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16may15

La escandalosa pérdida de toneladas de explosivos en un batallón de Bogotá

Andrés* siempre quiso ser oficial del Ejército. Desde que era niño el amor por la institución castrense hizo que nunca contemplara otra idea diferente a la de querer ser militar. Con gran esfuerzo y a punta de deudas, sus padres lograron conseguir los recursos para pagar la costosa carrera en la Escuela de Cadetes José María Córdova.

Con 19 años de edad, en diciembre de 1995 se graduó de subteniente del arma de artillería. Andrés sabía que desde ese momento se ganaría la vida desafiando a la muerte. Tuvo su primera asignación en la convulsionada Barrancabermeja, que a mediados de los noventa estaba tomada por la guerrilla en disputa con los paramilitares. De allí salió y estuvo en medio país como parte de unidades contraguerrilla, fuerzas especiales y comandante de grupos de operaciones especiales de la Fuerza de Tarea Omega, entre otros. A pesar de estar en zona de guerra sacaba tiempo para realizar jornadas con las comunidades en las regiones por donde pasaba. Por su labor recibió más de 17 condecoraciones. Sin embargo el año pasado, por esas ironías de la vida, cuando fue trasladado a uno de los batallones más importantes de Bogotá encontró inesperadamente el sufrimiento que nunca vivió en la selva.

Con el grado de mayor, Andrés estaba en el último año para ser seleccionado para curso de ascenso al grado de teniente coronel. Fue designado segundo comandante y 'ejecutivo', como se conoce en el argot castrense ese cargo, del Batallón Fernando Landazábal Reyes, localizado en el llamado Cantón Sur, al sur de la capital. Lo que parecía un descanso después de dar y recibir plomo en el monte fue un infierno.

Explosivos perdidos y otras perlas

Cuando se posesionó, una de las primeras medidas que tomó el mayor Andrés fue hacer una auditoría interna pues el cargo estuvo varios meses sin un responsable directo. Esa decisión sería el primer clavo del ataúd de su carrera militar. El primer hallazgo que hizo sin duda fue el más grave.

Descubrió que dentro de las instalaciones del batallón había un pequeño y rústico cuarto en donde, según sus averiguaciones, estaban almacenadas tres toneladas del explosivo Anfo pertenecientes a una compañía minera. Allí también estaban almacenados 4.500 estopines, que básicamente son los que permiten activar igual número de cargas explosivas. Ese hecho era ya por sí solo irregular. Pero no era lo más grave. El mayor Andrés descubrió que tanto los explosivos como los detonadores habían desaparecido por completo. Localizó al dueño del Anfo quien le dijo: "Ya cuadré eso con el coronel al igual que el pago de las escoltas". Esto último se refiere a pagos irregulares que se realizaban a los comandantes por prestar soldados que escoltaran los explosivos desde el batallón hasta las minas.

No obstante, lo que inquietaba al mayor Andrés era que nadie daba razón alguna del paradero de semejante cantidad de explosivos y detonadores perdidos. Alarmado, solicitó a sus superiores inmediatos iniciar las investigaciones e instaurar las denuncias correspondientes. También informar a los generales y a la decimotercera brigada, pues era posible que esos explosivos pudieran haber sido vendidos y estar en manos de la insurgencia o grupos criminales y temía que pudieran ser utilizados contra civiles o las propias tropas. Sus jefes le ordenaron quedarse callado y jamás informaron del tema a los altos mandos. Lo más inquietante es que varias de las bombas que estallaron en la capital el año pasado y en el primer trimestre de este año tenían justamente ese tipo de explosivo que se perdió del batallón y del cual hoy nada se sabe.

Ese grave hallazgo no sería el único por el que sus jefes comenzaron a indisponerse con él. Encontró un contrato de la dirección de transporte del Ejército por 247 millones de pesos, en teoría para mantenimiento y reparación de varios vehículos del batallón. Sin embargo, descubrió que los automotores habían desaparecido, no estaban en las instalaciones y nadie daba razón. Él mismo empezó a buscarlos y encontró algunos de ellos abandonados y en mal estado en varios parqueaderos. Una vez más hizo oficios e informó a sus jefes, pero la respuesta siempre fue la misma: "Deje eso así y no se busque problemas".

A pesar de las advertencias el mayor continuó indagando pues era evidente para él que algo oscuro estaba pasando. No se equivocó. Encontró otra perla: se habían perdido 7.000 uniformes camuflados por los cuales tampoco nadie respondía. Como si esto no fuera escandaloso, quedó documentado, adicionalmente, que para tratar de legalizar o tapar ese hecho, los corruptos obligaron a los integrantes de seis compañías del batallón a hacer una vaca para conseguir como pudieran 2 millones de pesos cada una. Esos 12 millones terminaron en manos de una persona de la dirección de intendencia y logística del Ejército para que alterara el sistema y reportara que esos uniformes perdidos sí habían sido entregados a los soldados. Hoy nadie sabe a manos de quién fueron a parar esas prendas de uso privativo.

No menos perturbador fue otro hallazgo que hizo el mayor Andrés. Se trató de la existencia de dos cuentas bancarias, una a nombre del propio jefe del batallón y otra a nombre de esa unidad, en las que se consignaban ilegalmente millonarios pagos por prestar vehículos y soldados como escoltas.

Los insultos contra el mayor comenzaron a aumentar a medida que iba destapando la olla. Las llamadas y mensajes de texto a su celular y el de su esposa con amenazas contra ellos y su pequeña hija de 18 meses empezaron a ser cada vez más seguidos. A pesar del riesgo continuó sus averiguaciones durante varios meses. El oficial dejaba constancia, realizaba informes y anexaba pruebas contundentes pero nadie hacía nada. Además se indignó al descubrir que de una partida de 200 millones de pesos que el Ejército envió al batallón para bienestar de los soldados, 60 millones terminaron utilizados en una fiesta. El destino del resto del dinero nunca fue claro.

A finales del año pasado hizo la que sería una de sus últimas denuncias. Sus jefes en el batallón gestionaron ante la Dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad adscrita a la Presidencia de la República, una donación de 500 pares de zapatos, 500 prendas de ropa de hombre y mujer, y 500 juguetes para realizar una jornada cívica y entregarlos a familias pobres del municipio de Fosca, Cundinamarca. A mediados de noviembre, efectivamente, la unidad entregó al batallón los elementos solicitados, por un valor de 581 millones de pesos, como consta en documentos y correos que están en poder de SEMANA. Sin embargo, gran parte de esos elementos nunca llegaron a su destino y fueron comercializados y vendidos.

"Es increíble que se pierda esa cantidad de explosivos, camuflados, donaciones y esté embolatado otro tanto de dinero con el que se puede perfectamente atentar contra las mismas instituciones, contra la población civil indefensa, por eso insistí en denunciar", dijo el oficial a SEMANA. "Como parte de la labor social que desarrollaba con las comunidades afectadas se buscaban recursos para ayudarlas y se perdían. Además mientras ese tipo de actos irregulares ocurrían, por ejemplo, los 32 soldados que están cuidando un corredor estratégico en la punta de una montaña en el municipio de Gutiérrez, que dependen del Batallón Landazábal, viven en unas condiciones extremadamente precarias, sin agua, sin energía, a temperaturas de menos dos grados, eso no es posible", afirma el mayor Andrés.

Algunos de sus superiores inmediatos lo sentenciaron a salir del Ejército por atreverse a denunciar y ello se cumplió hace poco. A pesar de haber obtenido uno de los más altos puntajes de su promoción, y tener una hoja de vida ejemplar, lo que le daba el derecho a realizar el curso de ascenso, Andrés simplemente no fue llamado. Cuando pidió explicaciones descubrió incluso que alguien había alterado en la oficina de personal su hoja de vida y el puntaje que obtuvo. Ya por fuera de la institución a la que siempre quiso pertenecer las amenazas no cesaron. Hace un mes no tuvo otra opción que vender de afán el carro y el sencillo apartamento que consiguió tras casi dos décadas de servicio y salir exiliado del país.

Durante meses ni sus superiores, ni la inspección, ni las otras instancias ante quienes radicó sus graves denuncias hicieron mayor cosa. No obstante hace pocas semanas, cuando estaba por partir, la cúpula del Ejército se enteró de los hechos y de inmediato tomó cartas en el asunto. Se realizaron varias inspecciones al batallón ordenadas por el comando de esa institución y ya han corroborado varias de las denuncias del mayor Andrés. Hoy hay varias investigaciones disciplinarias y penales en camino que buscan subsanar y castigar a los responsables. Mientras esto ocurre, el hoy mayor retirado está lejos de su institución, su familia y su país rebuscándose la vida en tierras extranjeras.

[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 16may15]
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