su hija y carros que seguían al bus escolar de la pequeña. CLAUDIA lo contaba y pocos lo creían en esos meses del 2004. Nadie se imaginaba la magnitud de la operación de la que estábamos siendo víctimas y nadie se imaginaba de lo que fueron capaces, para, más allá de desacreditarnos, perturbarnos sicológicamente.
EL 17 de noviembre del 2004 CLAUDIA JULIETA recibió una llamada que hasta el día de hoy no olvida y cuando lo recuerda, inmediatamente le brotan lágrimas. Ese día y después de que la niña llegó del colegio, recibió una llamada al teléfono fijo de su casa; una voz masculina la amenazaba diciéndole que se "meterían con lo que más quiere", es decir con su hija. Claudia no ha dudado un minuto durante estos años que la amenaza provino directamente del DAS y de funcionarios como Narváez y Ovalle, entre otros. La amenaza la obligó a salir del país con su pequeña de 10 años y en condición de madre separada a diversos países de Europa con momentos muy tristes para su vida y la de su hija. El pasado diciembre la Fiscalía le dio la razón a CLAUDIA JULIETA. El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía encontró en uno de los archivos un memorando y sobre ello anota el CTI:
"EN EL FOLIO 170 LLAMA LA ATENCIÓN la información que se condensa pues corresponde a un plan de acción que incluye amenazas en contra de la señora CLAUDIA JULIETA DUQUE el cual está impreso en un papel con fondo "USO EXCLUSIVO DAS" en manuscrito se observa 17 nov 2004."
El texto completo del documento es un ESCANDALO, produce escalofrío.
Este texto se hizo público en el mes de diciembre por la revista SEMANA. Sin embargo para sorpresa de muchos de nosotros, no tuvo la repercusión que debiera. El memorando es la prueba reina de que el G3 se encargó de amenazar e intimidar y que este procedimiento se puso en práctica contra varios de nosotros y en diferentes modalidades. Hasta el momento no ha habido mayor debate de esta prueba, acaso porque quien resulta amenazada no hace parte de los grandes medios de comunicación o quizás porque hay poderes que decidieron bajarle el volumen a la polémica, precisamente en el momento en que empiezan a aparecer las pruebas contundentes o simplemente porque los amenazados no somos afines al gobierno.
Mi pesadilla
Los periodistas colombianos siempre hemos estado expuestos a la intolerancia de las guerrillas, paramilitares, mafias del narcotráfico y políticos corruptos. En mis casi veinte años de experiencia cubriendo el conflicto y denunciando las peores violaciones a los derechos humanos como al derecho internacional humanitario nunca imagine que fuera un presidente el que pusiera mi vida en peligro y que sea además sus policía secreta la que despliega toda una suerte de practicas criminales en mi contra. Mi pecado fue y es darle la voz a las victimas, decir que hay otras realidades en Colombia más allá de la seguridad democrática. Y con seguridad el haberle reclamado al presidente en mi programa el no tener hasta el día de hoy una sola frase de condolencia por los niños descuartizados en la comunidad de San José de Apartado y si haberles lanzado un manto de duda al señalar a la comunidad como afín a la guerrilla. Es público hoy que a los menores de 11, 6 y año y medio de edad se descuartizaron por orden de un oficial del Ejercito tal y como lo dijeron los humildes campesinos en su momento. Seguramente ordenaron mis seguimientos y persecución por decir que lo dicho por el presidente frente a las victimas de la masacre de la vereda Potosí en Cajamarca Tolima buscaba ocultar la verdad. Por eso el presidente como el G3 quieren confundir a la sociedad y mostrarnos no como periodistas sino como terroristas.
En mi caso esos hechos que consideramos "extraños" durante los últimos años, hoy tiene una explicación a la luz de la existencia y lo obrado por el G3. Por ejemplo, esas llamadas "raras" que recibió mi esposa en el embarazo de nuestro segundo hijo durante el primer semestre de 2004. Eran llamadas con voz femenina que la insultaban, esas llamadas se repitieron durante varios meses y se hacían siempre en mi ausencia -y que hoy no nos cabe duda- provenían de los miembros del G3, uno de cuyos objetivos era "NEUTRALIZAR", "DESETABILIZAR", "INTIMIDAR". Así lo acepta incluso el señor ARZAYUZ jefe de inteligencia. Las llamadas evidentemente desestabilizaron el hogar, en especial a mi esposa; era solo el comienzo de una cadena de ilícitos y prácticas con el ánimo de infundir terror en mi contra y de mi familia.
