17ago02
El Gobierno colombiano opta definitivamente por la profundización de la guerra civil y el por el fin de la Diplomacia de la Paz.
Para acometerlo, el nuevo Gobierno está adecuando la economía, las leyes, el Estado mismo y la Fuerza Pública. ELTIEMPO analiza los seis grandes frentes de batalla que se plantean en esta nueva etapa que arrancó el 7 de agosto.
Luego de casi cuatro años de frustrado proceso de paz, del cual el nuevo Presidente fue el primer crítico, y tras varios años de actitud defensiva frente a la arremetida de la subversión armada, el país parece haberse enrutado sin reversa hacia una nueva fórmula de confrontación directa y ofensiva contra guerrilleros y paramilitares.
En concordancia con la promesa de mano fuerte que lo llevó a ganar las elecciones, el gobierno de Álvaro Uribe está diseñando a todo vapor, desde la Casa de Nariño, los más diversos decretos y elaborando proyectos de ley para endurecer penas, intervenir militarmente cárceles, detener la maquinaria del secuestro, y arrebatar riqueza y poder al narcotráfico, primer financiador de la violencia en Colombia. Existe inclusive una iniciativa para que los menores de 16 años tengan responsabilidad penal y puedan ir a la cárcel.
Al mismo tiempo se están buscando fuentes de financiación con reformas tributarias, con bonos de guerra, con aportes voluntarios, con el objetivo de fortalecer a las Fuerzas Armadas, dotarlas mejor, y reforzarles sus sistemas de inteligencia. Apenas tres días después de posesionado, el nuevo Presidente decretó la Conmoción Interior con el fin único de conseguir 2 billones de pesos para el Ejército y la Policía.
En esa misma línea, Uribe ha nombrado hombres y mujeres troperos y 'tropeleros' en los cargos directivos de la Fuerza Pública y del Estado. Una nueva actitud combativa se aprecia en la cúpula del establecimiento.
En fin, todo apunta a señalar un nuevo rumbo del conflicto armado colombiano; una nueva fase en la que por primera vez el Ejército y el Estado pasan de la defensa al ataque, en una gran ofensiva por derrotar a los violentos, o al menos disminuir su poder para llevarlos a una mesa de diálogo.
El nuevo Gobierno está tratando de no dejar resquicios en su estrategia de guerra frontal. Con ayuda de observadores especializados, de expertos y de los propios protagonistas, EL TIEMPO analiza los seis grandes frentes de batalla que parecen estar planteándose en esta etapa que arrancó el pasado 7 de agosto, y cuya duración es absolutamente incierta.
Primer frente: la economía de guerra.
Con la creación de un impuesto extraordinario del 1,2 por ciento sobre el patrimonio, el llamado a hacer aportes voluntarios para enfrentar a los violentos, y otros anuncios 'sueltos' como la eliminación del subsidio a la gasolina, fusión de cuatro entidades agrícolas y muestras de austeridad a diestra y siniestra, el Gobierno quiere dejarles en claro a los colombianos que en tiempos de conflicto la economía tiene que entrar 'en cintura'.
Pero, sobre todo, envió el mensaje de que los particulares, particularmente los empresarios, tienen que poner su grano de arena en la búsqueda de la seguridad. Se trata de una solicitud que 'en voz baja' había hecho el propio gobierno de Estados Unidos.
En un año, Ejército y Policía recibirán recursos cercanos a los 7 billones de pesos, es decir, más de lo que se destina en el mismo lapso a todos los proyectos de inversión del país. El monto no es, sin embargo, muy elevado frente a los 6 billones de pesos del año pasado. Así, este año Colombia seguirá gastando un poco más de 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en sector defensa, a pesar de algunas voces que claman por un aumento significativo de la inversión militar.
Lo que más llama la atención es que esta refinanciación de las Fuerzas Armadas apeló a una fórmula distinta a la de sacrificar la inversión social, y prefirió recurrir al bolsillo privado. Eso sí, los particulares sentirán que se les está pidiendo un esfuerzo adicional. Al fin y al cabo, la tarifa del 1,2 por ciento sobre el patrimonio líquido es particularmente elevada, no es un préstamo como en el caso de los bonos de paz y afecta a todos aquellos que presentan declaración de renta.
¿Qué tan preparado está el país para evitar que el sector productivo se vaya a pique, a sabiendas de que el nuevo impuesto es la cuota inicial de un paquete de medidas que se avecinan y que incluyen una reforma tributaria y un drástico recorte en el gasto público? Con la sola reforma tributaria se esperan conseguir recursos adicionales por dos billones de pesos. El mismo monto se aspira recaudar con el impuesto al patrimonio.
El propio ministro de Hacienda, Roberto Junguito, reconoció que el impuesto tendrá un impacto en el corto plazo en la economía, que ya de por sí creció apenas 0,5 por ciento en el primer trimestre del año y tiene un pronóstico de 1,5 para todo el año. Eso sí, enfatizó en que el sacrificio se verá compensado a mediano y largo plazo con una mayor inversión que generará crecimiento y reactivará el empleo.
¿Había otra alternativa? Para el director de la Dian, Mario Aranguren, si los colombianos quieren mayor seguridad tienen que pagar por ella. Y la seguridad cuesta. Al fin y al cabo, el conflicto armado le resta al país cada año dos puntos menos de crecimiento.
Los analistas no tienen aún un pronóstico dramático para la economía, pero sí advierten que la situación no será fácil, menos en plena turbulencia de América Latina. El conflicto armado le resta al país cada año dos puntos menos de crecimiento.
"Por fin reconocimos la realidad de la gran amenaza del terrorismo. Lo que le hace daño a la economía es no actuar y dejar las cosas como si aquí no pasara nada", sostiene el presidente de Anif, Fabio Villegas, para quien lo más importante es que se tomen medidas, por duras que ellas sean, y seguir con el ajuste en las finanzas para tranquilizar a los mercados internacionales.
Segundo frente: el fortalecimiento militar.
Luego de los casi 300 ataques guerrilleros y paramilitares de los últimos 4 años, contra pueblos, estaciones de policía, brigadas, comandos y caseríos, y de un récord de reacción relativamente malo del Ejército y la Policía para llegar con refuerzos, el primer objetivo de las Fuerzas Armadas es cambiar radicalmente esa tendencia.
"Nuestra meta ahora no va a ser llegar, sino conseguir evitar que se tomen un pueblo o que ataquen una estación", aseguró el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Enrique Mora, luego de una reunión con el presidente Uribe, el miércoles pasado.
En ese encuentro, el Jefe del Estado fue claro: les dijo a todos los generales y comandantes de las diferentes armas que el Estado tiene que prevenir los ataques terroristas y no aparecer después para perseguir a los grupos armados. Y un día después, el jueves, en la posesión de la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, les exigió resultados concretos y en el corto plazo.
Sin embargo, paralela a esta serie de llamados al orden, Uribe se comprometió a reforzar de inmediato a las fuerzas Armadas. En gran medida, la declaratoria de Conmoción Interior del domingo pasado se hizo para obtener los recursos de emergencia que posibiliten este cambio en la operatividad del Ejército y la Policía.
Sin duda, este es el frente de guerra que se halla más avanzado en todo sentido, inclusive con presupuesto y fechas concretas de ejecución. Con los dos billones de pesos que se obtengan del nuevo impuesto al patrimonio, deberán entrar en funcionamiento dos nuevas brigadas móviles en el primer semestre del 2003; en el último trimestre de este año se incorporará a 30 mil nuevos soldados profesionales, incluidos 10 mil reservistas de los últimos seis contingentes, y se adquirirá dotación para todos ellos. Se aspira a conseguir otro avión fantasma.
"El Presidente dejó sentadas las bases de su política de seguridad. Cada uno de los comandantes de cualquier guarnición deberá entregar resultados. Esos resultados serán medidos en la capacidad que tengan de ofrecer tranquilidad a los ciudadanos que habitan en su área de influencia", dijo un alto oficial que asistió a la reunión de Palacio.
El otro cambio importante se dará en la parte de inteligencia. Hasta el momento las dos grandes propuestas que se conocen en este campo son la red de informantes civiles y el pago de recompensas por líderes guerrilleros y paramilitares. Existe un interés particular en golpear al Bloque Oriental, columna vertebral de las Farc.
En esa línea, el próximo año deberán entrar en funcionamiento diez grupos de antiterrorismo urbano en Medellín, Cali, Bucaramanga, Arauca, Valledupar, Cúcuta, Cartagena, Villavicencio, Popayán y Barrancabermeja.
"Sin duda, en el campo militar es donde se aprecia más claridad y más agilidad en el proyecto del presidente Uribe de pasar a la ofensiva en el conflicto", asegura un experto en el tema de Fuerzas Armadas que pide reserva de su nombre. "Sin embargo, lo que está asegurando hasta ahora alcanza para una fase de guerra que no va más allá de la mitad del 2003.
"Si su objetivo es golpear a las Farc hasta debilitarlas del todo, va a necesitar entre 8 y 10 billones de pesos en estos cuatro años. Solo para cumplir su promesa de 'darse la pela' (para utilizar la expresión que él mismo usó en campaña) y meterle 100 mil policías más a este país, va a requerir de 3 billones", concluye.
Tercer frente: la artillería jurídica.
Los desarrollos de la Conmoción Interior serán normas excepcionales y transitorias que les otorguen facultades a las Fuerzas Militares para hacer capturas preventivas, allanamientos y recolección de pruebas sobre delitos cometidos en zonas con orden público alterado.
Pero adicional a esto, el nuevo Gobierno está preparando una batería de decretos y leyes de largo plazo que les van a entregar herramientas a jueces y fiscales para castigar más severamente delitos que no son políticos, pero que la insurgencia trata de mostrar como tales (secuestro, masacre, desplazamiento, etc.). En ese mismo paquete se plantea también el endurecimiento de penas y de condiciones de reclusión en las cárceles.
En menos de dos meses se conocerá todo este cuerpo de medidas que actualmente prepara el Ministro del Interior y de Justicia, la Ministra de Defensa y el Fiscal General.
Por otra parte, el Gobierno está a favor de que los menores de 16 años puedan responder penalmente por la comisión de delitos. Ya está en curso un proyecto de ley en el Congreso sobre eso.
A pesar de que alrededor de la declaratoria de Conmoción Interior ha habido casi unanimidad total, es evidente que la expedición de normas tan drásticas va a generar una fuerte polémica, sobre todo desde las ONG, por la eventual vulneración a los derechos humanos.
Al respecto, la embajadora en Canadá, Fanny Kertzman, que desde ese país viene participando en un proyecto para mostrar al mundo la degradación del conflicto, considera que para la situación brutal que vive el país se requieren medidas draconianas.
"En 1970 apareció en Canadá el Frente para la Liberación de Quebec", refiere ella. "Pusieron 36 bombas y asesinaron a siete personas en pocos meses. Ante esta arremetida, el Gobierno expidió normas durísimas que limitaron muchas libertades individuales e impusieron casi hasta una censura de prensa.
"En menos de tres meses, el terrorismo había desaparecido. El problema colombiano es 500 o mil veces más grave, como para que nos vayamos a quedar en discusiones inútiles de si se deben o no aplicar normas fuertes".
De todos modos, el Gobierno está tratando de imprimir un cuidado muy especial al tema de los derechos humanos en esta ofensiva que se viene contra los violentos.
"Los ciudadanos de bien tienen que estar tranquilos y seguros", dijo esta semana el fiscal, Luis Camilo Osorio. "Son facultades que respetarán el debido proceso, la dignidad de las personas, el derecho al buen nombre y la presunción de inocencia, pero que serán contundentes contra el crimen".
La ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, está ultimando detalles de un revolcón en todos los grupos antisecuestro que operan en el país. La idea, según un alto funcionario del Ministerio, es unificar el trabajo de los Gaula de la Policía y del Ejército, y de los grupos Conase y Unase, para mejorar su efectividad. "Para eso se necesitan recursos, porque vamos a comprar equipos electrónicos que permitan rastrear rápidamente", dijo la fuente.
Esos equipos serán adquiridos con presupuesto nacional y con parte del dinero recogido por el impuesto al patrimonio.
En el tema carcelario, el nuevo director del Inpec, general (r) Ricardo Emilio Cifuentes, será la cabeza de una política muy dura. La idea es hacer que el régimen disciplinario que hoy opera en las cuatro cárceles de alta seguridad -Valledupar, Acacías (Meta), Cómbita (Boyacá) y San Isidro (Cauca)- se aplique en todos los centros de reclusión.
Cuarto frente: golpe al espinazo financiero de los violentos.
De los 10.800 bienes incautados al narcotráfico que se hallan en proceso de extinción de dominio, el Estado únicamente ha conseguido expropiar 265. Ante la pobreza de estos resultados y la certeza de que la industria de la droga, con sus multimillonarios ingresos, es el primer proveedor de dinero para sostener la guerra colombiana, el nuevo Gobierno está empeñado en romperle el espinazo a esta fuente de financiación de las guerrillas y los paramilitares.
Por eso, el lunes pasado en el despacho del fiscal general, Luis Camilo Osorio, se dieron cita los ministros de Defensa y del Interior y Justicia, y la embajadora de Estados Unidos, Anne Patterson.
En ese encuentro, el Fiscal reveló que Estados Unidos dará información a Colombia sobre las empresas que ya se detectaron en ese país lavando dinero de las Farc y las autodefensas.
"Esto no es solamente con la Embajada de los E.U., sino también con el resto de organismos internacionales que son solidarios y que quieren ayudarnos y apoyarnos en la lucha contra el terrorismo, el secuestro y la extorsión", dijo Osorio.
Al finalizar la cita, Patterson anunció públicamente el compromiso de su país para colaborar en la persecución de los capitales ilegales. El primer paso será establecer un verdadero intercambio de información. Los organismos de los dos países cruzarán datos para rastrear los recursos.
Por su parte, Colombia endurecerá las medidas para evitar que esos recursos de origen ilícito se camuflen en el sistema financiero. La persecución a las finanzas se hará también a través de las notarías, que deberán aplicar severos controles a los traspasos sospechosos de bienes.
De hecho, el nuevo director de Estupefacientes, el coronel (r) Alfonso Plazas, quiere comenzar su gestión con una labor que él mismo denominó como "la persecución efectiva de los bienes de las mafias colombianas".
En ese sentido, el nuevo funcionario pretende presentar al Congreso un proyecto para agilizar la expropiación y extinción del dominio de los bienes y recursos de los delincuentes. La iniciativa propone que cuando un bien sea decomisado pueda ser vendido de inmediato y no tenga que ser administrado por el Estado, como ocurre hoy.
El dinero podrá utilizarse para la construcción de cárceles y la adquisición de equipos de seguridad. "Si la Justicia determina que hay que devolver ese bien, se devolverá su valor en dinero. Pero, la verdad, eso será muy difícil porque no puede ser que el Estado tenga que restituir un bien que se sabe se obtuvo con plata mal habida", dijo un funcionario que participa en la elaboración del proyecto.
Adicionalmente, la Policía y el Ejército tendrán unidades especiales de análisis financiero para perseguir los bienes de la guerrilla, los narcos y los 'paras'. Habrá, además, más presencia en las zonas cocaleras para tratar de bloquear el negocio desde su producción.
Quinto frente: ¿y la relegitimación del estado?
"Que la guerrilla está derrotada políticamente, nadie lo pone en duda. Su respaldo popular es entre mínimo y nulo. Lo que casi nadie dice es que el Estado también está derrotado políticamente", asegura un investigador social que pide reserva de su nombre.
"En Colombia -añade- el grueso de la población no tiene ningún vínculo con el aparato estatal. La gente que goza de seguridad social hoy, en el campo de pensiones, no pasa del 20 por ciento; hay casi cinco millones de personas sin servicios públicos; hay 163 pueblos sin policía; 90 por ciento de impunidad; y aparte de esas enormes ausencias, en los últimos 4 años la corrupción se embolsilló entre un punto y medio y dos puntos del Producto Interno Bruto. ¿Usted cree que un Estado así puede convocar a alguien para salir a defenderlo?"
De acuerdo con la experta en resolución de conflictos Lucía Jaramillo Ayerbe, uno de los grandes talones de Aquiles del proceso de paz de Pastrana fue que ambos bandos llegaron a la mesa creyendo que su mejor activo para negociar era la impopularidad y la falta de credibilidad del otro. "Y ese fue, precisamente, el gran pasivo de cada uno", señala ella.
En esa línea de pensamiento, un frente de batalla fundamental en toda la estrategia uribista de ofensiva contra la subversión debe ser la relegitimación del Estado, entendida como un esfuerzo por volverlo eficiente, transparente, justo y oportuno.
Infortunadamente, todos los estudiosos del tema político coinciden en que este frente de batalla parece ser el menos fuerte del presente Gobierno, con escasas iniciativas, la mayoría desintegradas e inconexas.
En el paquete de medidas de lo que podría llamarse reestructuración del Estado se han visto básicamente tres cosas: la reforma política, el programa de meritocracia que está impulsando la Vicepresidencia de la República y la reducción del aparato estatal mediante la fusión de entidades.
"Yo no veo ningún esfuerzo particular en darle al Estado el vuelco que necesita: por ejemplo, la reforma política es sumamente pobre", asegura Francisco Leal, politólogo de la Universidad Nacional. "Una reforma que no se meta con los partidos nunca va a conseguir cambiar a la clase política".
Analistas como Fernando Giraldo, decano de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, consideran que el Presidente está muy centrado en la cuestión militar y se está olvidando de que paralelo al fortalecimiento del aparato de represión, hay que reconstruir el Estado y acercarlo a la gente.
"Los colombianos tienen que tomar partido, pero no lo van a hacer por un Estado ladrón e ineficiente", asegura Giraldo.
En cuanto a las otras dos medidas que hasta el momento se han conocido (meritocracia y fusión de entidades), ambas parecen acarrear con el escepticismo que dejaron promesas similares en gobiernos anteriores.
