09jul02

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La oposición sindical a la privatización de las empresas municipales desata una campañ de prensa difamatoria.

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Los rumores para sembrar las sospechas, las campañas de prensa contra el sindicato, la guerra sucia, el asesinato de los dirigentes y activistas y los atentados contra sus vidas, son el precio que pagan los trabajadores de Emcali por oponerse a la privatización y defender los intereses del pueblo de Cali. Hoy se registra un nuevo intento de criminalizar la legítima lucha de los trabajadores de Emcali.

El presidente de Sintraemcali, Luis Hernández Monroy, quien calificó de irresponsables y temerarias las declaraciones entregadas al diario El País de Cali por algunos concejales, en las que denunciaron una presunta infiltración de la guerrilla en el sindicato de Empresas Municipales de Cali, Sintraemcali. "Nos han puesto en la mira de los paramilitares y nos colgaron una lápida", expresó indignado el dirigente obrero.

Los señalamientos contra el sindicato de trabajadores en la práctica alimentan la guerra sucia que grupos sicariales han librado contra el sindicato, asesinando a seis de sus integrantes y a dos dirigentes populares que han participado en la lucha contra la privatización de la empresa y atentando contra la vida de otros.

Es el caso del intento de asesinato contra el dirigente sindical Luis Enrique Imbachí, perpetrado el pasado 16 de junio en Cali. Imbachí se desempeñaba en ese momento como presidente encargado de Sintraemcali y fue su vocero público durante la ocupación del edificio de la Superintendencia de Servicios en Bogotá en enero pasado.

Los rumores y la propaganda negra que ciertos medios de comunicación ayudan a difundir se han concentrado precisamente en calumniar las acciones de masas completamente pacíficas como son las ocupaciones de edificios e instalaciones que han realizado los trabajadores.

Por ejemplo, El País de Cali llega a calificar la ocupación pacífica de la torre del CAM el pasado 25 de diciembre como "una acción milimétrica y casi con rigurosidad militar". Se difunde púes el mensaje subliminal según la cual la disciplina mostrada en una acción pacífica por un sindicato de masas de trabajadores sería equivalente a una organización militar.

Este tipo de amalgamas que pretende impactar sicológicamente a la opinión pública, se condimenta con rumores sobre "la presencia de hombres armados" en las tomas que nunca pasa de ser un rumor, pero con el cual se difunde la supuesta sospecha de "infiltración guerrillera".

Así actuaron los medios de comunicación durante la toma de las plantas de teléfonos y alcantarillados y en 1998 cuando por 14 días los trabajadores ocuparon la planta de alcantarillado y la torre administrativa.

Durante la ocupación iniciada el 25 de diciembre de 2001 y que duró 36 días, los medios especularon otra vez con la presencia de hombres armados, aunque se trataba en realidad de escoltas autorizados por el mismo estado para la protección de los dirigentes sindicales, que el gobierno autorizó debido la presión internacional de organismos de derechos humanos alarmados por cinco asesinatos consecutivos de que fueron víctima los sindicalistas. Así las únicas armas eran las de los escoltas, quienes permanecieron dentro de la edificación con autorización del Director Nacional del DAS.

Los trabajadores y su organización sindical fueron muy cuidadosos para evitar la presencia de cualquier otra arma y no permitieron que la presencia de armas se convirtiera en una provocación contra la movilización pacífica e incluso, el armamento de los guardas de seguridad de la edificación fue guardado en una caja fuerte del primer piso.

Sin embargo los rumores no cesaron e inclusive se llegó a tratar de utilizar el hecho de que el Eln hurtó meses antes uniformes de la Emcali a cuatro vehículos de la empresa que iban por la vía la Reforma, días antes del plagio de la iglesia de la María, para disfrazar a los guerrilleros. Pero pretender usar ese hecho era equivalente a señalar que cuando la guerrilla usa los uniformes que roba al Ejército o la Policía es porque tiene conexiones con los robados.

Así también en los últimos días los medios y ciertos funcionarios han querido relacionar la lucha sindical con las amenazas que en casi todo el país ha hecho las Farc contra los alcaldes para obligarlos a renunciar. "Nada que ver" dice el dicho popular para dejar claro que no hay ningún hecho que vincule una cosa con la otra y que se trata de aprovechar la situación nacional para tratar de criminalizar el sindicato y avanzar de nuevo hacia la privatización de Emcali.

Los verdaderos hechos

Lo que la actual campaña de difusión de sospechas no dice es que lo que es un hecho irrefutable es la cadena de asesinatos, atentados y amenazas de muerte que se cierne contra Sintraemcali por su firme oposición a la privatización de la empresa que han pretendido transnacionales como la española Unión Fenosa y la estadounidense y tristemente célebre Enron.

Tras la anterior ola de señalamiento contra el sindicato por la ocupación de triunfante ocupación pacífica d ela torre del CAM y del edificio d ela Superintendencia, el día 11 de febrero de 2002, fue asesinado JULIO GALEANO activista SINTRAEMCALI que participó activa y directamente en la ocupación de la torre del CAM. Fue asesinado en momentos en que salía de su lugar de residencia.

Los trabajadores recuerdan también con indignación el asesinato de otros cinco queridos compañeros, como fue el caso de Henry Jiménez Rodríguez, de 45 años, quien se desempeñaba como auxiliar de bastidores de la Central Telefónica de El Limonar y fue abaleado el 25 de mayo de 2001 cuando se movilizaba en su vehículo a las 7:30 a.m. por la Carrera 80 con Autopista Simón Bolívar, en dirección a la planta de trabajo, cuando fue alcanzado por sicarios que, desde una motocicleta, le hicieron varios disparos que lo mataron instantáneamente.

Menos de una semana antes había sido asesinado otro activista de Sintraemcali, Carlos Eliécer Prado.

"Esta es la forma como los violentos y como el mismo estado responde cuando definitivamente nos oponemos a sus intereses", aseguró el entonces presidente de Sintracali y hoy representante a la Cámara electo por el pueblo de Cali y el Valle del Cauca, Alexander López. Los directivos del sindicato dijeron que existe un complot contra sus afiliados.

"Es evidente la actitud de este Estado contra el movimiento sindical, por lo que definitivamente hoy, desde Cali salimos a protestar ante la comunidad nacional e internacional porque el estado no esta ofreciendo ningún tipo de garantías y está siendo mas bien cómplice de todo este GENOCIDIO", señalo López, quien se mostró preocupado por la situación que viven los líderes sindicales en el país.

"La muerte de los compañeros, afiliados a Sintraemcali, nuevamente nos recuerda el sacrificio que los defensores de Emcali Eice ESP estamos condenados a asumir como contrapartida al compromiso firmado por el Estado colombiano y el Fondo Monetario Internacional", afirmó la Junta Directiva del Sindicato en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

Héctor Galindo representante de la ISP en Colombia defiende a Sintraemcali.

Sobre las afirmaciones de la infiltración de la guerrilla en el Sindicato de Empresas Municipales de Cali, el expresidente de esa organización y actual secretario Regional Andino de la Internacional de Servidores Públicos, ISP, Héctor Galindo, dijo al diario El País - periódico que ha difundido las "sospechas"-, que tales señalamientos corresponden a la continuidad de la política desplegada por el Estado para desprestigiar a las organizaciones sindicales y al movimiento obrero en general.

Manifestó el ex presidente de Sintraemcali que en medio del conflicto armado que vive el país, en el que están comprometidas diversas organizaciones alzadas en armas, es sumamente peligroso hacer ese tipo de señalamientos.

"Hacer esas afirmaciones es declarar la pena de muerte a los directivos de Sintraemcali. Es mandarlos al patíbulo", expresó Galindo.

El representante de la ISP en Colombia aseveró que durante su permanencia en el sindicato nunca observó actitudes que permitieran demostrar una relación directa de la organización sindical o de los trabajadores con los grupos armados ilegales.

Galindo recordó que en 1996, cuando ocupó una curul en el Concejo, fue víctima de tales señalamientos por el hecho de oponerse a la transformación de la empresa, propuesta por el entonces alcalde Mauricio Guzmán Cuevas.

Según dijo, algunos de sus colegas de corporación intrigaron ante los organismos de investigación para que se allanara su oficina en el cabildo, en donde --según sus contradictores--- presuntamente almacenaba armas.

Según Héctor Galindo, los sindicatos tienen militancia de las diferentes organizaciones políticas, pero hasta el momento no se ha comprobado que respondan a instrucciones u orientaciones de los grupos alzados en armas.

Para el representante de la ISP en Colombia, Sintraemcali ha llevado una lucha democrática en aras de defender un patrimonio de los ciudadanos, hoy amenazado por una grave crisis económica.

[Fuente:Indymedia Colombia, Bogota, 9jul02]

Este documento ha sido publicado el 11sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights