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19mar11
"Prefiero mantener la libertad de mi opinión": magistrado Hermes Lara
El magistrado Hermes Darío Lara, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, es el encargado de confirmar o rechazar en segunda instancia la histórica sentencia que condena al coronel (r) Plazas Vega, pero está solo para revisar miles de documentos.
Dice que hay inquina personal de sus superiores contra él por defender los derechos de jueces y magistrados. Revisará también el fallo del referendo reeleccionista y el caso del excongresista Ciro Ramírez.
Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cuándo llegó a su despacho la revisión de la sentencia condenatoria del coronel (r) Alfonso Plazas Vega?
Magistrado Hermes Darío Lara Acuña.– El caso Plazas Vega fue asignado a este despacho en noviembre de 2008 y lo asumí cuando fui nombrado en propiedad aquí. La sentencia condenatoria llegó en julio del año pasado.
C.O.T.- ¿Cuántos casos más tiene que revisar simultáneamente con el de Plazas Vega?
H.L.A.- Como les sucede a los demás magistrados, tengo muchos: más de 70, porque el trabajo viene represado. El caso que usted menciona sería uno más de no ser por la connotación nacional que tiene éste, incluido el hecho de que hay una persona privada de la libertad, la categoría y los sucesos tan significativos de que trata. Por eso requerí del Consejo Superior de la Judicatura que me permitiera dedicarme de tiempo completo a resolverlo y que me apoyara con personal adicional.
C.O.T.- ¿Cuándo empezó a solicitarle al Consejo de la Judicatura que lo asignaran exclusivamente a este caso?
H.L.A.- En julio 13 del año pasado le envié al Consejo el primer oficio; tuve que reiterar mi petición en agosto, en vista de que no había respuesta. Asignaron entonces a un magistrado adjunto y a un auxiliar por un período de tres meses. Pero esa medida no se hizo efectiva nunca. Continué solicitándole al Consejo Superior una ayuda real: cada 20 días le enviaba oficios.
C.O.T.- O sea, ¿hasta hoy usted no ha contado con un magistrado adjunto o con personal auxiliar que le ayude con los otros procesos?
H.L.A.- Apenas en enero de este año nombraron, efectivamente, a un magistrado adjunto y a un auxiliar, a quienes les entregué todos los otros procesos, muchos de los cuales ya estaban represados. En febrero ya me pude dedicar de manera exclusiva al tema del Palacio de Justicia.
C.O.T.- ¿Por qué el Consejo Superior, conociendo la trascendencia de este proceso, no les presta atención a sus solicitudes? O, ¿no saben de cuál se trata?
H.L.A.- No creo que lo ignoren. Al menos el presidente del Consejo, Hernando Torres Corredor, a quien le he remitido todos los oficios, debe saberlo porque siempre me he referido explícitamente al caso. Como no hizo nada, acudí al Ministerio del Interior y Justicia para enterar al Gobierno de que la responsabilidad de que no se resuelva prontamente la segunda instancia del caso Plazas Vega no es de este magistrado.
C.O.T.- ¿Serán suficientes esas dos personas para atender casi 70 procesos de su despacho?
H.L.A.- La asignación de ellos ayudará, aunque llega tarde. Por la carga de trabajo que existe se van a represar los procesos. En cuanto al caso del Palacio de Justicia, hemos mejorado. No obstante, he pedido también la asignación de un personal adjunto de cuatro digitadores para pasar a texto escrito el contenido de las audiencias del caso Plazas, porque están grabadas, pero nadie las ha pasado a texto.
C.O.T.- ¿Usted tiene que revisar todo el contenido grabado?
H.L.A.- Claro. La decisión final la toma la sala del Tribunal, pero el magistrado sustanciador debe conocer, punto por punto, la totalidad del material de cada una de las piezas.
C.O.T.- ¿No hay un índice digitalizado al que usted pueda acudir y buscar por nombres, apellidos, temas, números, etc. del proceso?
H.L.A.- No. El sistema acusatorio, por el cual algunos defienden la oralidad de los procesos, es un sistema que requiere la logística necesaria. Nada de eso se ha hecho. Imagínese tener que revisar grabaciones de dos años de audiencias sin ningún indicador de contenido.
C.O.T.- La falta de atención del Consejo Superior de la Judicatura a sus reclamos, ¿se debe a que le interesa demorar el fallo de segunda instancia del proceso Plazas Vega?
H.L.A.- Me parece que pesó más un problema personal. ¿Por qué no se le presta apoyo al caso Plazas Vega durante casi nueve meses? Tal vez si se tratara de otro magistrado sustanciador la decisión se habría tomado rápido, incluso entregándole el grupo de digitadores que solicité.
C.O.T.- Ese trasfondo personal que usted cree ver, ¿de quién viene? ¿Del presidente del Consejo Superior?
H.L.A.- Al parecer, el señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura le tiene animadversión a Hermes Darío Lara.
C.O.T.- ¿Por qué?
H.L.A.- Tal vez se debe a que he expresado desacuerdos con decisiones del Consejo Superior de la Judicatura. También he protestado por el nuevo acuerdo de calificaciones que se les impuso a los jueces y magistrados de todo el país, porque creo que carece de legalidad y que es inconstitucional. Y, por último, porque he liderado una respuesta ante el Consejo, como gremio, para que se nos respeten nuestros derechos laborales. Parece que en las altas esferas judiciales no les gusta que la gente hable.
C.O.T. ¿Usted se definiría como un líder sindical de la Rama Judicial?
H.L.A.- No. Formo parte de una corporación de jueces y magistrados con la cual se pretenden reivindicar derechos. Pero no desde la óptica sindical, sino como un gremio que tiene presencia en todo el país.
C.O.T.- ¿Se considera un rebelde del sistema?
H.L.A.- No asumo como descriptivo de mi posición ese calificativo, porque le pone un sentido ideológico que no tiene. Cuando uno siente como propia la función pública, lo primero que tiene que hacer es expresar libremente sus ideas. El silencio no puede seguir siendo la forma de relacionarse con los magistrados superiores y de aceptar políticas con las que no se está de acuerdo, sobre todo cuando son caóticas e ineficaces.
C.O.T.- ¿No es paradójico que esta situación se presente precisamente en el campo de la justicia?
H.L.A.- No sólo lo considero paradójico, sino contradictorio con lo que en un Estado Social de Derecho debe interpretarse como correcta administración de justicia.
C.O.T.- ¿Es cierto que se ha quejado por la falta de apoyo a su despacho en este caso también con organismos internacionales?
H.L.A.- Sí. Les he escrito a entidades como la OEA y la Oficina de la Relatora para la Independencia de los Funcionarios Judiciales de Naciones Unidas.
C.O.T.- ¿No será que usted se centra excesivamente en defender sus posiciones?
H.L.A.- Las personas que me han conocido profesionalmente saben que más que personal, mi interés ha sido institucional y de respeto por la labor de la justicia. Si me preocupara más por mí mismo, podría no decir nada y dejar que las cosas funcionaran mal o bien, sin que me importara.
C.O.T.- Para tener éxito profesional y ascender en la carrera judicial, ¿debe uno ser obediente, sometido y no protestar?
H.L.A.- Me parece que los roles se han invertido. Cuando se crea un estamento como el Consejo de la Judicatura, que se establece para que esté al servicio de la administración de justicia, no puede terminar contribuyendo a intereses hasta cierto punto particulares, porque en este caso, cuando no se suministra apoyo para un caso como el del Palacio de Justicia, el interés que se impone es totalmente ajeno a la administración pública y a la administración de justicia. Con esto le doy respuesta a su pregunta.
C.O.T.- ¿Es verdad que usted le pidió cita personal a cada uno de los magistrados del Consejo Superior?
H.L.A.- Sí, es verdad.
C.O.T.- ¿Lo recibieron?
H.L.A.- La única persona que tuvo la gentileza de aceptar una entrevista conmigo fue el doctor Ricardo Monroy Church.
C.O.T.- Siendo realistas: al día de hoy y con el poco apoyo institucional con que cuenta, ¿en cuánto tiempo podría terminar la revisión de la sentencia del coronel (r) Plazas Vega?
H.L.A.- Es muy difícil señalar un tiempo. Como le digo, estamos hasta ahora en etapa de revisión y como debo escuchar los audios de las audiencias y los testimonios, eso gastará días. De lo que sí estoy seguro es de que sacaré adelante este caso.
C.O.T.- Fuera de la confrontación que ha tenido con el presidente de la Judicatura, ¿ha tenido dificultades con otros magistrados del Consejo Superior? Se lo pregunto porque entiendo que usted echó para atrás una tutela que falló un juez en contra de María Jimena Duzán y a favor del magistrado José Alfredo Escobar Araújo, que también es del Consejo Superior. Ese fallo inconveniente para su superior, ¿le provocó problemas a usted?
H.L.A.- Sería muy difícil para mí hacer una afirmación en ese sentido. Pero es evidente que uno no cae bien en los estamentos donde se toman decisiones superiores.
C.O.T.- ¿Se arrepiente de la decisión a favor de la periodista y en contra del magistrado Escobar Araújo, que es su superior jerárquico?
H.L.A.- Como dicen algunos, si volviera a vivir, volvería a hacer exactamente lo mismo, porque lo considero justo.
C.O.T.- Como si fuera poco, en su despacho también están otros procesos muy difíciles y complicados. Por ejemplo, tiene asignado el caso del referendo reeleccionista y conoce el proceso del exsenador Ciro Ramírez. ¿Estos asuntos lo ponen en la mira?
H.L.A.- Es cierto que tengo esas asignaciones por trámite normal del Tribunal. La única garantía que doy es que los revisaré en conciencia y fallaré en estricto derecho. Recuerde que nada se decide individualmente, sino al final, en sala y con dos magistrados más que hacen el ejercicio de verificación de legalidad y constitucionalidad de las decisiones.
C.O.T.- ¿Esta entrevista le hará daño a usted?
H.L.A.- Lo que he sostenido aquí es la verdad. Estoy absolutamente seguro de que si me hubiera silenciado, me habría ido mejor. Pero prefiero mantener la libertad de mi opinión.
Quién es el magistrado Hermes Darío Lara
Es miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y quien tiene que revisar —en segunda instancia— la trascendental sentencia que condena a 30 años de cárcel al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, por su responsabilidad en la desaparición de personas que se encontraban en el Palacio de Justicia durante la recuperación del edificio que fue tomado a la fuerza por el M-19 en 1985 y liberado a sangre y fuego por las Fuerzas Militares. Como se recuerda, la jueza María Stella Jara, quien dictó el fallo, tuvo que salir del país por la ola de amenazas que se desataron en su contra. Curiosamente, al magistrado Lara no parecen estarlo persiguiendo por ser el responsable de la confirmación o revocatoria de la sentencia. Aparentemente sus superiores, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, no le suministran el apoyo que se requiere para sacar adelante un caso con una sentencia que tiene 302 folios, una apelación de 184, los alegatos de la Fiscalía, de la Procuraduría y de los abogados de los familiares de las víctimas, más los miles de folios y grabaciones que contiene el proceso en sí. Al parecer, la posición contestataria de Lara frente a sus jefes le ha traído problemas de rechazo.
La justicia, como en la era de los Picapiedra
C.O.T.- ¿Usted será el magistrado de segunda instancia que revisará los fallos de los otros procesos del Palacio de Justicia (Arias Cabrales, Iván Ramírez y Sánchez Rubiano)?
H.L.A.- Sí. En cuanto a las dificultades del caso Plazas Vega, imagínese usted: las audiencias de cerca de dos años, grabadas en audio, sólo tienen indicación de número y fecha. No de contenido. Y yo tengo que revisar, íntegramente, lo que se dijo en el proceso.
C.O.T.- Los discos con las grabaciones de los años de audiencias del caso Plazas Vega, ¿no tienen índice de contenido?
H.L.A.- No. Las actas que se levantaron en el juzgado son escuetas. Los audios simplemente vienen marcados con una enumeración de relación. Eso hace más difícil el trabajo, porque hay que revisar las actas para saber dónde se pueden encontrar apartes del proceso en esas grabaciones.
C.O.T.- ¿Cuántos folios, cuadernos principales, auxiliares, otros documentos anexos y discos de audio del proceso Plazas Vega tiene que leer usted, hoja por hoja?
H.L.A.- Hay 47 cuadernos principales, 146 cuadernos anexos, 20 cuadernos de segunda instancia y 115 discos de audio.
[Fuente: Por Cecilia Orozco, El Espectador, Bogotá, 19mar11]
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