"La meritocracia fue una de las grandes mentiras de Pastrana", asegura el investigador social Javier Naranjo. "Eso de que los cargos del Estado se iban a suplir por la hoja de vida no funcionó ni el primer día. Y no puede funcionar, pues en buena medida la gobernabilidad en Colombia depende del reparto de puestos".
El Gobierno, por su parte, no está de acuerdo con las críticas y considera que sí tiene un plan integrado para relegitimar el Estado.
"Que haya corrupción, no significa que el Estado sea ilegítimo", dice el vicepresidente, Francisco Santos.
"Uribe está dando muchos ejemplos: consiguió armar su gabinete sin hacer una sola consulta a los directorios; obtuvo las presidencias de las cámaras sin ofrecer puestos; renunció a su pensión..."
Vienen sacrificios muy duros: va a salir mucha gente de la burocracia; va a haber más impuestos. Todos vamos a pagar algo por haber dejado llegar al país llegar hasta estos extremos".
Sexto frente: adiós a la diplomacia por la paz.
A diferencia del gobierno anterior, el frente internacional no parece ser la gran prioridad del presidente Álvaro Uribe en su estrategia de lucha contra la subversión.
"A pesar de que Uribe recorrió varios países antes de posesionarse, no lo hizo en la misma tónica de Pastrana, quien desde el primer día de su mandato demostró la importancia que le concedía a su Diplomacia por la Paz, así como su afán por venderle a Estados Unidos su Plan Colombia", asegura el analista Rafael Mateus.
"A cambio de eso, Uribe se ha dedicado a recorrer buena parte del país. Así, en una semana ha estado en Cesar, en Caquetá, en Medellín, en Pasto, en La Guajira, en Cúcuta. Definitivamente, su prioridad es vender su plan de defensa de la democracia en las regiones. Lo veo más buscando consensos y haciendo presencia adentro que persiguiendo apoyos afuera", concluye.
Algo en lo que coinciden todos los analistas es en que, durante los viajes de Uribe al exterior como presidente electo (E.U., Canadá y Europa), la actitud del nuevo mandatario nunca fue la de ir a dar explicaciones sobre su posible simpatía o tolerancia con el fenómeno paramilitar.
"Esa acusación, que se hizo en medio de un tremendo clima de pugnacidad, muy electorero, y de la cual temíamos que terminara produciendo hasta un bloqueo internacional a Uribe si ganaba, parece no haber prosperado", afirma un funcionario de la Cancillería que pide reserva de su nombre.
Con todo, el frente internacional tampoco puede considerarse un asunto menor para el nuevo Gobierno. Hay que recordar que el mismo día de su victoria electoral, el Presidente en su discurso solicitó de modo oficial a la ONU mediar en el conflicto colombiano.
"Es obvio que Uribe no va a desdeñar el ingrediente internacional en esta estrategia suya de confrontar a los violentos", asegura desde Washington la consultora Pilar Gaitán. "Lo que se ve es que el discurso de la Diplomacia por la Paz, que pretendía mostrar las bondades de un proceso de diálogo en Colombia, sí se va a mover hacia una diplomacia que enfatice en la degradación del conflicto armado, la agresividad de la guerrilla y el derecho absoluto de defenderse que tiene el Estado".
EL TIEMPO logró establecer que, efectivamente, se encuentra en discusión un plan diplomático, no solo para 'venderle' al mundo la intención del nuevo Gobierno de pasar de una actitud defensiva a una ofensiva dentro del conflicto armado, sino también para poner la cara y darle la justa medida a cada denuncia sobre eventuales violaciones a los derechos humanos que se presenten en esta nueva etapa de la guerra.
El proyecto lo lidera la Vicepresidencia de la República y su plan piloto ya se viene desarrollando en la embajada colombiana en Canadá. El próximo viernes se reunirán en Bogotá el vicepresidente, Francisco Santos; la embajadora en ese país, Fanny Kertzman; Adriana Foggia, de la embajada en el Reino Unido, y el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, entre otros, para terminar de perfilar este plan.
"Vamos a adelantarnos y a tomar la ofensiva en la información sobre Derechos Humanos", asegura Kertzman. "Y vamos a frenar la arbitrariedad e injusticia de muchas ONG. No es razonable que en el último año a la embajada en Canadá hayan llegado 5 mil quejas por supuestas violaciones a los Derechos Humanos, y que de ellas solo 20 sean contra la guerrilla".
"Nos cansamos de tener que llevarles el paso a las ONG; de tener que bailar a su ritmo. Ahora serán ellas las que tengan que cogernos el paso a nosotros", concluye la embajadora.
[Fuente: Diario El Tiempo, Bogotá, Col, 17ago02]
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