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11go02
Decreto por medio del cual se crea un impuesto especial destinado a atender los gastos necesarios para preservar la seguridad democrática.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto Numero 1838 de 2002 del 11 de agosto de 2002.
Por medio del cual se crea un impuesto especial destinado a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para preservar la seguridad democrática.El Presidente de la República de Colombia en ejercicio sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 213 de la Constitución Política, la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lodispuesto en el Decreto No. 1837 del 11 de agosto de 2002, y
Considerando
Que mediante Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002, se declaró el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional;
Que es necesario proveer en forma inmediata de recursos a las Fuerzas Militares, de Policía ya las demás entidades del Estado que deben intervenir en conjurar los actos que han perturbado el orden público e impedir que se extiendan sus efectos;
Que es deber de las personas naturales y jurídicas contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones que permitan preservar la seguridad democrática;
Decreta
Articulo 1.-impuesto para Preservar la Seguridad Democratica.- Créase el impuesto destinado a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para preservar la seguridad democrática.
Paragrafo.- El impuesto que se crea mediante el presente decreto se causará por una sola vez.
Articulo 3.- Hecho Generador: El impuesto que mediante el presente decreto secrea, se causa sobre patrimonio líquido que posean los sujetos pasivos a 31 de agosto de 2002.
Artículo 2.- Sujetos Pasivos: Son sujetos pasivos del impuesto a que se refiere el artículo anterior los declarantes del impuesto de renta y complementarios.
Artículo 4.- Base Gravable. La base gravable del impuesto está constituida por el patrimonio líquido poseído a 31 de agosto de 2002, el cual se presume que en ningún caso será inferior al declarado a 31 de diciembre de 2001.
Articulo 5.- Exclusiones de la Base Gravable.- De la base gravable indicada en el artículo anterior se descontará el valor patrimonial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales a 31 de agosto de 2002. Tratándose de las personas naturales, adicionalmente se descontarán los aportes obligatorios a los fondos de pensiones.
En ningún caso, el monto a descontar podrá ser superior al valor que se hubiese podido descontar a 31 de diciembre de 2001.
Artículo 6.- Tarifa.- La tarifa del impuesto a que se refiere el presente decreto es de /1.2% liquidado sobre el valor del patrimonio líquido poseído a 31 de agosto de 2002.
Artículo 7.- Entidades No Obligadas a Pagar el Impuesto.- No están obligadas a pagar el impuesto a que se refiere el artículo 1 del presente decreto, las entidades a que hacen referencia el numeral 1 del artículo 19 y los artículos 22, 23, 23-1 Y 23-2 del Estatuto Tributario. Tampoco están sujetos al pago del impuesto las entidades que a la entrada en vigencia del presente decreto se encuentren en liquidación, concordato o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999.
Artículo 8.- Declaración Y Pago.- El impuesto se declarará y pagará en los plazos que establezca el Gobierno Nacional y se liquidará en los formularios que para el efecto determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Artículo 9.- Admiministración Y Control del Impuesto para Preservar la Seguridad Democratica.- Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la administración del impuesto que se crea mediante el presente decreto, para lo cual tendrá las facultades establecidas en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, discusión y cobro del impuesto. Así mismo, la DIAN queda facultada para aplicar las sanciones consagradas en el Estatuto Tributario que sean compatibles con la naturaleza del impuesto.
Los intereses moratorios y las sanciones por extemporaneidad, corrección, inexactitud, serán las establecidas en el Estatuto Tributario para las declaraciones tributarias. Cuando no se presente la declaración de este tributo, la Administración Tributaria podrá determinar oficialmente el monto del impuesto a cargo del responsable mediante una liquidación de aforo, tomando como base el valor resultante de aplicar la tarifa correspondiente al patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada, liquidando adicionalmente una sanción por no declarar equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del valor del impuesto determinado.
El valor de la sanción por no declarar se reducirá a la mitad si el responsable declara y paga la totalidad del impuesto y la sanción reducida dentro del término de la interposición del recurso.
Articulo 10.- Fraude Y Control del Impuesto.- Los contribuyentes que apartir de la vigencia del presente decreto realicen ajustes contables que disminuyan el patrimonio base para la liquidación del impuesto, sin que correspondan a operacioneseconómicas efectivas y reales, tales como reducción de valorizaciones o provisiones no soportadas en hechos nuevos y reales, entre otras, serán responsables por los delitos en que incurran, de conformidad con lo previsto en las normas penales.
La DIAN establecerá programas prioritarios de control sobre aquellos contribuyentes que declaren un patrimonio menor al patrimonio fiscal declarado o al poseído a 31 de diciembre de 2001, con el fin de verificar la exactitud de la declaración y de establecer la ocurrencia de hechos económicos generadores del impuesto que no fueron tenidos en cuenta para su liquidación.
Artículo 11-. No Deducibllidad del Impuesto sobre la Renta.- En ningún caso el valor cancelado por concepto del impuesto a que se refiere el presente decreto será deducible o descontable del impuesto sobre la renta.
Artículo 12.- Vigencia: El presente decreto rige a partir de la fecha de supublicación.
Publíquese Y Cúmplase
DDHH en Colombia
Este documento ha sido publicado el 24sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights