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10jun13
La 'Superfiscalía' para la paz
El proyecto que aprueba las facultades extraordinarias para reformar a la Fiscalía pasó ayer a su último debate en el Congreso. Durante la discusión, el fiscal general, Eduardo Montealegre, reiteró que la entidad que dirige no tendría la capacidad para afrontar la desmovilización e investigación de todos los hechos delictivos de la guerrilla si se firma el acuerdo que dé fin al conflicto armado. "Necesitamos mayor infraestructura en la Fiscalía para el posconflicto", dijo Montealegre.
Para nadie es un secreto que el fiscal Eduardo Montealegre se ha convertido en uno de los principales defensores del proceso de paz que adelantan los equipos negociadores del Gobierno y de las Farc en La Habana. Él ha respaldado los diálogos de tal forma que se ha trenzado en debates públicos con el procurador Alejandro Ordóñez. Cada uno ha expuesto sus puntos de vista. El procurador ha afirmado que no es enemigo de la paz, pero que el Marco Legal es un supuesto pasaporte de impunidad. Por el contrario, el fiscal sostiene que en el derecho moderno los mecanismos de justicia transicional buscan verdad, justicia y reparación a cambio de beneficios jurídicos que se pueden aplicar, en este caso, a los miembros de las Farc.
Más allá de estos argumentos existe una coincidencia clara: se trata de las responsabilidades que le entrega el Marco Legal para la Paz a la Fiscalía con el trámite de las facultades extraordinarias para reformar la entidad investigativa, que le brinda más presupuesto, incremento en la planta de personal, la posibilidad de contar con una academia de formación de talla universitaria y la creación de unidades especiales. Para los críticos significa más burocracia. Eso cree el senador Juan Carlos Vélez cuando dice que resulta "preocupante" que la reforma pueda convertirse en un aumento desmesurado de puestos. "Sólo en la Fiscalía se habla de 5.000 nuevos empleos. Además, nos estamos basando en una negociación de paz que todavía no es una realidad", dice Vélez.
Pero Montealegre defiende el proceso de paz y las facultades extraordinarias así: "En este momento necesitamos mayor infraestructura en la Fiscalía General para asumir la investigación, acusación y juzgamiento de cerca de 10.000 miembros de la guerrilla si se da la desmovilización. Cuando se trata de violaciones de derechos humanos y la Fiscalía actúa, se imponen sanciones, se evita la impunidad y se garantiza la no repetición".
En definitiva, Montealegre le ha apostado al proceso de paz y la implementación de mecanismos de justicia transicional para quienes dejen las armas. De igual forma, el Gobierno y los partidos de la Unidad Nacional les han dado un espaldarazo a las facultades extraordinarias para dar el paso a una 'Superfiscalía'. El fin es el mismo: lograr que el posconflicto tenga verdad, justicia y reparación, y no sea un fracaso como la desmovilización de los paramilitares, así lo refirió hace poco el presidente Juan Manuel Santos.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 10jun13]
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