Se encontraron en la AZ 2.2 del 2004-2005, 159 folios que contienen información sobre aspectos de mi vida personal: datos civiles, estudios realizados, actividades profesionales, movimientos migratorios. El informe indica que toda "la estructura familiar de Morris fue seguida ilegalmente" esto incluyó a mis hijos menores de edad, mis padres y hermanos. En otro informe, Jaime Fernando Ovalle ordenó todo el control técnico de mis comunicaciones, es decir, interceptaciones a los teléfonos de mi oficina, celulares y correos electrónicos. Además, una mujer que se hace llamar "CECILIA" estaba permanentemente analizando la información que proviene de la OPERACIÓN PUERTO ASIS.
En agosto del 2004 fui detenido de manera arbitraria por miembros de la Armada y el Ejército en el río Putumayo junto al periodista italiano GUILLERMO GALDOZ. Realizábamos la preproducción de un documental cuando fuimos abordados por agentes de la Armada, quienes nos solicitaron la documentación y nuestro material de video grabado, es decir el material periodístico, el teléfono satelital, anotaciones, etc. El decomiso del material y nuestra retención fue a todas luces ilegal, nos mantuvieron retenidos durante más de siete horas. Dos helicópteros de combate volaron expresamente desde Tres Esquinas a recoger nuestras pertenencias y especialmente el material fílmico que nos fue devuelto a la madrugada del 5 de agosto del 2004. Cuando nos devolvieron el material, el oficial de inteligencia militar simplemente dijo que era porque nos encontrábamos en un área de conflicto y que las órdenes provenían directamente de Bogotá. Tengo todo el derecho a pensar que ese operativo estuvo perfectamente coordinado entre el DAS y las FFAA y que quizás hay grupos paralelos al G3 al interior de la Policía y del Ejército que actúan en coordinación y que, hasta el día de hoy, no han sido descubiertos. Desde los primeros minutos de la retención ilegal, la oficina de NACIONES UNIDAS en Colombia dio aviso al gobierno nacional de la irregularidad que se estaba cometiendo contra nosotros y advirtieron que en el momento en que quedáramos incomunicados seríamos declarados como desaparecidos, tal como ocurrió. A pesar de las advertencias, el gobierno prefirió continuar con la retención y el decomiso del material. Ya en libertad, organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional y organizaciones de prensa, se pronunciaron y el gobierno guardo silencio.
El 16 de mayo del 2005 llegó a la puerta de mi apartamento una corona fúnebre anunciando mi muerte. En minutos fue entregada a mi esposa y a mis pequeños hijos. Esa misma tarde en lapsos de 15 minutos, coronas idénticas eran entregadas a los periodistas Carlos Lozano Guillén y Daniel Coronell. La amenaza se produjo en momentos en que denunciábamos la participación de oficiales y soldados en complicidad con los paramilitares, de la horrible masacre de cuatro menores de edad de la comunidad de paz de SAN JOSE DE APARTADO.
Para ese mayo LOZANO, CORONELL Y YO fuimos objeto de la más estricta vigilancia por parte del G3. Además se aprecian en mi caso memorandos de Jaime Fernando Ovalle pidiendo control de mis actividades precisamente para la semana en que se efectúa la amenaza y pecaría de ingenuo si pensara que detrás de esto no estaba la intencionalidad de "INTIMIDAR". La prueba reina de esto aparece en un segundo informe del CTI donde los investigadores encuentran un capítulo exhaustivo sobre mi vida y a manera de conclusión aparece lo siguiente: "UN CURSO DE ACCION EN SU CONTRA QUE CONSISTE EN CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO, COMUNICADOS Y SABOTAJE COMO EL HURTO DE PASAPORTE Y CEDULA ETC."
Las coronas fúnebres cambiaron nuestra vida. A partir de ese momento, la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de la OEA dictó medidas cautelares para que el ESTADO COLOMBIANO protegiera a todo mi núcleo familiar. La Vicepresidencia de la República dio instrucción al DAS en junio del 2005 para que me brindara el servicio de escolta para protegernos. Entonces mi vida familiar ingresó al rito de los desplazamientos en carros blindados y los niños empezaron a crecer viendo hombres armados a su alrededor. Mi hija vio cómo quedaba guardada su bicicleta nueva mientras nosotros no encontrábamos palabras para hacerle entender, dada su corta edad, que en este país el pensar diferente es peligroso. Nuestro hijo menor de apenas un año para la época, no ha conocido, hasta el día de hoy, un auto que no sea blindado; sigue preguntado el por qué de nuestro carro con vidrios oscuros. Mi esposa y yo, como el resto de los once mil colombianos que poseemos algún tipo de dispositivo de seguridad, nos hemos vuelto personas que estamos alerta en todo momento. Que no le damos la espalda a las puertas en los restaurantes, que miramos siempre en las conferencias cuidadosamente al auditorio, entre otros "tics". En síntesis, que en tiempos de la Seguridad Democrática no tenemos motivos para sentirnos seguros.
La sorpresa fue mayor cuando se destapó el escándalo de los seguimientos ilegales del DAS en marzo del año pasado y los fiscales sacaron sendas carpetas que contienen aspectos de nuestras vidas y la de nuestros hijos en los últimos años. Veíamos asombrados las fotos de la casa de nuestros padres, anotaciones sobre mis hermanas, los horarios de las clases de mis hijos; nuestra vida personal estuvo desde entonces manoseada con anotaciones de investigadores que sobre los informes garabateaban órdenes de "sabotear", "perseguir", "… periodista peligroso", al observar el sin número de documentos y copias de correos interceptados no, pudimos sentir otra cosa que una especie de violación.
Con desasosiego y rabia descubrimos que los algunos escoltas asignados a nuestra supuesta seguridad, pasaban informes sobre nuestra vida personal y las peleas de pareja eran la comidilla de la vulgar "inteligencia del Estado". Descubrimos en los documentos que algunos de nuestros escoltas fueron contactados por el G3 para que nos "controlaran en tiempo real". La vida de mis hijos, de mi familia se puso en bandeja de plata de los victimarios, de las mismas personas que creo --y que los hechos así lo van demostrando--, estuvieron detrás de las amenazas, de los robos "extraños" en una de mis cuentas bancarias, del intento de hurto en mi apartamento, del engaño a mi madre con mis datos para sustraerle la plata de la pensión o, las preguntas intimidantes en la calle a los jóvenes practicantes del programa periodístico.
La descripción de hechos y conductas llevadas a cabo, desde el gobierno o fuera de él, contra mi oficio de periodista, mi libertad y la de mi familia, podrían llenar varias cuartillas; podrían ser las mismas con el mismo despliegue que todos los medios nacionales le dieron a las infames acusaciones "de aliado del terrorismo" que el presidente hizo en mi contra en febrero del 2009 pero poco o nada dijeron. Pero además, no soy el único en estas circunstancias; son centenares de colombianos. Los folios mencionan a decenas de personas que fueron "investigadas", objeto de seguimientos ilegales y de saboteos a todo lo ancho del país; se trata de una operación de la cual aún hoy, la sociedad colombiana no termina de apreciar en toda su dimensión negativa tan grave para la democracia.
No puedo dejar de mencionar las ocasiones en las que el presidente Álvaro Uribe me ha tildado de aliado del terrorismo. El primer hecho tuvo lugar justo un mes después de las amenazas con coronas fúnebres, en junio del 2005: encontrándome en Puerto Asís, Putumayo, con un grupo de periodistas de la BBC de Londres cubriendo el terrible ataque de la guerrilla contra un grupo de soldados, al jefe de Estado se le ocurrió decir que "HABÍA PERIODISTAS QUE HACÍAN PACTOS CON EL TERRORISMO PARA GRABAR ATENTADOS"; se estaba refiriendo a mí. Tras el insuceso de las coronas fúnebres, recibía este baldado de agua fría, inexplicable, pues el argumento presidencial consistía en que los periodistas habíamos llegado tres días antes para hacer algún tipo de acuerdo con los guerrilleros. Fue muy fácil demostrar la ligereza del mandatario puesto que el testimonio de los colegas tanto como los recibos y tiquetes, prueban y demuestran que habíamos llegado horas antes que el jefe de Estado. Todo obedeció, según un comunicado de presidencia, a una "mala información sobre el día de nuestra llegada a la zona".
