Equipo Nizkor - FECOLPER: Informe sobre afectaciones a la libertad de prensa en Colombia 2017.

Índice

1. 熹ué pasó en 2017?

El 2017 representó el inicio del proceso de implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, un momento sin lugar a dudas importante en la historia del país que permitió poner fin a un prolongado conflicto armado que en distintos momentos generó graves impactos sobre la actividad periodística y quienes la ejercen. En el libro "Sociedad, guerra y periodismo: La información en tiempo de fusiles" de la FECOLPER se realiza un amplio diagnóstico de los daños que ha dejado la larga duración del conflicto armado en Colombia, como consecuencia de las distintas formas de violencia que restringieron la labor de las personas que ejercen la actividad periodística y los medios de comunicación, al tiempo que limitaron el derecho a la información de la población.

Sin embargo, y sin restar importancia a lo que representa la firma del Acuerdo de Paz para la sociedad colombiana, lo que evidencian las cifras de este informe es que prevalecen formas de violencia - no necesariamente asociadas a la dinámica del conflicto armado - que se constituyen en fuentes principales de agresión a la libertad de prensa en el país, y que se han convertido en fórmulas recurrentes para lograr el silencio de la prensa. En otras palabras, parece que hemos venido transitando de la mordaza de las armas a la mordaza de las acciones y decisiones judiciales, los presuntos despidos injustificados como forma de censura, la obstrucción al trabajo periodístico por parte de la fuerza pública, las campañas de estigmatización por parte de políticos y funcionarios públicos, solo por enunciar algunas vulneraciones.

Si intentáramos responder a la pregunta formulada en el Informe de 2015 de la FECOLPER sobre si la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP representaría la existencia de un escenario propicio para el ejercicio libre de la actividad periodística, la respuesta hoy, es ﹑O!

Lo anterior, tiene sustento con el aumento de afectaciones a la libertad de prensa. Durante 2017, se registraron 276 vulneraciones, con un total de 326 víctimas. Las amenazas se mantienen como la principal forma de agresión contra periodistas con un total de 99 casos registrados (30,4%), seguidas por las agresiones físicas con 35 casos (10,7%) y las obstrucciones al trabajo periodístico, con 29 casos (9%). Aunque los particulares encabezan la tabla de agresores contra la libertad de prensa con un total de 83 casos (25,4%), seguidos por los desconocidos con 81 casos (24,8%), la sumatoria de los casos atribuibles a funcionarios públicos y la fuerza pública (que se desagregan así por criterios metodológicos) constituye el 25% del total de agresiones, con 83 casos en conjunto. Sorprende en esta medición el aumento de acciones atribuibles a las guerrillas en un contexto de paz con las FARC-EP, en el cual el ELN y el EPL han aumentado su accionar militar.

Los funcionarios públicos fueron los principales responsables en el impulso de campañas de desprestigio o estigmatización contra periodistas con el fin de minar su credibilidad frente a investigaciones o publicaciones que afectan sus intereses. Del total de 24 casos de desprestigio o estigmatización (7,4%), 19 son atribuibles a funcionarios públicos lo que representa el 76% de los casos registrados por esta tipología en 2017.

Por su parte, la fuerza pública encabeza el listado de agresores, junto a los particulares, en los casos de agresiones físicas a periodistas con 13 casos, que sumados representan el 38% del total de casos registrados en 2017. Así mismo, a la fuerza pública también le son atribuidos el 33% de los casos de obstrucciones al ejercicio periodístico con un total de 10, de 29 casos reportados en 2017. En la mayoría de las agresiones a periodistas realizas por la fuerza pública, se hace referencia directa al ESMAD, cuyos integrantes son los presuntos responsables del asesinato de la periodista indígena Efigenia Vásquez Astudillo ocurrido el 8 de octubre en el departamento del Cauca.

Finalmente es importante destacar que entre las formas de agresión que cobraron fuerza durante este año fue lo relacionado con el acoso judicial (20 casos) que evidencia la ampliación del tipo de acciones legales que se presenta ya no sólo directamente contra periodistas, sino también contra medios de comunicación, y la censura indirecta (13 casos), entre cuyas modalidades sobresalen los presuntos despidos injustificados o aparentes presiones para incidir en el cierre de programas por parte de los directivos de los medios de comunicación.

En términos de lugares de ocurrencia de las agresiones a la libertad de prensa nuevamente Bogotá repite como epicentro del mayor número de agresiones a la libertad de prensa con 71 casos registrados, seguida por Antioquia (29 casos), Cauca (26 casos), Santander (15 casos) y Valle del Cauca (14 casos), siendo sorpresa los departamentos de Cauca y Santander por su precipitado ascenso en la medición.

Así las cosas, Colombia sigue siendo un país que registra un alto grado de riesgo para el ejercicio de la profesión. Los altos niveles de agresividad, violencia e intolerancia que prevalecen en el país contra periodistas en la mayoría de los casos provienen directamente del Estado a través de distintas formas de censura, estigmatización y persecución de periodistas, enviando un mensaje contrario a su obligación de garante de la actividad periodística, tal como se consigna en la Constitución Política nacional y en los acuerdos internacionales.

2. Libertad de prensa: lo que dicen las cifras.

- Principales formas de violencia

Durante 2017 la FECOLPER registró 276 hechos de violencia y/o agresiones contra periodistas en Colombia, que representan un total de 326 víctimas:

TIPO DE VIOLACIÓN/AGRESIÓN No. de Casos %

Amenaza individual / colectiva 99 30,4

Agresiones físicas 35 10,7

Obstrucción trabajo periodístico 29 8,9

Campaña de desprestigio / Estigmatización 24 7,4

Acoso Judicial / Legal 20 6,1

Censura indirecta 13 4

Ataques Verbales 8 2,5

Alteración de sitio web / Hackeo 6 1,8

Detención Arbitraria 5 1,5

Robo o Destrucción de Equipo o Material Periodístico 5 1,5

Atentado 4 1,2

Censura directa 4 1,2

Seguimientos 3 0,9

Ataque a Medio - infraestructura 3 0,9

Desplazamiento Forzado 3 0,9

Presunto despido sin justa causa 3 0,9

Presunto acoso Laboral 3 0,9

Herido en cubrimiento 2 0,6

Ciberacoso 2 0,6

Retención ilegal grupos armados ilegales 1 0,3

Secuestro 1 0,3

Homicidio 1 0,3

Violación del domicilio / lugar de trabajo 1 0,3

Espionaje Digital 1 0,3

TOTAL 276 100

Tabla 1. Formas de Violencia contra Libertad de Prensa en 2017
Fuente: Elaboración propia

Se mantiene como forma de violencia más recurrente la amenaza individual y colectiva, con un registro de 99 casos que corresponden a casi un tercio (30,4%) del total de agresiones contra el ejercicio periodístico. En segundo lugar, se ubican las agresiones físicas con un total de 35 casos (10,7%) y la obstrucción al trabajo periodístico con un total 29 casos (8,9%). La sumatoria de casos correspondientes a estos tres tipo de agresiones (163 casos) representa casi el 50% de las formas de violencia registradas durante 2017. Es importante tener en cuenta que desde 2014, la FECOLPER ha registrado una permanencia de estas 3 formas de violencia en los primeros lugares del ranking de agresiones.

1. Amenazas

Las amenazas son una constante en los informes sobre agresiones a la Libertad de Prensa que se mantendrá mientras persistan los altos niveles de impunidad en la materia.

Las amenazas contra periodistas, infortunadamente son una fórmula efectiva para contener la labor informativa en especial en países como Colombia, donde una multiplicidad de reporteros ha debido abandonar su sitio de vivienda, sus temáticas de trabajo o su profesión debido a intimidaciones de diversa índole.
Si bien no todas las amenazas terminan en asesinatos, sí alteran la vida y el trabajo de los periodistas, que se ven obligados a invertir su tiempo en buscar formas de prevenir eventuales ataques, y en ocasiones a cambiar su enfoque de trabajo para disminuir las presiones.
Preocupa sobremanera que las investigaciones sobre estas formas de violencia contra la prensa permanecen en total impunidad, entre otros factores porque las autoridades judiciales suelen desconocer la sistematicidad de las amenazas y abren un proceso judicial por cada hecho de forma aislada, incluso cuando la víctima es un mismo periodista. Además, en Colombia el delito de amenazas es querellable, es decir, se considera una infracción menor, lo que genera que las indagaciones por amenazas contra periodistas sean conocidas por fiscalías locales, con poca infraestructura y capacidad de investigación sobre las estructuras criminales que buscan acallar la labor informativa y el contexto en que estas operan.

A continuación, algunos de los casos registrado en 2017:

Bolívar. Marzo de 2017. El periodista Lucio Torres denunció a través de Noticias Uno que fue amenazado por el pastor evangélico Miguel Arrázola debido a las investigaciones que ha realizado sobre el funcionamiento de la Iglesia Ríos de Vida que éste último dirige. La intimidación realizada en el marco de una actividad religiosa ocurrió con posterioridad a la publicación del artículo "El roscograma de Ríos de Vida" en el que revela que la familia del pastor Miguel Arrázola recibe honorarios mensuales por 200 millones de pesos de la iglesia Ríos de Vida.

San José del Guaviare. Marzo y noviembre de 2017. Los periodistas Erica Londoño y Gustavo Chicangana reportaron amenazas por negarse a emitir información relacionada con las disidencias de las FARC con presencia en el departamento. En uno de los mensajes intimidantes se les señala como "periodistas de la derecha" y se hace alusión a sus hijos, (esto último advirtiendo que conocen a su familia).

Bogotá. Julio de 2017. Durante la emisión del programa radial 'Rompecabezas arma corazones' el periodista Ricardo Ruidiaz, de la emisora Colmundo, fue amenazado al parecer por integrantes del Clan del Golfo, por informaciones relacionadas con delitos del grupo paramilitar con menores de edad y venta de droga en alrededores de colegios de Bogotá. En noviembre, desconocidos le lanzaron una granada a su vehículo.

En un informe del 2017, para la Federación Internacional de Periodistas y FSC-CCOO, se establece que la impunidad en Colombia es estruendosa "entre 1986 y abril de 2017, según información de la Fiscalía, solo un caso de amenazas de un total de 304 investigados logró sentencia condenatoria"

2. Agresiones físicas

Las agresiones físicas se posicionaron en 2017 como la segunda forma de violencia contra la libertad de prensa. Casi el 40% de las agresiones físicas registradas contra periodistas, 13 casos, provienen directamente de la fuerza pública, especialmente de la Policía Nacional a través de su Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD, cifra que sólo fue igualada por los particulares:

Magdalena. Febrero de 2017. El periodista Esteban Peralta, vinculado a la programadora de televisión PCT, fue agredido por un policía por grabar la golpiza que 4 uniformados le daban a un vecino en el barrio Los Laureles de Santa Marta.

Bogotá. Mayo de 2017. Un periodista y camarógrafo de Pulzo que se encontraban cubriendo la protesta organizada por taxistas en la ciudad de Bogotá, fueron agredidos por algunos de los manifestantes.

Antioquia. Agosto de 2017. El corresponsal de Teleantioquia, Francisco Pérez fue agredido por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD mientras grababa la protesta minera en el barrio San Nicolás del municipio de Remedios, específicamente el ingreso de miembros del ESMAD a una vivienda sin orden de allanamiento. El teniente Javier Garzón lanzó contra la pared al periodista, y ordenó a los subalternos requisarlo, pedir documentos y proceder a su detención.

Bogotá. Octubre de 2017. El día 12 de octubre de 2017 periodistas de Noticias Uno, Colprensa y Red + Noticias fueron agredidos mientras hacían cubrimiento de la audiencia pública de imputación de cargos contra Carlos Sales Piccini y otros 5 médicos que se presentaban como cirujanos plásticos sin tener los títulos válidos para practicar esa especialidad. En el marco de la agresión física propinada por Sales Piccini también se afectaron algunos equipos de los comunicadores.

3. Obstrucciones al trabajo periodístico

En los 29 casos de obstrucción al trabajo periodístico registrados en 2017 se ha identificado a la fuerza pública (10 casos) y los funcionarios públicos (8 casos) como principales responsables en 18 casos, lo que representa el 60% del total de casos:

Caldas. Marzo de 2017. Dos periodistas de La Patria de Manizales, entre los que se encontraba la reportera gráfica Martha Elena Monroy, fueron retenidos por la Policía Nacional cuando hacían un cubrimiento periodístico a las afueras del hospital departamental San José de Aguadas (Caldas). Posteriormente fueron conducidos en una patrulla al comando de Policía de la localidad donde se les solicitó que borraran las fotos que habían registrado.

Tolima. Abril de 2017. El jueves 27 de abril los periodistas de los noticieros Caracol y RCN se encontraban cubriendo una reunión de funcionarios de la Alcaldía de Armero-Guayabal con representantes de la comunidad, cuando fueron abordados por uniformados de la Policía que "les impidieron continuar con sus labores, argumentando que el encuentro era privado". Uno de los uniformados aseguró que se trataba de una orden de Carlos Escobar, alcalde del municipio quien estaba molesto por el cubrimiento periodístico que se había realizado sobre el asesinato a una menor de 3 años en el municipio.

Córdoba. Junio de 2017. Periodistas fueron expulsados de la audiencia de imputación de cargos contra Carlos Eduardo Correa, Alto Consejero para las Regiones, y el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, investigados por presunta corrupción.

Antioquia. Agosto de 2017. Los periodistas Yeison Rojas y Julieth Jiménez, de CM& y La Chiva de Urabá, fueron víctimas de una obstrucción por parte de un funcionario que se identificó como miembro del CTI de la Fiscalía en Apartado (Antioquia). Los periodistas intentaban hacer cubrimiento de una audiencia pública relacionada con un escándalo de peculado, en el que están involucrados funcionarios y contratistas del ICBF.

Obstrucciones al cubrimiento de la implementación del Acuerdo de Paz

Cauca, Antioquia y Norte de Santander. Julio de 2017. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF) denunciaron en julio del año pasado las difíciles condiciones de trabajo para los periodistas en las zonas veredales de transición y normalización (ZVTN) en las que están concentradas las FARC, debido a los controles excesivos, retrasos injustificados y discriminación hacia la prensa local en favor de los grandes medios internacionales. Se ha referencia especial a las ZVTN ubicadas en el Cauca, Antioquia y Norte de Santander. Entre otras acciones de obstrucción, los periodistas han denunciado que miembros del Ejército Nacional les toman a sus credenciales para hacer un registro y se demoran aproximidamente dos horas para permitir el ingreso.

En cuarto lugar se ubican las campañas de desprestigio y/o estigmatización, cuyo aumento, alertado por la FECOLPER en el primer semestre de 2016, terminó por consolidarse en 2017 con un total de 24 casos (7,4%) registrados, de los cuales el 76% identifican como responsables a funcionarios públicos. Finalmente cerrando el top 5 de agresiones durante 2017, se ubica el acoso judicial / legal con un total de 20 casos (6,1%) registrados en el año. En particular, para los casos de acoso judicial es importante tener en cuenta que se ha ampliado el espectro de acciones legales que se interponen ya no sólo directamente contra periodistas, sino también contra medios de comunicación buscando rectificaciones o protección del falso "derecho al olvido".

4. Campañas de desprestigio y/o estigmatización

Sigue siendo recurrente el uso de la estigmatización y el señalamiento como formas de desprestigio de la actividad periodística y quienes la ejercen, por parte de funcionarios públicos, especialmente aquellos que ocupan cargos de elección popular. Del total de 24 casos, correspondientes al 7,4% del total de agresiones, 19 son atribuibles a funcionarios públicos lo que representa el 76% del total de este tipo de agresiones ocurridas en 2017.

Las campañas de desprestigio o estigmatización contra periodistas y medios de comunicación han buscado minar su campo de acción, al hacerlos ver como personas no fiables dentro del área que desarrollan sus labores de investigación o reportería.
No se trata de un fenómeno exclusivo a los periodistas de regiones altamente golpeadas por el conflicto armado, pues las campañas sucias contra comunicadores se han convertido en el arma predilecta de políticos, poderes abusivos y actores armados.

A continuación se referencian algunos de los casos de 2017:

Antioquia. Febrero de 2017. Herbert Henry Holguín Díaz, alcalde de Urrao, realizó constantes señalamientos contra el periodista Alejandro Higuita, corresponsal de Teleantioquia, por los contenidos que publica el reportero sobre la situación de orden público y las problemáticas alrededor de la minería. Holguín ha señalado al reportero de ser "desestabilizador" de su gobierno y ha tachado su trabajo como poco profesional. En el transcurso de 2017, también los alcaldes de Ibagué y Bucaramanga han lanzados frases estigmatizantes contra periodistas de las respectivas ciudades.

Boyacá. Marzo de 2017. Durante una sesión de la Asamblea de Boyacá, los diputados Yamir López (Partido Verde), Jorge Eliécer Cortés y Juan Garay (Cambio Radical) señalaron a la periodista Gina Rojas de recibir sobornos para publicar artículos periodísticos en el Diario Extra. Según la reportera, los funcionarios basaron sus afirmaciones en dos publicaciones que hizo el medio sobre los diputados más destacados y, en contraste, aquellos que tenían más faltas de ponencias e inasistencias a las sesiones.

Bogotá. Junio de 2017. El subsecretario del Senado Saúl Cruz Bonilla, acusó en el marco de una sesión plenaria del Senado a un camarógrafo de Noticias Uno de haberlo agredido físicamente en las instalaciones del Congreso. La acusación realizada en la plenaria fue utilizada por otros congresistas para lanzar acusaciones contra Noticias Uno. Sin embargo, el noticiero logró demostrar la falsedad de la acusación efectuada por el subsecretario, quien fue el que reaccionó agresivamente frente al camarógrafo al golpear su cámara, cuando éste se encontraba cumpliendo su labor. Ante la falsedad de la acusación, Saúl Cruz Bonilla tuvo que pedir disculpas al noticiero.

Meta. Julio de 2017. La concejal Natalia Pineda grabó y publicó en su cuenta personal de Facebook un video donde recurre a imágenes de un noticiero para hostigar al periodista Sneyder Rico. En el material periodístico se aprecia que Pineda se encontraba en medio de una protesta social y la comunidad le pidió que se retirara porque querían un espacio libre de política; la concejal señala a los periodistas como "verdaderos responsables" de la manipulación, persecución y conspiración política contra ella y su familia. Esa misma semana la concejal llamó a la FECOLPER a solicitar que se retirara el pronunciamiento y pidió rectificación; la organización exigió que enunciara la información inexacta o falsa pero la servidora pública indicó que su pool de abogados se encargarían del tema.

Los señalamientos de Alvaro Uribe Vélez a través de redes sociales

Bogotá. 15 de mayo de 2017. Mediante un trino en su cuenta de Twitter, el senador Alvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático tildó al periodista Julián Martínez de ser "pro FARC" y señaló a Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, después de que fuera emitida una nota que presentaba los resultados de una investigación que señala que una de las fincas de propiedad de la familia Uribe había recibido subsidios por más de 3000 millones de pesos, cuando el hoy senador era Presidente de la República.

Bogotá. 1 de julio de 2017. Daniel Samper, columnista de la Revista Semana, fue señalado por el senador Alvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, a través de su cuenta de Twitter de ser un "violador de niños" lo que no sólo constituye un grave señalamiento al acusar al periodista de ser responsable de un delito mayor, sino además una violación a la libertad de prensa. El columnista llevó el caso ante el Tribunal Superior de Bogotá cuyo fallo obligó al senadora retractarse públicamente.

5. Acoso Judicial

Aunque se ha ampliado el espectro de acciones legales que se interponen contra periodistas y medios de comunicación como forma de acoso judicial, siguen predominando las denuncias penales por los delitos de injuria y calumnia, pánico económico, así como las acciones de tutela en busca de la protección del buen nombre. Además, se documentó un desmedido uso del derecho a la rectificación, en varios registros sin que esta procediera; adicionalmente, se evidencia la tendencia de tutelas sin que se solicite el requisito de la rectificación. En 2017, fue frecuente encontrar citaciones de juzgados a periodistas para comparecer por denuncias relacionadas con informaciones publicadas dos o tres años atrás.

En el 60% de los casos de acoso judicial el accionante es un particular.

Caldas. Febrero de 2017. La personera municipal de Manizales, Tulia Hernández, interpuso una acción de tutela en contra de Cararol Radio después de cuestionar el profesionalismo de 2 de sus periodistas y aseguró que se trataba de una persecución en su contra. La información emitida por el medio de comunicación era relacionada con un mensaje donde se ponía en entredicho los métodos que utilizaba una candidata a la presidencia de la Federación Nacional de Personeros.

Bogotá. Junio de 2017. El 15 de junio el abogado Abelardo de La Espriella dirigió una carta con membrete de la firma de abogados De la Espriella Lawyers Enterprise al periodista Jorge Gómez Pinilla, columnista de El Espectador, solicitando rectificación por una columna titulada Ante la cagada de Uribe en Atenas que había sido publicada días atrás. Los términos de la carta buscaban conminar al periodista a realizar la rectificación solicitada, so pena de verse "en la obligación" de formular la respectiva denuncia penal. Con posterioridad, el 29 de junio, el periodista recibió vía Whatsapp copia de la primera hoja de la denuncia penal interpuesta en su contra por los delitos de "calumnia indirecta e injuria directa agravadas".

Sucre. Agosto de 2017. El periodista Gabriel Narváez Vergara fue denunciado por injuria y calumnia por el Gobernador de Sucre, Egdar Martínez Romero, debido a información difundida a través de su noticiero Listo Estudio que se emite por Radio Majagual, referida a posibles irregularidades que tuvieron lugar en el marco de su campaña por la gobernación que habrían significado el ingreso de dineros del "Ñoño Elias" del caso Odebrech.

Gráfico 1. Resumen principales agresiones a la Libertad de Prensa en 2017
Fuente: Elaboración propia

En la clasificación realizada por la FECOLPER entre las agresiones más recurrentes también se encuentran la censura indirecta (13 casos), los ataques verbales (8 casos), la alteración de sitio web o hackeo (6 casos), la detención arbitraria (5 casos) y el robo o destrucción de equipo o material periodístico (5 casos).

Homicidio

Es preciso recordar que el asesinato no solo constituye la máxima vulneración al derecho a la vida, sino que en el caso particular de los periodistas representa la práctica más brutal para coartar la libertad de prensa. Aunque las tasas de asesinatos han descendido, la muerte de un solo periodista en el país constituye un atentado contra la libertad de expresión.

En Cauca tuvo lugar el único asesinato a periodistas que se registró en Colombia durante 2017. La víctima fue Efigenia Vásquez Astudillo, comunicadora de la Emisora Renacer de la localidad de Coconuco, Municipio de Puracé (Cauca) que fue asesinada el 8 de octubre durante disturbios que se registraron entre unidades del ESMAD y comunidades indígenas, que llevaban seis meses exigiendo la entrega de predios del complejo turístico "Aguas Tibias".

Es fundamental garantizar que la investigación por el asesinato de la periodista se mantenga en la justicia con plenas garantías, de forma que no se repita lo ocurrido con el asesinato del periodista Guillermo Quiroz, en 2012 en el departamento de Sucre, cuya investigación fue asumida por la justicia penal militar, lo que en su momento se consideró una clara estrategia de dilación en el proceso.

Otros datos relacionados con crímenes de periodistas

Tan solo en cuatro crímenes contra periodistas se han condenado a los autores intelectuales. En Colombia se han registrado 154 homicidios desde 1977 por razones del ejercicio periodístico.
Durante 2017 prescribieron 5 casos de periodistas que fueron asesinados en 1997.
El asesinato del periodista Gerardo Bedoya Borrero, editor de opinión de El País de Cali, ocurrido el 20 de marzo de 1997 fue declarado en 2017 crimen de lesa humanidad lo que impide que opere la prescripción, sin embargo 20 años después de su asesinato no hay avances significativos en la investigación.
En 2017 se produjo la condena a Juan Camilo Ortíz, alias "El Loco", por su participación en el asesinato de la periodista huilense Flor Alba Núñez, que tuvo lugar el 9 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito (Huila). El 14 de diciembre de 2017, en Florencia, Caquetá, se dio a conocer el sentido del fallo contra Yean Arlex Buenaventura por el homicidio del periodista Luis Antonio Peralta y Sofía Quintero, su esposa, propietarios de la emisora Linda Stéreo del Doncello, Caquetá; el 1 de febrero de 2018 el Juez Segundo Penal Especializado lo condenó a 58 años y 3 meses de prisión.

La Censura Indirecta

2017 fue el año en que la censura indirecta se disparó. Para la FECOLPER, la inestabilidad laboral de los periodistas, aunada a la ausencia de garantías reales de protección, aumenta la vulnerabilidad respecto de las presiones ejercidas por actores armados, funcionarios públicos o poderes de facto que operan en las regiones. Esta situación ha conllevado a que de forma paulatina desaparezcan del ejercicio profesional el periodismo investigativo y la reportería, pues no se corresponden los riesgos asumidos por los periodistas con la ausencia de garantías laborales y de protección que predomina en casi todas las regiones.

Bogotá. Febrero de 2017. De acuerdo con información pública, el jefe de Prensa de Mintransporte lanzó advertencia a periodistas de Blu Radio que buscaban entrevistar a Jorge Eduardo Rojas, jefe de esta cartera, sobre el caso Odebrecht. Según lo denunció Felipe Zuleta en el programa Mañanas Blu, Salazar "le ha dicho a nuestros productores y periodistas de Blu Radio que si seguimos preguntando y llamando a preguntar por el señor Ministro, se va a quejar ante las directivas de Blu Radio".

Bogotá. Febrero de 2017. El periodista Guillermo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, denunció la cancelación intempestiva de un nuevo programa periodístico que estaba a punto de salir al aire en el canal RCN. Desde la propia gerencia del canal, citaron al periodista para anunciarle que su programa no iba a ser emitido. La razón que le dieron al periodista fue puramente comercial asociada a temas del rating del prime time dominical, sin embargo, el periodista dio a entender en sus declaraciones que era posible que el canal quisiera evitar el contenido investigativo y de denuncia que tenía el programa en torno a temas como corrupción, carteles, asesinatos de líderes sociales, paramilitarismo y una investigación que involucraba al entonces presidente del Senado, Mauricio Lizcano, entre otros.

Censura Indirecta por parte del Presidente de la República

Bogotá. Abril de 2017. Según información difundida por Blu Radio el 6 de abril, el Presidente Juan Manuel Santos realizó un llamado a los empresarios para que presionen a medios de comunicación con el fin de realizar cambios a su línea editorial, en el marco de un encuentro en que se habló del clima de pesimismo en el país en los siguientes términos: "Llamen ustedes a los dueños de los medios para influenciar en los contenidos, para que al final el producto de los medios sea de optimismo y de confianza".

Boyacá. Julio de 2017. La periodista Gina Rojas, editora del periódico El Extra Boyacá, denunció que los directivos del medio de comunicación le advirtieron a través de diferentes mecanismos que debía incluir solo información positiva sobre la gobernación de Boyacá; como Rojas se habría negado, le dirigieron memorandos por haber reproducido una declaración desfavorable sobre el gobernador de Boyacá, lo que según la periodista constituyó un acoso laboral que la llevó a renunciar al periódico. El mismo día de la publicación del pronunciamiento de la FECOLPER sobre este caso, la página de la Federación Colombiana de Periodistas fue hackeada.

Atlántico. Diciembre de 2017. El 6 de diciembre, Marco Schwartz, director de El Heraldo, le informó a Catalina Ruíz-Navarro que cerrarían el espacio que la periodista tenía en el periódico para escribir sus columnas de opinión. Esta decisión comunicada a través de un correo electrónico, tuvo como antecedente inmediato la negativa del medio a publicar una columna escrita por Ruíz-Navarro en la que cuestionaba que durante un programa emitido por la emisora Olímpica Stereo (propiedad de la Familia de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, quien hace parte del partido Cambio Radical.), el domingo 19 de noviembre, día de la consulta del Partido Liberal los locutores estuvieran haciendo un llamado al abstencionismo.

Quindío. Diciembre de 2017. RCN Radio despidió al periodista Juan Diego Lozano, Director de Noticias en el Quindío. El despido fue denunciado a través de redes sociales por el periodista al manifestar que era consciente de que su forma de hacer periodismo no es del agrado de muchos "poderosos" de esta región.

Presuntos acosos laborales en medios de comunicación

Atlántico. Marzo de 2017. De la redacción del periódico El Heraldo fueron despedidos 7 periodistas de la planta principal en Barranquilla, entre ellos el editor José Granados, Germán Corcho y Jimmy Cuadros. El director argumentó que el despido se produjo por razones financieras, pero varios periodistas insistieron que se originó por reclamar derechos laborales.

Bogotá. Agosto de 2017. VICE Media publicó un comunicado que relata un presunto acoso laboral del que han sido víctimas los trabajadores del periódico económico La República, por parte del director editorial Fernando Quijano.

- Lugar de ocurrencia de las agresiones

La mayor concentración de agresiones contra periodistas se sigue registrando en Bogotá D.C., con 71 casos reportados (25,72%) durante 2017 que afectaron a un total de 78 periodistas. Esta cifra es alarmante, pues se evidencia no solo una concentración de agresiones en el centro político y administrativo del país, sino también un aumento considerable de casos en la capital, llegando a triplicar la cifra reportada para la ciudad en 2015 (23 casos). En el segundo lugar se sigue manteniendo Antioquia con 29 casos reportados que afectaron a un total de 33 periodistas, representando el 10,51% de las agresiones registradas en el país; en tercer lugar está el Cauca con 26 casos reportados, que corresponden al 9,42% del total agresiones registradas en 2017; en cuarto lugar se encuentra Santander, con un total de 15 casos reportados, que representan el 5,43% de las reportadas y en quinto lugar se ubica el Valle del Cauca, con un total de 14 casos, que representan el 5,07% de las agresiones registradas en 2017.

La sumatoria de casos registrados en estos 5 lugares es de 155 casos, que lograron afectar a un total de 179 periodistas víctimas. En otras palabras, Bogotá junto a los 4 departamentos que encabezan el ranking concentran más del 50% del total de agresiones a la libertad de prensa en todo el país.

DEPARTAMENTO Casos No. de Víctimas %

Bogotá 71 78 25,72

Antioquia 29 33 10,51

Cauca 26 34 9,42

Santander 15 16 5,43

Valle del Cauca 14 18 5,07

Tolima 13 14 4,71

Meta 10 11 3,62

Atlántico 9 16 3,26

Arauca 8 8 2,90

Boyacá 8 8 2,90

Norte de Santander 8 12 2,90

Guavire 7 8 2,54

Magdalena 7 7 2,54

Bolívar 6 6 2,17

Cesar 6 9 2,17

Caldas 5 7 1,81

Córdoba 5 6 1,81

Risaralda 5 5 1,81

Sucre 5 8 1,81

Nariño 4 7 1,45

Otros 15 15 5,43

TOTAL 276 326 100

Tabla 2. Lugar de ocurrencia de las agresiones a la Libertad de Prensa en 2017
Fuente: Elaboración propia

Resalta de esta tabla el aumento significativo de agresiones a la libertad de prensa en departamentos como Cauca y Santander, que tuvieron un ascenso significativo en el ranking, llegando a posicionarse entre los primeros 5 lugares. Así mismo, es importante mencionar que en los departamentos de Cundinamarca, Guainía, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada no se registraron casos.

Gráfico 2. Resumen Lugares con mayor número de agresiones a la Libertad de Prensa en 2017
Fuente: Elaboración propia

Bogotá

Bogotá fue la ciudad con mayor número de amenazas y agresiones físicas en todo el país, además concentró más de una tercera parte de los casos de campañas de desprestigio o estigmatización al registrar 11 de los 24 casos reportados en el año en todo el país. Las formas más recurrentes de violencia a periodistas en la capital de Colombia, se presentaron así:

Una mirada regional

El conflicto y las diferentes mutaciones que ha sufrido a lo largo de la historia reciente del país (desmovilizaciones ficticias o reales de grupos para mil ﹀ares; desarme de varios actores armados; aparición de otros, fortalecimiento del narcotráfico y los carteles de corrupción como financiadores o generadores de violencia; y una múltiple y variada ocurrencia de violaciones a los derechos humanos) han tenido un fuerte carácter regional que se refleja en las documentaciones que se realizan a través del Sistema de Atención a Periodistas SAP-TM de la FECOLPER y sus 30 organizaciones locales de base.

La regionalización de las afectaciones a periodistas tiene que ver, entre otros factores, con la presencia diferenciada del Estado en muchas zonas del país, la importancia de algunas áreas como corredores estratégicos bien sea para la movilidad, el tráfico de armas o el narcotráfico, el control y explotación de recursos naturales valiosos, y las investigaciones relacionadas con corrupción en lo territorial.

Antioquia

Después de Bogotá, Antioquia es el departamento que registra el mayor número de amenazas. Los 29 casos de agresiones a la libertad de prensa registrados en Antioquia se distribuyeron así:

Cauca

El Cauca fue una de las sorpresas de 2017 al ubicarse en los primeros 3 lugares del ranking de departamentos con mayor número de agresiones a la libertad de prensa. En el Cauca se registró el único asesinato a periodista cometido durante 2017 y los casos de periodistas heridos en cubrimiento durante 2017, los tres hechos atribuibles a miembros de la Policía Nacional, particularmente el ESMAD. También registra un alto número de amenazas a periodistas, la mayoría de ellas atribuidas a grupos paramilitares o BACRIM.

- Víctimas

Del total de 326 víctimas de agresiones 259 son periodistas individualmente considerados. En 24 casos las víctimas se identificaron como trabajadores de los medios, en 14 casos como gremio de periodistas, en 8 casos como equipo periodístico y en 3 casos como ciberperiodista o bloguero. Además en 26 casos se denunció la afectación a la infraestructura del medio de comunicación.

CONDICIÓN No. %

Periodista 251 76,99

Infraestructura del medio 26 7,98

Trabajador de medio 24 7,36

Gremio de periodistas o el sector 14 4,29

Equipo Periodístico (Varios periodistas y trabajadores de medios) 8 2,45

Ciberperiodista o bloguero 3 0,92

TOTAL 326 100,00

Tabla 3. Víctimas de las agresiones a la Libertad de Prensa en 2017
Fuente: Elaboración propia

En la mayoría de los hechos la víctima es un periodista hombre (209 casos) que corresponden al 64,11%. En 63 casos la víctima es una periodista mujer, lo que corresponde al 19,33% del total global. En 46 casos no aplica esta clasificación de género debido a que se trató de agresiones contra un equipo periodístico, afectación a infraestructura de un medio de comunicación o al gremio. Finalmente, en 8 casos no ha sido posible establecer el género de la víctima debido a la ausencia de datos de contacto.

Género No. %

Hombre 209 64,11

Mujer 63 19,33

No aplica 46 14,11

Sin Datos 8 2,45

Lgbti 0 0

TOTAL 326 100

Tabla 4. Víctimas de las agresiones a la Libertad de Prensa en 2017 con enfoque de género
Fuente: Elaboración propia

Aunque el subregistro de las agresiones a las mujeres periodistas ha sido una tendencia histórica, 2017 fue el inicio de un número significativo de denuncias públicas que dan cuenta de distintas formas de agresión contra las mujeres que ejercen la actividad periodística como el acoso laboral, acoso sexual, revictimizaciones judiciales, entre otras:

Bogotá. Septiembre de 2017. La periodista Claudia Julieta Duque denunció a través de su cuenta de twitter el comunicado emitido por el senador Alvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, donde la revictimiza, al hacer referencia a las palabras con las que se refirió a la periodista en el año 2011: "esa señora Claudia no es periodista independiente, neutral, objetiva, esta señora pertenece a un Colectivo de Abogados que ha defendido a la guerrilla, esta señora pertenece a un colectivo de abogados que va a la cárcel a acomodar testimonios".

Santander. Septiembre de 2017. La periodista Ruby Morales fue declarada insubsistente y por tanto despedida de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, después de haber soportado un periodo de acoso laboral. "Me sentí censurada en materia de mi función como periodista, todo esto me trajo problemas médicos, he estado convaleciente por este tema" manifestó la periodista.

Denuncias por acoso y abuso sexual contra periodistas

Desde 2017 se han empezado a conocer algunas denuncias públicas sobre acoso y abuso sexual del que han sido víctimas las periodistas mujeres. Aunque la mayoría de los hechos han ocurrido en años anteriores muchas de las periodistas que han denunciado consideran que es momento de superar el silencio.

Reconocidas periodistas del ámbito nacional han denunciado que han sido víctimas de acoso y abuso sexual durante el desarrollo de su carrera profesional en los medios o en entidades del Estado. En octubre de 2017, la periodista Mabel Lara declaró haber sido víctima de acoso sexual en su ámbito laboral, en sus palabras "me pidieron favores sexuales a cambio de ascender o de estar tranquila en mi carrera profesional como periodista", y manifestó además que su agresor se mantiene activo en los medios de comunicación. El 27 de noviembre, la periodista Paola Ochoa, contó a través de su columna en El Tiempo que había sido víctima de acoso sexual en el trabajo y reconoció que debido al poder de su agresor en el medio periodístico no denunció la situación, fundamentalmente por temor a no conseguir trabajo nunca más. A esta denuncia se sumó la declaración hecha por la periodista Claudia Morales en su columna de El Espectador del 18 de enero de este año, en la que denuncia que fue víctima de abuso sexual por parte de uno de sus jefes y pise que sea respetado su silencio sobre la identidad de su agresor.

También en enero de 2018, la periodista Claudia Julieta Duque denunció que en 2003 fue acosada por el el exfiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, e invitó a otras víctimas a romper el silencio.

La valentía de estas mujeres al denunciar ha abierto un debate amplio sobre los miedos, las restricciones y las relaciones de poder que se imponen en los medios periodísticos y laborales en contra los derechos de las periodistas. Para la FECOLPER es imperativo mantener este debate abierto de forma que se logre avanzar en la construcción de condiciones de equidad para el ejercicio de la actividad periodística.

-Agresores

Sobre los presuntos responsables de las agresiones se consolida el patrón identificado desde el 2015, la primera posición es ocupada por particulares (83 casos), seguida por autores desconocidos (81 casos), funcionarios / servidores públicos (49 casos), la Fuerza Pública (34 casos) - en su mayoría integrantes de la Policía Nacional, particularmente el ESMAD - y paradójicamente se registra un aumento significativo de agresiones provenientes de las guerrillas (15 casos), que se ubican en quinto lugar.

PRESUNTO AGRESOR No. de Agresiones %

Particulares 83 25,46

Desconocidos 81 24,85

Funcionario público/Servidores públicos 49 15,03

Fuerza Pública 34 10,43

Guerrilla 15 4,6

Paramilitares /Bacrim 7 2,15

Exfuncionarios Públicos 7 2,15

TOTAL
276

Tabla 5. Presuntos Responsables de agresiones a la Libertad de Prensa en 2017
Fuente: Elaboración propia

Preocupa fundamentalmente que se mantenga la tendencia, alertada por la FECOLPER en 2016, que ubica a los funcionarios públicos como principales agresores contra la libertad de prensa. En los casos de campañas de desprestigio o estigmatización y obstrucciones al trabajo periodístico son los funcionarios públicos los principales agresores como lo evidencian las cifras. Los funcionarios públicos fueron los principales responsables en el impulso de campañas de desprestigio o estigmatización contra periodistas con el fin de minar su credibilidad frente a investigaciones o publicaciones que afectan sus intereses. Del total de 24 casos de desprestigio o estigmatización (7,36%), 19 son atribuibles a funcionarios públicos lo que representa el 76% de los casos registrados por esta tipología en 2017.

Gráfico 3. Agresores en los casos de campañas de desprestigio o estigmatización
Fuente: Elaboración propia

Así mismo, a la fuerza pública también le son atribuidos el 33% de los casos de obstrucciones al ejercicio periodístico con un total de 10, de 29 casos reportados en 2017.

Gráfico 4. Agresores en los casos de obstrucción al trabajo periodístico
Fuente: Elaboración propia

Además, la fuerza pública encabeza, junto a los particulares, el listado de agresores en los casos de agresiones físicas a periodistas con 13 casos, que sumados representan el 38% del total de casos registrados en 2017. Así mismo, a la fuerza pública también le son atribuidos el 33% de los casos de obstrucciones al ejercicio periodístico con un total de 10, de 29 casos reportados en 2017. En la mayoría de las agresiones a periodistas realizadas por la fuerza pública, se hace referencia directa al ESMAD, cuyos integrantes son los presuntos responsables del asesinato de la periodista indígena Efigenia Vásquez Astudillo.

Gráfico 5. Agresores en los casos de Agresiones Físicas
Fuente: Elaboración propia

Estas cifras ponen de manifiesto la preocupación que asiste al gremio de periodistas cuando el Estado, a través de sus funcionarios y servidores públicos (incluyendo a la fuerza pública), representa uno de los principales agresores de la libertad de prensa. Además de lo reprochable de esta realidad, resulta de extrema gravedad teniendo en cuenta que deben ser los servidores públicos los primeros garantes de la libertad de prensa, como base de la construcción de una sociedad democrática e informada.

3. 澤vances o retrocesos para la libertad de prensa en 2017?

En 2017 se registraron fallos judiciales, ajustes institucionales y estancamientos en procesos de política pública relacionados con la libertad de prensa. Interesa en este apartado hacer un balance sobre el impacto que estas decisiones en el ejercicio de la actividad periodística con el fin de identificar los desafíos que deberá asumir el gremio en el año que inicia.

3.1. Decisiones de la justicia que afectan la libertad de prensa

Durante 2017 se tuvieron lugar distintos fallos judiciales que impactaron de forma directa en la libertad de prensa:

Bogotá. Febrero de 2017. Mediante Sentencia T-098 la Corte Constitucional ratificó que en materia de derecho penal no se puede predicar un pretendido "derecho al olvido" como se ha reconocido en los casos de información crediticia. Esta es una diferencia fundamental entre el derecho al "habeas data" y el "habeas data penal", pues existen fines constitucionales legítimos que impiden que el antecedente penal pueda eliminarse, como si el mismo nunca hubiera existido. Para la Corte, pretender que la circulación restringida del dato negativo de la condena penal implique que los medios de comunicación no puedan hacer mención o referenciar un hecho cierto y verificable, como fue la decisión judicial de condenar al accionante por los delitos cometidos, no tiene protección dentro del marco constitucional. El dato negativo de la condena penal, debido a la importante función constitucional, debe ser informado a la sociedad como dato relevante en la discusión pública.

Bogotá. Febrero de 2017. Mediante Sentencia T-063A/17 la Corte Constitucional profirió un importante fallo que podría tener impacto para la libertad de expresión de los colombianos en internet. Entre otros aspectos, establece nuevas reglas que ponen en entredicho la capacidad de hacer publicaciones anónimas en la red al considerar que Google debía eliminar un blog por su carácter anónimo y contenido difamatorio, deshonroso y calumnioso, esto sin que mediara el debido proceso para la persona que había realizado la publicación. Además, la Corte exhorta al MINTIC a establecer "una regulación nacional con miras a lograr la protección de los derechos de los usuarios de Internet, especialmente en lo que tiene que ver con publicaciones abusivas, difamatorias, deshonrosas, calumniosas e injuriantes, que atenten contra el honor de las personas en Internet", cuando estas son materias que por el estatus de derecho fundamental de la libertad de expresión le corresponde al legislativo.

Bogotá. Julio de 2017. Entró en vigencia la "Ley de Pequeñas Causas" que busca agilizar los procesos penales de delitos menores, entre los cuales se encuentran la injuria y la calumnia. La ley busca aliviar la congestión de más de 273 mil procesos, al garantizar que los delitos menores tengan un procedimiento abreviado, disminuyendo el número de audiencias y la duración de los procesos de 180 a 90 días. La vigencia de esta ley puede traer graves consecuencias para la libertad de prensa en los casos en que los periodistas son denunciados por delitos de injuria y calumnia como forma de acoso judicial, pues en la mayoría de los casos éstos no cuentan con las garantías para proveerse una defensa legal adecuada.

