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23may17
"Veo nubarrones en el proceso de implementación del Acuerdo": De la Calle
Al asegurar que hay "un error de óptica de la Corte Constitucional" tras la decisión de limitar los alcances del fast track, el exjefe del equipo negociador por parte del gobierno en el proceso de paz con las Farc, Humberto de la Calle, dejó claro que hay muchos temas en los que no hay discusión sobre la separación de poderes y que al Acuerdo de paz, el país lo está convirtiendo en una "entelequia jurídica llena de problemas técnicos y recónditos".
En ese sentido, destacó que el fast track no era para instaurar una dictadura, "como se ha dicho, sino para garantizar rapidez y que lo que se vote obedezca, genuinamente, a lo acordado", dijo.
De la Calle aseguró que es una obligación del Estado llegar a los sitios que han sido abandonados por las Farc para que no sean ocupados por las bandas criminales, al advertir que "sí hay un interés de quedarse con los corredores de narcotráfico y hacer presencia en determinadas zonas".
En ese sentido, indicó que en el Acuerdo se descarta cualquier tipo de negociación con estos grupos y dijo que solo les espera el sometimiento militar, policial y judicial. "Esas bandas están activas y Colombia no se puede doblegar ante ellas".
De la negociación con el Eln manifestó que espera salga adelante, aunque considera que es preocupante que no piensen terminar la negociación con este gobierno. "Hay una ceguera por parte de esta guerrilla y considero que este es el momento, que está demostrado que el diálogo es efectivo".
Por último, subrayó que no ha oficializado su candidatura presidencial, al insistir que en este momento el país se debe concentrar en discutir los riesgos que han comenzado a aparecer frente al Acuerdo de paz, "esto es prioritario para mí".
En visita ayer a EL COLOMBIANO destacó la importancia de que el Estado llegue con oportunidades a todas las regiones del país .
Con el tema de las bacrim hay mucha polémica en el sentido que en el mismo Acuerdo con las Farc se abre una ventana para que haya alguna posibilidad de sometimiento con estas organizaciones. En ese sentido, ¿usted cómo ve la situación de los ataques recientes a la Policía y el afán que tienen por visibilizarse?
"En el Acuerdo no hay ninguna ventana distinta al sometimiento a la justicia. La aspiración de algunas de estas bandas de vestirse de movimiento político para obtener ventajas a mí me parece que es inaceptable e inadecuada. Su categorización nada tiene que ver con la acción de medio siglo de una guerrilla en armas.
Ahora, sí hay informes de intento de hacer presencia en algunas zonas abandonas por las Farc. Hay una reciente valoración de esto muy cuidadosa por parte de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) donde, en efecto, dice que este es un tema que no se puede simplificar, que actúa de manera distinta según los sitios del territorio, pero la evidencia es que sí hay un interés de capturar corredores de narcotráfico y en hacer presencia en determinadas zonas.
La respuesta a esto le corresponde al Gobierno y tiene que ser eficaz y dura. Además, es un asunto de presencia militar, de control y copamiento de las regiones, pero no basta con eso. El otro reto que tenemos es que en esas zonas haga presencia el Estado porque lo que tenemos es una institucionalidad bastante ineficaz. Este es un país en el que hay más territorio que soberanía y tenemos que hacer un esfuerzo para que se copen todos los espacios de un territorio, en buena parte, abandonado".
¿Cómo entender que las bandas criminales estén disparándole a la Policía?
"Eso es imposible de entender y hay que rechazarlo categóricamente. Esto es una forma criminal y no veo más remedio que enfrentarlas, no veo otro camino. ¿Enfrentarlas cómo? Con acción militar, policial y judicial también. Esas bandas están activas y Colombia no se puede doblegar ante ellas"
¿Y no será que le están enviando un mensaje al Gobierno para buscar espacio político?
"Puede ser. Quiero insistir en que no debemos olvidar los detalles. Una cosa es un acuerdo con una organización armada que durante más medio siglo tuvo posiciones de tipo político y otra cosa son las bandas que actúan sin ningún interés político, así traten de pintar su acción con ese ropaje. Una tarea de sometimiento sí es viable. La Fiscalía General tiene instrumentos legales que permitirían buscar una salida en términos de acatamiento a la justicia, pero no a través de una negociación".
El común denominador, entonces, es que están llegando actores nuevos a ocupar los territorios que están desocupando las Farc...
"Yo sí creo que hay organizaciones criminales que traen una cierta envergadura que les permite coordinar acciones en distintos lugares del territorio. El informe de la MAPP lo que quiere decir es que no hay que generalizar y que hay que examinar las características que dicta la realidad de cada territorio".
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha amenazado con revelar ciertos aspectos del proceso de paz, ¿qué es lo que podría revelar?
"Nada, realmente. No sé si esto sea solo propagandístico porque si tiene algo que decir, que lo diga. Hoy lo que estoy viendo en Venezuela es un deterioro de la democracia y una situación insostenible en medio de una violación masiva de los derechos de los venezolanos".
¿Tiene información de si las Farc guardan armas en Venezuela?
"No. Ninguna. Quiero decir esto: la información que tiene el Estado colombiano sobre las Farc es bastante completa. Que yo tenga sospechas o indicios de que hay armas en Venezuela, no. Quienes han sostenido esa tesis sí nos deberían entregar pruebas".
La más reciente decisión de la Corte Constitucional relacionada con el fast track, ¿cómo la recibe y qué impacto puede tener en la implementación?
"Permítanme una digresión técnica y jurídica. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que hay una cosa que se llama sustitución de la Constitución y que el Congreso puede reformar la Constitución, pero no sustituirla.
El punto de partida me parece válido. Cuando usted saca consecuencias exageradas de ese principio termina afectando el Acuerdo de paz, con una gran deficiencia conceptual. ¿Por qué? Porque hoy existe en la Constitución el consentimiento del Gobierno para varios tipos de decisiones.
Por ejemplo, el Congreso vota en bloque los tratados internacionales porque para esos propósitos, que son importantes, no hay discusión sobre la separación de poderes y, en cambio, la paz, que es además un derecho y un deber, unos mecanismos tan sencillos como estos, se sostiene la tesis de que viola la estructura central de la Constitución. Por eso me parece que hay un gran error de óptica de la Corte. Debo decirlo con franqueza, so pretexto de la sustitución de la Constitución, que no nos pase que su guardián termine apropiándose de ella y eso sería una deformación del Estado de Derecho.
Ahora, lo que ha ocurrido, yo no digo que sea una hecatombe, no queremos caer tampoco en el melodrama porque el Congreso seguirá votando y la coalición va a funcionar, pero hay que hacer una advertencia porque a este paso si empiezan a erosionarse cada uno de los puntos, podemos generar riesgos enormes para la estabilidad de lo firmado.
No se nos puede olvidar que muchos acuerdos en el mundo se han caído después de logrados por la incapacidad del Estado de cumplir rápidamente.
En ese sentido, el fast track no era un propósito de instaurar una especie de dictadura, como se ha dicho, sino de garantizar rapidez y que lo que se vote obedezca, genuinamente, a lo acordado. Estamos volviendo una cosa tan sencilla –un acuerdo para terminar una guerra–, en una entelequia jurídica llena de problemas técnicos y recónditos, que incluso, la ciudadanía no entiende".
¿La Corte Constitucional cómo debe que leer el Acuerdo de paz?
"La Corte debe ejercer su tarea, nadie ha dicho que no. Eso no está en duda. Y también he reiterado que el fallo hay que acatarlo. Esto es institucional, pero en democracia uno puede discutir las razones de un fallo.
La pretensión de que todo el acuerdo se convirtiera en bloque de constitucionalidad fue desechada, eso no existe, lo que sí se dijo, de manera bastante precisa, es que dentro de los puntos hay normas de Derecho Internacional Humanitario y normas de derechos fundamentales que son parámetros de interpretación de lo que ahora haga el Congreso de los acuerdos. Eso es apenas lógico. Es más, el control constitucional está en el Acuerdo, quedó explícito que la Corte interviniera.
La Constitución es un tratado de paz y por eso bendijo el decreto de Estado de sitio que convocó la Constituyente. Lo que empieza en el 91 como mandato original es lo que estamos haciendo ahora, pasando por el artículo 22, que le impone el deber al Estado de buscar la paz".
Su papel público más reciente está ligado al Acuerdo de paz, ¿cómo ve usted el proceso de implementación?
"Yo creo que haber terminado el conflicto con las Farc –hecho que ya ocurrió y eso no puede olvidarse– me parece que es una especie de milagro.
Llevamos más de ocho millones de víctimas, 220.000 muertos, de los cuales el 80 % corresponden a población civil, hemos pasado la cifra de 7 millones de desplazados y lo que está claro es que desde el momento en que se decretó el cese al fuego, no hay una sola víctima por razón del conflicto con las Farc. Lo otro es, insisto, que la discusión no debe ser tanto el Acuerdo si no las posibilidades que este brinda de transformaciones futuras en el país.
Por ejemplo, el Punto Uno sobre Reforma Rural Integral es una asignatura pendiente de los colombianos, la concentración de la tierra es una evidencia, el mal uso de la tierra también lo es. Quizás no hemos logrado que los colombianos vean ese cambio de actitud frente al punto agrario. La demanda por el mejoramiento de la política es unánime.
No hay un solo colombiano que piense que no tenemos problemas en el ejercicio del sistema político y allí se abren posibilidades. Esto ya no es un tema con las Farc, es con Colombia y es allí donde debemos concentrarnos frente a los desafíos.
Respeto las críticas, sé que hay decisiones enormemente duras en el terreno moral, todo lo que tiene que ver con la Justicia ofende a muchos colombianos. Pero hay que doblar la página, cerrar el conflicto y entrar en un proceso de reconciliación".
¿Le preocupa la implementación?
"Sin drama. Sin misterio le digo que yo sí veo nubarrones en el proceso de implementación del Acuerdo, en lo jurídico y en lo material. Tengo preocupaciones. Para mí esa es una evidencia, algunos ahora tratan de minimizar eso, pero no es bueno esconder la cabeza como el avestruz. Ante esa evidencia lo que hay que hacer es conjugar una enorme coalición que no se limite a los partidos en el Congreso, sino que tiene que nutrirse de otras fuentes.
El primer deber del Congreso es solidificar su mayoría para preservar en las votaciones las decisiones que contribuyan a aplicar el Acuerdo, eso es obvio, pero a futuro no es suficiente, hay que enviar un mensaje más sólido que congregue. Hay que proteger una paz que apenas nace".
El proceso con el Eln es una herencia inevitable. ¿Qué lectura hace de lo que está pasando con esos diálogos?
"Esa respuesta la doy como ciudadano porque no tengo ninguna representación oficial y ese proceso está en manos de Juan Camilo Restrepo. Quiero anotar que el Eln tiene unas características distintas a las Farc, tiene una estructura de mando diferente, es un movimiento más federalizado, que muchas veces sostiene que su papel es intermediar entre el Gobierno y la llamada sociedad civil lo cual genera dificultades para una negociación. Además piensan que antes de terminar este Gobierno no concluirían un acuerdo de paz, pues genera preocupaciones.
Hay una ceguera del Eln y considero que este es el momento, que está demostrado que el diálogo es efectivo, que es posible entrar en un proceso de dejación de armas y de reincorporación, pero no hay que equivocarse. Ese proceso tiene todavía enormes retos y confiemos en que se puedan superar rápidamente".
[Fuente: El Colombiano, Medellín, 23may17]
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