Yo pienso otra cosa. En efecto fue un error en la información, pero esa información precisamente provenía del G3 y con las declaraciones públicas del presidente, lograban uno de sus objetivos en mi contra: "desacreditarme"; no es coincidencia que toda la operación que me hicieron sea denominada "OPERACIÓN PUERTO ASIS". Mientras las acusaciones de Uribe se hicieron por radio en horarios de alta audiencia, la rectificación se hizo a media noche y no tuvo mayor trascendencia y el resultado para mí fue efectivamente el descrédito. Creo además que el presidente estaba al tanto de la maniobra y por ello su "mea culpa" es sumamente displicente. Las maniobras para desacreditarme desde entonces hasta hoy, continúan y las amenazas también.
El último capítulo consistió en las acusaciones, en vivo y en directo, desde Villavicencio, Meta, el 3 de febrero de 2009, en el marco de las liberaciones de tres policías y un soldado y que yo, como periodista, cubrí. En menos de quince minutos el presidente me tildó cinco veces de aliado del terrorismo y organizador de fiestas terroristas. No entraré en los detalles de ese episodio, creo que amerita un escrito dedicado solo a esos hechos y las repercusiones sobre mi vida, el periodismo y la democracia.
Lo que sí es pertinente decir, a propósito de este capitulo, es que tales afirmaciones del presidente en mi contra, pareciera que son parte de la lógica y estrategia que se trazara el G3 en el noveno piso del DAS desde el 2003. Veamos: simplemente el presidente ese 3 de febrero de 2009, estaba actuando consecuentemente como jefe del organismo, con la línea elaborada por el DAS desde los tiempos de Jorge Noguera y José Miguel Narváez, cuando Jaime Fernando Ovalle elaboraba las estrategias investigativas en "power point" destinadas a "SABOTEARNOS", "NEUTRALIZARNOS", "DESACREDITARNOS" o simplemente aniquilarnos, pues Uribe al hacer tales sindicaciones públicas, desarrolla las acciones del grupo ilegal de inteligencia G3.
A funcionarios del gobierno, entre ellos al nuevo director del DAS FELIPE MUÑOZ, les dije que esta "CACERIA ILEGAL" ganó en cuanto a varios de los perseguidos y señalados, logró desestabilizarnos, incluso, a nuestras esposas e hijos, especialmente, los menores de edad. Pero lo que puede parecer para algunos una victoria no ha hecho mella en el propósito de quienes como personas, profesionales, amantes de la democracia, de una cultura de derechos humanos y paz persistimos en no abandonar nuestros principios. Al presidente le corresponde decirle, más que a nosotros, a toda la sociedad colombiana, si él considera que señalar de aliados del terrorismo a defensores de derechos humanos, políticos y periodistas públicamente, ¿no pone en riesgo la vida de estos colombianos, sobretodo cuando se dice desde la dignidad presidencial apoyada además en tan grande prestigio popular y en un país históricamente reconocido por su intolerancia política? Que responda y nos cuente, ¿si dentro de la esencia de la seguridad democrática cabe deslegitimar día y noche la defensa y promoción de la cultura en derechos humanos y a sus operarios? Y si ¿cree que así se construirá un país al alcance de los sueños de las próximas generaciones a las que aspiramos dejarles por fin un país que goce realmente de esa paz de la que ni su generación señor presidente, ni la mía, ni la de sus hijos y los míos aun conocen?
La sociedad colombiana necesita urgentemente definir si ve como base de su desarrollo el respeto integral a los derechos humanos o, si por el contrario, ve en estos derechos un excedente de la democracia. Aún estamos a tiempo de definirnos.
El Fiscal General (e), GUILLERMO MENDOZA DIAGO, en entrevista llevada a cabo el 13 de enero de 2010, me dice que hasta el momento sólo han revisado la cuarta parte de lo encontrado en los discos duros, memorias y papelería de lo llevado a cabo por el G3 del DAS; y anuncia que sus investigadores están recibiendo intimidaciones.
Este proceso es uno de los más delicados de la historia del país sobre el cual no sólo las víctimas, sino la sociedad en general, debe estar atenta. Nosotros tenemos como herramienta el exigir justicia. Hoy ninguno de los mencionados como víctima tiene la certeza de que esta práctica de seguimientos haya cesado, por el contrario sabemos que todo el trabajo destinado a desacreditarnos continúa y el empeño de convertirnos de víctimas a victimarios.
[Fuente: Por Hollman Morris, publicado en el texto "Las perlas uribistas", Marzo de 2010]
Inteligencia militar y paramilitarismo
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