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14oct12

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"La Fiscalía no se puede convertir en un caballo desbocado"

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El fiscal general, Eduardo Montealegre, sorprende: admite falta de coordinación de los operadores judiciales, asegura que impulsará un debate sobre la conveniencia de que la Policía Nacional ejerza como tal.

El fiscal Eduardo Montealegre se declara asombrado porque "algunos" entes de control quieren cogobernar y afirma que unos fiscales ven en todo un concierto para delinquir.

Cecilia Orozco Tascón.- El próximo jueves la Fiscalía y la Dijín, aunque esta última a regañadientes, harán un acto público de perdón a Sigifredo López. ¿En cuál de las dos entidades recae el error de la sindicación al exdiputado? Pregunto porque usted confrontó a la Policía cuando dijo que indujo a error a los fiscales.

Fiscal Eduardo Montealegre Lynett- Ni la Dijín asistirá a regañadientes al acto de reparación a Sigifredo López ni he hecho la afirmación que usted menciona. El general Carlos Ramiro Mena va a concurrir con decisión al evento y lo que dije fue que los testigos del caso indujeron a error a la Fiscalía.

C.O.T.- Pero esos testigos llegaron al proceso por actividad policial.

E.M.L.- Sí, pero en estricto sentido, también por actuación del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía).

C.O.T.- ¿Con qué fundamento legal se realiza ese acto público?

E.M.L.- El primero es que, según la Constitución, el fiscal general es el superior jerárquico de todas las policías judiciales y entre ellas, obviamente, la Dijín en cuanto ejerza ese tipo de funciones. El segundo es la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, según la cual cuando una persona es privada de la libertad y posteriormente se profiere un fallo de exoneración de responsabilidad, tiene que existir una indemnización a pesar de que el Estado haya actuado con razones. Y en tercer lugar, Sigifredo López tiene la condición especial de víctima de secuestro.

C.O.T.- ¿Cómo es posible que a la Dijín y al CTI, ambos cuerpos de investigación calificados, puedan engañarlos tres o cuatro mentirosos y que de éstos dependa la libertad de una persona?

E.M.L.- El testimonio es una fuente legítima de prueba para establecer responsabilidades en el proceso penal. La Fiscalía corroboró todas las afirmaciones de los testigos en un procedimiento complejo que llevó, a su vez, a practicar múltiples pruebas. Fue así como se descubrieron las mentiras. Y un nuevo fiscal que asigné al caso se encargó de reorientar la investigación, de tal manera que se cometió un error, pero también se corrigió.

C.O.T.- Otro caso de confrontación en que está involucrada la Fiscalía y la Dijín es el de las investigaciones a la Registraduría. El registrador Carlos Ariel Sánchez aseguró que se le han intervenido sus correos electrónicos y sus líneas telefónicas sin que le digan qué se pretende con esas medidas.

E.M.L.- En el sistema acusatorio existe la posibilidad de que, durante cierto tiempo, la Fiscalía adelante la práctica y recolección de pruebas sin que sean conocidas por el indiciado. Está legalmente permitido que las actuaciones se practiquen en reserva y que se den a conocer cuando se formula la acusación.

C.O.T.- Sin embargo, el registrador insiste en que las investigaciones contra él están contaminadas por la confrontación con la Policía desde cuando el gobierno Uribe lo acusó de impedir el referendo reeleccionista. Después hubo un colapso en el sistema de entrega de datos durante unas elecciones y se dijo que la causa fue el ingreso masivo de computadores de la Dijín al sistema de la Registraduría. Si esos mismos agentes son los que recolectan pruebas, el registrador no podrá tener debido proceso.

E.M.L.- Hasta el momento no existe una razón para considerar que haya desviaciones indebidas en los casos que involucran supuestamente al registrador y a la Registraduría. Pero reconozco que es un tema de cuidado. Sobre las desviaciones que eventualmente pudieran intentarse, tendremos que estar alerta para evitar actuaciones que no estén de acuerdo con el debido esquema procesal.

C.O.T.- Otro síntoma del choque de entidades es el del supuesto participante en el atentado al exministro Fernando Londoño. Lo capturan y después lo liberan. ¿De cuál entidad fue el error: Dijín o CTI?

E.M.L.- El error fue compartido. Por fortuna, antes de ordenar una audiencia de imputación el fiscal del caso advirtió que se había procedido equivocadamente porque se había individualizado a la persona que no era. Él mismo corrigió y se abstuvo de pedir medida de aseguramiento.

C.O.T.- Han sucedido casos tan seguidos de errores y de disputa, que su gestión e imagen pueden afectarse. ¿Está preocupado?

E.M.L.- Desde luego. Soy el primer crítico de la Fiscalía, del sistema acusatorio y del funcionamiento de las instituciones penales. Además, debo ser crítico de mi propia gestión.

C.O.T.- ¿Cuál crítica se hace?

E.M.L.- En primer lugar, creo que tengo que reelaborar los mecanismos de coordinación entre el CTI y la Dijín. Y en segundo lugar, reprocho y me duele el caso de Sigifredo López, porque fuera de las explicaciones que uno pueda dar, a él se le afectaron sus derechos siendo inocente. Yo, como fiscal general, no debo permitir que se presente una situación tan delicada como esta.

C.O.T.- Discúlpeme, ellos se equivocaron, pero, ¿usted? ¿Reconoce que se precipitó porque estaba recién llegado y tal vez deseaba iniciar gestión con un gran caso de farcpolítica, que era lo que estaba pidiendo un sector político del país?

E.M.L.- Nunca existió ánimo de buscar un gran caso para iniciar mi gestión. He tratado de que mis actuaciones y declaraciones públicas tengan que ver más con rediseños institucionales, con políticas públicas y con política criminal general que con figuración personal. Ya en el desarrollo del caso traté de darle todas las garantías a Sigifredo López y evité que la Fiscalía mantuviera una hipótesis unilateral sin considerar otras opciones.

C.O.T.- El sistema penal acusatorio les ha dado excesivo protagonismo mediático a los fiscales de los casos. ¿No falta madurez para enfrentar la vanidad personal y el halago de los litigantes?

E.M.L.- Soy un defensor del sistema acusatorio, pero tenemos que ser críticos. Y una de las objeciones que tengo es la de la insuficiente preparación de los fiscales y de los miembros de la policía judicial. En muchos de ellos falta equilibrio y cualificación. Encontramos fiscales que se casan con una tesis y persisten en ella a sabiendas de que existe la probabilidad de que no resulte correcta. Y algunos de ellos quieren convertir todos los hechos en concierto para delinquir. Es un abuso de la figura que puede llegar a ser un instrumento reprochable de intimidación.

C.O.T.- Es una crítica gruesa. ¿Qué va a hacer al respecto?

E.M.L.- Una de las orientaciones que quiero impulsar es la de que el fiscal del caso revise los elementos nuevos que puedan derrumbar su hipótesis inicial de trabajo. Tiene que existir más objetividad en la valoración de los medios probatorios. Quien se haya equivocado, debe reconocerlo y rectificar de inmediato. La Fiscalía no se puede convertir en un caballo desbocado que afecte indebidamente la libertad de los ciudadanos colombianos.

C.O.T.- ¿En cuáles casos está pensando en concreto?

E.M.L.- Lo reduciría al caso de Sigifredo.

C.O.T.- ¿Por qué cambió el fiscal del caso Colmenares?

E.M.L.- Quería darle una orientación más ponderada, jurídica y mediática a la actuación de la Fiscalía General. No estoy de acuerdo con que casos de tanto impacto se conviertan en un show de televisión.

C.O.T.- ¿Qué sucedió con el fiscal del carrusel de la contratación que fue desvinculado de la Fiscalía por orden suya, justo cuando iba a tomar determinaciones?

E.M.L.- No estaba satisfecho con el lento avance investigativo de ese proceso. No se estaban tomando a tiempo decisiones importantes para definir situaciones. Ese proceso se estaba convirtiendo en una historia sin fin y la justicia tardía no es justicia. El país merece saber, en un plazo razonable, cómo se defraudaron grandes intereses del Estado y de qué manera, con ocasión de estas actuaciones Bogotá y la infraestructura vial del país se atrasaron en una década.

C.O.T.- A propósito, ¿por qué no avanzan las investigaciones de las operaciones de los Nule a nivel nacional?

E.M.L.- No me gusta que todo nuestro esfuerzo se haya estado concentrado en Bogotá cuando hay indicios fuertes de que el carrusel de contrataciones fue un fenómeno nacional. Por eso fortalecí el equipo de fiscales y de miembros del CTI que deben asumir una investigación integral, tanto en Bogotá como en el resto del territorio nacional.

C.O.T.- ¿Quién va a liderar ese grupo?

E.M.L.- La semana entrante lo decidiré.

C.O.T.- Su temperamento de componedor en lugar de confrontador, ¿no afectará su desempeño como fiscal general en vista de que tiene que soportar todo tipo de presiones del poder político y judicial?

E.M.L.- Mi concepción ideológica implica un nuevo estilo en el manejo de la Fiscalía: me opongo a que este ente o cualquier órgano de control se conviertan en instrumentos de terror. El sistema penal y la Fiscalía no deben infundir temor sino respeto. Tampoco soy partidario de que nosotros o cualquier otra entidad judicial anticipe juicios de responsabilidad contra los ciudadanos que investiga y los ponga en la picota pública sin que hayan concluido definitivamente los procesos. Tengo un estilo diferente.

C.O.T.- Parece estar describiendo el estilo de la Procuraduría y la Contraloría.

E.M.L.- Me preocupa el desbordamiento de las competencias constitucionales en que están incurriendo algunos órganos, además de su actitud de anticipar juicios sin fórmula alguna, como si estuviéramos en la época de la Inquisición. Estos órganos no se pueden convertir en coadministradores de las decisiones del Ejecutivo. Las políticas públicas las diseña el Gobierno y nadie puede imponerle lo que debe hacer o cómo lo tiene que ejecutar. Cada loro en su estaca.

C.O.T.- ¿Se refiere a Alejandro Ordóñez y a Sandra Morelli?

E.M.L.- Su pregunta parece socrática, porque la característica de esta es que no tiene respuesta.

C.O.T.- Permítame que le vuelva a preguntar: ¿usted es susceptible a las presiones políticas, de familiares o de amigos?

E.M.L.- No me dejo presionar ni de mi círculo de amigos, ni de los parientes, ni de los políticos. Por eso voy contra la corriente. En el momento en que todo el país criticaba la reforma a la justicia y que el Gobierno quería que se hundiera, defendí parte de ese proyecto. He defendido el papel del Congreso de la República desde el punto de vista institucional, por ejemplo.

C.O.T.- Eso lo que indica es que es más fácil ir en contravía de la opinión que estar en contra de los poderosos señores del Congreso y de las cortes…

E.M.L.- La mejor garantía que puede tener el país es que haya un fiscal que falla en derecho y no de acuerdo con las corrientes de la opinión. Por ejemplo, fue la Fiscalía la que pidió que se iniciara una investigación contra unos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por unas actuaciones aparentemente irregulares. Y estamos evaluando afirmaciones contra parlamentarios que se han hecho dentro de los procesos de la Ley de Justicia y Paz, para enviarlas a la Corte Suprema. Eso indica la disponibilidad que tenemos de actuar con independencia.

¿Cómo se le pedirá perdón a Sigifredo?

Fiscal Eduardo Montealegre: en un acto público que se realizará en las instalaciones de la Fiscalía General el próximo jueves. La presidiremos el general Mena, director de la Dijín, y yo, como fiscal general. Asistirán todos los familiares de los diputados secuestrados y asesinados por las Farc, la familia de Sigifredo López, un grupo de invitados especiales de él, los directivos de la Fiscalía, algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, embajadores, presidentes de los partidos y presidentes de Senado y Cámara. Vamos a tratar de que el evento sea transmitido en directo por el canal institucional de televisión. Noventa personas, entre ellas varios exjefes de Estado, ya han confirmado su presencia. Se va a presentar un video en el cual se explicará cuál es el sentido y la importancia de la reparación simbólica y por qué el perdón constituye un mecanismo de reparación simbólica de un daño causado a los derechos de un ser humano. El general Mena dirá unas palabras y yo también. Mi discurso tendrá que ver con la importancia de las excusas públicas como mecanismo de restablecimiento de derechos y superación de conflictos. Sigifredo también les dirigirá la palabra a los asistentes. Será una gran lección de reconciliación y democracia.

A revisión, rol judicial de la Policía

C.O.- El doble papel que cumple la Dijín, de una parte como integrante de la Policía Nacional con su rol de guardiana del orden público, y de otro lado, el de policía judicial que recoge pruebas, puede afectar la imparcialidad de las investigaciones. ¿Comparte esta inquietud?

E.M.- Sí. La función judicial de la Policía y la de la Fiscalía tienen rango constitucional. Pese a ello, una de las grandes fallas de este esquema es que no hemos logrado articular el trabajo de las dos entidades, porque si bien la Policía es un órgano civil, está concebida para seguir, jerárquicamente, la dirección de sus superiores uniformados, incluidos los agentes que integran la Dijín y la Sijín. Pero estas, como policía judicial, también dependen, por Constitución, del fiscal general. Se presenta, entonces, una dificultad de armonización. Es un tema que el Estado debería revisar seriamente.

C.O.- ¿Abriría usted ese debate?

E.M.- Sí. Por la estabilidad institucional y el futuro del sistema acusatorio debemos replantear el papel judicial de la Policía, porque en muchos casos puede prevalecer la subordinación del agente judicial al jefe uniformado.

[Fuente: Por Cecilia Orozco Tascón, El Espectador, Bogotá, 14oct12]

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