Bogotá. Enero de 2018. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una orden del Tribunal Superior de Bogotá que obliga a Publicaciones Semana a que revele la identidad de sus fuentes en una investigación periodística. Este fallo constituye un grave precedente judicial que contraría abiertamente la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión, que protegen de forma expresa el secreto profesional como principio inherente a su ejercicio. La orden judicial fue emitida en el marco de una demanda por supuesta responsabilidad civil extracontractual frente a un particular mencionado en una nota periodística publicada en la revista Dinero. Para la FECOLPER la reserva de la fuente tiene el sentido de aportar a las democracias información que no se podría conseguir de otra manera, y en ese mismo sentido, generar en las organizaciones sociales y en la ciudadanía en general la confianza necesaria para entregar a los medios de comunicación información, sin que esto les genere problemas a su seguridad.

Bogotá. Enero de 2018. Mediante un fallo de tutela, la Corte Constitucional establece límites a la emisión de noticias falsas o fake news al determinar que cualquier persona, al igual que un periodista, tiene el deber de contrastar fuentes de información con el fin de no generar noticias falsas que perjudiquen el buen nombre y la honra de las demás personas. Para la Corte, el "ejercicio adecuado de la libertad de información, implica que el mensaje, dato, noticia o comunicación difundido sea contrastado con las fuentes y fundamentado en hechos reales, pues de lo contrario, al presentar información sustentada en rumores, invenciones o malas intenciones, se excede el ámbito de protección de este derecho y de paso, se atentaría contra los derechos a la honra y al buen nombre de terceros". Aunque el espíritu de la sentencia espíritu es bueno en la medida que busca controlar la proliferación de noticias falsas, amplía la zona gris en la cual debe establecerse la línea que separa la libertad de expresión con el derecho a la información y cómo colisiona con el derecho a la intimidad y al buen nombre.

3.2. Cambios en el Programa de Protección a Periodistas

La Unidad Nacional de Protección - UNP realizó en 2017 reformas al Reglamento del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM, entre los ajustes incorporados se encuentra el incorporado en el Artículo 5, Parágrafo 6 de dicho Reglamento que restringe la participación de los cuatro (4) delegados de la población objeto en el CERREM a la presentación de observaciones y recomendaciones respecto de los casos analizados en la sesión, debiéndose retirar del recinto para que los delegados con voz y voto procedan a deliberar conforme la información proporcionada por cada entidad y a determinar la medida a recomendar en cada caso.

Por su parte, el año pasado la Contraloría presentó informe de la auditoría realizada a la Unidad Nacional de Protección UNP en el que considera que en la entidad se evidenciaron debilidades en:

- El cumplimiento normativo por parte de las subdirecciones de "Protección" frente a la expedición de los actos administrativos proferidos por el Director de la UNP, la expedición y adopción del reglamento que regula las actividades del CERREM y los tiempos que ocupan los estudios previos de seguridad que se deben realizar para determinar los riesgos de los protegidos que superan la temporalidad de los actos administrativos que viabilizan las medidas de protección.

- El proceso de implementación de las medidas de protección relacionadas con el funcionamiento de esquemas de seguridad sin respaldo de acto administrativo, y el diligenciamiento y verificación de registros relacionados con las Actas de Implementación de los esquemas de seguridad que son entregados para la protección de los beneficiarios.

- La supervisión técnica y operativa de los contratos, la verificación de obligaciones relacionadas con la actualización de las bases de datos del parque automotor (licencias de tránsito, SOAT, resoluciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad para la autorización de los blindajes, entre otros), la supervisión financiera y jurídica de los contratos con los operadores y convenios interadministrativos que evidencian desorden administrativo en el seguimiento y registro de las operaciones. También en los mecanismos de control para el suministro de combustible mediante "Tarjetas Débito Recargables".

A nivel internacional, la FECOLPER celebró que la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara por unanimidad el 27 de noviembre la resolución "La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad" que busca garantizar la seguridad de los periodistas y aboga por el fin de la impunidad de los asesinatos, cada vez más frecuentes en todo el mundo. A través de esta decisión, la ONU "insta", "exhorta" y "solicita" que los países miembros adopten legislaciones para proteger el trabajo de los y las periodistas, al tiempo que ponen fin a la impunidad que históricamente ha protegido a los autores intelectuales de estos asesinatos.

3.3. Estancamiento de procesos: reparación colectiva y política pública para quienes ejercen la actividad periodística

Durante 2017 se estancó el avance del proceso de reparación colectiva a periodistas, que desde 2012 adelanta la Unidad para la Víctimas, así como el proceso de construcción de la política pública para quienes ejercen la actividad periodística, que impulsa el Ministerio del Interior en cumplimiento de un anuncio expreso realizado por el Presidente Juan Manuel Santos en 2012.

- Sobre la reparación colectiva

En el caso de la reparación colectiva si bien se está a punto de aprobar el diagnóstico del daño, seis años después de iniciar el proceso, no ha sido posible avanzar a la fase de la construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva. Los retrasos se deben en gran medida a dificultades operativas y presupuéstales de la Unidad para las Víctimas, que a su vez se ha reflejado en la ausencia de un proceso de formación con los periodistas participantes y una débil sistematización de las expectativas de reparación que se correspondan a los daños y a los aportes de los periodistas de la región, versus la oferta institucional del Estado. Como insumo a este proceso FECOLPER presentó el año pasado el libro "Sociedad, guerra y periodismo: La información en tiempo de fusiles", con el cual espera que el proceso de reparación colectiva pueda avanzar a su fase definitiva.

- Sobre la política pública

En noviembre de 2017 la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior socializó la última versión del borrador de la propuesta de Política Pública para quienes ejercen la actividad periodística con asociaciones y gremios con el fin de recibir observaciones y comentarios finales.

Sorpresivamente el documento preliminar se filtró a medios de comunicación. El Ministro del Interior Guillermo Rivera, aseguró a través de un trino que el decreto no sería expedido, desautorizando el borrador socializado.

Frente esta decisión, la FECOLPER en conjunto con otras organizaciones, dirigieron una carta al Ministro del Interior en la que expresaron preocupación por el desconocimiento de un proceso de construcción en el que alrededor de 39 personas, representantes de organizaciones gremiales, agremiaciones de medios y universidades tuvieron participación activa por alrededor de 5 años. Como parte de este proceso, se decidió la conformación de un petite comité con el fin de encontrar alternativas a los temas difíciles o polémicos. En respuesta a las propuestas allí concertadas, el Ministerio del Interior envío correo de fecha 14 de diciembre de 2016 en el que se anunciaba todos los programas de la política pública había sido validados por los Ministerios de Justicia, Interior, Defensa, Trabajo y TIC.

Si bien, el documento remitido como última versión por parte del Ministerio del Interior presenta cambios significativos en lo relacionado con la pauta publicitaria y las condiciones laborales de periodistas, la mayoría del articulado corresponde a los consensos logrados en 5 años de debate. La propuesta de decreto contiene disposiciones dirigidas a garantizar una mayor transparencia de la pauta por parte del Estado, la prevención de la concentración de medios de comunicación en aras del pluralismo y la diversidad informativa, el impulso de la adopción, apropiación e implementación del enfoque diferencial en el ejercicio de la actividad periodística, las condiciones laborales de los periodistas, entre otras, que son de urgente debate y reglamentación en el país.

