20may01

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¡Urgente! ¡Urgente! ¡Urgente!

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Por Fernando Garavito.

La noticia salió perdida por allá, en un rincón del segundo cuadernillo de El Tiempo: el metro de Medellín demanda ante la Fiscalía al consorcio constructor del complejo y a su abogado, Fernando Londoño, "por fraude a resolución judicial, menoscabo de la integridad nacional y actitud subversiva". El asunto se refiere a la convocatoria del tribunal de arbitramento internacional que amenaza con reunirse de mañana en ocho días en Panamá, en contra de una categórica disposición de la Corte Constitucional, según la cual el conflicto suscitado entre las partes debe ser resuelto ante los tribunales colombianos. El abogado del consorcio desconoció esa orden y convocó al tribunal. Se trata de una violación de la ley que, por desgracia, no puede considerarse como un caso aislado.

Londoño es un caballerete. En su prontuario figuran los 180 mil millones de pesos que dejó de percibir la DIAN cuando él era presidente del Banco del Pacífico. Figura Invercolsa, una holding de ECOPETROL dueña de las acciones de Colgas. En un negocio retorcido, Londoño, abogado y testaferro de José Urbina (socio de Colgas), intentó que en el momento de la privatización de la compañía le vendieran los títulos que conformaban la mayoría accionaria, alegando que tenía a su favor la primera opción de la oferta, que en este caso pertenecía a los trabajadores. Figuran los sórdidos manejos que utilizó en la defensa de Fernando Botero, por la cual cobró mil millones de pesos. Y figura, para no abundar en ejemplos, su ominosa presencia en todas y cada una de las demandas que se formulan contra los intereses de Colombia. ¿Qué pasará en el fondo oscuro de su conciencia? ¿Podrá disfrutar con tranquilidad los millones de dólares que se gana como honorarios en incidentes judiciales que terminan por fallarse a favor de compañías que acaban con el trabajo y el patrimonio de los colombianos? Que lo averigüe Vargas. Pero no la teta Vargas. Vargas, Vargas.

El caos fiscal, moral, político y administrativo que ha generado esta obra es absolutamente espeso. Se trata del segundo metro más costoso del mundo. Se construyó en contra de las especificaciones técnicas más elementales. La deuda pública contraída para sacarlo adelante es igual a la de la totalidad de los entes territoriales del país en este momento y amenaza con llevarnos a la quiebra definitiva. Su origen es espurio. El contrato que originó a este engendro del averno se firmó luego de que reconocidas personalidades, a punto de ser desenmascaradas, recibieron comisiones ilegales por veinte millones de dólares. (Quien quiera conocer los nombres de los implicados puede consultar la edición de El Colombiano del pasado 28 de abril). Y ahora, para completar, estamos ad portas de un fallo arbitral en Panamá, en el que unos jueces que no ofrecen al país las garantías mínimas necesarias de imparcialidad que se requieren en un caso de tanta envergadura, decidirán si tenemos que entregarles 640 millones de dólares (más o menos el 0.5 por ciento del PIB), a unas multinacionales que violaron la ley desde un comienzo. Colombia no puede ir a Panamá y esa decisión debe tomarla en el curso de esta semana. En contra de lo que piensan los abogados de la empresa, es urgente desechar por completo la peregrina idea de demostrar ante ese tribunal la ilegalidad de ese tribunal. Si nos hacemos parte del mismo quedaremos atados irremediablemente a unas decisiones que están por fuera de nuestro marco jurídico. Nuestro camino es el de abstenernos, reconstruir la argumentación que no logró contra toda evidencia, demostrar que el contrato es nulo de toda nulidad, denunciarlo ante la instancia competente, exigir que las pérdidas ocasionadas por la obra reviertan sobre las partes implicadas (el consorcio constructor y las autoridades que se empeñaron en sacar adelante ese elefante blanco contra viento y marea), respaldar la acción de quienes en este mismo momento están empeñados dentro de los órganos de control en que el ilícito más grande que se haya cometido jamás en Colombia no quede sin castigo, y hacer un frente común con quienes no desean que el país, porque es el país entero, quede abandonado al azar de una demanda inicua.

En la solución de ese entuerto estamos involucrados todos. Nuestro proyecto económico inmediato no tiene por qué quedar sometido a una sentencia que puede ordenarnos entregar a unas empresas que asaltaron la buena fe de los colombianos, lo poco que queda de las finanzas públicas en Colombia. Son 640 millones de dólares involucrados en la reclamación del consorcio, y 520 en la demanda por daños y perjuicios que interpuso la empresa metro contra el primero. En total, 1.160 millones de dólares, que equivalen casi centavo por centavo a lo que pagarán los Estados Unidos por los retazos de país que dejará su Plan Colombia.

Necesitaríamos que el gobierno se pronunciara sobre este asunto de manera clara, enérgica y definitiva. Pero, como aquí no hay gobierno, ¿hacia dónde miramos? ¿A quién recurrimos? La respuesta es urgente. ¿Se ha enterado el Congreso (que, se supone, está integrado por los representantes del pueblo) de lo que aquí sucede? ¡Que hable el Congreso! ¡Que hable el país entero!

[Nota: Columna publicada en la página de Opinión de El Espectador, el 20 de mayo del 2001]

Este documento ha sido publicado el 11ene03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights