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18mar14
Los tres falsos positivos que enredan a 45 militares
Tres homicidios ocurridos en la vereda El Triunfo Alto del municipio de Aguazul (Casanare), entre los años 2005 y 2007, tiene contra las cuerdas a 45 miembros de las Fuerzas Armadas de dos batallones que operaban en ese departamento. La investigación, que en las últimas dos semanas prendió motores, revive el fantasma de los falsos positivos y la pelea entre los resultados que puedan lograr la justicia penal militar y la justicia ordinaria, ya que, según la Fiscalía, el caso llegó a sus manos en 2007, después de que se presentaran presuntas irregularidades en las pesquisas adelantadas por los jueces militares, quienes aseguraban que Hugo Édgar Araque Rodríguez, Daniel Torres Arciniegas y su hijo, Roque Julio Torres Torres, de 16 años, eran "subversivos dados de baja en combate".
La historia de las muertes de estos tres hombres pondría en evidencia la clara solidaridad de cuerpo que hay en el Ejército en el tema de los mal llamados falsos positivos. Según ha logrado establecer la Fiscalía, este proceso es la clara muestra de una cadena de asesinatos con la que se intentó sepultar la cruda historia de una investigación por ejecuciones extrajudiciales. La historia, que involucra a oficiales, suboficiales y soldados profesionales, comenzó el 11 de octubre de 2005, cuando se realizó una inspección judicial a la sección de transportes del Batallón de Infantería número 44 de Tauramena (Casanare), en el que se habría realizado el levantamiento de un N.N. que supuestamente habría sido muerto en combate.
La versión que dieron los militares en el primer informe fue que la muerte de este hombre desconocido --posteriormente identificado como Édgar Araque Rodríguez-- fue producto de un enfrentamiento con la guerrilla. Sin embargo, el testimonio de un niño de 14 años que habría presenciado los hechos cambió por completo el panorama y provocó que se les iniciara un proceso penal a 27 militares por el delito de homicidio en persona protegida. Resultó que el menor que había alertado a las autoridades sobre un posible falso positivo era Roque Julio Torres Torres, quien fue asesinado por otro batallón dos años después, junto con su padre, y presentados como guerrilleros muertos en combate.
El 16 de marzo de 2007, hombres del grupo Delta 6, adscrito al Batallón de Contraguerrilla número 65 de la Brigada XVI (ubicada en Yopal, Casanare), llegaron hasta el municipio de Aguazul. Horas más tarde reportaron un supuesto enfrentamiento en el que habían dado de baja a los Torres. Los reportaron como N.N. y la justicia penal militar habría creído esta tesis. Sin embargo, cuando el caso llegó a la Fiscalía, investigadores del CTI encontraron que el joven de 16 años asesinado había sido el principal testigo de la ejecución de Araque Rodríguez. Fue entonces que en medio de las pesquisas se logró la captura del subteniente Marco Fabián García, excomandante del grupo Delta 6, responsable de los homicidios. Este oficial, junto a un cabo y tres soldados, aceptaron su responsabilidad y en junio de 2013 se acogieron a sentencia anticipada, lo que ayudó a revelar el plan criminal detrás de las muertes de los tres campesinos.
La más reciente captura por este aberrante caso fue la del cabo del Ejército Henry Antonio Úsuga Rodríguez, quien es señalado de ser uno de los responsables de la muerte de Daniel y Julio Roque Torres. Úsuga será procesado por los delitos de homicidio y falsedad en documento público. Por el caso de los Torres ya están capturados y a la espera de que se resuelva su situación jurídica un mayor, un teniente y ocho soldados que pertenecían al polémico batallón. Igualmente, en estos momentos se adelanta el juicio contra el soldado profesional Julio César Arteaga Vásquez, otro de los implicados.
En el caso de Édgar Araque Rodríguez, la Fiscalía ya le dictó medida de aseguramiento al teniente del Ejército Miguel Andrés Sierra García, el suboficial Samir Emilio Tapias Torres y los soldados profesionales Jaime Alberto Barrera, Fidel Duarte Izcalá, José Beller Albarracín y Gilberto Tarache. Por otro lado, está pendiente de resolver la situación jurídica de 15 uniformados más del Batallón de Infantería número 44 de Tauramena y de dos coroneles que son los oficiales de mayor rango vinculados a este escándalo.
[Fuente: El Espectador, Redacción judicial, Bogotá, 18mar14]
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