4. Novedades FECOLPER 2017

4.1. I Cumbre Internacional de Periodismo y Comunicación

En la ciudad de Villavicencio se realizó la I Cumbre Internacional de Periodismo y Comunicación organizada por FECOLPER, durante los días 10 y 11 de noviembre de 2017. La Cumbre contó con la participación de más de 92 periodistas colombianos, y de conferencistas nacionales e internacionales. El encuentro tuvo como objetivo sensibilizar a más de 92 comunicadores colombianos sobre la preocupante situación de impunidad frente a los ataques a periodistas en el país, analizar mecanismos de acceso a la justicia y plantear acciones de lucha contra la impunidad desde las organizaciones gremiales. También se tuvo la oportunidad de realizar una mirada crítica sobre la situación de libertad de prensa en la región, conocer estrategias de seguridad informática como medida de protección de periodistas y analizar la influencia de las encuestas electorales en el periodismo.

4.2. Lanzamiento del Libro "Sociedad, guerra y periodismo: La información en tiempo de fusiles"

En el marco de la I Cumbre Internacional de Periodismo y Comunicación, FECOLPER realizó la presentación del libro "Sociedad, guerra y periodismo: La información en tiempo de fusiles" en el cual se sistematizan los casos de agresiones a periodistas en el marco del conflicto armado colombiano. El libro es fruto de una ardua investigación de la FECOLPER, construida con voces de periodistas desde lo local, la colaboración de expertos en los diferentes temas y con la contribución de USAID y CODHES. "Presentamos nuestra propia investigación de los hechos que le han ocurrido al periodismo colombiano en el marco del conflicto armado y hemos sistematizado las expectativas de reparación colectiva con base en los daños causados a los y las periodistas, el ejercicio periodístico, los gremios de periodistas y las audiencias" anunció Adriana Hurtado, Presidenta de FECOLPER en el acto de divulgación del libro que fue entregado a los periodistas provenientes de 18 departamentos de Colombia.

5. Desafíos 2018

El actual panorama de la libertad de prensa en Colombia evidencia que el país está muy lejos de contar con las condiciones idóneas para un ejercicio libre de la actividad periodística. Más allá de las dinámicas de confrontación armada propias del conflicto, es necesario proteger el ejercicio periodístico como fundamento de la construcción democrática de la sociedad, en su rol de brindar a los colombianos información que les permita ejercer su ciudadanía, participar en la toma de decisiones públicas y hacer veeduría a los poderes del Estado. A continuación se proyectan algunos de los desafíos que enfrentará la libertad de prensa durante 2018:

1. Garantías para el cubrimiento de elecciones

El 2018 es un año electoral. En marzo se realizarán las elecciones legislativas para elegir a senadores y representantes a la Cámara y en mayo se desarrollarán las elecciones presidenciales. La particularidad de estos comicios electorales es la participación activa del partido FARC, recientemente constituido como parte de la implementación del Acuerdo de Paz que la entonces guerrilla firmara con el Gobierno Nacional.

Este escenario, exige que la protección a la libertad de expresión sea reforzada con el fin de garantizar que la ciudadanía cuente con información suficiente, calificada y necesaria para decidir su preferencia y que el proceso de elección esté libre de la comisión de delitos electorales. Un ejercicio libre de la libertad de prensa en el contexto electoral exige también que los candidatos de todos los partidos políticos respeten la libertad de prensa y entiendan que los periodistas están cumpliendo la labor de informar a la sociedad, sobre la base del compromiso que le asiste al gremio de garantizar un cubrimiento en el que instigar a delitos no hacen parte de la agenda periodística.

Debido a que la violencia contra la prensa suele acentuarse en periodos electorales, es fundamental que los y las periodistas cuenten con las condiciones para un ejercicio profesional libre, que les permita informar a la sociedad las características de las personas que aspiran a ocupar los cargos públicos para que haya un voto informado.

2. Dinamizar procesos de política pública para la libertad de expresión y reparación colectiva a periodistas

En 2018 urge dinamizar los procesos de política pública para la libertad de expresión de quienes ejercen la actividad periodística y de reparación colectiva a periodistas que iniciaron en 2012. FECOLPER insiste en la importancia de culminar de forma exitosa estos procesos, en los cuales se han focalizado esfuerzos, propuestas y recursos por parte de las distintas organizaciones de la sociedad civil, universidades y organizaciones gremiales que han participado durante más de 5 años.

Es urgente retomar la propuesta de decreto socializada por el Ministerio del Interior que desarrolla la política pública para la libertad de expresión de quienes ejercen la actividad periodística con el fin de garantizar su expedición antes del cierre de este gobierno. En el mismo sentido, sobre el proceso de reparación colectiva a periodistas que adelanta la Unidad para las Víctimas, es fundamental que se avance de la fase de diagnóstico del daño a la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva y se inicie su implementación. La FECOLPER considera que no puede perderse el camino andado ni la inversión de recursos realizada.

3. Implementación del Acuerdo de Paz

El Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional marcará la agenda legislativa, institucional y territorial durante los próximos 10 años. Para la FECOLPER es importante que el gremio periodístico realice seguimiento a su implementación en dos niveles: por un lado, investigando y haciendo cubrimiento sobre los avances, retrocesos y tensiones que se presenten en torno a la implementación, lo que necesariamente implica un proceso de formación de los y las periodistas para enfrentarse a este nuevo desafío periodístico; por otro lado, haciendo veeduría sobre la implementación de las medidas referidas a la libertad de prensa y los medios de comunicación que quedaron consignadas en el Punto 2 sobre Participación Política y el Punto 6 sobre Verificación e Implementación del Acuerdo.

4. Fortalecimiento del gremio

Promover espacios de fortalecimiento del gremio periodístico y sus organizaciones de base existentes como estrategia para generar reflexiones sobre la forma en que se ejerce la actividad periodística, la ética y la independencia en el ejercicio del oficio. Es fundamental que el gremio se repiense sobre su función social y la necesidad del equilibrio informativo.

Adicionalmente, la FECOLPER considera pertinente esfuerzos de encuentro entre gremios que representan a periodistas, organizaciones defensoras de la libertad de prensa, y gremios de empresarios de los medios de comunicación para articular acciones frente a temas comunes y el diálogo sobre prácticas que podrían dificultar la labor periodística.

5. Garantías para el oficio

Las cifras de este informe han evidenciado que los funcionarios públicos se constituyen en uno de los principales agresores a la libertad de prensa en el país, cuando deberían ser los primeros promotores del pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática. Por tanto, la FECOLPER hace un urgente llamado al Gobierno colombiano a desarrollar medidas efectivas e integrales frente al escenario de riesgo en el cual los y las periodistas ejercen su oficio, empezando por el propio Estado.

La Federación Colombiana de Periodistas es una organización de base social que agrupa 30 asociaciones de periodistas, y a más de 1200 comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación en Colombia. Promueve mejores prácticas para un periodismo libre, responsable y seguro, especialmente en narrativas para la paz y el postconflicto. Hace monitoreo a los casos de violaciones a la libertad de prensa, desarrolla acciones para la protección de periodistas y lucha por mejores condiciones laborales para el periodismo. Participa en el Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas y en la construcción de la Política Pública para la Libertad de Expresión. La FECOLPER es la única organización en Colombia filial de la Federación Internacional de Periodistas, -FIP- con sede en Bruselas.

feb18

Informe sobre afectaciones a la libertad de prensa en Colombia 2017